Sumario

Resolución 16 mayo 2001 rectificada por Corrección de errores («B.O.E.» 13 diciembre). Res. 16 mayo 2001, derogada por el apartado noveno de la Res. de 26 de mayo de 2009, del Instituto Geológico y Minero de España, por la que se establecen los precios públicos correspondientes a la realización de trabajos de carácter científico o de asesoramiento técnico y otras actividades del organismo («B.O.E.» 15 junio), el 16 de junio de 2009.

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, en su artículo 13, clasifica a varios organismos, y, entre ellos, el Instituto Geológico y Minero de España, como organismo público de investigación.

El artículo 61 de la Ley 50/1998, de 20 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, dispone que los organismos públicos de investigación a que se refiere el artículo 13 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, adoptarán la configuración de organismo autónomo, establecida en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con determinadas peculiaridades en materia de personal, recursos económicos, régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero.

Por otra parte, el Instituto Geológico y Minero de España, en las prestaciones de servicios, entrega de bienes y realización de actividades, conforme a la normativa invocada, podrá establecer precios públicos como contraprestación pecuniaria por dichas actividades en los términos que determina la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, de acuerdo con la modificación llevada a cabo por la Ley 25/1998, de 13 de julio, que modifica el régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, en consonancia con los criterios fijados por la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, en la medida en que los servicios que presta este organismo presentan las características exigidas por dicha ley para la consideración de precios públicos al concurrir simultáneamente los dos criterios que lo configuran, esto es, contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la entrega de bienes, prestaciones de servicios o realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho Público, cuando éstas no sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados y que dichas entregas, prestaciones o actividades sean susceptibles de ser prestadas o realizadas de forma efectiva por el sector privado, por no existir la reserva a favor del sector público, conforme con la normativa vigente.

En su virtud, y conforme con lo previsto en el artículo 26.1.b) de la Ley 8/1989, previa autorización de la Ministra de Ciencia y Tecnología otorgada mediante Orden de 4 de abril de 2001,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.- El suministro de publicaciones, datos y productos relacionados en el anexo I de la presente Resolución, y las prestaciones de servicios normalizados realizados por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), estarán sujetos al pago de los precios públicos que figuran en el citado anexo. La cuantía de dichos precios se incrementarán con el IVA que en cada caso corresponda, a tenor de la normativa vigente en la materia.

Segundo.- Las prestaciones de servicios específicos en las áreas de laboratorios de análisis, ensayos y estudios; elaboraciones no normalizadas de cartografía digital o analógica; geofísica; estudios geológicos y cualesquiera otros no contemplados en el anexo I de la presente Resolución, efectuados en régimen de Derecho Público, se realizará previa elaboración del correspondiente presupuesto y su aceptación por la persona física o jurídica solicitante con aplicación de los criterios establecidos en el anexo II.

Para la elaboración del presupuesto y la determinación final del precio se tendrá en cuenta los criterios económicos de cobertura de costes originados para la realización de los trabajos necesarios, así como la utilidad derivada de los mismos.

Tercero.- La entrega de duplicados y copias de documentación cartográfica, los derechos de reproducción y de licencias de uso de la información en soportes digital y analógico y, en su caso, la autorización de ediciones especiales estarán sujetas a la legislación sobre propiedad intelectual y demás normas vigentes en la materia. En todo caso, la entrega de productos de cartografía geológica y geotemática, en formato digital, se efectuará en la modalidad de contrato de licencia de uso, conforme con los modelos-tipo aprobados al efecto por este organismo.

Los derechos de autor sobre la información y documentación elaborada por el Instituto Geológico y Minero de España corresponde en exclusiva a este organismo.

Cuarto.- La cuantificación de los precios públicos establecidos en esta Resolución se establecen, en general, a un nivel que cubra como mínimo los costes económicos del bien entregado, del servicio prestado o de la actividad realizada. No obstante lo anterior, se establecen los siguientes descuentos aplicables:

Bienes o prestaciones solicitados por organismos de investigación o de educación: El suministro de publicaciones y datos a órganos, organismos y entidades de carácter público dedicados a la investigación o a la educación, y exclusivamente para sus actividades no comerciales, tendrán una reducción de hasta el 95 por 100 de los precios públicos fijados en esta Resolución. Para la determinación del descuento aplicable en cada caso concreto se establecen los siguientes criterios objetivos a tener en cuenta: Importancia del proyecto, coste del mismo, recursos con que cuente el solicitante para la financiación de aquél, existencia de razones sociales o de interés público, utilidad económica derivada del mismo y volumen de datos y productos a suministrar. Además, cuando el proyecto revista especial interés para los fines y funciones que tiene atribuidos el Instituto Geológico y Minero de España y no cuente dicho proyecto con financiación aprobada, el descuento podrá alcanzar la reducción máxima prevista.

Cuando la complejidad de los datos o el volumen en el suministro de publicaciones así lo requiera, los descuentos se aplicarán mediante convenio con la entidad o institución solicitante. En otro caso, si se trata de datos y productos de ejecución sencilla o estandarizados, dicho descuento se llevará a efecto en atención al escrito de solicitud del peticionario.

Bienes o prestaciones solicitados por órganos de la Administración General del Estado y de sus organismos autónomos y entidades públicas empresariales de ella dependientes y distintos de los anteriores, que tengan asignadas según sus normas fundacionales o Estatutos, funciones de carácter social, benéfico, cultural o de especial interés público: Se aplicará una bonificación de hasta el 95 por 100, en el suministro de publicaciones y datos, una vez ponderadas por este centro directivo las circunstancias que concurran en cada caso concreto.

Bienes o prestaciones solicitados por organismos y centros oficiales dependientes de las diferentes Administraciones Públicas: Tendrán una bonificación del 25 por 100 del precio, en el suministro de publicaciones y datos.

En cualquier caso, y en todos los supuestos contemplados en el presente apartado, los solicitantes abonarán los gastos que se generen por la reproducción, preparación, embalaje y envío de los bienes y datos solicitados.

Quinto.- El Director general del IGME establecerá los descuentos comerciales en la venta de publicaciones a través de libreros y distribuidores, con las condiciones y cuantías habituales del mercado.

Sexto.- La gestión de los precios públicos establecidos en la presente Resolución se ajustará a lo siguiente:

• 1. La Administración y cobro de los precios públicos se llevará a cabo por el Instituto Geológico y Minero de España.
• 2. Los precios públicos fijados, con carácter general, serán exigidos en el momento de la entrega de los bienes, de la prestación del servicio o de la realización de la actividad. Cuando el volumen de lo solicitado, la complejidad de los datos y productos a suministrar y en las prestaciones de carácter específico o no normalizado, el pago de los precios públicos se realizará a partir de la aceptación de su valoración o del presupuesto a que dé lugar la solicitud del usuario y será condición previa a la elaboración y suministro de la prestación por el Instituto Geológico y Minero de España.
• 3. El pago, en el caso de convenios o contratos, se realizará en las condiciones que en los mismos se establezcan.
• 4. El pago de los precios podrá realizarse por alguno de los siguientes medios de pago:

  En efectivo, cheque, transferencia bancaria o mediante el empleo de efectos timbrados. En este último supuesto, el IGME remitirá periódicamente al Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, certificación del importe recaudado mediante este medio de pago, con objeto de que se realicen las operaciones de formalización que procedan. No obstante, cuando la entrega de bienes, prestaciones de servicios o realización de actividades se efectúe previa elaboración de presupuesto y aceptación por el solicitante, los precios públicos se exigirán con carácter previo mediante ingreso de las cantidades correspondientes en la cuenta número 0620007568 que a tal efecto este organismo tiene abierta en la entidad Citibank, calle Miguel Ángel, número 11, de Madrid, cuenta bancaria debidamente autorizada por el Ministerio de Hacienda conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril.

• 5. Cuando por causa no imputable al obligado al pago no se realicen la entrega del bien, la prestación del servicio o de la actividad, el IGME procederá a la devolución del precio público ingresado.

  Igualmente, cuando se produzca duplicidad en el pago del precio público o cuando se haya abonado cantidad superior a la cuantía del mismo, el sujeto obligado tendrá derecho a la devolución del ingreso indebido, por parte del IGME.

• 6. Cuando, con posterioridad a la entrega del bien, prestación del servicio o realización de la actividad en régimen de derecho público esté pendiente, por cualquier circunstancia, el pago del precio público, éste se exigirá a través del procedimiento administrativo de apremio, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril.

Séptimo.- Los actos administrativos derivados de la gestión y recaudación de los precios públicos objeto de la presente Resolución podrán ser impugnados en la forma y plazos que establecen los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Octavo.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».