Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja

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• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
• TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales
  • Artículo 1 Objeto de la ley
  • Artículo 2 Ámbito subjetivo
  • Artículo 3 Concepto y naturaleza de la prestación
  • Artículo 4 Destinatarios de la prestación
  • Artículo 5 Concepto de unidad familiar o de convivencia
  • Artículo 6 Concepto de cargas familiares
• TÍTULO I. Requisitos y régimen de compatibilidad
  • Artículo 7 Requisitos del titular
  • Artículo 8 Carencia de rentas
  • Artículo 9 Compatibilidades e incompatibilidades
• TÍTULO II. Obligaciones y proyecto individualizado de inserción
  • Artículo 10 Obligaciones del titular
  • Artículo 11 El proyecto individualizado de inserción
• TÍTULO III. Cuantía y devengo de la prestación
  • Artículo 12 Cuantía básica de la renta y complementos
  • Artículo 13 Determinación de la cuantía de la prestación
  • Artículo 14 Cuantía máxima y mínima de la prestación
  • Artículo 15 Devengo
  • Artículo 16 Mantenimiento temporal de la prestación
• TÍTULO IV. Gestión de la prestación
  • Artículo 17 Normas generales sobre procedimiento
  • Artículo 18 Modificación de cuantía
  • Artículo 19 Suspensión del derecho
  • Artículo 20 Extinción del derecho
  • Artículo 21 Efectos económicos
  • Artículo 22 Revisión y reintegro
• TÍTULO V. Colaboración interadministrativa y financiación
  • Artículo 23 Colaboración interadministrativa
  • Artículo 24 Comunicación y cesión de datos
  • Artículo 25 Equipos de incorporación sociolaboral
  • Artículo 26 Financiación de la renta de ciudadanía
  • Artículo 27 Ampliación de créditos
• TÍTULO VI. Comisión de Seguimiento de la Renta de Ciudadanía
  • Artículo 28 Objeto de la Comisión
  • Artículo 29 Composición, funcionamiento y régimen
• Disposiciones Adicionales
  • Disposición adicional primera Cómputo del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples
  • Disposición adicional segunda Mujer embarazada en situación de riesgo social
  • Disposición adicional tercera Medios personales y materiales
  • Disposición adicional cuarta Procedimiento abreviado para las solicitudes de mujeres víctimas de violencia de género
  • Disposición adicional quinta Menores objeto de protección por el Gobierno de La Rioja
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria única Extinción de las prestaciones de inserción social
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria única Derogación
• Disposiciones Finales
  • Disposición final primera Modificación del anexo del Catálogo de la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja
  • Disposición final segunda Habilitación para el desarrollo reglamentario
  • Disposición final tercera Entrada en vigor

Artículo 1 Objeto de la ley

El objeto de la presente ley es determinar las condiciones de acceso y disfrute del derecho subjetivo a la renta de ciudadanía, destinada a cubrir las necesidades básicas de quienes se encuentren en situación o riesgo de exclusión social, así como a promover su inserción social y laboral.

Artículo 2 Ámbito subjetivo

Tienen derecho a la renta de ciudadanía en los términos y condiciones previstos en esta ley:

• a) Quienes tengan la condición de ciudadanos de La Rioja, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía.
• b) Las personas extranjeras con vecindad administrativa en La Rioja, en los términos previstos en la legislación aplicable.

Artículo 3 Concepto y naturaleza de la prestación

1. La renta de ciudadanía es un derecho subjetivo reconocido a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social.

2. La renta de ciudadanía es una prestación económica, de percepción periódica, destinada a garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas en situación o riesgo de exclusión social, así como proporcionarles los medios necesarios para su incorporación social y, en su caso, laboral.

3. La renta de ciudadanía es subsidiaria respecto a cualquier prestación, contributiva o no contributiva, así como de cualesquiera otros regímenes o sistemas públicos de protección, constituyendo la última red de protección, sin perjuicio de las excepciones establecidas para los supuestos de complementariedad.

4. La renta de ciudadanía es complementaria, hasta el importe que de esta corresponda percibir en su caso, respecto de los ingresos y prestaciones económicas a que pudiera tener derecho cualquiera de los miembros de la unidad familiar o de convivencia. No obstante, no se complementará cuando el titular perciba ingresos que procedan de las acciones protectoras de la Seguridad Social, en cualquiera de sus modalidades contributivas o no contributivas, o de cualesquiera otros regímenes o sistemas públicos de protección, salvo las excepciones que se establecen en esta ley.

5. Su reconocimiento está condicionado a la concurrencia de los requisitos y condiciones exigidos y a la suscripción de un proyecto individualizado de inserción.

6. Su percepción se mantendrá ininterrumpidamente en tanto persista la concurrencia de los requisitos y condiciones exigidos, permanezcan las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento y se cumplan las obligaciones y compromisos genéricos y los específicos que se determinen en el proyecto individualizado de inserción.

7. El derecho a la prestación económica de la renta de ciudadanía sólo puede ser ejercitado por el beneficiario individual y no podrá ser objeto de cesión, retención del pago o embargo, salvo en los supuestos y con los límites establecidos por la legislación general del Estado aplicable a la materia.

Artículo 4 Destinatarios de la prestación

Son destinatarios de la prestación el titular de la renta de ciudadanía, a quien se le reconoce el derecho a esta, y, en su caso, el resto de personas que, junto a él, integran la unidad familiar o de convivencia.

Artículo 5 Concepto de unidad familiar o de convivencia

1. A los efectos de determinar el derecho a la prestación de la renta de ciudadanía prevista en esta ley, y sin perjuicio de aquellos supuestos en los que el titular sea el único beneficiario, tendrán la consideración de unidad familiar o de convivencia, las siguientes personas que residan en una misma vivienda o alojamiento:

• a) Persona solicitante o titular de la prestación de la renta de ciudadanía.
• b) Persona unida al solicitante o titular de la prestación de la renta de ciudadanía por una relación conyugal u otra forma de relación estable o análoga a la conyugal.
• c) Las personas vinculadas al solicitante o titular de la prestación de la renta de ciudadanía por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo y primer grado respectivamente.
• d) Los menores que se encuentren bajo la guarda, en virtud de resolución administrativa o judicial de la persona solicitante o titular de la prestación de la renta de ciudadanía o, de cualquier miembro de la unidad familiar o de convivencia, de acuerdo con los apartados anteriores.

2. Queda excluida, en todo caso, la convivencia por razones de amistad o conveniencia.

3. En los supuestos en que por fallecimiento, desahucio, divorcio, separación, violencia de género, violencia intrafamiliar, o cualquier otra causa similar de disolución de la unidad familiar o de convivencia, uno o más miembros de esta, con cargas familiares, se vieran obligados a modificar su domicilio, estos podrán ser considerados, por sí mismos, como una unidad familiar o de convivencia independiente a los efectos de solicitar o mantener la prestación de la renta de ciudadanía.

Si no existieran cargas familiares, sólo podrán ser considerados por sí mismos como una unidad familiar o de convivencia independiente, a los efectos de solicitar o mantener la prestación de la renta de ciudadanía, cuando la causa de modificación del domicilio se produzca por desahucio, violencia de género y violencia intrafamiliar.

Reglamentariamente se establecerá la acreditación necesaria en los supuestos de violencia de género y violencia intrafamiliar a la que se refiere este precepto. Así como aquellos supuestos distintos a los descritos en el apartado tercero de este artículo que puedan asimilarse a la disolución de la unidad familiar.

4. Cuando las personas a las que se refiere el apartado 1 de este artículo convivan en un marco físico de residencia colectiva, se entenderá que constituyen por sí mismas una unidad familiar o de convivencia.

A estos efectos, se consideran marcos físicos de residencia colectiva los siguientes:

• a) Pisos tutelados, centros de acogida, públicos o dependientes de entidades privadas.
• b) Establecimientos de alojamiento hotelero.
• c) Casas particulares en régimen de pensión, siempre que medie contraprestación económica.
• d) Comunidades terapéuticas.

5. Cuando en una misma unidad familiar o de convivencia existieran varias personas que pudieran ostentar la condición de titular de la renta de ciudadanía, esta solo podrá otorgarse a una de ellas. En dicho caso, la concesión recaerá sobre la que la hubiera solicitado en primer lugar.

Artículo 6 Concepto de cargas familiares

A los efectos previstos en esta ley se entenderán que existen cargas familiares cuando convivan con el titular o solicitante de la prestación y a su cargo, menores o discapacitados.

Artículo 7 Requisitos del titular

Podrán ser titulares del derecho a la renta de ciudadanía las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener la residencia efectiva en cualquier municipio de La Rioja, de forma ininterrumpida y al menos con un año de antelación a la solicitud.

A efectos de dicho plazo, podrán computarse los periodos de residencia en distintos municipios de la Comunidad Autónoma, siempre que los mismos sean sucesivos.

También cumple este requisito la persona que haya estado empadronada o haya tenido la residencia efectiva un total de cinco años, de manera continuada o interrumpida, de los diez inmediatamente anteriores a la solicitud.

Los solicitantes extranjeros deberán acreditar, además, la residencia legal con un año de antelación a la solicitud.

No se tendrán en cuenta a los efectos de acreditar la residencia efectiva los periodos de residencia fuera de La Rioja inferiores a treinta días dentro del año natural anterior a la fecha de la solicitud, cuando dicha residencia obedezca a motivos laborales o de enfermedad del solicitante o de cualquier familiar que guarden con él el parentesco establecido en el artículo 5.1 de la ley.

No se exigirán estos requisitos a los emigrantes riojanos retornados de otros países, a las personas refugiadas o beneficiarias de protección internacional, a los solicitantes de asilo, a las mujeres que en el momento de la solicitud acrediten ser víctimas de violencia de género, ni a quienes hayan sido objeto de tutela o guarda por parte del Gobierno de La Rioja hasta su mayoría de edad, así como a los que, en virtud de resolución administrativa o judicial, hayan permanecido durante su minoría de edad bajo la guarda de quienes no fueran titulares de su patria potestad y hayan sido objeto de medidas de protección de apoyo a la guarda por parte del Gobierno de La Rioja, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde el cese o extinción de las medidas de protección.

LE0000716167_20220101Letra a) del artículo 7 redactada por el artículo 11 de la Ley 7/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2022 («B.O.L.R.» 28 diciembre).Vigencia: 1 enero 2022

b) Ser mayor de veintitrés años.

No obstante, podrán ser titulares las personas menores de dicha edad y mayores de dieciséis años que tengan cargas familiares, sean huérfanos de padre y madre, sean víctimas de violencia de género, o hayan sido objeto de tutela o guarda por parte del Gobierno de La Rioja, así como los que, en virtud de resolución administrativa o judicial, hayan permanecido durante su minoría de edad bajo la guarda de quienes no fueran titulares de su patria potestad y hayan sido objeto de medidas de protección de apoyo a la guarda por parte del Gobierno de La Rioja, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde el cese o extinción de las medidas de protección.

LE0000967876_20250722Número b) del artículo 7 redactado por número uno del artículo undécimo de la Ley 6/2025, de 21 de julio, de medidas hacendísticas, presupuestarias, tributarias y administrativas («B.O.L.R.» 22 julio).Vigencia: 22 julio 2025

c) Constituir una unidad familiar o de convivencia, como mínimo con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud.

Quedan exceptuadas de cumplir este plazo las personas menores de veintitrés años y mayores de dieciséis, en los supuestos establecidos en el primer párrafo del apartado b) del presente artículo y quienes modifiquen su residencia como consecuencia de fallecimiento, desahucio, divorcio, separación, violencia de género y violencia intrafamiliar o cualquier otra causa similar de disolución de la unidad de convivencia.

Igualmente, se exceptúan los casos de reagrupación legal de personas inmigrantes, cuando no haya transcurrido más de un año desde la llegada a España de los familiares reagrupados.

d) No disponer su unidad familiar o de convivencia de los medios económicos necesarios para atender las necesidades básicas de la vida.

Se consideran comprendidas en esta situación las unidades familiares o de convivencia cuando se den las siguientes circunstancias:

• 1.º No disponer de rendimientos mensuales superiores al ochenta por ciento del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) correspondiente al mismo periodo cuando se trate de un solo integrante, e incrementada esta cuantía en un veinte por ciento del IPREM por el primer miembro de la unidad familiar o de convivencia, un quince por ciento más por el segundo y un diez por ciento más por cada miembro adicional, hasta un máximo del ciento veinticinco por ciento.
• 2.º No encontrarse su unidad familiar o de convivencia en el supuesto de recursos suficientes establecido en el artículo 8.3 de la presente ley.

e) Haber ejercitado o estar ejercitando las acciones pertinentes para el cobro de cualesquiera derechos o créditos que eventualmente pudieran corresponderle en virtud de título legal o convencional.

f) No haber prescindido voluntariamente de la realización de un trabajo adecuado ni haber donado bienes por importe superior a cuatro veces la cuantía básica anual de la renta de ciudadanía en los seis meses anteriores a la solicitud de la prestación.

g) No residir en centros residenciales de personas mayores, de personas con discapacidad o de personas con enfermedad mental, ni en establecimientos penitenciarios.

Artículo 8 Carencia de rentas

1. Reglamentariamente se determinará la forma de computar los rendimientos y el patrimonio de la unidad familiar o de convivencia a efectos de acreditar la carencia de rentas regulada en el artículo 7.d) de esta ley.

2. En todo caso, no tendrán la condición de ingresos computables los siguientes:

• a) Los ingresos que procedan de ayudas y prestaciones de servicios sociales de naturaleza no periódica y de importe inferior a cuatro veces la cuantía básica de la prestación, las prestaciones en el ámbito de la protección de la infancia, así como las becas públicas de educación o formación y similares.
• b) Las prestaciones económicas del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia.
• c) Los ingresos generados por la venta de la vivienda habitual cuando los mismos se reinviertan en su totalidad en la compra de vivienda del mismo tipo, o en un negocio o puesto de trabajo propio.

  El plazo máximo para proceder a la reinversión será de seis meses a partir de la fecha de la venta.

• d) Las asignaciones económicas percibidas como prestación familiar por hijo, o menor acogido a cargo, menor de 18 años.
• e) Las prestaciones económicas procedentes del Sistema de Salud de naturaleza no periódica.
• f) Las cantidades que la persona solicitante esté percibiendo por pensión de alimentos, por resolución judicial o convenio regulador, cuando su importe sea inferior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía.

3. Se considerará que se dispone de recursos suficientes para atender las necesidades básicas de la vida cuando la unidad familiar o de convivencia en la que se integra el titular disponga de un patrimonio cuyo valor sea superior a cuatro veces la cuantía en cómputo anual del límite máximo de rendimientos mensuales establecido en el artículo 7.d).1.º de la ley, en función del número de miembros. Igualmente, se considerará que se dispone de recursos suficientes cuando la unidad familiar o de convivencia disponga de capital mobiliario por importe superior al doscientos treinta por ciento del IPREM, en cómputo anual.

4. No se considerará recurso patrimonial, a los efectos del apartado anterior, la vivienda habitual del titular de la renta de ciudadanía.

Artículo 9 Compatibilidades e incompatibilidades

1. Compatibilidad e incompatibilidades con pensiones o prestaciones públicas:

• a) La renta de ciudadanía será compatible, siempre que no se supere el límite de rentas del artículo 7.d), con la percepción por el titular de las siguientes pensiones o prestaciones:
  • 1.º Pensión de orfandad.
  • 2.º Pensión en favor de familiares.
  • 3.º Prestación o subsidio por desempleo de importe inferior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía.
  • 4.º Pensión de viudedad en favor de menores de 65 años, de importe inferior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía.
  • 5.º Pensión de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, contributiva o no contributiva, de importe inferior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía.
  • 6.º Renta Activa de Inserción percibida por mujeres víctimas de violencia de género.
  • 7.º Cualquier otra prestación de naturaleza asistencial, de importe inferior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía, no comprendida en el apartado siguiente.
• b) La renta de ciudadanía será incompatible con la percepción por el solicitante de las siguientes pensiones o prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, mutualidades de previsión o de cualquier otro sistema público de protección:
  • 1.º Jubilación contributiva o no contributiva.
  • 2.º Incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, contributiva o no contributiva, de importe superior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía.
  • 3.º Viudedad en favor de mayores de 65 años.
  • 4.º Renta Activa de Inserción, salvo en los casos de mujeres víctimas de violencia de género.
  • 5.º Prestaciones del Sistema de Empleo cuyo importe sea igual o superior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía.
  • 6.º Prestación o subsidio por desempleo de importe igual o superior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía.

2. Compatibilidad e incompatibilidades con actividades económicas:

• a) La renta de ciudadanía será compatible con el trabajo realizado por cuenta ajena por el solicitante cuyo importe sea inferior a la cuantía básica de la renta, siempre que los ingresos obtenidos por su realización sumados al resto de rentas de la unidad familiar de convivencia no superen el límite de rentas del artículo 7.d).

  Igualmente, será compatible con el acceso a un trabajo por cuenta ajena por el perceptor, siempre que su importe sea inferior a la cuantía básica de la renta y los ingresos obtenidos por su realización sumados al resto de rentas de la unidad familiar de convivencia no superen el límite de rentas del artículo 7.d), incrementado en un cincuenta por ciento.

• b) La renta de ciudadanía será incompatible con la titularidad del perceptor de la prestación de cualquier tipo de establecimiento abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo, así como con la titularidad de cualquier tipo de explotación agrícola o ganadera. Igualmente, será incompatible con la realización por el perceptor de cualquier clase de actividad económica a título lucrativo que, por sus características, deba dar lugar a su inclusión en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Artículo 10 Obligaciones del titular

1. El titular de la renta de ciudadanía tendrá las siguientes obligaciones:

• a) Destinar la prestación a atender las necesidades básicas de la unidad familiar o de convivencia.
• b) Realizar las contraprestaciones incluidas en el proyecto individualizado de inserción.
• c) Colaborar con los profesionales encargados del seguimiento y evaluación del proyecto, facilitando su labor.
• d) No ausentarse de La Rioja por un período superior a 30 días computados por cada año natural.
• e) Comunicar a la Administración concedente, en el plazo máximo de quince días, las modificaciones en la situación personal, familiar o patrimonial que de acuerdo con la presente ley puedan implicar la modificación, suspensión o extinción de la prestación.
• f) Cumplir y ejercer adecuadamente los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda y custodia de los menores, en el supuesto de tenerlos a su cargo.
• g) No ejercer la mendicidad.
• h) Mantener ininterrumpidamente su demanda de empleo en el departamento competente del Sistema de Empleo, no rechazar una oferta de empleo adecuado y comunicar cualquier oferta de empleo a los profesionales que realicen el seguimiento de su proyecto de inserción. Mediante informe de los Servicios Sociales del Primer Nivel de Atención se podrá exonerar al titular de la renta de esta obligación cuando por sus características personales y/o sociales no pueda acceder al mercado laboral.
• i) Ejercer las acciones pertinentes para el cobro de cualquier derecho económico que pueda corresponderle.
• j) Reintegrar las cantidades indebidamente percibidas.

2. A los efectos de lo dispuesto en la letra h) del apartado anterior, tendrá la consideración de empleo adecuado aquel que pueda ser desarrollado por la persona titular de la prestación sin grave perjuicio para su situación personal o sociofamiliar, de forma tal que su aceptación no implique la desatención esencial de algún miembro de la unidad familiar o de convivencia que precise cuidados especiales y continuos, o situaciones análogas de incompatibilidad. Dicha circunstancia se acreditará por los Servicios Sociales del Primer Nivel de Atención.

Artículo 11 El proyecto individualizado de inserción

1. El titular de la renta de ciudadanía tendrá el derecho y la obligación de participar en un proyecto individualizado de inserción.

2. A estos efectos, corresponde a los Servicios Sociales del Primer Nivel de Atención diagnosticar la situación personal y socioeconómica de la persona solicitante.

Corresponde al Sistema Público de Empleo, ya sea directamente o a través de sus entidades colaboradoras, la elaboración -con la participación del titular de la renta- del proyecto individualizado de inserción laboral.

Corresponderá, igualmente, al Sistema Público de Empleo efectuar el seguimiento de las fases y contraprestaciones incluidas en el proyecto, así como la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos.

No obstante, en los casos en los que los Servicios Sociales del Primer Nivel de Atención determinen que las personas solicitantes no puedan acceder a los programas de inserción laboral y, por tanto, requieran que su programa de intervención se dirija, prioritariamente, a la recuperación social, serán los propios Servicios Sociales del Primer Nivel los que elaboren y efectúen el seguimiento del proyecto individualizado de inserción.

3. Las contraprestaciones del proyecto individualizado de inserción consistirán preferentemente en actividades de formación destinadas a la inserción laboral del solicitante, si bien podrán realizarse simultáneamente o en alguna de las fases del proyecto medidas de intervención en otras áreas, tendentes a la adquisición de hábitos prelaborales.

En los casos de personas que, por sus características personales y/o sociales, no puedan acceder a los programas de inserción laboral, y por tanto, requieran que su programa de intervención se dirija, prioritariamente, a la recuperación social, el proyecto podrá contemplar actuaciones y contraprestaciones en las siguientes áreas: económica y de necesidades básicas, de relaciones familiares, de desarrollo personal, sanitaria, de vivienda, formativa y de relaciones sociales.

4. Cuando las circunstancias lo aconsejen, se podrá modificar el proyecto individualizado, replanteando las fases y contraprestaciones del itinerario de inserción. La modificación requerirá el acuerdo entre el Servicio Público que haya elaborado el proyecto y el titular de la prestación. Cuando la modificación suponga la intervención de un servicio público distinto al que haya elaborado el proyecto, se le remitirá el expediente para que realice un nuevo proyecto.

5. Los proyectos de inserción contendrán indicadores de rendimiento y percepción, que permitan valorar no sólo el cumplimiento de los objetivos de inserción social o laboral de los destinatarios, sino también la valoración de los propios destinatarios sobre los proyectos.

Artículo 12 Cuantía básica de la renta y complementos

1. La cuantía básica mensual de la renta de ciudadanía estará cifrada en el ochenta por ciento del indicador público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada ejercicio económico.

2. Por cada miembro de la unidad familiar o de convivencia distinto del titular se reconocerá un complemento de la cuantía básica de la renta, de acuerdo con las reglas y cuantías siguientes:

• a) El complemento por el primer miembro será el veinte por ciento del IPREM.
• b) El complemento por el segundo miembro será el quince por ciento del IPREM.
• c) El complemento por el tercero y siguientes miembros será el diez por ciento del IPREM.

Artículo 13 Determinación de la cuantía de la prestación

1. Los ingresos de la unidad familiar o de convivencia se complementarán hasta la cuantía mensual que, en función del número de miembros de la misma, corresponda en concepto de renta de ciudadanía.

2. A tal efecto, la cuantía mensual de cada prestación vendrá determinada por la diferencia entre el importe fijado en el artículo 12 y el total de recursos o ingresos que perciban todos sus destinatarios. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13.3 y 14.

3. Cuando se reconozca la compatibilidad de la renta de ciudadanía con el acceso a un trabajo por cuenta ajena del perceptor de la misma, para calcular la cuantía a percibir, no se tendrá en cuenta durante el primer año el cincuenta por ciento de dichas rendimientos de trabajo, ni durante el periodo de percepción de la renta aquellos inferiores a la cuantía mínima de la prestación.

Artículo 14 Cuantía máxima y mínima de la prestación

1. La cuantía máxima de la prestación a percibir será del ciento veinticinco por ciento del IPREM.

2. La cuantía mínima de la prestación a percibir será el veinticinco por ciento de la renta de ciudadanía correspondiente a su unidad familiar o de convivencia.

Artículo 15 Devengo

1. La renta garantizada de ciudadanía se devengará a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de la resolución que la reconozca, efectuándose el pago de la prestación por mensualidades vencidas.

2. Cuando la resolución se dicte transcurrido el plazo de dos meses previsto en el artículo 17, y sea estimatoria, la prestación se devengará a partir del primer día del mes siguiente al cumplimiento de dicho plazo.

Artículo 16 Mantenimiento temporal de la prestación

1. Con el fin de no producir interrupciones en la percepción de la prestación, el fallecimiento del titular, su internamiento en establecimiento penitenciario, así como cualquier otra causa que determine la imposibilidad de que continúe siéndolo y no genere derecho a otra prestación, conllevarán el mantenimiento temporal de la renta de ciudadanía en otro miembro de la unidad familiar o de convivencia en la que aquel se integra que reúna los requisitos establecidos en el artículo 7 y lo solicite, en tanto se resuelve sobre la nueva titularidad.

2. Reglamentariamente se determinarán los plazos a los que se refiere el apartado anterior, así como el procedimiento para resolver la nueva solicitud.

Artículo 17 Normas generales sobre procedimiento

1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho a percibir la renta de ciudadanía atenderá, en todo caso, a los criterios de simplificación, coordinación interadministrativa e interdepartamental y gestión telemática.

2. El procedimiento se iniciará a solicitud del interesado, acompañándose la documentación que reglamentariamente se determine.

3. Será competente para resolver el órgano de la consejería competente en Servicios Sociales que se determine reglamentariamente.

4. La resolución será dictada y notificada en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el Registro General de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Quedan exceptuadas las resoluciones derivadas de expedientes de mujeres víctimas de violencia de género, que se dictarán y notificarán en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud de la prestación.

5. Contra la resolución de este procedimiento las personas interesadas podrán interponer reclamación administrativa previa a la jurisdicción social ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de 30 días a contar desde el día siguiente al de su notificación, siendo esta reclamación requisito necesario para formular demanda, según se dispone en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

6. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa por parte de la Administración

LE0000982881_20260101Artículo 17 redactado por el artículo 9 de la Ley 9/2025, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2026 («B.O.L.R.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2026

Artículo 18 Modificación de cuantía

La cuantía de la renta de ciudadanía se modificará cuando se produzca una variación sobrevenida de los miembros de la unidad familiar o de convivencia, o de los recursos que se hayan tenido en cuenta para el cálculo de la prestación.

Véase la Ley 6/2022, de 9 de mayo, por la que se establece un incremento excepcional para la Renta de Ciudadanía de La Rioja en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania («B.O.L.R.» 10 mayo).LE0000727370_20220511

Artículo 19 Suspensión del derecho

1. Cuando el titular de la renta de ciudadanía realice un trabajo por cuenta ajena incompatible con la percepción de la renta de ciudadanía, en los términos del artículo 9.2 de la ley, se suspenderá el derecho a la misma a instancia de la persona titular por un periodo máximo de seis meses, reanudándose cuando decaiga la circunstancia que motivó la suspensión.

2. Cuando los rendimientos de la unidad familiar o de convivencia superen con carácter temporal el límite de rentas del artículo 7.d).1.º, se suspenderá el derecho a la misma a instancia de la persona titular, por un periodo máximo de seis meses, reanudándose cuando decaigan las circunstancias que lo motivaron.

Artículo 20 Extinción del derecho

1. El derecho a la renta de ciudadanía se extinguirá por:

• a) Pérdida sobrevenida de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.
• b) Percepción de una prestación o pensión incompatible con la renta de ciudadanía.
• c) Ejercicio de una actividad económica incompatible con la renta de ciudadanía.
• d) Fallecimiento de la persona titular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 de la ley.
• e) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el artículo 10 por causa imputable al titular, así como de las contraprestaciones asumidas por este en el proyecto individualizado de inserción.
• f) Mantenimiento de la causa que dio lugar a la suspensión de la percepción de la prestación por tiempo superior a seis meses.
• g) Falseamiento en la declaración de ingresos o cualquier otra actuación fraudulenta dirigida a obtener o conservar la renta de ciudadanía.
• h) Trasladar la residencia a un municipio ubicado fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
• i) Renuncia de la persona titular.

2. En los supuestos de extinción contemplados en las letras e) y g) del apartado 1 de este artículo, la persona titular no podrá volver a solicitar esta prestación en el plazo de seis meses y un año, respectivamente. En ambos supuestos, el plazo se contará desde la notificación de la suspensión cautelar o, en su defecto, de la extinción de la prestación.

LE0000658831_20200201Número 2 del artículo 20 redactado por el número uno del artículo 12 de la Ley [LA RIOJA] 2/2020, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2020 («B.O.L.R.» 31 enero).Vigencia: 1 febrero 2020

Artículo 21 Efectos económicos

1. Los efectos económicos de la modificación de cuantía se producirán a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzca la causa que la determine. No obstante, si el interesado incumple la obligación de comunicar la modificación sobrevenida, los efectos económicos favorables solo se producirán desde el primer día del mes siguiente al momento en el que la Administración tenga constancia de dicha modificación.

2. Los efectos económicos de la suspensión y de la extinción se producirán a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzca la causa determinante de la misma.

3. En los supuestos de reanudación de la prestación derivada de una suspensión, los efectos económicos se producirán a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se presentó la solicitud de reanudación ante el órgano competente.

Artículo 22 Revisión y reintegro

1. El mantenimiento de los requisitos de acceso, así como el importe de la prestación económica, se podrán revisar en todo momento por la consejería competente en Servicios Sociales.

2. En aquellos casos en que dejen de cumplirse los requisitos que dieron lugar al reconocimiento de la prestación, procederá la extinción de la misma y, en su caso, el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

Artículo 23 Colaboración interadministrativa

1. Las Administraciones públicas de La Rioja colaborarán, en el marco de sus competencias, en las actuaciones de estudio, valoración e informe de casos, acreditación de condiciones y situaciones, procedimiento de reconocimiento del derecho, elaboración, seguimiento y evaluación de los proyectos individualizados de inserción, seguimiento de la prestación y demás actuaciones previstas en la presente ley.

2. Las entidades locales, a través de los Servicios Sociales del Primer Nivel, desarrollarán las siguientes funciones:

• a) Detección de las unidades familiares o de convivencia que se encuentren en situación de exclusión o de riesgo de exclusión social, informándoles sobre los requisitos y condiciones para el acceso a la prestación, prestándoles asesoramiento y colaborando con las mismas para la correcta tramitación de la solicitud de la renta de ciudadanía.
• b) Elaboración del proyecto individualizado de inserción en los casos de solicitantes que no puedan acceder a los programas de inserción laboral.
• c) Seguimiento, evaluación y revisión de los proyectos individualizados de inserción que les corresponda elaborar en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.2 de esta ley.
• d) Comunicación a la consejería competente en materia de Servicios Sociales de los incumplimientos de sus obligaciones por parte de los titulares de la prestación, cuando se detecten en el seguimiento de los proyectos de inserción elaborados desde los Servicios Sociales del Primer Nivel.

Artículo 24 Comunicación y cesión de datos

1. Las Administraciones públicas, en los términos previstos en la legislación reguladora del régimen jurídico de cada categoría o clase de datos, comunicarán los datos de este carácter relativos al titular y al resto de los destinatarios, con el consentimiento de los mismos, cuando su conocimiento sea necesario para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas de cedente y cesionario en relación con las actuaciones previstas en la presente ley.

2. Cuando la situación económica y patrimonial de los interesados deba acreditarse mediante certificaciones emitidas por la Administración tributaria estatal, la presentación de la solicitud supondrá autorización a los órganos competentes de la Administración autonómica para que soliciten directamente dichas certificaciones.

Artículo 25 Equipos de incorporación sociolaboral

Para facilitar el seguimiento y la evaluación de las situaciones de exclusión social, así como la elaboración y el seguimiento de los proyectos individualizados de inserción, podrán configurarse funcionalmente equipos de incorporación sociolaboral con profesionales de las diferentes Administraciones públicas intervinientes.

En dichos equipos podrán incorporarse profesionales de las entidades colaboradoras del Servicio Público de Empleo.

Artículo 26 Financiación de la renta de ciudadanía

La financiación de la renta de ciudadanía se garantizará a través de las partidas presupuestarias necesarias para atenderla económicamente, aprobadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales de La Rioja.

Artículo 27 Ampliación de créditos

Al objeto de asegurar la cobertura suficiente de la prestación, los créditos tendrán el carácter de ampliables, de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 28 Objeto de la Comisión

1. Reglamentariamente se creará la Comisión de Seguimiento de la Renta de Ciudadanía, adscrita a la consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de Servicios Sociales.

2. La Comisión llevará a cabo el seguimiento de la renta de ciudadanía, la evaluación de sus resultados y la propuesta de actuaciones de mejora de la prestación, velando por la consecución de sus objetivos en el marco de la planificación de la inclusión social.

Artículo 29 Composición, funcionamiento y régimen

1. La Comisión estará integrada por representantes de las consejerías competentes en Servicios Sociales y Empleo, de las entidades locales, de las entidades sindicales y empresariales más representativas y de las organizaciones que actúan en el ámbito de la exclusión social.

2. La composición, funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la Renta de Ciudadanía se determinarán reglamentariamente.

Disposición adicional primera Cómputo del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples

Las referencias al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) se entienden realizadas sin prorrateo de pagas extraordinarias.

Disposición adicional segunda Mujer embarazada en situación de riesgo social

1. Las mujeres embarazadas en situación de riesgo social constituyen por sí mismas una unidad familiar o de convivencia en los términos del artículo 5 de la ley.

2. Para acceder a la renta de ciudadanía únicamente se les exigirá que acrediten la residencia legal y el requisito de carencia de rentas del artículo 8 de la ley.

3. Reglamentariamente se determinará la forma de acreditar la condición de mujer embarazada en situación de riesgo social.

Disposición adicional tercera Medios personales y materiales

Las Administraciones públicas competentes asegurarán la dotación a los órganos competentes en la materia, encargados de gestionar la renta de ciudadanía, de los medios personales, técnicos y materiales necesarios para garantizar una gestión eficaz y eficiente de la misma.

Disposición adicional cuarta Procedimiento abreviado para las solicitudes de mujeres víctimas de violencia de género

Se dará prioridad en la tramitación de esta prestación a las solicitudes de mujeres que acrediten ser víctimas de violencia de género.

En estos casos, no se exigirá en el momento de la solicitud el cumplimiento del requisito del artículo 7.e) de la ley y el plazo máximo de resolución será de un mes desde la presentación de la solicitud de la prestación.

LE0000942421_20250101Disposición adicional cuarta introducida por el número dos del artículo 10 de la Ley 6/2024, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2025 («B.O.L.R.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2025

Disposición adicional quinta Menores objeto de protección por el Gobierno de La Rioja

1. A los menores que sean objeto de tutela o guarda por parte del Gobierno de La Rioja, así como los que, en virtud de resolución administrativa o judicial, hayan permanecido durante su minoría de edad bajo la guarda de quienes no fueran titulares de su patria potestad y sean objeto de medidas de protección de apoyo a la guarda por parte del Gobierno de La Rioja se les concederá de oficio la renta de ciudadanía al alcanzar la mayoría de edad, si reúnen los requisitos legalmente establecidos.

2. En estos casos, no se exigirá en el momento de la concesión el cumplimiento del requisito del artículo 7.e) de la ley, constituirán por sí mismos ?o con sus hijos a cargo? una unidad de convivencia independiente y la prestación se devengará el primer día del mes siguiente a alcanzar la mayoría de edad.

3. Estos menores tendrán, además, derecho a un complemento de renta, equivalente al 25?% de la cuantía básica de la renta de ciudadanía, durante un plazo máximo de doce meses, computados desde que alcancen la mayoría de edad.

LE0000967876_20250722Disposición adicional quinta introducida por el número dos del artículo undécimo de la Ley 6/2025, de 21 de julio, de medidas hacendísticas, presupuestarias, tributarias y administrativas («B.O.L.R.» 22 julio).Vigencia: 22 julio 2025

Disposición transitoria única Extinción de las prestaciones de inserción social

1. A partir de la entrada en vigor prevista en la disposición final tercera, se producirá la extinción de las prestaciones de inserción social reguladas por el Decreto 24/2001, de 20 de abril. Los titulares de aquellas pasarán a ser titulares de la renta de ciudadanía, asignándoles el importe correspondiente a la cuantía básica de la misma.

2. Antes del día 30 de junio de 2020 se revisarán los expedientes correspondientes a los titulares a los que se refiere el apartado anterior de esta disposición y se actualizarán las cuantías de la Renta de Ciudadanía a las que les correspondan en aplicación del artículo 13 de la presente ley.

3. Cuando a los preceptores de las prestaciones de inserción social a que se refiere el apartado 1 de esta disposición se les hayan satisfecho cantidades superiores a las que les hubieran correspondido en concepto de prestación por renta de ciudadanía, las diferencias devengadas a favor de dichos perceptores hasta la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2020 no se considerarán indebidamente percibidas.

4. No obstante lo establecido en el apartado 3 de esta disposición, procederá el reintegro conforme a los preceptos generales de esta ley en los casos en que se hayan producido variaciones en la composición de la unidad familiar o de convivencia, o en los ingresos de la misma, que no hayan sido comunicadas a la consejería competente en materia de Servicios Sociales en el plazo legalmente establecido.

LE0000658831_20200201Disposición transitoria única redactada por el número dos del artículo 12 de la Ley [LA RIOJA] 2/2020, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2020 («B.O.L.R.» 31 enero).Vigencia: 1 febrero 2020

Disposición derogatoria única Derogación

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango, en todo lo que se opongan o contradigan lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final primera Modificación del anexo del Catálogo de la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja

En la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja, se sustituye el punto 2.3 del apartado 'Prestaciones de inserción social' del Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales por un nuevo punto 2.3 denominado

LE0000403754_20250722

Disposición final segunda Habilitación para el desarrollo reglamentario

El Gobierno de La Rioja dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.

Véase D. [LA RIOJA] 41/2017, de 29 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja («B.O.L.R.» 4 octubre).LE0000605869_20171005

Disposición final tercera Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el 'Boletín Oficial de La Rioja'.