Sumario

La contratación es una de las áreas de la actividad del Sector público local que mayor volumen de recursos económicos gestiona por lo que, tradicionalmente, ha sido materia dotada de una específica regulación y ha constituido uno de los objetivos prioritarios en la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. El mejor desempeño de esta actividad exige disponer de la información adecuada con la menor utilización posible de recursos materiales y temporales.

La Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu), en su artículo 39 sujeta a fiscalización todos los contratos celebrados por la Administración del Estado y demás entidades del Sector público y, en particular, aquéllos que superen determinadas cuantías según tipo de contratos, así como todos los superiores a 60.101,21 euros que hubieren sido objeto de ampliaciones o modificaciones posteriores a su celebración que supongan incremento de gasto superior al 20 por ciento del presupuesto primitivo o eleven el precio total del contrato por encima de las cuantías anteriormente señaladas, así como los que hayan producido las mencionadas ampliaciones o modificaciones. Asimismo, se efectúa una previsión específica para cualquier contrato administrativo que, superando la citada cuantía, hubiere sido objeto de resolución y, en su caso, para aquellos otros que se otorguen en sustitución del resuelto.

Esta misma Ley, en su artículo 40.2, establece que los Centros, Organismos o Entidades que hubieren celebrado contratos de los indicados enviarán, anualmente, al Tribunal una relación de los mismos, incluyendo copia autorizada de los respectivos documentos de formalización y de aquellos otros que acrediten su cumplimiento o extinción, sin perjuicio de remitir cualesquiera otros que aquél requiera.

El artículo 29 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), regula la remisión de información sobre los contratos al Tribunal de Cuentas, estableciendo que dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, se remitirá al Tribunal u Órgano de fiscalización correspondiente de la Comunidad Autónoma, una copia certificada del documento mediante el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente de que se derive, siempre que la cuantía exceda de determinados importes según tipo de contrato. El precepto se incluye dentro del Libro primero, intitulado «Disposiciones generales de la contratación del sector público», y por tanto resulta de aplicación a todas las entidades que integran el sector público local.

Se contempla en el citado artículo 29, asimismo, la obligación de comunicar las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos y extinción de los contratos indicados, sin perjuicio de las facultades reconocidas al Tribunal de Cuentas y a los Órganos de fiscalización de las Comunidades Autónomas para reclamar cuantos documentos y antecedentes se estimen pertinentes en relación con los contratos de cualquier naturaleza y cuantía.

La nueva regulación del ámbito de aplicación implantado por la LCSP y mantenido en el vigente TRLCSP, contiene una notable ampliación respecto de la prevista en la LCAP e, incluso, en su posterior texto refundido, pues parte de que son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos al TRLCSP, en la forma y términos previstos en el mismo, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades enumerados en el artículo 3 TRLCSP, así como los subvencionados por ellos, en los términos del artículo 17 y 250 de ese mismo texto legal.

Por su parte, el citado artículo 3.1 TRLCSP precisa que A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades:

• a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
• b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
• c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
• d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50 por 100.
• e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local.
• f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
• g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
• h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
• i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores.

Todo lo cual conlleva una notable ampliación del ámbito subjetivo de la obligación de información en relación con la contenida en el derogado artículo 57 del TRLCAP. El artículo 29 del TRLCSP extiende la obligación a todos los sujetos indicados en el artículo 3 del citado texto legal, mientras que el citado artículo 57 lo restringía a las Administraciones Públicas, lo que reduce notablemente las entidades vinculadas al sector público que estaban sometidas en su actividad contractual a las exigencias del TRLCAP.

La nueva legislación, además de acoger las sucesivas modificaciones introducidas desde la publicación de la LCSP, pretende dotar de mayor transparencia a la información en la contratación pública, fomentar la realización de contratos de investigación y desarrollo, e impulsar la participación de pequeñas y medianas empresas en la contratación pública; se incluyen ciertas previsiones que completan el régimen jurídico de las fórmulas contractuales e institucionales de colaboración entre el sector público y el sector privado, para potenciar estas figuras y facilitar su empleo por el sector público, al tiempo que se regulan los términos en que los adjudicatarios de estos contratos pueden concurrir a los mercados de capitales para obtener financiación para la ejecución de los mismos.

Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las previsiones legales de información al Tribunal de Cuentas, a través de sucesivas Instrucciones aprobadas por el Pleno de este Tribunal, se han establecido los criterios que permiten seleccionar la contratación a remitir y precisar la documentación que debe acompañarla. No obstante, la experiencia adquirida en ejercicios anteriores, el distinto alcance de las referencias normativas a las que se ha aludido y la conveniencia de efectuar un análisis armonizado de las mismas, junto con la oportunidad de extender a todos los órganos de contratación los criterios que deben aplicarse en la aportación de la información, hacen aconsejable actualizar la Instrucción vigente en relación con las Entidades locales.

Por otra parte, el notable incremento de los recursos telemáticos del sector público local y su adecuada explotación permite implantar tratamientos unificados y homogéneos para la remisión de la información sobre contratación y, con ello, facilitar a los responsables de las entidades locales el conocimiento de la gestión contractual comunicada al Tribunal por ellas y sus entes y organismos dependientes. A este fin se arbitra un sistema de emisión de la relación anual de contratos que, procurando una única remisión telemática de toda la información correspondiente a cada entidad y sus entes dependientes, permita, simultáneamente, la participación e identificación de cada uno de los órganos contratantes responsables de la información comunicada.

La implantación del sistema telemático para la Rendición de Cuentas por las Entidades locales, en la dirección www.rendiciondecuentas.es, y su desarrollo, ha dotado al Tribunal de Cuentas de una herramienta que facilita la relación telemática con las Entidades locales y el cumplimiento de obligaciones legales de remisión de información, que, como la de contratos, presenta aspectos susceptibles de incorporarse a este sistema electrónico de relación. La inclusión en este sistema permitirá mejorar la calidad del control externo e incluso del interno, así como el nivel de cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de información sobre la actividad contractual desarrollada, al realizarse de forma más sencilla y menos costosa, tanto desde una perspectiva económica como funcional.

Por todo ello, en virtud de las competencias reconocidas al Tribunal de Cuentas, tanto en sus normas específicas como en el TRLCSP, para llevar a cabo la fiscalización de la contratación del Sector público local, y teniendo en cuenta los recursos a tal fin disponibles, el Pleno del Tribunal de Cuentas, en su reunión del Pleno de 26 de abril de 2012, aprueba la siguiente Instrucción para la remisión de información sobre contratación.

I

Objetivo de la Instrucción

Mediante la presente Instrucción el Tribunal de Cuentas concreta la información y documentación que le ha de ser remitida, en cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Artículos 40 de la LFTCu y 29 del TRLCSP, para, de este modo, facilitar y normalizar el cumplimiento de las obligaciones que en esta materia recaen sobre las Entidades del Sector público local.

Una adecuada planificación de la fiscalización de la contratación desarrollada por el sector público local, exige disponer de información sobre la celebrada en cada ejercicio o, al menos, contar con una relación cuantitativamente relevante de los contratos celebrados en el ejercicio precedente, por lo que se excluyen los denominados contratos menores, de todas las entidades que constituyen el sector público local con independencia del régimen jurídico al que estén sometidas.

Por otra parte, en el correspondiente anexo se relacionan los documentos que constituyen el extracto del expediente de contratación que deberá enviarse al Tribunal de Cuentas, dentro de los plazos referidos en el citado artículo 29 del TRLCSP, ordenados según tipo y tramitación de los correspondientes contratos.

En consecuencia, se diferencia en el ámbito temporal una doble remisión, aquella que se materializa en una relación anual de la contratación formalizada en el ejercicio precedente, y otra, a efectuar dentro de los tres meses siguientes a la formalización de cada contrato o su finalización, y que se concreta en el envío de determinados documentos que se mencionan en el anexo I.

El alcance de esta Instrucción, de conformidad con el objetivo perseguido, se limita a señalar la documentación que ha de remitirse regularmente al Tribunal para facilitar el control sobre esta actividad. No obstante, el Tribunal de Cuentas podrá ampliar el alcance de la relación anual de contratos a remitir al Tribunal o requerir que, junto con la documentación relacionada en esta Instrucción, sea aportada cualquier otra documentación relativa a los expedientes de los contratos que a continuación se indican en el epígrafe II o a cualquier otro contrato formalizado. En este caso, la entidad pública local requerida deberá facilitar la información y documentación solicitada, en cumplimiento del deber de colaboración previsto en el artículo 7 de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, Orgánica del Tribunal de Cuentas y de lo expresamente establecido en los referidos artículos 40.2 de la LFTCu y en el artículo 29.3 del TRLCSP.

II

Documentación a remitir al Tribunal de Cuentas por las entidades del sector público local que tienen consideración de Administración Pública

En concordancia con lo expuesto, la información y documentación a remitir al Tribunal de Cuentas, relativa a los contratos celebrados por las entidades del Sector público local, se ajustará a los siguientes criterios:

II.1

Documentación a remitir una vez concluido el ejercicio correspondiente

A fin de tener un adecuado conocimiento de la actividad contractual llevada a cabo en cada ejercicio y poder planificar oportunamente la actividad fiscalizadora, todas las Entidades locales remitirán anualmente al Tribunal de Cuentas una relación certificada, comprensiva de todos los contratos formalizados por ellas y sus entidades dependientes en el ejercicio anterior, con independencia del régimen jurídico al que estén sometidas, exceptuados los contratos menores, identificados a estos efectos como los contratos de obras inferiores a 50.000 euros y los contratos de cualquier otra modalidad que no superasen el importe de 18.000 euros.

La relación de anual de contratos se remitirá por procedimiento telemático a través de las aplicaciones informáticas ubicadas en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las entidades locales del Tribunal de Cuentas (www.rendiciondecuentas.es), con anterioridad al vencimiento del plazo para la rendición de las cuentas del ejercicio y, en todo caso, antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente al de formalización de los contratos incluidos en la relación. La información contendrá, entre otros, los datos relativos a la entidad y órgano contratante, y los básicos del contrato o sus modificaciones, descriptivos del objeto, procedimiento, adjudicatario, publicidad, precio y plazo. En el supuesto de que no se hubiese celebrado ningún contrato que superase las cuantías mencionadas, se hará constar dicha circunstancia mediante la comunicación negativa que la citada aplicación contiene, sea como información única de la Entidad local o, como información parcial de algunas de sus entidades contratantes u órganos de contratación.

En los expedientes de contratación que hayan dado lugar a múltiples adjudicatarios, y por tanto a múltiples contratos, por la existencia de lotes o partidas, en el modelo establecido para relacionar los contratos sólo se deberá anotar un único número de orden por cada expediente de contratación y se hará constar el importe total de los contratos del expediente, relacionando a continuación los datos correspondientes a todos los contratos derivados del mismo, ordenados de mayor a menor importe de adjudicación, cualquiera que sea éste.

A efectos de uniformar el criterio a seguir en la inclusión de los contratos en la mencionada relación anual, se atenderá al año de su formalización, por lo que la relación certificada deberá comprender todos aquellos contratos que hubieran sido formalizados en el ejercicio de referencia, aun cuando su ejecución se hubiera podido realizar en el ejercicio siguiente.

II.2

Documentación a remitir a lo largo del ejercicio

Primero. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, en los términos indicados en el artículo 29 del TRLCSP, las entidades del sector público local remitirán al Tribunal de Cuentas, o al órgano de control externo del correspondiente ámbito autonómico que corresponda, copia certificada del documento mediante el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente que a estos efectos se entenderá conformado por los documentos que se indican en el anexo I de esta Instrucción, sin perjuicio de lo que pudiera establecerse por el órgano de control externo competente para su ámbito autonómico, según la naturaleza, el procedimiento y la forma de adjudicación, siempre que el contrato supere las siguientes cuantías:

• − Contratos de obras, de concesión de obras públicas, de gestión de servicios públicos y de colaboración entre el sector público y el privado, cuya cuantía exceda de 600.000 euros.
• − Contratos de suministro de cuantía superior a 450.000 euros.
• − Contratos de servicios de cuantía superior a 150.000 euros.
• − Contratos administrativos especiales de cuantía superior a 150.000 euros.

Segundo. Igualmente se comunicarán, dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato, las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos y extinción de los contratos indicados, cumplimentando el anexo II, acompañados de la documentación que a este respecto se contempla en los apartados III y IV del anexo I.

Asimismo, los órganos de contratación remitirán los extractos de todos los contratos administrativos de importe superior a 60.000 euros, que hubieran sido objeto de modificaciones posteriores a su celebración, las cuales, aislada o conjuntamente, supongan incremento de gasto superior al 20 por 100 del presupuesto primitivo o eleven el precio total del contrato por encima de los límites antes señalados para cada tipo de contrato, incluyendo en el extracto la documentación relativa a las mencionadas modificaciones. La remisión se efectuará cumplimentando el anexo II al que se acompañará el extracto con los documentos que con carácter general se mencionan en los apartados I y II, respecto del contrato original y III y IV del anexo I, que a cada modificación y tipo de contrato correspondan.

En todo caso, con idéntica salvedad a la indicada en el primer párrafo del apartado precedente.

Tercero. Las previsiones contenidas en los ordinales anteriores no serán de aplicación a los negocios y acuerdos recogidos en el artículo 4 del TRLCSP, por quedar expresamente excluidos de la misma.

II.3

Requerimiento de otra documentación

Con independencia de la información y documentación señalada en los epígrafes anteriores, el Tribunal de Cuentas podrá requerir el envío de documentación adicional en relación con los contratos anteriormente identificados o con cualquier otro incluido en la relación anual de los contratos celebrados y que se haya previsto fiscalizar, así como, en su caso, información sobre los denominados contratos menores. Dicho requerimiento deberá ser atendido en los términos y plazos en que se hubiera planteado.

III

Documentación a remitir al Tribunal de Cuentas por los organismos y las entidades del sector público local que no tienen la consideración de Administración Pública

Los organismos y las entidades del sector público local que no tienen la consideración de Administración Pública, en los términos antes indicados por el citado artículo 3 del TRLCSP, remitirán sus relaciones de contratos integradas en las de la entidad de la que son dependientes.

La información sobre la contratación a la que se refiere el anterior apartado II.2, se remitirá en los plazos y modos que en dicho apartado se establecen. No obstante, los extractos de los expedientes comprenderán, únicamente, copia de las ofertas solicitadas y recibidas, la copia certificada del documento en el que se hubiera formalizado el contrato o las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, y las variaciones de precio que se hubieren producido, así como de las comunicaciones efectuadas. Se remitirá, asimismo, copia del documento en el que hubiere quedado formalizada la nulidad o la extinción normal o anormal del correspondiente contrato.

IV

Cuantía de los contratos

Se entenderá por cuantía o precio del contrato, a los efectos de esta instrucción, su valor estimado según el artículo 88 TRLCSP, IVA excluido. Asimismo, en los expedientes de contratación que den lugar a múltiples adjudicatarios y, por tanto, a múltiples contratos por la existencia de lotes o prestaciones diferenciadas, se tendrá en cuenta el importe agregado de todos los lotes integrantes del expediente para estimar el valor del contrato.

V

Instrucciones especiales respecto de la contratación del ejercicio 2011

La remisión a este Tribunal de la documentación e información relativas a la contratación celebrada por los entes, organismos y entidades del Sector público a partir del ejercicio 2011, deberá ajustarse a las siguientes instrucciones complementarias:

V.1

Relaciones certificadas de la contratación celebrada durante el ejercicio 2011

Las entidades locales deberán enviar una relación comprensiva de los contratos formalizados en el año 2011 de acuerdo con el procedimiento habilitado al efecto en la presente Instrucción salvo que, a la fecha de su publicación, ya hubieren enviado la correspondiente relación comprensiva de la contratación realizada por la entidad local y la totalidad de sus entidades dependientes.

V.2

Extractos de los contratos formalizados con anterioridad a la publicación de la presente Instrucción

Los extractos de los contratos formalizados que, a la fecha de publicación de la presente Instrucción, no hubieran sido enviados al Tribunal de Cuentas se integrarán con los documentos especificados en la presente Instrucción.

VI

Entrada en vigor

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».