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Resolución de 3 de febrero de 1993. SEAP Sistema de identificación común del personal al servicio de la Administración General del Estado.

Ficha:
  • Órgano MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
  • Publicado en BOE de
  • Vigencia desde 15 de Febrero de 1993.
Versiones/revisiones:

Sumario

Preámbulo

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre), establece en su artículo 35.b) que los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen, entre otros, el derecho a identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

Sin perjuicio de que la instrumentación del cumplimiento del citado precepto se pueda efectuar por los diferentes Departamentos y Organismos de la Administración adoptando la forma concreta que más se ajuste, tanto a las peculiaridades de identidad institucional como a las funciones realizadas, procede la definición de unos criterios generales, a través de un sistema de identificación común, que aseguren un grado de uniformidad en el conjunto de la Administración General del Estado.

En el marco de este sistema común, los responsables de los órganos administrativos podrán proponer a sus superiores orgánicos el o los formatos concretos que se consideren necesarios para posibilitar la identificación del personal a su cargo, dotando a éste de un instrumento para facilitar su receptividad con los ciudadanos tal como se destaca en la exposición de motivos de la citada Ley 30/1992.

Este objetivo se contempla en el Plan de Modernización de la Administración General del Estado, impulsado mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 1991, que establece como primera línea de actuación de los programas departamentales de modernización la dirigida a mejorar la información y comunicación de la Administración con los ciudadanos.

Igualmente, en el Acuerdo suscrito el 16 de noviembre de 1991 entre la Administración del Estado y las Organizaciones Sindicales más representativas para modernizar la Administración y mejorar las condiciones de trabajo, se establece que las partes impulsarán el desarrollo de acciones tendentes a que los ciudadanos conozcan directamente la identidad de los empleados públicos que les presten el servicio en cada caso.

Dado que la identificación se debe posibilitar en todas las relaciones que mantienen los ciudadanos con las Administraciones Públicas, el sistema se configura estableciendo unos formatos generales para asegurar la uniformidad deseada, al tiempo que se facilita a los titulares de los Organos la selección de los soportes idóneos y definición de detalles concretos para instrumentar el cumplimiento del precepto legal que sustenta esta disposición.

Vista la propuesta de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, y previa consulta a las Subsecretarías Departamentales y Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública ha resuelto:

Primero

Objeto y ámbito de aplicación. La presente Resolución tiene por objeto definir los criterios para la identificación de las autoridades y el personal al servicio de la Administración General del Estado y de los Organismos autónomos y las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculados o dependientes de aquélla.

Segundo Criterio de implantación

1. Los titulares de los Organos administrativos propondrán, para las relaciones entre los ciudadanos y los empleados públicos, los formatos de identificación concretos, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo de esta Resolución.

2. Los Subsecretarios de los Ministerios y los Presidentes o Directores ejecutivos de los Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público fijarán las modalidades de la implantación del sistema de identificación común, atendiendo en todo caso a lo preceptuado en el artículo 35.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y a lo establecido en esta Resolución.

3. Los órganos de personal competentes colaborarán con los titulares de los Organos administrativos en el proceso de implantación que se acuerde.

4. En los servicios de la Administración Periférica del Estado, a los efectos de la posible utilización dentro del sistema común de la lengua cooficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, se estará a lo previsto en los artículos 35.d) y 36 de la citada Ley 30/1992.

Tercero Seguimiento y control

1. Los titulares de los Organos administrativos realizarán el seguimiento y control de la implantación, dando cuenta de las incidencias que pudieran surgir a su superior jerárquico, quien a su vez podrá solicitar a la Secretaría de Estado para la Administración Pública (Inspección General de Servicios de la Administración Pública) la oportuna colaboración de consultoría interna para analizar las causas y posibles soluciones de las mismas.

2. Los Subsecretarios de los Ministerios y los Presidentes o Directores ejecutivos de los Organismos autónomos y Entidades de Derecho Público, coincidiendo con el final de los trimestres naturales y hasta la total implantación del sistema, remitirán a la Secretaría de Estado para la Administración Pública información sobre el grado de implantación del sistema de identificación común en los Organos dependientes de los mismos.

3. La Inspección General de Servicios de la Administración Pública elevará al Secretario de Estado para la Administración Pública un informe anual valorativo sobre la aplicación del sistema de identificación común.

Cuarto

Entrada en vigor. La presente Resolución entrará en vigor el 15 de febrero de 1993.

ANEXO

1. Identificación telefónica

A efectos de identificación, para diferenciar la relación telefónica en función de la iniciativa del contacto, cabe distinguir cuándo el empleado público telefonea y cuándo recibe la comunicación exterior.

En el primer caso, la identificación se realizará en el momento de iniciar la conversación, indicando de forma sucinta y claramente comprensible la denominación de la Unidad, el nombre y apellidos, y el objeto de la llamada.

En el segundo caso, la identificación se realizará tras descolgar el teléfono, indicando de forma sucinta y claramente comprensible la denominación de la Unidad, y sólo se complementará con la identidad del empleado público si el ciudadano se interesa o si se prevé continuidad en la relación.