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Sumario

LE0000678744_20200306 D.-Ley 5/2020, 2 abril, derogado por la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensi髇 de t韙ulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas (獴.O.I.C.� 28 octubre).

V閍se la Res. de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del D. ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensi髇 de t韙ulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas (10L/DL-0005), as� como su tramitaci髇 como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (獴.O.I.C.� 13 mayo).LE0000665254_20200513

Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 47.1 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias, promulgo y ordeno la publicaci髇 del Decreto ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensi髇 de t韙ulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas, ordenando a la ciudadan韆 y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

Mediante Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo, de suspensi髇 de t韙ulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, publicado y con entrada en vigor el 6 de marzo, se ha acordado la suspensi髇 de la vigencia de lo dispuesto en los art韈ulos 6.4 a) y 11.5 de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, respecto a la instalaci髇, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas, por un plazo no superior a dieciocho meses. Asimismo, se suspende por id閚tico plazo el otorgamiento de nuevas autorizaciones de espacios de apuestas en casinos y salas de bingo.

A trav閟 de dicho instrumento, se ha dado cumplimiento a la Resoluci髇 10L/PNLP-0065, del Parlamento de Canarias, sobre regulaci髇 efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones, en cuyos apartados primero y segundo de su parte dispositiva se instaba al Gobierno de Canarias a:

�1. En el 醡bito de su competencia, regular con eficacia la prohibici髇 del acceso de los menores de edad a los diferentes establecimientos de juego, exigiendo a los mismos la instalaci髇 no solo de un servicio de recepci髇 a la entrada del inmueble sino tambi閚 de un sistema de bloqueo en los terminales de apuestas, similar al existente en las m醧uinas de tabaco. Todo con el objetivo de impedir el juego a menores de edad y a las personas que est閚 inscritas en el Registro General de Interdicciones de acceso al juego, tambi閚 llamadas "autoprohibidas", o aquellas que tengan restringida esta actividad por sentencia judicial.

2. Paralizar, como medida cautelar, la concesi髇 de nuevas licencias de apertura de locales de juego hasta la entrada en vigor de dicha normativa�.

La Resoluci髇 tambi閚 instaba a una reforma reflexionada, consensuada y profunda del marco normativo referente al juego y a las apuestas, as� como a la puesta en marcha de suficientes campa馻s de informaci髇, prevenci髇 y concienciaci髇, debido, entre otras cuestiones, a la creciente preocupaci髇 por las consecuencias sociales y de salud derivadas del aumento de salones de juegos y locales de apuestas. La Exposici髇 de Motivos alud韆 al respecto a los numerosos posicionamientos institucionales de las distintas Administraciones, rese馻ndo las medidas de suspensi髇 de t韙ulos habilitantes de los locales de juego adoptadas por las distintas Comunidades Aut髇omas.

El Decreto ley, tras exponer justificadamente las razones de su aprobaci髇, conclu韆 que permit韆 cumplir con el objetivo a馻dido de ejecutar, con car醕ter inmediato, el mandato del Parlamento de Canarias.

II

Sin embargo, el contexto existente en el momento en que se aprueba y publica el Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo, de suspensi髇 de t韙ulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, es considerablemente diferente al del momento en que se puede producir la convalidaci髇 del mismo.

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organizaci髇 Mundial de la Salud ha declarado pandemia internacional el denominado Coronavirus (COVID-19). El Gobierno de Espa馻, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma durante 15 d韆s naturales y para todo el territorio nacional, en orden a la gesti髇 de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Entre otras medidas, el art韈ulo 10.3 del Real Decreto 463/2020 suspende la apertura al p鷅lico de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, as� como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espect醕ulos p鷅licos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del citado Real Decreto 463/2020. El referido anexo contempla expresamente los establecimientos de juegos y apuestas entre la relaci髇 de equipamientos y actividades cuya apertura al p鷅lico queda suspendida: entre otros, casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar (salas de bingo), salones recreativos y de juegos, y locales espec韋icos de apuestas.

Mediante Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, se prorroga hasta las 00.00 horas del d韆 12 de abril de 2020 el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. La evoluci髇 del COVID-19 ha requerido la adopci髇 por las autoridades sanitarias de medidas de contenci髇 extraordinarias que est醤 teniendo un notable impacto social y econ髆ico, que se proyecta no solo sobre empresas y sectores de la econom韆 espa駉la, sino tambi閚 sobre los ciudadanos. Para responder a ese impacto sanitario, econ髆ico y social, el Gobierno de la Naci髇 ha dictado, entre otras normas, los Reales Decretos leyes 6/2020, de 10 de marzo, 7/2020, de 12 de marzo, 8/2020, de 17 de marzo, 9/2020, de 27 de marzo, 10/2020, de 29 de marzo, y 11/2020 y 12/2020, de 31 de marzo. El Real Decreto 10/2020, de 29 de marzo, regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la poblaci髇 en el escenario de la lucha contra el COVID-19. Si bien la adopci髇 de dicha medida en el 醡bito laboral es necesaria para profundizar en el control de la propagaci髇 del virus y evitar que el ac鷐ulo de pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos lleve a su saturaci髇, lo cierto es que el car醕ter obligatorio de ese permiso entre los d韆s 30 de marzo y 9 de abril de 2020, aumentar� considerablemente la paralizaci髇 de la mayor parte del tejido productivo, asistencial y de servicios de nuestro pa韘.

La grave situaci髇, sin precedentes en nuestra historia reciente, ha exigido de los poderes p鷅licos un conjunto de medidas de restricci髇 de su actividad, a fin de garantizar sobre otras consideraciones la protecci髇 de la salud. As�, en el 醡bito auton髆ico, puede se馻larse el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 15 de marzo, sobre medidas a adoptar en materia de empleo de la Administraci髇 General y sus organismos auton髆os, as� como del sector p鷅lico empresarial. A dicha coyuntura no ha sido ajeno el Parlamento de Canarias, que, por Acuerdo de su Mesa de 16 de marzo de 2020, adopt� diversas medidas extraordinarias durante la vigencia del estado de alarma decretado por citado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Entre dichas medidas destaca la suspensi髇 de la actividad parlamentaria y la reorganizaci髇 de su actividad administrativa.

En este extraordinario contexto de crisis sanitaria, resulta del todo necesario reevaluar la oportunidad y acierto de la medida adoptada con car醕ter previo a su convalidaci髇, sin dejar de considerar la prioridad de la salvaguardia de la salud en un momento en el que el empe駉 colectivo de lucha contra el Covid-19 exige de toda la ciudadan韆, incluidos los poderes p鷅licos, un esfuerzo m醲imo de confinamiento. No debe olvidarse que adem醩 de la grave crisis de salud p鷅lica, que ahora centra todos los esfuerzos de las autoridades sanitarias del conjunto del Estado, es m醩 que probable un escenario de profunda recesi髇 econ髆ica a la que nuestra Comunidad Aut髇oma, la Naci髇 espa駉la y la Uni髇 Europea se ver醤 avocadas, tal y como ha sido reconocido, entre otras normas, en la Exposici髇 de Motivos del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19, debido a una ca韉a abrupta tanto de la demanda de exportaciones, especialmente en el sector tur韘tico, como de la propia demanda dom閟tica.

III

Como se recoge en el Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo, el vigente Estatuto de Autonom韆 de Canarias, aprobado por Ley Org醤ica 1/2018, de 5 de noviembre, de igual forma que ya lo hac韆 el hoy derogado art韈ulo 30.28 del Estatuto de Autonom韆 aprobado por Ley Org醤ica 10/1982, de 10 de agosto, atribuye a nuestra Comunidad Aut髇oma, en su art韈ulo 128, competencia exclusiva en materia de juego, de apuestas y casinos. En ejercicio de la misma, se aprob� la vigente Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas (en adelante, LJA).

En esta l韓ea, el art韈ulo 3 de la LJA proh韇e a los menores de edad e incapaces el uso de las m醧uinas recreativas con premio y de las de azar, as� como la participaci髇 en apuestas y juegos regulados en el citado texto legal. Dichas prohibiciones tienen un car醕ter preventivo: se trata de evitar que los ni駉s y adolescentes lleguen a desarrollar adicci髇 por el juego. Con car醕ter complementario, el art韈ulo 5.1 a) de la LJA contempla, entre los principios generales que informan la regulaci髇, organizaci髇, explotaci髇 y pr醕tica del juego y de las apuestas en la Comunidad Aut髇oma de Canarias, la prevenci髇 de perjuicios a terceros, especialmente a los sectores m醩 vulnerables como menores o incapaces. Por 鷏timo, el art韈ulo 11.7 de la LJA prev� que reglamentariamente se determinar� la zona de influencia en la que no podr醤 ubicarse establecimientos para la pr醕tica del juego por la previa existencia de un centro de ense馻nza o un centro permanente de atenci髇 a los menores. La concreci髇 de esta medida se encuentra actualmente regulada en el Decreto 134/2006, de 3 de octubre, por el que se determina la zona de influencia de centros de ense馻nza y de atenci髇 a menores en la que no podr醤 ubicarse establecimientos para la pr醕tica del juego.

No podemos dejar de se馻lar que la potencial incidencia del juego sobre bienes jur韉icamente protegidos por nuestro ordenamiento, como son la salud p鷅lica y el orden p鷅lico, as� como la prevenci髇 del fraude, permite apreciar la existencia de razones de inter閟 general que no solo justifican, sino que hacen imprescindible la intervenci髇 de los poderes p鷅licos sobre la actividad de juego y que permiten por tanto su planificaci髇 para evitar ab initio posibles riesgos. En este sentido, la legislaci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Canarias asumi�, con anterioridad a su aprobaci髇, las pol韙icas de juego responsable propugnadas por el Estado en el art韈ulo 8.1 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulaci髇 del juego, que considera el juego desde una pol韙ica integral de responsabilidad social corporativa, contempl醤dolo como un fen髆eno complejo, en el cual se tienen que combinar acciones preventivas, de sensibilizaci髇, intervenci髇, control y reparaci髇 de los efectos negativos que de el se puedan derivar. El Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea tambi閚 ha admitido la necesidad de regulaci髇 de este sector econ髆ico y ha declarado que los objetivos perseguidos por las legislaciones nacionales en materia de juegos y apuestas, considerados en su conjunto, est醤 relacionados en la mayor韆 de los casos con la protecci髇 de los destinatarios de los servicios correspondientes y de los consumidores en general y con la protecci髇 del orden social. Tambi閚 ha subrayado que tales objetivos se cuentan entre las razones imperiosas de inter閟 general que pueden justificar cortapisas a la libre prestaci髇 de servicios (entre otras, la Sentencia de 8 de septiembre de 2010).

IV

El art韈ulo 24 de la LJA dispone que corresponde al Gobierno de Canarias aprobar la planificaci髇 de los juegos y las apuestas, la cual deber� incorporar unos aspectos m韓imos referidos al n鷐ero de t韙ulos habilitantes, duraci髇 de la planificaci髇 y particularmente su incidencia social, la posible acumulaci髇 de la oferta y la situaci髇 y distribuci髇 geogr醘ica, atendiendo preferentemente a diversos factores como su localizaci髇 en las zonas de mayor expectativa o densidad tur韘tica, calidad de las instalaciones y servicios complementarios o la generaci髇 de puestos de trabajo. En la actualidad, dicha planificaci髇 se encuentra regulada en diversas normas reglamentarias, referidas a cada sector. Respecto al sector de apuestas externas, su planificaci髇 fue aprobada por Decreto 98/2014, de 16 de octubre, a trav閟 del cual, entre otros extremos, se ha permitido tanto la instalaci髇, apertura y funcionamiento de locales de apuestas externas, como la implantaci髇 de espacios (tambi閚 denominados "corners") en casinos, salas de bingo y salones recreativos. Al amparo del mismo, actualmente se encuentran abiertos 36 locales espec韋icos de apuestas externas en nuestra Comunidad Aut髇oma, pero dicho subsector se ha desarrollado con elevada intensidad en casinos, bingos y salones, con especial protagonismo de estos 鷏timos. As�, el 75% de las salas de bingo autorizadas disponen de espacios de apuestas, porcentaje que se eleva hasta el 94,7% en los salones recreativos y de juegos tipo B o mixtos existentes. Un an醠isis temporal de la evoluci髇 del sector del juego en Canarias revela que, a partir de la entrada en vigor del Reglamento de apuestas externas, el sector de salones recreativos y de juegos ha experimentado una notable expansi髇, con la apertura de 110 nuevos locales hasta alcanzar la cifra de 285 establecimientos, lo que supone un crecimiento del 63%, siendo extraordinariamente indicativo que pr醕ticamente la mitad de dichas aperturas, 51 salones, se concentre durante el a駉 2019. A estas cifras, hay que a馻dir las presentadas durante este primer trimestre, antes de la suspensi髇, que han ascendido a 10 declaraciones responsables de salones recreativos, adem醩 de 3 declaraciones de locales de apuestas.

Entre las causas del incremento excepcional acontecido durante el 鷏timo a駉 se encuentra sin duda la modificaci髇 de la LJA operada por la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma de Canarias para 2019, que sustituy� el r間imen de autorizaci髇 por el de declaraci髇 responsable, pasando adem醩 a tener dicha habilitaci髇 vigencia temporal indefinida. De este modo, el art韈ulo 6.4 LJA dispone, en su apartado a), que est� sujeto a declaraci髇 responsable "la instalaci髇, apertura y puesta en funcionamiento de salones recreativos y de juegos, as� como locales de apuestas externas, y sus modificaciones, conforme a lo establecido en la presente ley", mientras que el art韈ulo 11.5 concreta que la instalaci髇 y apertura de estos establecimientos, as� como la instalaci髇 de m醧uinas y terminales de apuestas en los mismos, se someter� al r間imen de declaraci髇 responsable, dentro del marco general de planificaci髇 sectorial aplicable, la cual "tendr� vigencia temporal indefinida, a excepci髇 de la habilitaci髇 de espacios para apuestas externas, cuyo periodo de vigencia estar� limitado por el concedido a la empresa operadora de apuestas correspondiente".

En este punto procede reevaluar la medida de suspensi髇 de t韙ulos habilitantes adoptada a trav閟 del Decreto ley 3/2020, a la luz de una coyuntura excepcional surgida tras la irrupci髇 de la epidemia del Covid-19, con sus previsibles consecuencias econ髆icas, en un sector estrechamente vinculado al turismo. Como se indicaba en la Exposici髇 de Motivos de dicho Decreto ley, tanto la reforma legal como la anunciada nueva planificaci髇 del juego y las apuestas en Canarias deben ser afrontadas a partir de un an醠isis sosegado y riguroso de los datos disponibles, con la m醲ima participaci髇 de todos los actores implicados y con una adecuada ponderaci髇 de todos los intereses afectados, pero priorizando en todo caso la salvaguarda de los menores y dem醩 colectivos necesitados de especial protecci髇. Como se justificaba expresamente, este proceso puede verse frustrado de no adoptarse una medida suspensi髇 de la vigencia de determinados preceptos de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, que regulan el r間imen de declaraci髇 responsable para la apertura de nuevos salones recreativos y de juegos, de sus espacios de apuestas, y de locales de apuestas externas, lo que se traduce en la suspensi髇 del derecho de los interesados a la presentaci髇 y tramitaci髇 de nuevos t韙ulos habilitantes, as� como para la autorizaci髇 de espacios de apuestas externas en salas de bingo y casinos. A pesar de la situaci髇 derivada del estado de alarma, siguen existiendo las mismas razones para imponer la suspensi髇, como prueba el n鷐ero de declaraciones recibidas este a駉 2020. Por ello, de no existir la misma, dado el intenso ritmo de crecimiento del n鷐ero de establecimientos y la vigencia indefinida de dichos t韙ulos, se estrechar韆, de manera definitiva e irreparable, el margen de decisi髇 respecto a las determinaciones posibles de la pol韙ica de juego, como pudiera ser la reducci髇 de los actuales umbrales de contingentaci髇 insular, la distancia entre locales de juego o la ampliaci髇 de las 醨eas de influencia de centros escolares y otros lugares de afluencia juvenil que la nueva regulaci髇 pretendiera implantar. Por ello, se constata la concurrencia de un caso de extraordinaria y urgente necesidad y de las razones que justifican la suspensi髇 de los referidos t韙ulos habilitantes a trav閟 de la figura del Decreto ley, a fin de evitar la ineficacia de la futura determinaci髇 de la pol韙ica de juego a trav閟 de acciones especulativas impulsadas durante la tramitaci髇 del proyecto de ley, siquiera a trav閟 del procedimiento de urgencia, con el problema a馻dido de seguridad jur韉ica respecto de la vigencia indefinida de las declaraciones responsables y la posible consolidaci髇 de situaciones de hecho preexistentes a la futura regulaci髇.

La aprobaci髇 de un nuevo Decreto ley permite a su vez recoger las observaciones formuladas por el Consejo Consultivo de Canarias en su Dictamen n.^o 96/2020, de 23 de marzo, en relaci髇 con el Decreto ley 3/2020, sin que sea necesario acudir a la tramitaci髇 de un proyecto de ley, tramitado por la v韆 de urgencia, el cual se deber韆 desarrollar en un momento extraordinario de suspensi髇 de la actividad parlamentaria y de atenci髇 absolutamente prioritaria por parte del Gobierno a dar respuesta a las graves perturbaciones sanitarias, econ髆icas y sociales derivadas del Covid-19. No obstante ello, esta nueva suspensi髇, a trav閟 de este instrumento jur韉ico, debe ir acompa馻da de otras medidas complementarias para adaptar el fin perseguido al contexto provocado por el Covid-19.

La evoluci髇 de la pandemia determinar�, conforme las determinaciones emanadas de las autoridades de salud p鷅lica, la duraci髇 final de la declaraci髇 del estado de alarma, si bien resulta objetivamente previsible el mantenimiento m醩 all� de su expiraci髇 de las necesarias medidas de distanciamiento social. Por ello, debe modificarse el r間imen de funcionamiento de la Comisi髇 del Juego y las Apuestas en Canarias, para permitir la celebraci髇 de sus sesiones por medios electr髇icos y telem醫icos, a la par que variar su composici髇 para introducir en la misma la representaci髇 de entidades de lucha contra las adicciones, a fin de que no se dilate indebidamente el ejercicio de sus funciones de asesoramiento respecto del marco normativo y de planificaci髇 que se pretende iniciar.

El escenario de profunda incertidumbre econ髆ica tambi閚 justifica que, en aras de evitar una presi髇 a馻dida al sector, por la existencia de cargas indirectas que no tienen relaci髇 con los riesgos de salud p鷅lica percibidos y derivados de las apuestas, se proceda a excluir del 醡bito de aplicaci髇 de la LJA las m醧uinas recreativas de tipo A. Estas no ofrecen al jugador la posibilidad de obtener beneficio econ髆ico alguno, directo o indirecto, salvo la posibilidad, en funci髇 de su habilidad, de continuar jugando por el mismo importe inicial en forma de prolongaci髇 de la propia partida o de otras adicionales. En este sentido, en aplicaci髇 del art韈ulo 17.2 la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garant韆 de la unidad de mercado, se considera que no concurre ninguna raz髇 imperiosa de inter閟 general que justifique exigir el cumplimiento de requisitos en el caso de estas m醧uinas tipo A que, adem醩 no encajan en la definici髇 de actividades de juego y apuestas que ofrece la propia LJA en su art韈ulo 2.1.a), toda vez que la persona usuaria de este tipo de m醧uinas no arriesga el precio de la partida, al no existir la posibilidad de obtener premio. Se trata de un servicio de ocio que, por tanto, debe excluirse del 醡bito de aplicaci髇 de la LJA.

Por el contrario, y merece la oportuna justificaci髇 exigida por el Consejo Consultivo de Canarias, no se considera necesario extender la suspensi髇 de t韙ulos habilitantes a la instalaci髇 de m醧uinas recreativas y de azar y de terminales de apuestas en establecimientos cuya actividad principal no sea el juego, como pueden ser los de hosteler韆 y restauraci髇, otro de los sectores gravemente perjudicados por esta crisis. En lo que a las m醧uinas se refiere, el parque de m醧uinas recreativas y de azar en nuestra Comunidad Aut髇oma est� considerablemente por debajo de la contingentaci髇 m醲ima prevista; as�, se encuentran instaladas un 53,14% del total posible de m醧uinas Tipo B y un 34% de las tipo C, y tan solo 23 m醧uinas tipo A especial. Adem醩, y en lo que concierne a las m醧uinas de tipo A especial, debe tenerse en cuenta que si bien las mismas conceden premio, este lo ser� en especie y de escaso valor, lo que unido a su escaso n鷐ero, no justifica suspender el otorgamiento de sus autorizaciones de explotaci髇. En lo que concierne a la instalaci髇 de terminales de apuestas en establecimientos de restauraci髇, actualmente la misma no es posible en la Comunidad Aut髇oma de Canarias habida cuenta que los t閞minos y condiciones para dicha instalaci髇 no han sido objeto del preceptivo desarrollo reglamentario por parte del vigente Reglamento de apuestas externas, lo que no se encuentra entre los objetivos de este Gobierno. Asimismo, la eventual implantaci髇 de un sistema de bloqueo en los terminales de apuestas como consecuencia de la reforma normativa que se pretende acometer, se podr� alcanzar estableciendo un plazo espec韋ico para la adaptaci髇 de dichos terminales.

Por 鷏timo, en el plano tributario se adecua la fiscalidad de las m醧uinas recreativas al contexto derivado del estado de alarma a trav閟 de un simult醤eo Decreto ley de medidas extraordinarias de car醕ter econ髆ico, financieras, fiscal y administrativas con efectos sobre la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar.

V

El Decreto ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F.5; 11/2002, de 17 de enero, F.4; 137/2003, de 3 de julio, F.3; y 189/2005, de 7 de julio, F.3), subvenir una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, m醲ime cuando la determinaci髇 de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto ley se inscribe en el juicio pol韙ico o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisi髇, sin duda, supone una ordenaci髇 de prioridades pol韙icas de actuaci髇 (STC de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad n^o 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad jur韉ica y la salud p鷅lica.

Por lo expuesto en la presente exposici髇 de motivos, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art韈ulo 46 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias como presupuesto habilitante para recurrir a este tipo de norma en la que, adem醩, se respetan los l韒ites fijados en la misma norma para la aprobaci髇 de la iniciativa propuesta.

Este Decreto ley cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia y eficiencia, previstos en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. La necesidad, eficacia y proporcionalidad se ven plenamente respaldadas dado el inter閟 general en el que se funda, siendo el Decreto ley el instrumento m醩 adecuado para recoger las medidas imprescindibles para garantizar su consecuci髇. Asimismo, se ajusta al principio de seguridad jur韉ica y transparencia por su coherencia con el resto del ordenamiento jur韉ico de aplicaci髇 y la identificaci髇 clara de su prop髎ito, ofreciendo una explicaci髇 completa de su contenido en esta parte expositiva. Finalmente, dado que la norma no impone cargas administrativas, se entiende plenamente cumplida la adecuaci髇 al principio de eficiencia.

VI

El presente Decreto ley est� integrado por dos art韈ulos, una disposici髇 transitoria, una disposici髇 derogatoria y una disposici髇 final.

El art韈ulo 1 suspende la vigencia de los art韈ulos 6.4 a) y 11.5 de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, vedando la presentaci髇 de declaraciones responsables de instalaci髇, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas. Dicha suspensi髇 resultar� de aplicaci髇 mientras tiene lugar la tramitaci髇 de la modificaci髇 de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y del nuevo Decreto de Planificaci髇 de Juegos y Apuestas en Canarias. Esta nueva medida de suspensi髇 debe concretarse temporalmente a trav閟 de un nuevo plazo que permita asumir, por un lado, la paralizaci髇 de la actividad provocada por el Covid-19 y, por otro, realizar una evaluaci髇 adecuada del estado del sector tras la crisis derivada del mismo, por lo que en aras de una mayor seguridad jur韉ica se establece como t閞mino final de la suspensi髇 el 31 de diciembre de 2021, lo que se estima necesario para culminar la tramitaci髇 de ambos instrumentos.

El art韈ulo 2 modifica diversos preceptos de la LJA con la finalidad de excluir las m醧uinas tipo A de su 醡bito de aplicaci髇. Asimismo, se permite expresamente la celebraci髇 a distancia de sesiones de la Comisi髇 del Juego y las Apuestas, y se recoge la necesidad de que este 髍gano cuente con representaci髇 de las asociaciones o entidades de lucha contra las adicciones.

La disposici髇 transitoria 鷑ica establece una serie de reglas para las solicitudes de autorizaci髇 de espacios de apuestas externas en casinos y salas de bingo que se hubieran presentado con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto ley, y para las declaraciones responsables de apertura y funcionamiento de nuevos salones y locales de apuestas, que aun presentadas con posterioridad, traigan causa de declaraciones responsables de instalaci髇 presentadas con anterioridad, recogiendo en este punto las observaciones formuladas por el Consejo Consultivo de Canarias al Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo.

La disposici髇 derogatoria deroga expresamente el Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo, de suspensi髇 de t韙ulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas.

Por 鷏timo, la disposici髇 final 鷑ica dispone su entrada en vigor el mismo d韆 de su publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial de Canarias.

En su virtud, en uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 46 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias, a propuesta del Consejero de Administraciones P鷅licas, Justicia y Seguridad y previa deliberaci髇 del Gobierno en su reuni髇 celebrada el d韆 2 de abril de 2020,

DISPONGO:

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

Se deroga expresamente el Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo, de suspensi髇 de t韙ulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas.

LE0000661231_20200306