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Sumario

V閍se la Res 20 abril 2020, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del Decreto-Ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el 醡bito administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19 (獶.O.E.� 20 abril).LE0000666198_20200420

I

La Organizaci髇 Mundial de la Salud elev� el pasado 11 de marzo de 2020 la situaci髇 de emergencia de salud p鷅lica ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional, ya que su propagaci髇 internacional supone un riesgo para la salud p鷅lica de los pa韘es y exige una respuesta internacional coordinada.

En el 醡bito nacional, el Consejo de Ministros en su sesi髇 celebrada el 14 de marzo de 2020 aprob� el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti髇 de la situaci髇 de crisis sanitaria ocasionado por el COVID-19. El citado Real Decreto 463/2020 establece en su art韈ulo 4 que la autoridad competente a efectos del estado de alarma ser� el Gobierno y, en sus respectivas 醨eas de responsabilidad, las personas titulares de los Ministerios de Sanidad, Defensa, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, de conformidad con el art韈ulo 6 del citado Real Decreto cada Administraci髇 conserva las competencias que le otorga la legislaci髇 vigente en la gesti髇 ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias, en el marco de las 髍denes directas de la autoridad correspondiente. A esta medida, le han seguido una cascada de medidas adoptadas por las distintas Administraciones, que intentan actuar en todos los 醡bitos en los que se ha producido una importante afectaci髇 por raz髇 de las circunstancias tanto sociales como econ髆icas que ha generado la situaci髇. As�, en Extremadura se han dictado ya medidas en los 醡bitos sanitario, educativo, comercial, del empleo, de los servicios sociales, de la funci髇 p鷅lica y de los servicios p鷅licos b醩icos.

En esta l韓ea, y trat醤dose de una situaci髇 excepcional, la Junta de Extremadura considera ineludible seguir arbitrando medidas excepcionales y en este sentido, adem醩 de todas las medidas adoptadas desde el inicio de la situaci髇, corresponde adoptar m醩 medidas que, desde el 醡bito de la gesti髇 administrativa, pretenden paliar las diversas situaciones de necesidad que puedan darse.

II

Las medidas adoptadas en el presente Decreto Ley afectan a diversos 醡bitos de la Administraci髇 y producir醤, de manera autom醫ica, efecto sobre la actuaci髇 administrativa, de tal manera que se logre una actuaci髇 mucho m醩 r醦ida y 醙il. Se trata de establecer un equilibrio entre una actuaci髇 completamente respetuosa de la legalidad y el ordenamiento vigente, pero lo m醩 r醦ida posible, evitando as� cualquier r間imen de autorizaciones que pueda existir sobre un determinado 醡bito y que pueda ralentizar la adopci髇 de la misma.

As�, en materia econ髆ico presupuestaria, se introducen modificaciones temporales en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda P鷅ica de Extremadura, de tal manera que, por un lado, se gane en agilidad en la disponibilidad de los cr閐itos, al eliminar, como hemos indicado, la necesidad de autorizaci髇 de dichas operaciones por Consejo de Gobierno. Adem醩, con car醕ter temporal y cuando sea imprescindible, se habilita a la Intervenci髇 General para acordar los supuestos en los que se podr� sustituir la funci髇 interventora por el control financiero permanente, afectando, por tanto, a lo regulado en los art韈ulos 152.6 y 145 a 148 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda P鷅lica de Extremadura.

En otro 醡bito de gran trascendencia en la actuaci髇 administrativa, la actividad de fomento, se adoptan tambi閚 medidas importantes, encaminadas a lograr los fines antes expuestos. As�, en materia de subvenciones, y atendiendo a que la declaraci髇 del estado de alarma por la emergencia sanitaria provocada por el COVD-19 va a tener una incidencia evidente sobre la ejecuci髇 de buena parte de las actividades y los proyectos subvencionados que se encontraban en ejecuci髇, es necesario adoptar las medidas oportunas. Dicha incidencia ser� mayor en el caso de que tales actividades y proyectos tuvieran relaci髇 directa con los sectores afectados y las actividades suspendidas por los art韈ulos 9 y 10 el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, as� como por las sucesivas decisiones adoptadas en sus respectivos 醡bitos por las autoridades competentes delegadas. Pero es indudable que tambi閚 en otros sectores en principio no suspendidos la ejecuci髇 de la actividad o el proyecto subvencionado en sus propios t閞minos puede resultar muy dif韈il, o incluso haber devenido imposible, tanto a consecuencia de las suspensiones de la actividad de aquellos otros sectores, como por las limitaciones a la movilidad de personas y de mercanc韆s, a nivel nacional e internacional, o incluso por las precauciones que para evitar la difusi髇 de la enfermedad han tenido que adoptar el sector privado y las propias Administraciones P鷅licas, y que han supuesto, por ejemplo, la reducci髇 de la atenci髇 presencial, de la jornada laboral o del personal presente en los centros de trabajo de forma simult醤ea. Todas estas limitaciones pueden provocar no solo que se dificulte o impida la ejecuci髇 de las actividades subvencionadas en los t閞minos previstos en la resoluci髇 de concesi髇 o el convenio, sino tambi閚 la acreditaci髇 del destino dado a las ayudas.

Dado que, una vez dictada la resoluci髇 de concesi髇, para variar las condiciones impuestas al beneficiario es precisa la modificaci髇 de dicha resoluci髇, a tal fin en las bases reguladoras se prev閚 normalmente las circunstancias que, como consecuencia de la alteraci髇 de las condiciones tenidas en cuenta para la concesi髇 de la subvenci髇, podr醤 dar lugar a la modificaci髇 de la resoluci髇. No obstante, las circunstancias desencadenantes del estado de alarma eran dif韈ilmente previsibles, por lo que es posible que los supuestos establecidos en las bases reguladoras no amparen la modificaci髇 que ahora pudiera resultar necesaria.

Es por ello que en el art韈ulo 5 del presente decreto-ley se establecen una serie de medidas excepcionales en este 醡bito, con la finalidad 鷏tima de facilitar a las personas beneficiarias tanto la ejecuci髇 de la actividad o el proyecto subvencionado como la justificaci髇 del destino dado a la subvenci髇, evitando que la situaci髇 de emergencia en que nos encontramos derive en incumplimientos de las condiciones establecidas y, en consecuencia, en la necesidad de exigir el reintegro de la ayuda. No obstante, estas medidas excepcionales deber醤 tener el menor impacto posible sobre el empleo de nuestra regi髇, de modo que en aquellas actividades o proyectos que exig韆n la contrataci髇 de personal deber� procurarse que las modificaciones que se acuerden est閚 condicionadas al mantenimiento de las contrataciones.

As�, en primer lugar, se habilita a los distintos Departamentos para que, en determinadas condiciones, procedan a la modificaci髇 de aquellos requisitos o condiciones de ejecuci髇 afectados en el caso de subvenciones concedidas a trav閟 de procedimientos con convocatoria. Dado que dichos procedimientos cuentan con bases reguladoras establecidas por disposiciones reglamentarias, ser� preciso acometer la modificaci髇 de los extremos necesarios de las mismas mediante Orden o Decreto del Presidente.

En el caso de las subvenciones concedidas mediante procedimientos de concesi髇 directa sin convocatoria, se habilita directamente al 髍gano concedente para adoptar las decisiones que sean precisas a los mismos efectos.

Por otra parte, se dispone que durante el periodo de vigencia del estado de alarma podr醤 canalizarse a trav閟 de procedimientos de concesi髇 directa sin convocatoria p鷅lica aquellas subvenciones que se dirijan a la realizaci髇 de actuaciones relacionadas con la lucha y prevenci髇 frente al COVID-19, cuando las beneficiarias sean entidades p鷅licas o privadas sin 醤imo de lucro. Se establece tambi閚 para estas subvenciones una tramitaci髇 simplificada.

Finalmente, para todos estos supuestos excepcionales se exime de la realizaci髇 de algunos de los tr醡ites que normalmente exige la Ley de Subvenciones de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura o la restante normativa de aplicaci髇, en orden a facilitar su implementaci髇 en el menor tiempo posible, y se prev� la posibilidad de retrotraer la efectividad de las medidas a la fecha de declaraci髇 del estado de alarma, de modo que los incumplimientos de condiciones que hubieran podido producirse en los 鷏timos d韆s no queden sin amparo.

Tambi閚 se establece en el art韈ulo 6 un supuesto excepcional en materia de convenios, con la finalidad de habilitar el uso de esta figura durante la gesti髇 de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

Para agilizar la tramitaci髇 de convenios con este objeto se exime de la elaboraci髇 de la memoria justificativa prevista la Ley de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico -en l韓ea con lo establecido en el art韈ulo 39 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19- y de la necesidad de obtener la autorizaci髇 del Consejo de Gobierno. Adem醩, se sustituye el informe preceptivo de la Abogac韆 General de la Junta de Extremadura por el que emita al efecto el Servicio Jur韉ico de la propia Consejer韆 interesada.

Por 鷏timo, y en otro sector de gran trascendencia en la actividad administrativa, en materia de contrataci髇 p鷅lica, tambi閚 se adoptan medidas que se recogen en el art韈ulo 7. En este 醡bito, el art韈ulo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece la tramitaci髇 de emergencia como mecanismo para actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastr骹icos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional. Este r間imen excepcional en la contrataci髇 p鷅lica encaja a la perfecci髇 en la situaci髇 actual para hacer frente al COVID-19.

El art韈ulo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto econ髆ico del COVID-19, determina la tramitaci髇 de emergencia para la contrataci髇 de todo tipo de bienes o servicios que precise la Administraci髇 General del Estado para la ejecuci髇 de cualesquiera medidas para hacer frente al COVID-19. El alcance de dicha medida se limita la Administraci髇 General del Estado.

Las circunstancias antes descritas tambi閚 exigen la adaptaci髇 de las normas auton髆icas para adecuarlas a la situaci髇 de grave peligro para la salud de la poblaci髇.

As�, en lo que respecta al presente decreto-ley se determina la tramitaci髇 de emergencia para cualquier tipo de contrataci髇 que precisen los 髍ganos de contrataci髇 de Administraci髇 de la Junta de Extremadura y de su sector p鷅lico para la ejecuci髇 de cualquier medida para hacer frente al COVID-19. Por ello, mediante este decreto ley, con la finalidad de lograr una gesti髇 eficiente e inmediata de las necesidades que surjan como consecuencia de esta emergencia sanitaria, se determina la tramitaci髇 de emergencia de las contrataciones de todo tipo de bienes y servicios que se precisen para la lucha contra el COVID-19, en el 醡bito de la Junta de Extremadura y su sector p鷅lico.

En otro 醡bito de actuaci髇, en el 醡bito del transporte escolar, se adoptan medidas extraordinarias destinadas a optimizar la gesti髇 de los recursos disponibles, de manera que se consigue gestionar recursos de manera m醩 eficiente, procediendo a una reasignaci髇 de los mismos, al tiempo que, de forma simult醤ea, permitir� el mantenimiento de los contratos vigentes en el sector, con las consecuencias favorables que se derivan de dicha medida, tanto para el sector en s� como para la econom韆 en general.

Por 鷏timo, y en el 醡bito del patrimonio p鷅lico del suelo, con relaci髇 a las viviendas protegidas de promoci髇 p鷅lica, se adoptan medidas extraordinarias destinadas a la protecci髇 de los sectores m醩 desfavorecidos de la sociedad extreme馻, de manera que los adjudicatarios de estas viviendas gocen de una exoneraci髇 temporal del pago de la renta de alquiler.

Finalmente, y en disposici髇 adicional de este Decreto Ley, se efect鷄n previsiones para convocatoria, constituci髇 y r間imen de las sesiones de los 髍ganos colegiados representativos y de Gobierno de las entidades que forman la administraci髇 local de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, de tal manera que puedan efectuarse por medios telem醫icos en situaciones de crisis.

Las actuales tecnolog韆s de la informaci髇 y de las telecomunicaciones hacen posible que la conformaci髇 de la voluntad de los 髍ganos colegiados pueda realizarse de modo remoto con plenas garant韆s de seguridad, inmediaci髇 y confidencialidad. Es precisamente en situaciones de crisis, en las que resulta dif韈il o incluso contraproducente las reuniones presenciales, cuando cobran mayor relieve las reglas que permiten la celebraci髇 de sesiones por medios telem醫icos, con el fin de obtener la m醲ima eficiencia y celeridad en la toma de decisiones de 髍ganos colegiados pol韙icos y administrativos.

En el 醡bito de las entidades que conforman la administraci髇 local, el art韈ulo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R間imen Local establece el r間imen de funcionamiento de los 髍ganos colegiados representativos y de gobierno de las entidades locales, fijando la periodicidad y tipicidad de sus sesiones. Sin embargo nada prev� expresamente la legislaci髇 b醩ica de r間imen local respecto a la celebraci髇 de sesiones telem醫icas de dichos 髍ganos. El mismo vac韔 normativo de regulaci髇 espec韋ica encontramos en el Reglamento org醤ico municipal, y no parece adecuado aplicar anal骻icamente la previsi髇 contenida en el art韈ulo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, por cuanto est� dise馻da para los 髍ganos administrativos y no pol韙icos o representativos.

De esta manera, debe la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, abordar la normativa con rango legal que d� cobertura a esta importante y necesaria cuesti髇. Y ello se aborda a trav閟 de la competencia exclusiva de la Comunidad Aut髇oma en materia de entidades locales prevista en el art韈ulo 9.1.3. del Estatuto de autonom韆 de Extremadura, y en el marco de lo previsto en el art韈ulo 53.2 de nuestra norma institucional b醩ica, que prev� que en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado, la Comunidad Aut髇oma regular� el r間imen jur韉ico de las entidades locales de Extremadura, teniendo en consideraci髇 las diferentes caracter韘ticas de las mismas y su diversa capacidad de gesti髇 competencial.

As�, la presente norma regula la convocatoria, constituci髇 y r間imen de las sesiones de los 髍ganos colegiados representativos y de Gobierno de las entidades que forman la administraci髇 local de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura por medios telem醫icos en situaciones de crisis y la posibilidad de quedar constituidos y celebrar sesiones por esta v韆 de manera permanente en estos per韔dos de crisis.

III

El art韈ulo 33 de la Ley Org醤ica 1/2011, de 28 de enero, de modificaci髇 del Estatuto de Autonom韆 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura faculta a la Junta de Extremadura en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley. Atendiendo a la especial gravedad de la situaci髇 en la que nos encontramos, nadie duda de la extraordinaria necesidad de recurrir a la adopci髇 de medidas de todo tipo que vengan a paliar y a contener la situaci髇 en la que nos encontramos, y en esta especial gravedad, adem醩, es necesario una r醦ida actuaci髇. En el 醡bito legislativo, el instrumento constitucionalmente l韈ito que permite una actuaci髇 de urgencia es el Decreto-ley, figura a la que se recurre, en cuanto las circunstancias en las que se adoptan y que han sido enunciadas anteriormente vienen a justificar la extraordinaria y urgente necesidad de que las medidas aqu� previstas entren en vigor con la mayor celeridad posible, sin que pudieran esperar a una tramitaci髇 parlamentaria puesto que los efectos sobre la ciudadan韆 ser韆n demasiado gravosos y perder韆 su esperada eficacia en el fin 鷏timo de las mismas.

Por tanto, en el presente supuesto, el car醕ter extraordinario y excepcional de la situaci髇 deriva de la declaraci髇 del estado de alarma provocada por la situaci髇 sanitaria, que requiere la adopci髇 con urgencia de medidas que pal韊n, en la medida de lo posible, la situaci髇 creada y que no puedan aplazarse, incluso mediante la utilizaci髇 de medios legislativos de urgencia, a un momento posterior. Cumpliendo as� la presente norma los requerimientos fijados tanto por el citado art韈ulo 33 como por la numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia (por todas, STC 61/2018, de 7 de junio de 2018, FJ 4, en lo que se refiere a la extraordinaria y urgente necesidad, y las SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6 , y 100/2012, de 8 de mayo, en lo relativo a 玸ituaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones dif韈iles de prever requieran una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes�).

Este decreto-ley es coherente con los principios de buena regulaci髇 establecidos en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. De lo expuesto en los p醨rafos anteriores se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El decreto-ley es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulaci髇 imprescindible para la consecuci髇 de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jur韉ica. Por 鷏timo, con respecto al principio de eficiencia, queda garantizado porque si bien puede implicar un aumento de las cargas administrativas posteriormente cuando finalice su vigencia, 閟tas son imprescindibles y en ning鷑 caso innecesarias.

Por todo ello, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 33 de la Ley Org醤ica 1/2011 de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonom韆 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, a propuesta de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y de Administraci髇 P鷅lica, y previa deliberaci髇 del Consejo de Gobierno en su reuni髇 del d韆 25 de marzo de 2020,

DISPONGO:

CAP蚑ULO I
Medidas de gesti髇 econ髆ico financiera

CAP蚑ULO II
Medidas de agilizaci髇 de la gesti髇 administrativa y de los pagos

CAP蚑ULO III
Medidas en materia de contratos del transporte escolar

CAP蚑ULO IV
Medidas excepcionales en relaci髇 a las viviendas protegidas de promoci髇 p鷅lica

DISPOSICIONES FINALES