Sumario

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el quehacer diario de la Administración ha hecho posible una mejora sustancial en la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y ha mejorado el trabajo de los empleados públicos y del resto de los usuarios de los sistemas informáticos y redes de telecomunicaciones.

El uso de las TIC en la Administración de Castilla y León por parte de los empleados públicos para realizar de forma ordinaria su trabajo es un hecho que se viene produciendo de forma progresiva y natural. Para realizar el trabajo ordinario, los usuarios de la Administración disponen de unos medios tecnológicos cuyo uso es necesario regular.

Por lo tanto, la presente resolución tiene como objetivo establecer las reglas a las que deberán atenerse todos los usuarios de los servicios de comunicaciones e informática prestados en la Red Corporativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Varias causas exigen que el uso de estos medios se realice de forma uniforme en toda la Administración de Castilla y León; entre las más importantes están la preservación de la seguridad de los sistemas, para evitar la infiltración no deseada de intrusos, y evitar un mal uso de las herramientas que pueda comprometer el correcto funcionamiento de máquinas y programas.

En definitiva, se trata de que los usuarios de los servicios citados usen estos medios para conseguir los objetivos marcados por la Junta de Castilla y León, que está plenamente incardinada en el proceso de la denominada transformación digital de la Administración, que debe estar en sintonía con las premisas de eficiencia en el uso de los medios y en la protección de la información. Se trata pues de un instrumento fundamental para impulsar la transformación de la Administración y hacer sostenible el constante proceso de innovación y mejora en la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos.

La competencia para fijar la política de uso de los servicios de comunicaciones e informática prestados en la Red Corporativa de la Administración de Castilla y León, viene atribuida en el Decreto 43/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Así, el artículo 1 establece que bajo superior dirección del Consejero, corresponde a esta Consejería promover y dirigir, entre otras, la política en materia de informática y red corporativa. Asimismo, el artículo 8, en sus apartados i) y l), atribuye a la Dirección General de Telecomunicaciones la dirección y ejecución técnicas de las infraestructuras tecnológicas que dan soporte a los sistemas de información y de la red corporativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como la prestación de servicios de informática y de comunicaciones a la Administración de la Comunidad; y la coordinación y, en su caso, ejecución de las medidas que garanticen la interoperabilidad y la seguridad de los sistemas de información respectivamente.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Telecomunicaciones, previo conocimiento de la Junta de Castilla y León en sesión de Consejo de Gobierno de fecha 7 de julio de 2016, y en el uso de las atribuciones conferidas en el artículo 26.1.f) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,

RESUELVO:

Primero.– Es objeto de la presente orden la aprobación de la política de uso de los servicios de comunicaciones e informática prestados en la Red Corporativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, de aplicación a todos sus usuarios.

Segundo.– Los usuarios a los que se refiere el apartado primero de la presente orden deberán cumplir las siguientes reglas:

• a) Se prohíben actividades que dificulten o impidan el ejercicio de derechos, que atenten contra los principios éticos de la actividad pública, contrarias a la legalidad y normativa vigentes o que pretendan comprometer, evitar o dificultar las actuaciones referidas a esta política de uso.
• b) La identificación de los usuarios será personal y las contraseñas, confidenciales. Cada usuario será responsable de las actividades realizadas con sus cuentas de acceso a los servicios y de la seguridad de su uso. Queda prohibido el uso de sistemas cuyo objeto sea ocultar o suplantar la identidad.
• c) El uso de los medios tecnológicos tendrá una finalidad profesional, exclusivamente para el ejercicio de actividades y tareas que correspondan al puesto de trabajo. Se prohíben usos privados o personales ajenos a las actividades propias del puesto de trabajo. Se restringirá, en lo posible, el acceso a más información o servicios de los necesarios para el ejercicio profesional. Los usuarios deberán cuidar los medios puestos a su disposición y facilitar su soporte, reparación y mantenimiento.
• d) Se fomentará un uso eficiente de los servicios, prohibiéndose todo tipo de actividades que comprometan el rendimiento de los sistemas de información y los servicios de comunicaciones, tales como la creación o transmisión de información que perjudique la dinámica de uso habitual, la congestión de los enlaces de comunicaciones o de los sistemas de información, o el deterioro del trabajo de otros usuarios.
• e) Se fomentará un uso seguro de los servicios, prohibiéndose todo tipo de actividades que comprometan la seguridad de los sistemas de información y los servicios de comunicaciones, tanto de la disponibilidad, la autenticidad, la integridad, la confidencialidad o la trazabilidad de la información, como de su protección (por ejemplo, malware, ataques informáticos, fugas de información, compromisos de su integridad y confidencialidad, etc.).
• f) Las características de los servicios de comunicaciones e informática de uso general disponibles para los usuarios de la Red Corporativa se publicarán en un Catálogo de Servicios accesible en la web interna.

Tercero.– Corresponde a la Dirección General de Telecomunicaciones:

• a) Interconectar la Red Corporativa a otras redes.
• b) Segmentar la Red Corporativa.
• c) Establecer perímetros y filtros de seguridad.
• d) Establecer controles de acceso a los servicios de red.
• e) Autorizar y denegar tráficos.
• f) Conectar equipos, sensores y demás dispositivos.
• g) Autorizar la utilización de periféricos e instalar software a los equipos informáticos que se conecten a la Red Corporativa.
• h) Conceder permisos de administración de los equipos informáticos y de comunicaciones.
• i) Acceder al interior de los equipos informáticos y de comunicaciones.
• j) Priorizar, limitar o bloquear usos para garantizar el óptimo rendimiento y seguridad del tráfico de red y el control de los tráficos autorizados.

Cuarto.– La Dirección General de Telecomunicaciones podrá realizar una monitorización, registro y análisis del uso de los servicios para la detección de indicios o incidencias que puedan suponer problemas en el buen funcionamiento de los servicios o poner en riesgo la seguridad y la protección de la información, y la determinación de medidas preventivas, correctivas o paliativas.

Los usuarios deberán comunicar a los servicios de atención a usuarios cualquier incumplimiento de esta orden que detecten y cualquier conducta que pueda comprometer la consecución de los objetivos de esta política de uso.

Cualquier excepción a las reglas contenidas en la presente orden deberá ser aprobada por la Dirección General de Telecomunicaciones.

Quinto.– Para el cumplimiento y ejecución de lo establecido en la presente orden, se autoriza expresamente el establecimiento de los mecanismos de control y protección que se consideren oportunos.

Los incumplimientos de esta orden que pudieran comprometer el buen funcionamiento de los servicios o poner en riesgo la seguridad y la protección de la información podrá dar lugar a la desactivación temporal o permanente de los accesos a los servicios, sin perjuicio de responsabilidad disciplinaria o de otra naturaleza en la que pudiera haber incurrido el usuario por el uso indebido o fraudulento de los servicios de comunicaciones e informática prestados en la Red Corporativa.

Sexto.– Se faculta al titular de la Dirección General de Telecomunicaciones para dictar directrices e instrucciones de desarrollo y aplicación de la presente orden.

Séptimo.– La presente orden producirá efectos desde el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el Consejero de Fomento y Medio Ambiente en el plazo de un mes, tal y como se establece en los artículos 116.1. y 117.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente, recurso contencioso administrativo ante la Sala de igual denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, tal y como lo establecen el artículo 10 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; ambos plazos a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León».