Sumario

PRE罬BULO

1.

Antecedentes El pasado 29 de diciembre de 2016 se formaliz� por parte de la Sociedad de Garant韆 Rec韕roca de la Comunitat Valenciana (en adelante, la SGR), el Instituto Valenciano de Finanzas y un conjunto de entidades financieras, en su condici髇 de entidades acreedoras y garantizadas, un acuerdo de novaci髇 del anterior contrato marco de reestructuraci髇 de riesgos y deuda de la SGR de fecha 26 de julio de 2013, que tiene por objeto garantizar el pago de la deuda financiera actual a cargo de la SGR y, en 鷏tima instancia, la viabilidad de la misma y la continuaci髇 de su actividad.

En este sentido, para la implementaci髇 del referido acuerdo de novaci髇 se requiere la adopci髇 de medidas de rango legislativo que permitan la adhesi髇 al mismo por parte de la Generalitat Valenciana, lo que se ha considerado como una condici髇 necesaria para su entrada en vigor y plena eficacia, habi閚dose establecido una condici髇 suspensiva al efecto que vence el 30 de junio de 2017.

Resumidamente, dicha operaci髇 ha sido estructurada, entre otros y esencialmente, en torno a los siguientes ejes: (a) una amortizaci髇 anticipada parcial de la deuda financiera mantenida por la SGR, por el importe resultante del vencimiento anticipado del aval prestado por la Generalitat Valenciana, m醩 parte de la cuant韆 a que asciende la deuda derivada de los contratos de reafianzamiento, a que m醩 tarde se referir� esta norma, mantenida por la Generalitat con la SGR; (b) la aportaci髇 por parte de la Generalitat al fondo de provisiones t閏nicas de la SGR, con car醕ter de no reintegrable, de la parte del cr閐ito que surge a favor de aquella y frente a SGR, como consecuencia del pago por el vencimiento anticipado del aval prestado por la Generalitat Valenciana –en concreto, por la parte correspondiente a la financiaci髇 existente de tipo subordinado amortizada previamente en virtud del aval, por importe de 168.836.836,53 €–, y a los efectos de que tal suma computara plenamente como recursos propios de la SGR; (c) la simult醤ea amortizaci髇, mediante daci髇 en pago (mecanismo excepcional previsto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda P鷅lica, del Sector p鷅lico Instrumental y de Subvenciones y en la Ley General Tributaria), por parte de la SGR y a favor de la Generalitat, por el excedente o parte correspondiente a la financiaci髇 existente de tipo s閚ior amortizada previamente en virtud del aval –concretamente, por un importe ascendiente a 25.263.163,47 €-; (d) la modificaci髇 del sistema de financiaci髇 bilateral anterior, por uno nuevo de sindicaci髇; y (e) la reestructuraci髇 de los t閞minos y condiciones de la deuda financiera subsistente o remanente tras las citadas amortizaciones parciales.

Tal y como se se馻la en el p醨rafo anterior, el pago por el vencimiento anticipado del aval prestado por la Generalitat Valenciana, por importe global de 194.100.000 €, genera la creaci髇 de dos cr閐itos a favor de la Generalitat –en cuanto avalista que por el pago se subroga en la posici髇 de los acreedores– y frente a SGR –deudor avalado.

La existencia de la citada diferenciaci髇 del cr閐ito, que es objeto de cancelaci髇 en ambos casos, radica en el compromiso, asumido por la Generalitat en el contrato marco de reestructuraci髇 de riesgos y deuda de la SGR de fecha 26 de julio de 2013, de dar un tratamiento diferenciado a la parte que de tal cr閐ito fuera a ser destinada para amortizar la financiaci髇 subordinada a cargo de SGR –aportaci髇 referida bajo el apartado b anterior–, respecto de la destinada a amortizar la financiaci髇 de tipo s閚ior –daci髇 en pago referida bajo el apartado c anterior con base en los acordado por las partes como mecanismo excepcional previsto en la Ley 1/2015 y en la Ley general tributaria. Todo ello al objeto de reforzar los fondos propios de la SGR y dotar de mayor solvencia a la misma, en estricto cumplimiento de los t閞minos bajo los cuales fue aprobado por la Comisi髇 Europea tanto el aval, como el contrato marco –ambos de fecha 26 de julio de 2013–, mediante Decisi髇 de fecha 13 de febrero de 2014, n鷐ero SA.36663, y en cuya virtud fueron considerados los mismos como ayuda de estado compatible con el mercado interior.

Al margen lo previsto en los apartados d) y e), que son 醡bitos exclusivos del derecho privado regidos por la autonom韆 de la voluntad de las partes que los han suscrito, el presente decreto ley va dirigido a establecer las normas que se requieren para hacer efectivos los apartados a), b) y c) citados en lo que concierne a la Generalitat Valenciana.

En definitiva, se considera que el referido nuevo acuerdo de refinanciaci髇 alcanzado sin duda redundar� en una mejor posici髇 econ髆ica y financiera de la SGR, como instrumento de canalizaci髇 de cr閐ito a favor de las peque馻s y medianas empresas y emprendedores de la Comunitat Valenciana, y en ese sentido merece la valoraci髇 positiva necesaria para implementar en esta norma con rango de ley los aspectos requeridos para ello.

2.

Del aval otorgado con fecha 26 de julio de 2013 por la Generalitat Valenciana a favor de las entidades financieras acreedoras de la SGR, en garant韆 de determinadas obligaciones de pago a cargo de esta.

En virtud del Decreto 89/2013, de 5 de julio, del Consell (DOGV 08.07.2013) se autoriz� la concesi髇, ante y a favor de cada una de las entidades financieras acreedoras de la SGR, de avales destinados a garantizar operaciones de cr閐ito a cargo de esta por importe de hasta 200.000.000 de euros, con el objeto de facilitar mecanismos de financiaci髇 que permitieran a la SGR cumplir con las obligaciones derivadas de la ejecuci髇 de avales otorgados en el desarrollo de su actividad y con los requisitos mercantiles de equilibrio patrimonial y regulatorios propios de su actividad.

Esta concesi髇 de avales a favor de la SGR form� parte del plan de reequilibrio y viabilidad financiera elaborado por la propia sociedad para asegurar su pervivencia y actividad.

Como consecuencia del citado decreto 89/2013 se formalizaron los respectivos avales a primer requerimiento en virtud de los cuales la Generalitat aval� a la SGR de la Comunitat Valenciana ante y a favor de cada una de las entidades financieras acreedoras de la misma, por importe de hasta 200.000.000 de euros, destinados a garantizar las obligaciones de pago a cargo de la SGR de la Comunitat Valenciana derivadas de los tramos de financiaci髇 s閚ior y financiaci髇 subordinada otorgados por cada una de las entidades financieras a favor de aquella.

En este punto, los acuerdos alcanzados en fecha 29 de diciembre de 2016 determinan un vencimiento anticipado y pactado de dichos avales otorgados por la Generalitat Valenciana.

Como consecuencia de dicho vencimiento anticipado, las partes han acordado un descuento sobre el importe nominal de los avales otorgados de 5.900.000 euros, que ha sido calculado teniendo en cuenta una serie de circunstancias y par醡etros tales como (i) el factor tiempo; (ii) el factor riesgo; y (iii) el factor econ髆ico (dado el car醕ter retribuido que tienen los referidos avales para su concedente, la Generalitat Valenciana).

En consecuencia, las partes han acordado que el importe total a pagar por el vencimiento anticipado de los avales de referencia quede finalmente fijado en 194.100.000 euros, as� como que dicho pago anticipado tenga por finalidad la amortizaci髇, en su totalidad, de la financiaci髇 otorgada como de tipo subordinado y, parcialmente, la financiaci髇 de tipo s閚ior otorgadas por las entidades financieras a la SGR.

No obstante lo anterior, este vencimiento anticipado pactado en el acuerdo de 29 de diciembre de 2016, requiere de una decisi髇 previa por parte de la Generalitat, que se estima procedente que se produzca con rango de ley, en la medida en que se trata de un supuesto no previsto en los avales otorgados por la Generalitat Valenciana en su d韆 (i) ya que no responde a un incumplimiento de la SGR o del avalista de ninguna de las obligaciones derivadas de la financiaci髇; y (ii) excede de las facultades que el art韈ulo 90.2 de la Ley 1/2015, otorga a la persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda.

3.

Del reafianzamiento de las operaciones de la SGR por parte, inicialmente del Instituto Valenciano de Finanzas y posteriormente de la propia Generalitat.

Constituye una caracter韘tica propia de la actividad de las sociedades de garant韆 rec韕roca la existencia de un sistema de reafianzamiento de los avales concedidos por este tipo de sociedades en el desarrollo de su actividad, reafianzamiento en el que participa la administraci髇 p鷅lica y cuya finalidad es reforzar la solvencia de dichas sociedades.

Su regulaci髇 est� contenida en el art韈ulo 11 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre r間imen jur韉ico de las Sociedades de Garant韆 Rec韕roca, y se realiza a trav閟 de las denominadas sociedades de reafianzamiento, cuya regulaci髇 est� contenida en el Real decreto 1644/1997, de 31 de octubre.

El sistema de reafianzamiento general est� articulado a trav閟 de CERSA, Compa耥a Espa駉la de Reafianzamiento, SA, sociedad p鷅lica estatal con la que todas las sociedades de garant韆 rec韕roca tienen un contrato de reafianzamiento autom醫ico que cubre entre el 30 y el 75 por ciento de los avales financieros otorgados por aquellas, con plazo superior a 36 meses.

La Comunitat Valenciana, junto al citado sistema general de reafianzamiento, estableci�, al igual que otras comunidades aut髇omas, un complemento adicional con la intervenci髇 directa, en un primer momento del Instituto Valenciano de Finanzas, y posteriormente por parte de la Generalitat.

En concreto, este reafianzamiento arranca el 29 de octubre de 1993, fecha en la que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) firm� con la Sociedad de Garant韆 Rec韕roca de la Comunitat Valenciana un contrato asimismo denominado como de reafianzamiento, autom醫ico y gratuito de un m醲imo del 40 por ciento del riesgo de todas las operaciones de garant韆 financiera, por fianza, aval o cualquier otro medio admitido en derecho, con objeto de dar cobertura parcial a los riesgos asumidos por aquella en las operaciones de garant韆 financiera.

Este contrato sufri� dos modificaciones, formalizadas con fechas de 14 de enero de 2000 y de 11 de mayo de 2004, que acotaban el porcentaje del riesgo asumido por el IVF en cada operaci髇.

En fecha 23 de diciembre de 2009, la Generalitat, a trav閟 de la Conselleria de Econom韆, Hacienda y Empleo, se subrog� en la titularidad del antedicho contrato de reafianzamiento suscrito con la SGR de la Comunitat Valenciana sustituyendo al Instituto Valenciano de Finanzas, con efectos de 1 de enero de 2009.

En esta situaci髇 se permaneci� hasta el 26 de julio de 2013, fecha en la que la entonces Conselleria de Econom韆, Industria, Turismo y Empleo y la SGR de la Comunitat Valenciana acordaron dar por terminado el contrato de reafianzamiento, respecto de nuevas operaciones de otorgamiento de avales financieros, a contar desde la fecha de efectividad del mismo, sin perjuicio de la continuidad del reafianzamiento de aquellas operaciones de garant韆 de la SGR que se suscribieran con posterioridad a la fecha de efectividad del acuerdo, que podr韆n seguir siendo reavaladas, caso por caso, previa autorizaci髇 del IVF.

En virtud de este contrato de reafianzamiento, producido un fallido –total o parcial– de la operaci髇 cedida, en un inicio el IVF y posteriormente la Generalitat Valenciana ten韆 que hacer frente a los importes garantizados pero no gozaban de una acci髇 de retorno frente a la SGR para exigir el reintegro de las cantidades entregadas. Los acuerdos, no obstante, contemplaban una participaci髇 del IVF y de la Conselleria de Econom韆, industria, Turismo y Empleo en las cantidades que resultasen recuperadas de los deudores fallidos por parte de la SGR, de acuerdo con un orden de prelaci髇 establecido en los mismos. Ello responde al funcionamiento propio de este tipo de contratos de reafianzamiento.

De la din醡ica seguida por estos acuerdos, resulta que la Generalitat tiene pendientes de pago unas cantidades derivadas de los compromisos asumidos por esta en virtud de los contratos de reafianzamiento citados, cuya liquidaci髇 se ha considerado esencial a los efectos del repetido acuerdo de refinanciaci髇 de 29 de diciembre de 2016.

En relaci髇 con lo anterior, es necesario resaltar que debido al contenido y pactos alcanzados por las partes en el mismo, el contrato de reafianzamiento es un contrato especial y at韕ico regido, por tanto, por sus propias normas espec韋icas, por lo que no puede ser estrictamente considerado como un aval o un reaval y, por consiguiente, la Generalitat no puede exigir el retorno de las cantidades pagadas en virtud de los mismos.

No puede ser considerado un aval porque no se otorga a favor de empresario, PYME o aut髇omo frente a la entidad financiera. El contrato originario respecto del que la Generalitat se subroga el 23 de diciembre de 2009 lo que prev� es la cobertura y asunci髇 parcial del riesgo, a partir de esa fecha, por parte de la Generalitat de un porcentaje de las operaciones de garant韆 financiera de la SGR.

Y tampoco puede ser considerado un reaval dado que, adem醩 de lo anteriormente expresado, la Generalitat no habr韆 tenido habilitaci髇 legal suficiente en virtud de lo dispuesto en el art韈ulo 11 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, para otorgar reavales a favor de la Sociedad de Garant韆 Rec韕roca.

De ah� que resulte necesaria esta medida legislativa para permitir as� que se realicen las habilitaciones presupuestarias oportunas tanto para el pago de las cantidades debidas en virtud de dicho contrato de reafianzamiento como, en su caso, para la regularizaci髇 contable de los derechos que pudieran haberse contemplado en la contabilidad de la Generalitat y de la propia Sociedad de Garant韆 Rec韕roca, dado que como consecuencia de la fecha de formalizaci髇 de los acuerdos entre las partes (29.12.2016) estos no pudieron tener su reflejo en las previsiones de la Ley de presupuestos de la Generalitat para 2017.

4.

Sobre la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar las medidas incorporadas a este decreto ley para implementar el proceso de refinanciaci髇 acordado entre las partes Resulta evidente la urgencia que concurre en este caso, donde la refinanciaci髇 de una instituci髇 tan relevante como la SGR para la econom韆 social (peque馻s y medianas empresas y emprendedores) queda pendiente de la adopci髇 de estas medidas de rango legislativo que son precisas para resolver aspectos no regulados en la normativa que resulta de aplicaci髇, clarificar los procesos y otorgar las autorizaciones requeridas con el fin de que la Generalitat pueda (i) adherirse al acuerdo alcanzado por todas las partes el 29 de diciembre de 2016 y (ii) asumir sus respectivos derechos y obligaciones, lo cual es condici髇 necesaria para su entrada en vigor y despliegue de efectos, que debe producirse antes del 30 de junio de 2017.

Precisamente por ello se ha considerado necesario y conveniente la adopci髇 de este decreto ley de car醕ter extraordinario, en tanto en cuanto concurren los requisitos constitucionales fijados por el Tribunal Constitucional, para hacer uso de esta t閏nica legislativa, concurriendo la urgente y extraordinaria necesidad de la decisi髇, a la vista de la grave situaci髇 que se generar韆 para toda la econom韆 social de la Comunitat Valenciana en caso de que, finalmente, el proceso de refinanciaci髇 de la SGR se viera frustrado y con ello se produjera la p閞dida de un instrumento financiero esencial para aportar cr閐ito a las peque馻s y medianas empresas y emprendedores de la Comunitat Valenciana.

En consecuencia, en uso de la autorizaci髇 concedida en el art韈ulo 44.4 del Estatuto de Autonom韆 de la Comunitat Valenciana, a propuesta del conseller da Hacienda y Modelo Econ髆ico y previa deliberaci髇 del Consell, en la reuni髇 del d韆 9 de junio de 2017,

DECRETO

DISPOSICI覰 ADICIONAL

DISPOSICIONES FINALES