Decreto 77/2016, de 7 de junio, por el que se modifica el Decreto 84/2014, de 20 de mayo, por el que se regulan las actividades formativas complementarias en los centros de Educación Infantil y Primaria y específicos de Educación Especial, sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación de dichas actividades a los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la convocatoria para el curso escolar 2014/2015

• 

  La administración digital en la era de las tecnologías disruptivas

  Libros
  Desde 82,00 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Manual de Presupuestos y Contabilidad de las Corporaciones Locales. 10ª edición

  Libros
  Desde 100,78 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Contratación Administrativa Práctica

  Periódicos y Revistas
  290,16 €
  322,40 €
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Práctica Urbanística

  Periódicos y Revistas
  308,88 €
  343,20 €
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

La Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su artículo 10.1.4 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. En particular, el régimen, organización y control de los centros educativos, del personal docente, de las materias de interés regional, de las actividades complementarias y de las becas con fondos propios.

En desarrollo del artículo 27 de la Constitución, se dictó la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que supuso una nueva y detallada ordenación del sistema educativo, modificada en parte por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y cuyas normas básicas demandan un desarrollo legislativo, adecuadamente diferenciado por parte de cada Comunidad Autónoma según su realidad específica.

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, en su artículo 15 determina que las actividades complementarias se desarrollarán fuera del horario lectivo y tendrán como objetivo completar la acción educativa del alumnado, encomendando a la Administración educativa el diseño de un modelo de actividades complementarias en estrecha relación con los objetivos educativos de la Comunidad Autónoma.

A tal efecto, la Junta de Extremadura, mediante Decreto 84/2014, de 20 de mayo, por el que se regulan las actividades formativas complementarias en los centros de Educación Infantil y Primaria y específicos de Educación Especial, sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación de dichas actividades a los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se aprueba la convocatoria para el curso escolar 2014/2015 (DOE n.^o 99, de 26-05-2014), acordó la derogación de las bases reguladoras que anteriormente regulaban estas actividades, fijando una nueva norma.

Así también la Constitución Española recoge el derecho a la educación (artículo 27.1) y a la libertad de enseñanza, que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita (27.4) y que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca, (27.9). Sin hacer distinción entre centros de titularidad pública o privada. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala que los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas en esta ley y satisfagan necesidades de escolarización, en el marco de lo dispuesto en los artículos 108 y 109, podrán acogerse al régimen de conciertos en los términos legalmente establecidos, sin que la elección de centro por razón de su carácter propio pueda representar para las familias, alumnos y alumnas y centros un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos educativos o en cualquier otro aspecto (116.1). Por último, el artículo 122 de este mismo texto legal, dedicado a los recursos, establece que los centros estarán dotados de los recursos educativos, humanos y materiales necesarios para ofrecer una enseñanza de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, así también que las Administraciones Públicas podrán asignar mayores dotaciones a determinados centros públicos o privados concertados en razón de los proyectos que así lo requieran o en atención a las condiciones de especial necesidad de la población que escolarizan.

En definitiva, los centros de enseñanza concertada, aun desarrollándose la educación en centros de titularidad privada, no funcionan en régimen de mercado, mediante precio libre, por cuanto son la Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma correspondiente, quienes fijan los precios de los conciertos y, en su caso, realizan otras convocatorias complementarias de ayudas o subvenciones para cubrir las necesidades educativas no financiadas en los conciertos.

La jurisprudencia europea ha ido perfilando los requisitos necesarios por los que una ayuda es incompatible con el mercado interior: 1) La ayuda ha de suponer un beneficio para una empresa, una ventaja económica o financiera, entendiendo por empresa cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su estatuto jurídico, 2) las ayudas han de ser concedidas por los Estados o con fondos estatales, 3) han de favorecer solo a determinadas empresas o producciones rompiendo el equilibrio con sus competidores, 4) han de tener repercusiones sobre la competencia (falseen o amenacen la competencia).

Cumpliéndose estos requisitos, la reglamentación sobre las ayudas consideradas de mínimis permite que algunas de ellas, ya sea por su importe o por el sector al que afectan, no puedan ser consideradas ayudas de estado, estando exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3 del Tratado.

Las ayudas cuyas bases se establecen en el Decreto 84/2014, que ahora se modifica, cumplen todos los requisitos que hemos señalado para considerarlas ayudas de estado, compatibles con el mercado interior. En este sentido, no existe discriminación entre empresas, ni que las cuantías abonadas (si se realiza la contratación de monitores) supongan un beneficio o ventaja económica para las empresas, ni en definitiva falseen la competencia. Hemos de recordar que la ayuda apenas alcanza para sufragar la contratación de los monitores, que habrán de ser retribuidos de acuerdo con lo establecido en el correspondiente Convenio Colectivo para el personal laboral de la Junta de Extremadura, por lo que serán clasificados en la categoría de Monitor de Actividades Formativas Complementarias, perteneciente al grupo IV, incluyendo nóminas y costes de Seguridad Social. Asimismo, se subvencionarán los gastos de funcionamiento mediante el pago a cada centro de la cantidad de 100 euros por monitor y curso. En definitiva, los principales beneficiarios de las ayudas son, de un lado los alumnos, que podrán realizar las actividades formativas complementarias solicitadas por el centro y concedidas por la Administración educativa y, de otro, las personas contratadas como monitores, que podrán adquirir experiencia en esta actividad y percibir una salario y cotizar a la Seguridad Social, con una jornada de doce horas semanales y un horario lectivo de dos horas diarias de duración, de lunes a jueves, ambos inclusive, que se desarrollará, a elección del centro, entre las 15,30 y las 18,30 horas, circunstancia que les permitirá a estas personas, que en un porcentaje altísimo son jóvenes, dedicar el resto de la jornada a otra actividad laboral, o en su caso a incrementar su formación o también a preparar las oposiciones a personal docente en una gran mayoría de los casos.

Por otra parte y de acuerdo con lo expresado en el apartado anterior, el artículo 107.3.a) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece que podrán considerarse compatibles con el mercado interior, las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo económico de las regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, así como de las regiones contempladas en el artículo 349, habida cuenta de la situación estructural, económica y social, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Es obvio que Extremadura reúne estas condiciones y que aun no siendo el objetivo principal de estas ayudas la creación de empleo, puesto que como ya se ha expresado anteriormente es la educación, sí ha de considerarse como un objetivo complementario de gran importancia, pues proporciona numeroso empleo a una juventud, que en la mayoría de los casos tiene títulos de grado y aun cuando sus aspiraciones sean otras, momentáneamente favorece la obtención de un empleo a tiempo parcial, que permite realizar las cotizaciones necesarias a la Seguridad Social, frente al subempleo o empleo no cotizado que se produce en la economía sumergida, actividad de la que con gran facilidad son víctimas estas personas.

Por todo lo anteriormente expuesto se entiende que deben quedar exentas del régimen de mínimis las ayudas concedidas por la Consejería competente en materia de educación a los centros concertados para la realización de las actividades formativas complementarias, por considerar que en modo alguno tratan de falsear o amenazar la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones, toda vez que para acceder a estas ayudas es necesario tener concierto educativo, y con ello estar incluida en la red de enseñanza complementaria a los centros de titularidad pública, de modo que se pueda garantizar la legalidad vigente en el ejercicio de las condiciones de gratuidad, igualdad y equidad del derecho fundamental de la educación.

Imposibilitar el acceso de estos centros concertados a las ayudas convocadas, por mantenerlas en el régimen de mínimis, determinaría un régimen de desigualdad entre la enseñanza pública y la concertada, que produciría la vulneración de un derecho fundamental.

Así también se hace necesario realizar la adaptación del texto a las modificaciones introducidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, en particular en lo relativo a la publicación del extracto de la convocatoria, a la obligación de publicarlo en la Base Nacional de Datos de Subvenciones y como consecuencia de ello al cómputo de los plazos de presentación de instancias, de resolución y de recursos, y sus efectos.

Por lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión de 7 de junio de 2016,

DISPONGO: