Sumario

DLey [BALEARES] 6/2013, 22 noviembre, rectificado por Acuerdo («B.O.I.B.» 7 diciembre). Véase Res. [BALEARES] del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el D. ley 6/2013, de 29 de noviembre, por el que se modifica el artículo 52 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears («B.O.I.B.» 24 diciembre 2013).

Exposición de motivos

La Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, regula en el capítulo IV del título III las empresas comercializadoras de estancias turísticas en viviendas. Concretamente, en su artículo 52 se establece la tipología de las viviendas en las que se permite la comercialización de estancias turísticas.

Por parte del Consejo Insular de Menorca se ha hecho llegar al Gobierno de las Illes Balears la urgente necesidad de la aprobación de un decreto ley que permita, en su ámbito territorial, ampliar la tipología de viviendas que pueden ser objeto de comercialización turística.

En el caso concreto de la isla de Menorca, dicha ampliación es una demanda largamente reclamada por la sociedad menorquina, en tanto en cuanto alguna de las nuevas tipologías que podrían establecerse se adaptan, perfectamente, a un producto fácilmente identificable en sus poblaciones y del que existe un potencial mercado turístico persiguiendo, a su vez, la garantía de los usuarios turísticos y de la población residente.

Por su parte, la posibilidad que mediante el presente decreto ley se establece también conlleva la adaptación de la normativa turística a la realidad propia de la isla, de modo que se consigue una aproximación substancial entre regulación y mercado.

Asimismo, la actual coyuntura económica y la consideración tradicional de Menorca como destino turístico eminentemente familiar aconsejan dar entrada a nuevas posibilidades alojativas, frente a los productos tradicionales recogidos actualmente en el ordenamiento turístico, aunque siempre dentro de los límites marcados en el propio artículo 52 de la Ley.

Menorca, por sus dimensiones, singularidades y su clara vocación turística, resulta un claro ejemplo de diversidad de posibilidades de alojamiento, siendo las viviendas una clara opción para un determinado turismo que busca una oferta más próxima al residente que al turismo de masas, a cuya demanda se podrá dar respuesta.

La figura del decreto ley, que prevén el artículo 86 de la Constitución española y el artículo 49 de nuestro Estatuto de Autonomía, es la idónea para poder abordar con urgencia la problemática expuesta, que no es otra que Menorca pueda aprovechar el potencial turístico que ofrece la singularidad de las viviendas de la isla, y a la vez adaptar con rapidez su oferta turística a la demanda existente en la actualidad.

Partiendo de la premisa de que el turismo es el principal motor económico de las Illes Balears, alcanzar ambos objetivos resulta de una extraordinaria y urgente necesidad.

Dicha necesidad se refuerza con el hecho de que la aprobación inmediata del Decreto Ley permitirá, además, que la norma reglamentaria de desarrollo del mismo pueda estar vigente para la temporada turística de 2014, lo cual no sería posible si su incorporación al ordenamiento jurídico se llevara a cabo mediante la tramitación de una ley ordinaria.

Este decreto ley, por tanto, cumple los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional, porque las medidas que comprende surgen como una necesidad respecto de una situación en los objetivos gubernamentales que requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal para la tramitación parlamentaria de las leyes.

Así, de acuerdo con la modificación operada en el artículo 52, se atribuye al órgano competente, mediante la aprobación de los correspondientes reglamentos, el desarrollo de las características de las nuevas tipologías que se puedan establecer, siempre respetando los principios de calidad en la prestación de servicios turísticos, mejora de la competitividad del sector turístico y protección de los usuarios de los servicios turísticos, establecidos en la Ley 8/2012.

Asimismo, dicha modificación en ningún caso supondrá que se pueda llevar a cabo la comercialización de estancias turísticas en edificios plurifamiliares o adosados sometidos al régimen de propiedad horizontal.

DECRETO