Sumario

Ley [ARAG覰] 13/2006, 27 diciembre, derogada por letra e) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del C骴igo del Derecho Foral de Arag髇,l Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas (獴.O.A.� 29 marzo) el 23 de abril de 2011.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Arag髇 y ordeno se publique en el 獴olet韓 Oficial de Arag髇� y en el 獴olet韓 oficial del Estado�, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 20.1 del Estatuto de Autonom韆.

PRE罬BULO

I

En el Derecho aragon閟 hist髍ico tuvo especial importancia la regulaci髇 de la capacidad de las personas en raz髇 de la edad, como consecuencia de que en Arag髇 no tuvo entrada la patria potestad romana. De consuetudine Regni non habemus patriam potestatem es aforismo recogido en las Observancias que no s髄o expresa unas relaciones entre padres e hijos menores dirigidas al bienestar de los hijos, sino que, caso raro en Europa hasta la edad contempor醤ea, no conoce otras limitaciones a la capacidad de los sujetos que las necesarias para su protecci髇 por su minor韆 de edad o las graves dificultades para gobernarse por s� mismos.

Al no haber patria potestad, todos los aragoneses y aragonesas alcanzaban la plena capacidad de obrar al cumplir determinada edad, fijada en los Fueros m醩 antiguos en los catorce a駉s, y que se mantuvo as� con el complemento de una protecci髇 a su inexperiencia hasta cumplir los veinte: edad que segu韆 contrastando con la de los veinticinco, que, procedente del Derecho romano, era la m醩 habitual en la Pen韓sula Ib閞ica y en Europa.

Tambi閚, por no reconocerse la patria potestad, pudo admitirse que la madre mantuviera unas relaciones jur韉icas con sus hijos id閚ticas a las del padre; as� como que la madre, en los mismos casos que el padre, pudiera ser tutora de sus hijos al quedar viuda.

El sistema hist髍ico, en definitiva, se adelant� en siglos a lo que hoy puede leerse en los C骴igos de nuestro entorno. El legislador actual se encuentra con aquella realidad hist髍ica y su plasmaci髇 en la Compilaci髇 de 1967, a la vez que declaraciones internacionales y espa駉las establecen par醡etros muy exigentes en el tratamiento de los derechos de las personas menores de edad o incapaces de obrar. No hay contradicci髇 entre nuestro Derecho hist髍ico y las concepciones del siglo XXI, sino que el desarrollo del Derecho aragon閟 enlaza con toda naturalidad con las m醩 altas exigencias e ideales de la regulaci髇 del Derecho de la persona.

La presente Ley, por tanto, tiene como objeto el desarrollo de las normas sobre capacidad y estado de las personas f韘icas y de las instituciones civiles para la protecci髇 de menores e incapaces hasta ahora contenidas en la Compilaci髇, y, como criterio, los principios m醩 exigentes en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de la personalidad, sin olvidar el Derecho hist髍ico en lo mucho que tiene de actual y enriquecedor.

Esta Ley es la tercera que de forma sistem醫ica desarrolla el Derecho civil aragon閟, en ejercicio de la competencia exclusiva que corresponde a Arag髇 de acuerdo con el art韈ulo 149.1.8.� de la Constituci髇 espa駉la y el art韈ulo 35 del Estatuto de Autonom韆. Las dos anteriores fueron la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, y la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de r間imen econ髆ico matrimonial y viudedad. De este modo, con la presente Ley, la mayor parte de las instituciones civiles aragonesas tienen una formulaci髇 legal reciente, adecuada a las circunstancias y valores del tiempo en el que vivimos.

Como en las otras dos leyes auton髆icas antes mencionadas, y a diferencia de la Compilaci髇, las normas no se presentan como peculiaridades o excepciones, sino que expresan suficientemente el sistema y sus principios generales, a la vez que atienden a concreciones y pormenores hasta ahora no reflejados en las leyes y que resultan muy convenientes para precisar el alcance pr醕tico de los preceptos.

La Ley se estructura en cuatro T韙ulos: el I se ocupa de la capacidad y estado de las personas; el II, de las relaciones entre ascendientes y descendientes; el III, de las relaciones tutelares, y el IV, de la Junta de Parientes. Como puede verse, las r鷅ricas siguen casi exactamente las de los correspondientes T韙ulos del Libro I de la Compilaci髇, lo que es buena muestra de la continuidad con el Derecho hasta ahora vigente. La t閏nica legislativa, sin embargo, como se ha dicho, es distinta, pues son visibles la intenci髇 sistem醫ica, la enunciaci髇 de principios y la regulaci髇 m醩 detallada.

II

El T韙ulo I (獶e la capacidad y estado de las personas�) consta de tres Cap韙ulos: I, 獵apacidad de las personas por raz髇 de la edad�; II, 獻ncapacidad e incapacitaci髇�, y III, 獳usencia�.

El m醩 extenso es el primero, dividido a su vez en cuatro Secciones.

En la Secci髇 primera (玀ayor韆 y minor韆 de edad�) prevalecen los planteamientos sistem醫icos y de principio. La mayor韆 de edad se adquiere al cumplir dieciocho a駉s, tal como es en Arag髇 desde 1978 (cuando se redujo la mayor韆 de edad para toda Espa馻), y armoniza muy bien con nuestra tradici髇 hist髍ica, en la que las limitaciones a la capacidad de obrar de los mayores de catorce a駉s no llegaban sino hasta cumplir los veinte. Tambi閚, de acuerdo con una regla del Derecho hist髍ico respetada por la Compilaci髇, son mayores de edad los que han contra韉o matrimonio. De este modo, quien se ha casado deja de estar sujeto a la autoridad familiar, tutela o curatela y es capaz para todos los actos de la vida civil.

La minor韆 de edad no es una situaci髇 de incapacidad, sino un estado de las personas en los primeros a駉s de su vida, cuando su personalidad se est� desarrollando y requieren una formaci髇 adecuada a este desarrollo. Con la finalidad de favorecer este desarrollo y esta formaci髇, los menores est醤 sujetos a la autoridad familiar, la tutela o la curatela, que, como todas las instituciones y normas dirigidas a los menores, est醤 presididas siempre por el criterio del inter閟 del menor. Criterio este hoy central y decisivo en estas materias en todos los pa韘es de nuestro entorno, pero que en Arag髇 pudo ser enunciado sencillamente hace muchos siglos (en particular, por Jer髇imo Portol閟 en el siglo XVI), como consecuencia de que en Arag髇 no se ha conocido la patria potestad.

Por la misma raz髇, los padres no eran considerados, en cuanto tales, representantes de sus hijos, y ahora la representaci髇 por el padre o la madre se extingue en edad temprana, a los catorce a駉s, que fue durante siglos en Arag髇 el l韒ite de la minor韆 de edad. De manera general expresa el art韈ulo 2 que al cumplir los catorce a駉s termina la representaci髇 legal, de manera que la capacidad de los menores se completa en adelante con la asistencia que en cada caso proceda. Es decir, a partir de los catorce a駉s, el menor aragon閟 act鷄 siempre por s� (sin representante), con la asistencia de las personas llamadas a prestarla para la plena validez de sus actos. Esta regla, como en general todas las relativas a la mayor韆 y minor韆 de edad, se aplica en todas las ramas del ordenamiento, pues es el Derecho civil el que determina de manera central la capacidad de obrar de las personas y los medios de suplir o completar la falta de capacidad para determinados actos. De ah� tambi閚 la trascendencia del principio enunciado en el art韈ulo 4, seg鷑 el cual las limitaciones a la capacidad de obrar del menor se interpretar醤 de forma restrictiva: la capacidad es la regla y sus limitaciones, la excepci髇.

En algunos 醡bitos y para determinados asuntos no es el cumplimiento de determinada edad el dato decisivo, sino que el menor tenga suficiente juicio. Como m韓imo, el menor que tiene suficiente juicio (y, en todo caso, si es mayor de doce a駉s) ha de ser o韉o antes de la adopci髇 por otros (particulares o autoridades p鷅licas) de medidas que le afecten en su persona o bienes (art韈ulo 3). El criterio del juicio suficiente no es de aplicaci髇 tan simple y autom醫ica como el de la edad, pero sin duda es adecuado acudir al mismo, por s� s髄o o con adici髇 de otros, cuando, fuera del 醡bito de los derechos y el tr醘ico patrimoniales, se trata de tomar decisiones que afectan a los derechos de la personalidad, como la vida, la integridad f韘ica, el honor, la intimidad o la propia imagen. Naturalmente, en cada caso hay que valorar no solamente el desarrollo ps韖uico, la madurez y la responsabilidad del menor, sino tambi閚 la entidad, consecuencias y trascendencia de la decisi髇 que ha de tomarse, de modo que cuando la decisi髇 se le atribuye en exclusiva su juicio ha de ser suficiente para valorar y decidir responsablemente en el caso concreto. Ahora bien, si el menor ha cumplido catorce a駉s, se presume su aptitud de entender y querer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario (art韈ulo 31).

En particular, el menor que tenga suficiente juicio podr� por s� s髄o ejercer los derechos de la personalidad (art韈ulo 4), ejercicio en el que, en ning鷑 caso, es posible la representaci髇. Esta regla general estar� matizada por lo que dispongan leyes generales del Estado aplicables en Arag髇 por encima de esta ley civil, en particular leyes org醤icas, desdichadamente poco coherentes entre s� en este punto y en las que las limitaciones habr醤 de interpretarse en sentido restrictivo, como se ha dicho. Tambi閚 hay que tener en cuenta que en esta ley se regulan diversos supuestos de intromisi髇 de terceros en los derechos de la personalidad en cuanto al consentimiento que, en su caso, legitime dicha intromisi髇 (art韈ulos 17 y 21, seg鷑 el menor haya cumplido o no los catorce a駉s).

En esta Secci髇, las disposiciones sobre materia estrictamente patrimonial atienden 鷑icamente a cuestiones de principio. Al menor titular de los bienes y derechos corresponde tambi閚 su disfrute, seg鷑 ha ocurrido siempre en el Derecho aragon閟 en raz髇 de la ausencia de patria potestad y, por tanto, de usufructo paterno (art韈ulo 5, que recoge en lo esencial el texto del art韈ulo 11 de la Compilaci髇). La administraci髇 de los bienes del menor no emancipado corresponde al padre y a la madre, como funci髇 aneja a la autoridad familiar (o, en su defecto, al tutor), pero la disposici髇 s髄o hasta que el menor cumple catorce a駉s, ya que a partir de esta edad es el menor el que realiza los actos de disposici髇, con la necesaria asistencia en cada caso. El art韈ulo 6 hace referencia tambi閚 a los supuestos en los que la administraci髇 y disposici髇 de ciertos bienes del menor corresponde a otras personas (tutor real, administrador judicial o persona designada por aquel de quien el menor hubo los bienes por donaci髇 o sucesi髇).

En cualquier caso, el menor que tenga suficiente juicio puede otorgar los actos y contratos propios de la vida corriente, de acuerdo con los usos sociales (art韈ulo 4).

La Secci髇 se cierra con una concisa norma sobre c髆puto de la edad (art韈ulo 8) y una disposici髇 que legitima en t閞minos muy amplios la intervenci髇 judicial, incluso a instancia del propio menor, dirigida a apartar al menor de un peligro o a evitarle perjuicios, en los casos tipificados en el propio precepto o en cualesquiera otros (art韈ulo 7).

III

La edad de los catorce a駉s, que en los Fueros se馻laba la mayor韆 de edad (F. De contractibus minorum, 1247), determina en el Derecho hasta ahora vigente un cambio sustancial dentro de la minor韆 de edad de los sujetos. En esta l韓ea sigue la presente ley, que, por ello, regula por separado la situaci髇 de la persona menor de edad seg鷑 haya cumplido o no los catorce a駉s.

La Secci髇 2.� del Cap韙ulo I del T韙ulo I se ocupa de 玪a persona menor de catorce a駉s�. Esta opera de ordinario en la vida jur韉ica mediante los actos de sus representantes legales, excepto en los actos relativos a los derechos de la personalidad y los dem醩 enunciados en el art韈ulo 4.�, que realiza por s� sola si tiene para ello suficiente juicio. Corresponde su representaci髇 legal a las personas que ejercen la autoridad familiar o, en su defecto, al tutor, pero tambi閚 y preferentemente, para la administraci髇 y disposici髇 de determinados bienes, a los administradores de los mismos, de conformidad con el art韈ulo 6.

Se regulan con detalle las situaciones en las que entre representante o representantes del menor y este mismo existe oposici髇 de intereses, siguiendo en lo esencial los criterios hoy aplicables y buscando tambi閚 armonizar la regulaci髇 con la necesidad de autorizaciones en muchos casos. En particular, se admite que el padre o madre 鷑ico titular de la autoridad familiar, as� como el tutor 鷑ico, puedan actuar en representaci髇 del menor de catorce no obstante estar en conflicto de intereses con 閘, considerando suficiente cautela la autorizaci髇 por la Junta de Parientes o por el Juez, de manera que, prestada esta autorizaci髇, no se precisa otra (la que proceder韆 en raz髇 de lo dispuesto en los art韈ulos 11, 12 y 13). Con esto se evita la necesidad de intervenci髇 judicial cuando la autorizaci髇, en este caso, la preste la Junta de Parientes. No se admite la misma soluci髇 simplificadora cuando la oposici髇 de intereses exista con ambos padres, entre otras razones porque, en tal caso, los miembros de la Junta son necesariamente parientes de ambos representantes, lo que hace prudente la autorizaci髇 judicial para los actos en los que esta se exige.

Cu醠es sean los actos de los representantes legales que requieren autorizaci髇 previa de la Junta de Parientes o del Juez viene especificado en los art韈ulos 11 (atribuciones gratuitas), 12 (actos de disposici髇) y 13 (adicionalmente, para actos del tutor). Los criterios no se apartan mucho del Derecho hasta ahora aplicable, si bien se aclaran y precisan muchos de los supuestos.

La divisi髇 de un patrimonio o cosa com鷑 no requiere autorizaci髇 previa, pero s� aprobaci髇 posterior por la Junta de Parientes o por el Juez en ciertos casos. Es de se馻lar el supuesto en el que interviene en representaci髇 del menor su 鷑ico padre o madre titular de la autoridad familiar en situaci髇 de oposici髇 de intereses, caso en el que es necesaria aprobaci髇 posterior o autorizaci髇 previa, que pueden ser prestadas por la Junta de Parientes. El supuesto es frecuente en la pr醕tica a la hora de dividir la herencia resultante del fallecimiento de uno de los padres viviendo el otro.

Con especial cuidado se regula la invalidez de los actos de los menores de catorce a駉s (art韈ulo 19), o de los otorgados en su nombre por sus representantes sin la necesaria autorizaci髇 o aprobaci髇 (art韈ulo 16). En todos los casos se evita la nulidad absoluta cuando la invalidez persigue proteger el inter閟 particular de persona determinada, siguiendo la t髇ica de las leyes civiles aragonesas. S髄o ser� nulo de pleno derecho el acto realizado por un menor que vulnere leyes que exijan una capacidad espec韋ica o le se馻len prohibiciones, y salvo que dichas leyes establezcan un efecto distinto. En los dem醩, ser� la anulabilidad el r間imen de invalidez, de manera que el propio menor estar� siempre legitimado para anular el acto desde que cumpla catorce a駉s, con la debida asistencia en principio, y sin ella cuando por la mayor韆 de edad o la emancipaci髇 hubiera podido realizar el acto sin asistencia; la acci髇 prescribir� a los cuatro a駉s contados desde este momento. Adem醩, estar� legitimado el representante legal (solo el que no haya intervenido en el acto, si la anulabilidad procede de falta de autorizaci髇 o aprobaci髇) hasta que el menor cumpla los catorce a駉s. Quienes pueden anular pueden tambi閚, alternativamente, confirmar. Por otra parte, cabe que los actos del menor sean v醠idos originariamente si, no siendo de los que necesitar韆n intervenci髇 de la Junta de Parientes o del Juez en caso de realizarlos el representante, este ha autorizado el acto del menor.

A todo lo largo de la ley se atiende a la libertad y los intereses morales y existenciales de los sujetos tanto o m醩 que a sus intereses patrimoniales. Buena expresi髇 de esta actitud del legislador es el art韈ulo 4, ya aludido, as� como los art韈ulos 17, 21 y 32, que versan sobre 玦ntromisi髇 en los derechos de la personalidad� de los menores de catorce a駉s, de los menores que han cumplido esta edad y de los mayores no incapacitados que no est醤 en condiciones de decidir por s� mismos. En todos estos casos se da por supuesta la aplicaci髇 de las leyes generales del Estado (leyes org醤icas la mayor parte de ellas), desgraciadamente no exentas de oscuridades y contradicciones, para atender exclusivamente a la cuesti髇 puramente de Derecho civil de la validez del consentimiento prestado por las personas menores de edad o que carecen, de modo duradero o circunstancial, de juicio suficiente. Por ello, los tres art韈ulos (17, 21 y 32) comienzan circunscribiendo su 醡bito de aplicaci髇 a los supuestos en los que, 玞on arreglo a las leyes [que son, en primer lugar, las aludidas leyes estatales], la voluntad del sujeto decida sobre la intromisi髇 en los derechos de la personalidad�. Supuestos caracterizados son, por ejemplo, la intromisi髇 en los derechos al honor, la intimidad o la propia imagen, o bien en la integridad f韘ica, que presenta a su vez variedades muy distintas, como la cirug韆, el trasplante de 髍ganos, las transfusiones de sangre, la cirug韆 est閠ica o la pr醕tica de tatuajes o de perforaciones corporales.

Trat醤dose de menores de catorce a駉s (art韈ulo 17), si la persona tiene suficiente juicio es preciso su consentimiento para cualquier intromisi髇 de tercero en sus derechos de la personalidad, de modo que contra su voluntad la injerencia s髄o ser� posible con autorizaci髇 judicial; pero no es suficiente su consentimiento, sino que, para su protecci髇, requiere autorizaci髇 conjunta de quienes ejerzan la autoridad familiar o del tutor, autorizaci髇 que podr� suplirse con la del Juez. Si no tiene suficiente juicio, la intromisi髇 s髄o ser� posible cuando lo exija el inter閟 del menor, apreciado conjuntamente por los titulares de la autoridad familiar o el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.

Para los menores que han cumplido catorce a駉s (art韈ulo 21), la regla es que la intromisi髇 de terceros en sus derechos de la personalidad depende exclusivamente de su voluntad, si bien, cuando su decisi髇 suponga un grave riesgo para su vida o su integridad f韘ica o ps韖uica, necesitar� adicionalmente la autorizaci髇 de uno cualquiera de sus padres que est閚 en el ejercicio de la autoridad familiar o, en su defecto, del tutor. Contra la voluntad del mayor de catorce a駉s s髄o ser� posible la intromisi髇 con autorizaci髇 judicial en inter閟 del menor. Si no est� en condiciones de decidir sobre la intromisi髇 (contra la presunci髇 del art韈ulo 31) esta s髄o ser� posible cuando lo exija el inter閟 del menor, apreciado por uno de sus padres o por el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.

IV

La regulaci髇 de la capacidad del menor mayor de catorce a駉s, caracter韘tica secular del Derecho aragon閟, sigue las pautas de la Compilaci髇. De hecho, el art韈ulo 20 recoge literalmente la mayor parte del art韈ulo 5.1 de la Compilaci髇, cuya referencia final a la anulabilidad se desarrolla en el art韈ulo 26, al tiempo que el apartado 2 da lugar al art韈ulo 25.

La idea central es que el menor que ha cumplido catorce a駉s realiza por s� toda clase de actos y contratos. No tiene representante legal (aunque cabe que los administradores de sus bienes realicen en este 醡bito actos en representaci髇 suya: art韈ulo 23). Ahora bien, en la generalidad de los casos, la plena validez de sus actos requiere la asistencia de uno cualquiera de sus padres o, en su defecto, del tutor.

La doctrina ha debatido reiteradamente sobre la naturaleza jur韉ica de esta asistencia, que, cuando la introdujo con este nombre el Ap閚dice de 1925, no ten韆 parang髇 en otras leyes civiles espa駉las. El art韈ulo 24 proporciona unas pautas pr醕ticas que permitir醤 actuar con la deseable seguridad. No se ha configurado exactamente como una declaraci髇 de voluntad de quien autoriza, sino como expresi髇 de su criterio afirmativo sobre la conformidad del acto con los intereses del menor, para lo cual es necesario que conozca suficientemente el contenido y circunstancias de tal acto. Por ello no puede prestarse una asistencia meramente gen閞ica. No puede prestarse la asistencia con posterioridad a la realizaci髇 del acto, pues con ello se frustrar韆 el componente de consejo y asesoramiento que la asistencia conlleva, si bien la confirmaci髇 del acto anulable evitar� la anulaci髇. En la asistencia simult醤ea al acto se llega a admitir como posibilidad que la mera presencia sin oposici髇 signifique prestaci髇 de la asistencia.

El menor mayor de catorce a駉s puede actuar por s� solo, sin necesidad de asistencia, en todos los casos en los que tambi閚 podr韆 actuar de este modo el menor de catorce a駉s con suficiente juicio y adem醩, respecto de la administraci髇 de bienes, en los casos se馻lados en el art韈ulo 23. Su voluntad es decisiva para consentir intromisiones en los derechos de la personalidad, con las matizaciones que establece el art韈ulo 21, ya mencionado en el apartado anterior.

El supuesto de oposici髇 de intereses entre el menor y quienes hayan de prestarle la asistencia se regula en el art韈ulo 25 partiendo de los criterios del art韈ulo 5.2 de la Compilaci髇, con peque馻s aclaraciones y la adici髇 del caso en que la contraposici髇 de intereses se d� entre varios menores o incapacitados que habr韆n de ser asistidos por la misma persona.

El art韈ulo 26 cierra esta Secci髇 con reglas sobre la anulabilidad de los actos realizados sin la debida asistencia. Partiendo de lo dispuesto en el art韈ulo 5.1 de la Compilaci髇, y para sustituir a la confusa regulaci髇 estatal aplicable hasta ahora, se concreta la legitimaci髇 para anular o confirmar y se precisa el momento inicial del plazo de prescripci髇 de cuatro a駉s.

La emancipaci髇 es instituto procedente del Derecho romano y vinculado a la patria potestad, en cuanto salida de la misma, por lo que algunas cr韙icas pusieron de manifiesto su inadecuaci髇 te髍ica en el Derecho aragon閟. Sin embargo, nunca ha dejado de utilizarse en la pr醕tica, en la que puede seguir prestado buenos servicios. En consecuencia, se han recogido sus rasgos esenciales adapt醤dolos al sistema de la ley. En particular, se aclara que es posible conceder la emancipaci髇 al menor desde que cumple catorce a駉s. Por otra parte, los efectos de la emancipaci髇, determinados en la ley directamente o por remisi髇 al art韈ulo 12, se producen tambi閚 para el emancipado por vida independiente, ampli醤dose de este modo las previsiones del art韈ulo 5.3 de la Compilaci髇.

Obviamente, no cabe en Arag髇 ni ha existido nunca la emancipaci髇 por matrimonio, puesto que el contraerlo constituye al sujeto en la situaci髇 de mayor de edad.

V

En las leyes civiles aragonesas hay numerosas referencias a las personas incapaces y a las incapacitadas, as� como, en el Derecho hist髍ico, una regulaci髇 de la tutela y la curatela que las inclu韆. La presente ley, en el Cap韙ulo II del T韙ulo I, dedicado a la incapacidad e incapacitaci髇, se propone superar las dificultades conocidas de armonizaci髇 de las leyes estatales sobre la materia con las normas y principios del Derecho aragon閟 sobre capacidad de las personas, autoridad familiar y tutela. En lo dem醩 seguir� aplic醤dose como supletorio el Derecho general del Estado.

Es de notar la presunci髇 de capacidad sentada en el art韈ulo 31, referida a toda persona mayor de catorce a駉s no incapacitada judicialmente, de manera coherente con la ausencia de representaci髇 legal a partir de esta edad y la posibilidad de realizar por s� (con la necesaria asistencia seg鷑 los casos) toda clase de actos y contratos.

Para las personas mayores no incapacitadas que no est閚 en condiciones de decidir por s� mismas se prev� un cauce relativamente flexible para permitir intromisiones en los derechos de la personalidad; para permitir el internamiento o la permanencia en el mismo contra su voluntad se requiere siempre autorizaci髇 judicial (art韈ulos 32 y 33).

El art韈ulo 34 viene a llenar un vac韔 legal al precisar el tipo de invalidez de los actos realizados por personas no incapacitadas en situaci髇 (duradera o transitoria), en la que carec韆n de aptitud para entenderlo y quererlo. Puesto que se trata de proteger intereses particulares, se opta por la anulabilidad, precisando los aspectos de legitimaci髇 y prescripci髇, salvo que el acto, adem醩, vulnere otras leyes.

Las causas de incapacitaci髇 previstas en el art韈ulo 35 no se apartan de las hasta ahora establecidas, excepto por lo que se refiere a la prodigalidad. El Derecho hist髍ico la exclu韆 como causa aut髇oma (玴or costumbre del Reino no se da curador al que dilapida o disipa sus bienes, a no ser que adem醩 sea mentecato y privado de raz髇�: Observancia. 7.� De tutoribus) y esto mismo expresa el apartado 3 del art韈ulo 35. Es decir, cabe incapacitar (para protegerlo, como en los dem醩 supuestos de incapacitaci髇) al que dilapida sus bienes cuando por enfermedad o deficiencia ps韖uica no pueda gobernarse por s� mismo, pero no, sin este presupuesto, limitar su capacidad de obrar en el 醡bito patrimonial como medida protectora de intereses ajenos, tal como, en su 醡bito de aplicaci髇, establece el C骴igo civil.

La Ley estatal 41/2003, de protecci髇 patrimonial de las personas con discapacidad, se aplica en Arag髇 en lo necesario -pues buena parte de su contenido de Derecho civil era ya posible en Arag髇 en virtud del principio standum est chartae- y as� prev� el art韈ulo 37 que siga siendo en adelante, con peque馻s adaptaciones.

La pr髍roga y la rehabilitaci髇 de la autoridad familiar estaban admitidas en Arag髇, adaptando en lo necesario las prescripciones del C骴igo sobre la patria potestad, como muestra la referencia textual en los art韈ulos. 31 y 51 de la Ley de sucesiones de 1999. Ahora, los art韈ulos 38 a 42 de esta ley completan y aclaran tanto los supuestos en que los procede como el r間imen de la potestad de guarda prorrogada o rehabilitada, as� como las causas de su extinci髇.

VI

La ausencia es el objeto del Cap韙ulo III del T韙ulo I. En el Derecho hist髍ico, dos fueros y una observancia atendieron a algunas consecuencias esenciales de la situaci髇 de ausencia, en particular para determinar la administraci髇 de los bienes del ausente, en la que se da entrada a su mujer. Tanto el Ap閚dice de 1925 como la Compilaci髇 de 1967 se ocuparon de estos temas, que relacionaron tambi閚 con el derecho de viudedad y la administraci髇 de los bienes comunes del matrimonio.

La presente Ley tiene en cuenta las situaciones de desaparici髇 y de ausencia declarada, para se馻lar, en el primer caso, sobre qui閚 habr� de recaer el nombramiento de defensor del desaparecido y coordinar las consecuencias de la desaparici髇 de una persona casada con las disposiciones de la Ley de r間imen econ髆ico matrimonial y viudedad sobre gesti髇 de bienes consorciales.

El art韈ulo 45 determina qui閚es est醤 legitimados para promover la declaraci髇 de ausencia legal y el 46, por remisi髇 al 43, las personas a las que el Juez nombrar� representantes del ausente. Las obligaciones del representante se enumeran en el art韈ulo 47, y sus facultades y derechos en el 48. El art韈ulo 50.1 resuelve, por remisi髇 a la Ley de r間imen econ髆ico matrimonial y viudedad, sobre la gesti髇 del patrimonio consorcial.

Particular importancia pr醕tica tiene la proyecci髇 de la declaraci髇 de ausencia de una persona casada en el derecho de viudedad de uno y otro c髇yuge. El art韈ulo 51 se ocupa de esta cuesti髇, siguiendo la pauta establecida en la Ley de r間imen econ髆ico matrimonial y viudedad.

Por 鷏timo, el art韈ulo 52 aborda el complejo problema planteado por el llamamiento hereditario a favor de persona declarada ausente para, sin apartarse en lo sustancial del derecho hasta ahora vigente, armonizarlo con los criterios de la Ley de sucesiones, en particular en atenci髇 al juego de la sustituci髇 legal.

VII

Las relaciones entre ascendientes y descendientes tienen en el T韙ulo II de esta ley un desarrollo acorde con la tradici髇 propia del Derecho aragon閟, esencialmente en la forma en la que se plasm� en la Compilaci髇, pero desembarazada ahora de los condicionamientos externos procedentes de un sistema, el del C骴igo, tributario de una tradici髇 radicalmente distinta. El n鷆leo central de esta regulaci髇, que da sentido a toda ella, es el deber de crianza y educaci髇 de los hijos, obviamente presidido por el principio de primac韆 del inter閟 de estos. La autoridad familiar -que no es, conceptualmente, el equivalente de la instituci髇 de la patria potestad- es una funci髇 atribuida a los padres como instrumento necesario para cumplir de forma adecuada su deber de crianza y educaci髇. Habitualmente lleva consigo la gesti髇 de los bienes del hijo, pero no como contenido de un poder paterno, sino como funci髇 aneja a la autoridad familiar (art韈ulo 6) que no esencial a la misma, puesto que tambi閚 puede corresponder a otras personas, incluido un tutor real, al tiempo que los padres ejercen la autoridad familiar. Esta distinci髇 y relativa disociaci髇 entre autoridad familiar y gesti髇 de los bienes facilita tambi閚 la atribuci髇 del ejercicio de la autoridad familiar a personas distintas de los padres (padrastro o madrastra, abuelos, hermanos mayores), sin darles acceso por ello a la gesti髇 de los bienes.

Estas ideas b醩icas explican la estructura externa del T韙ulo II. Tras un primer Cap韙ulo sobre efectos de la filiaci髇 (puesto que se dan incluso cuando los padres est醤 excluidos de la autoridad familiar), el Cap韙ulo II se ocupa del deber de crianza y educaci髇 de los hijos, del ejercicio de la autoridad familiar por los padres y de la autoridad familiar de otras personas, y el III, de la gesti髇 de los bienes de los hijos.

El Cap韙ulo primero es acorde con las concepciones sociales sobre las relaciones entre padres e hijos y recoge preceptos ya vigentes, con algunas concreciones y adiciones. Puede se馻larse la aclaraci髇 de que es suficiente la edad de catorce a駉s para solicitar la alteraci髇 en el orden de los apellidos paterno y materno (art韈ulo 54) o la expresi髇 de un deber de asistencia rec韕roca que comprende el de contribuir equitativamente, durante la vida en com鷑, a la satisfacci髇 de las necesidades familiares (art韈ulo 55); deber que se concreta luego en la colaboraci髇 personal del hijo en las tareas del hogar y los negocios familiares mientras conviva con la familia (art韈ulo 63), la posibilidad de que los padres que ejerzan la autoridad familiar destinen una parte de los ingresos del hijo a necesidades familiares distintas de su propia crianza y educaci髇 (art韈ulo 64) y las reglas de convivencia entre padres e hijos mayores de edad (art韈ulo 67, que atiende a una realidad social hoy muy relevante), todo ello con normas flexibles que invocan criterios equitativos.

Es tambi閚 de se馻lar el enunciado de derechos y deberes de los padres que no tienen la autoridad familiar ni conviven con los hijos (art韈ulo 56), el 閚fasis en el derecho del hijo a relacionarse con ambos padres, con sus abuelos y con otros parientes y allegados, cuyo 鷑ico l韒ite es el del propio inter閟 del menor (art韈ulo 57) y, por 鷏timo, la obligaci髇 del padre de contribuir a los gastos de embarazo y parto de la madre del hijo com鷑, en los t閞minos del art韈ulo 59.

El art韈ulo 60, que encabeza el Cap韙ulo II, reproduce casi literalmente la atinada f髍mula del art韈ulo 9 de la Compilaci髇: 獷l deber de crianza y educaci髇 de los hijos menores no emancipados, as� como la adecuada autoridad familiar para cumplirlo, corresponde a ambos padres�. Ahora bien, en cuanto al ejercicio de la autoridad familiar, desarrolla los criterios del citado art韈ulo de la Compilaci髇 en una Secci髇 (art韈ulos 68 a 71) con disposiciones m醩 pormenorizadas. En otra Secci髇 (art韈ulos 77 a 80) se sistematizan los supuestos de privaci髇, suspensi髇 y extinci髇 de la autoridad familiar.

En relaci髇 con la titularidad, caracteres y contenido de la autoridad familiar (art韈ulos 60 a 62), apenas puede hablarse de novedades. Por ejemplo, que corresponde a los padres decidir sobre la educaci髇 religiosa de los hijos menores de catorce a駉s (art韈ulo 62.1.c) deriva de normas constitucionales bien conocidas as� como de la regla de ejercicio de los derechos de la personalidad por el menor con suficiente juicio.

Ya se ha aludido a los deberes de los hijos de contribuir, seg鷑 las circunstancias, a la satisfacci髇 de las necesidades familiares. En cuanto al deber de los padres de sufragar los gastos de ense馻nza y educaci髇 de los hijos, se aclara que se mantiene cuando alcanza el hijo la mayor韆 de edad, aunque valorado de distinto modo que en situaci髇 de minor韆 de edad y con t閞mino de extinci髇, salvo que judicial o convencionalmente se hubiera establecido otra cosa, al cumplir el hijo los veintis閕s a駉s, m醩 all� del cual subsistir�, naturalmente, el derecho de alimentos en caso de necesidad (art韈ulo 66).

El desconocimiento de la patria potestad en Arag髇 permiti� reconocer relaciones jur韉icas familiares flexibles entre nietos y abuelos, as� como entre los hijos de una persona y el c髇yuge de esta. La Ley 3/1985 ampli� los supuestos de 玜utoridad familiar de otras personas� a los hermanos mayores del menor. La presente Ley recoge en sus art韈ulos 72 a 76 la experiencia de la Compilaci髇 y su modificaci髇 en 1985 para aclarar algunos extremos y facilitar la asunci髇 autom醫ica de la autoridad familiar por el hecho de hacerse cargo voluntariamente las personas se馻ladas de la crianza y educaci髇 de los menores. Adem醩, precisa que el 醡bito de esta autoridad familiar de otras personas distintas de los padres es id閚tico al que a estos corresponde en el terreno personal, pero que no se extiende a la gesti髇 de los bienes del menor (art韈ulo 75.3). Para la gesti髇 de los bienes es necesario, si no hay administrador, el nombramiento de un tutor, cargo que puede recaer en quien ejerza la autoridad familiar, pero sujeto a las garant韆s y cautelas propias de las instituciones tutelares (art韈ulo 116.1.a).

De este modo queda claro que la gesti髇 de los bienes de los hijos es funci髇 aneja a la autoridad familiar s髄o cuando esta se ejerce por los padres (art韈ulo 6), y entonces se rige por las normas contenidas en los art韈ulos 81 a 86, que desarrollan los preceptos de la Compilaci髇 a los que vienen a sustituir.

VIII

El Derecho hist髍ico aragon閟 conten韆 un sistema propio de instituciones tutelares, completado, como en otros pa韘es, con los principios del Derecho com鷑 europeo.

Es de se馻lar que la tutela de los menores pod韆 coexistir con la autoridad de los padres, aun viviendo ambos, pues, como ya se ha dicho, la autoridad de estos operaba en el terreno de las relaciones personales.

La tutela era 鷑icamente dativa y testamentaria, pues la Observancia. 9.� De tutoribus establec韆 que nadie fuera admitido como tutor si no estaba designado por el Juez o el testador. Ten韆 car醕ter troncal, de modo que el Juez designaba como tutor al pariente por la parte de donde proced韆n los bienes que hab韆n de ser administrados (F. 4.�, De De tutoribus, Monz髇, 1533); consiguientemente, cab韆 una pluralidad de tutores, y as� se hace patente en la Observancia. 1.� De tutoribus: muerto el marido o la mujer, se da tutor a los hijos menores, por raz髇 de los bienes que tienen por parte del padre o madre difuntos, y si ambos progenitores fallecen, se dar醤 dos tutores, uno por parte de padre en los bienes paternos y otro por parte de madre en los maternos.

Conten韆, adem醩, el Derecho aragon閟 precisiones de varia 韓dole sobre obligaci髇 de inventario y de jurar comportarse bien y legalmente el tutor, posibilidad de remoci髇, etc. Tambi閚 hab韆 referencia expresa a la tutela de los dementes y furiosos, y la observaci髇 de que no procede incapacitaci髇 por prodigalidad, seg鷑 se ha dicho.

El sistema tutelar propio del Derecho aragon閟 fue erosionado por las Leyes de enjuiciamiento civil (1855 y 1881) y, luego, por el C骴igo civil, situaci髇 en la que lleg� al Ap閚dice de 1925. Sin embargo, tanto los proyectos de Ap閚dice (1899 y 1904) como el Anteproyecto del Seminario de la Comisi髇 compiladora que prepar� la Compilaci髇 de 1967 replantearon toda la materia inspir醤dose de una parte en el Derecho hist髍ico y atentos, de otra, a las necesidades sentidas en cada momento por la sociedad. Esta l韓ea sigue la presente Ley, que viene a sustituir a una regulaci髇 fragmentaria que ofrec韆 muchas dudas de interpretaci髇 y, sobre todo, de integraci髇 con las normas supletorias del C骴igo civil, que responden a principios parcialmente distintos y, por ello, inadecuados.

El T韙ulo III de la ley se ocupa de las relaciones tutelares en toda su amplitud, referidas tanto a menores como a incapacitados. Regula la tutela, la curatela y el defensor judicial como instituciones tutelares, as� como la guarda de hecho y la guarda administrativa sin tutela como instituciones complementarias de las anteriores. Tambi閚 posibilita el nombramiento de administrador de bienes (coexistente con los padres o el tutor) por quien disponga de tales bienes a t韙ulo gratuito a favor del menor o incapacitado.

En general, el sistema no se aparta en los rasgos esenciales del hasta ahora conocido, de modo que puede considerarse de 玹utela de autoridad�, puesto que todas las funciones tutelares est醤 bajo la salvaguarda de la autoridad judicial y se ejercer醤 bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, pero se potencia la autonom韆 de los particulares tanto en la delaci髇 como en la determinaci髇 de las reglas por las que cada tutela haya de regirse y se acent鷄n los rasgos familiares.

En los tres primeros Cap韙ulos de este T韙ulo se abordan cuestiones que ata馿n a todas las instituciones tutelares.

Prevalece la delaci髇 voluntaria, puesto que la dativa o judicial es subsidiaria y complementaria de aquella (art韈ulo 89.2) y 鷑icamente procede en su defecto, total o parcial (art韈ulo 101), mientras que la legal est� prevista tan s髄o en caso de desamparo de menores o incapacitados (art韈ulos 89.1. c, y 104 a 108).

Se admite la llamada 玜utotutela�, es decir, que cualquier persona mayor de edad y capaz, en previsi髇 de ser incapacitada judicialmente, podr� en escritura p鷅lica designar a las personas que han de ejercer las funciones tutelares, as� como adoptar cualquier otra disposici髇 relativa a su persona y bienes para cuando est� incapacitado, incluido un mandato a tercero que no se extinga por su incapacidad sobrevenida o su incapacitaci髇 (art韈ulo 95). Conviene recordar que, de acuerdo con el art韈ulo 757 de la Ley de enjuiciamiento civil, tambi閚 podr� promover, en su momento, su propia incapacitaci髇.

Los titulares de la autoridad familiar pueden designar a las personas que han de ejercer las funciones tutelares y adoptar cualquier otra disposici髇 sobre la persona o bienes de los menores o incapacitados que est醤 bajo su autoridad, mediante testamento o escritura p鷅lica (art韈ulo 96). Se prev閚 reglas para cuando haya pluralidad de designados o disposiciones incompatibles, as� como la vinculaci髇 del Juez, salvo circunstancias especiales, a las delaciones voluntarias. S髄o en ausencia de estas procede la designaci髇 judicial de las personas del elenco ordenado del art韈ulo 102.

El Cap韙ulo III de este T韙ulo se馻la con cuidado la capacidad de las personas tanto f韘icas como jur韉icas para ser titulares de cargos tutelares, las causas de inhabilidad, las causas y efectos de la excusa y de la remoci髇, as� como el procedimiento para esta 鷏tima.

IX

El Cap韙ulo IV, dedicado espec韋icamente a la tutela, comienza se馻lando las personas sujetas a tutela ordinaria o a la tutela autom醫ica de la entidad p鷅lica, as� como las personas obligadas a promover la constituci髇 de la tutela.

En el sistema aragon閟 pueden concurrir varias personas simult醤eamente en el ejercicio de la tutela (art韈ulo 120). Adem醩 de la posibilidad de separar la tutela de la persona de la de los bienes, cabe que en la delaci髇 voluntaria se haya designado a dos tutores -nunca m醩 de dos- para actuar simult醤eamente. Tambi閚 ser醤 dos los tutores cuando lo sean los padres o los abuelos paternos o maternos, as� como, por decisi髇 del Juez, cuando tutor sea una persona casada y considere conveniente que tambi閚 ejerza la tutela su c髇yuge. El art韈ulo 128 da reglas para el ejercicio de la tutela plural.

La administraci髇 de los bienes corresponde al tutor, en la medida en la que no se haya designado tutor de todos o parte de los bienes o no haya designado administrador para determinados bienes la persona de quien proceden estos por t韙ulo lucrativo (art韈ulo 121). Se prev閚 las cl醩icas obligaciones de fianza e inventario, as� como la de rendir cuenta general justificada de su gesti髇, ante la autoridad judicial, al cesar en sus funciones.

En el contenido personal de la tutela se acent鷄n los rasgos familiares y, cuando recae sobre menores, se acerca la figura del tutor a la de los padres, pues la tutela tiene en principio el mismo contenido que la autoridad familiar, incluido, por tanto, el deber de tener al pupilo en su compa耥a. La edad del menor es decisiva para determinar la extensi髇 y modo de ejercicio de los deberes del tutor (por ejemplo, a efectos de la representaci髇 o la prestaci髇 de asistencia seg鷑 sea o no mayor de catorce a駉s) (art韈ulo 122.1).

Respecto de los incapacitados, hay que atender en primer lugar a la sentencia de incapacitaci髇, pero, en lo que ella no prevea, se considerar� que la tutela tiene el mismo contenido que la autoridad familiar sobre los hijos menores de catorce a駉s: esta 鷏tima precisi髇 es necesaria, entre otras cosas, a efectos de la representaci髇 legal del pupilo por el tutor (art韈ulo 122.2).

El reforzamiento de los aspectos familiares de la tutela se manifiesta tambi閚 en la eventual obligaci髇 de alimentos que, en 鷏tima instancia, recae sobre el tutor, una vez agotadas todas las dem醩 v韆s para proporcion醨selos al pupilo (art韈ulo 123).

A la curatela, objeto del Cap韙ulo V, pueden estar sujetos los emancipados, as� como los incapacitados en el caso de que as� lo determine la sentencia de incapacitaci髇. No hay una curatela para los pr骴igos, puesto que no cabe incapacitar a nadie o restringir su capacidad de obrar por esta causa. Respecto de los emancipados (hu閞fanos, en el supuesto m醩 frecuente), s髄o se constituir� la curatela a instancia de estos, pues su cometido es 鷑icamente la intervenci髇 o asistencia del curador en los actos que los emancipados no pueden realizar por s� solos (art韈ulo 135). La de los incapacitados tiene el contenido que determine la sentencia de incapacitaci髇, de manera que tanto puede limitarse al 醡bito personal como incluir poderes de representaci髇, si bien el par醡etro supletorio es la situaci髇 de un menor mayor de catorce a駉s, criterio aplicable tambi閚 a la prestaci髇 de la asistencia.

En cuanto al defensor judicial (Cap韙ulo. VI), su regulaci髇 apenas se aparta de la vigente, sin m醩 que las adaptaciones necesarias al sistema aragon閟 de Derecho de la persona.

La guarda de hecho (Cap韙ulo. VII) es definida por las notas de iniciativa propia y transitoriedad en el hecho de ocuparse de la guarda de una persona y, desde el punto de vista subjetivo, por la posibilidad de que el guardador sea persona f韘ica o jur韉ica y el guardado necesariamente menor o incapacitado que se encuentren en situaci髇 de desamparo, o persona que podr韆 ser incapacitada. El guardador est� obligado a poner el hecho de la guarda en conocimiento del Juez o del Ministerio Fiscal, y la autoridad judicial cuenta con las necesarias facultades para requerir informaci髇 y establecer las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.

La instituci髇 de la Junta de Parientes, de actuaci髇 tan frecuente y 鷗il en el Derecho aragon閟, ha permitido, en relaci髇 con la guarda de hecho, reconocer la validez de ciertos actos del guardador cuando, en el 醡bito de la administraci髇 de los bienes, son necesarios. Si la Junta de Parientes declara que es necesario el acto de administraci髇 realizado en representaci髇 del guardado, este ser� v醠ido. Los actos no necesarios ser醤 anulables, salvo que hayan redundado en utilidad de la persona protegida.

El Cap韙ulo VIII (art韈ulos 146 a 155) est� dedicado a la guarda administrativa y al acogimiento, especialmente al familiar. Los preceptos son coherentes con los principios y las disposiciones concretas de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Arag髇, y procuran el adecuado engarce entre las normas civiles y las administrativas. Por razones sistem醫icas, hay algunas reiteraciones de preceptos de la citada Ley y, en particular, se desarrollan y concretan algunos aspectos civiles a los que aquella hace referencia en sus remisiones a la Compilaci髇 del Derecho civil de Arag髇 o a la 玪egislaci髇 civil� que resulte aplicable de acuerdo con la vecindad civil de los sujetos.

X

La Junta de Parientes, regulada por primera vez de forma sistem醫ica en la Compilaci髇 de 1967, ha tenido desde entonces una excelente aceptaci髇 social, pues se acude a ella en la inmensa mayor parte de los supuestos en los que los particulares pueden suscitar su intervenci髇, evitando otras alternativas, en particular la judicial. En consecuencia, en las leyes civiles promulgadas desde entonces, el legislador ha ido a馻diendo nuevos casos susceptibles de encauzarse a trav閟 de la Junta de Parientes. As� ocurri� en la Ley de sucesiones de 1999 y en la Ley de r間imen econ髆ico matrimonial y viudedad de 2003. Pero es en el 醡bito del Derecho de la persona en el que con m醩 frecuencia el legislador ha de referirse a esta instituci髇. En la presente Ley, son m醩 de una veintena los art韈ulos que la mencionan, sin contar el T韙ulo IV y 鷏timo de la misma, dedicado a las reglas generales de composici髇 y funcionamiento de este 髍gano familiar, cuya utilidad demostrada ha movido incluso a otros legisladores espa駉les a incorporarlo a sus leyes.

Posiblemente, al menos desde el punto de vista de su frecuencia en la pr醕tica, las funciones principales de la Junta de Parientes son la autorizaci髇 para disponer de bienes de menores de catorce a駉s por sus representantes legales y la prestaci髇 de asistencia a los menores que han cumplido dicha edad, en los casos y formas que las leyes prev閚. Pero no hay que olvidar que puede tambi閚 dirimir divergencias entre los padres en el ejercicio de la autoridad familiar (art韈ulo 71), as� como divergencias sobre la titularidad de la autoridad familiar de personas distintas de los padres (art韈ulo 76), si prefieren acudir a ella en lugar de al Juez (del mismo modo que las divergencias entre c髇yuges sobre la determinaci髇 del domicilio familiar, de acuerdo con el art韈ulo 2 de la Ley de r間imen econ髆ico matrimonial y viudedad, que utiliza una f髍mula similar). Adem醩, tiene una participaci髇 interesante en la organizaci髇 y funcionamiento de la tutela (art韈ulos 92, 94, 99, 100, 126, 127 y 129) y en la guarda de hecho (art韈ulo 145).

Por otra parte, la Ley de sucesiones dej� sin contenido el art韈ulo 22 de la Compilaci髇 (derogado por la Ley de r間imen econ髆ico matrimonial y viudedad), que se refer韆 a la 獼unta de Parientes en funciones de fiducia sucesoria�. Hoy la fiducia colectiva no es considerada propiamente como un supuesto de Junta de Parientes, pero s� ha parecido oportuno se馻lar que las normas del T韙ulo IV de esta ley se aplican supletoriamente, en defecto o para completar la normativa espec韋ica contenida en la Ley de sucesiones, a su vez subsidiaria de las instrucciones del comitente.

El T韙ulo IV regula la composici髇 y funcionamiento de la Junta de Parientes partiendo de los art韈ulos 20 y 21 de la Compilaci髇, cuyo texto incorpora en buena parte, pero sin olvidar que, en la experiencia de los 鷏timos decenios, es much韘imo m醩 frecuente la constituci髇 y funcionamiento de la Junta bajo fe notarial (cuando, hall醤dose juntos sus miembros, deciden por unanimidad bajo fe notarial para asunto o asuntos determinados) que la constituci髇 judicial. Esta constataci髇 lleva a establecer (art韈ulos 158 y 159) unas reglas de composici髇 que puedan aplicarse autom醫icamente cuando los parientes llamados quieran actuar bajo fe notarial, sin privar por otra parte al Juez de la facultad de apartarse motivadamente de estos criterios cuando se quiera acudir a la constituci髇 judicial (o en los presumiblemente escasos supuestos en los que en documento p鷅lico alguien haya configurado la Junta de Parientes como 髍gano permanente; por ejemplo, como 髍gano de control de una tutela) (art韈ulo 161).

El procedimiento para la toma de decisiones por parte de la Junta sigue siendo libre en todo caso (art韈ulos 161.3 y 163). Es fundamental la regla de unanimidad (art韈ulos 160 y 161.3), completada con los criterios de asistencia obligatoria y personal a la reuni髇, deliberaci髇 conjunta y decisi髇 conforme al leal saber y entender de los vocales (art韈ulos 162 y 163).

Se aclara que la decisi髇 de la Junta, ya sea positiva o negativa, impide someter el mismo asunto a otro 髍gano de decisi髇 (en particular, al Juez en funciones de jurisdicci髇 voluntaria) (art韈ulo 164.2) y se precisan los casos en los que el transcurso de un mes sin haber obtenido acuerdo permite acudir a otra v韆 (art韈ulo 167). Adem醩, se incluyen algunas normas, que la doctrina echaba en falta, sobre validez y eficacia de las decisiones de la Junta (que se presume mientras no se declare judicialmente la invalidez) (art韈ulo 164), as� como sobre causas de invalidez y cauce procesal para instar la correspondiente declaraci髇 (art韈ulo 166).

XI

Las disposiciones transitorias establecen una regla general de aplicaci髇 inmediata de los preceptos de la nueva ley a partir del momento de su entrada en vigor, as� como la sujeci髇 a la nueva ley del ejercicio de las acciones, derechos y deberes nacidos con anterioridad. En particular, son aplicables desde la entrada en vigor de la Ley las normas sobre nulidad y anulabilidad de los actos de los menores (mayores o no de catorce a駉s), de los incapaces, de los sujetos a curatela, del guardador de hecho o de las decisiones de la Junta de Parientes.

Tres normas espec韋icas de Derecho intertemporal se ocupan de la prodigalidad, previendo la solicitud judicial de la reintegraci髇 de su capacidad por las personas declaradas pr骴igas con anterioridad a la ley; de los gastos de maternidad, se馻lando que el art韈ulo 59 s髄o se aplicar� respecto de nacimientos ocurridos con posterioridad a la ley, y de la autoridad familiar de otras personas, acomod醤dola en todo caso a lo dispuesto en el art韈ulo 75.3.

Las disposiciones finales tienen por objeto peque馻s modificaciones en otros textos legales de Derecho civil como consecuencia de las disposiciones de la presente Ley. La primera se refiere a tres art韈ulos de la Ley de sucesiones por causa de muerte, con incidencia muy peque馻 en su contenido, bien para suprimir remisiones ahora indebidas a disposiciones de la Compilaci髇, bien para remitir a los preceptos de la presente Ley. La segunda modifica tres art韈ulos de la Ley de r間imen econ髆ico matrimonial y viudedad: armoniza la regulaci髇 de la asistencia al mayor de catorce a駉s, suprime las referencias a la prodigalidad y a la quiebra, y adapta el precepto aragon閟 a lo dispuesto en la Ley concursal.

La disposici髇 derogatoria 鷑ica priva de vigencia al Libro Primero (獶erecho de la persona y de la familia�) de la Compilaci髇 del Derecho civil de Arag髇 en su totalidad. La mayor parte de sus art韈ulos hab韆n sido ya derogados, de modo que ahora desaparece el Libro mismo con los art韈ulos que a鷑 estaban en vigor. En consecuencia, la Compilaci髇 queda reducida a su fundamental T韙ulo Preliminar, sobre 獿as normas en el Derecho civil de Arag髇�, y dos breves Libros, el Tercero y el Cuarto, con algunos preceptos sobre Derecho de bienes y Derecho de obligaciones, respectivamente. La mayor parte y m醩 importante de las normas legales del Derecho civil de Arag髇 se contienen ahora en la Ley de sucesiones (1999), en la de r間imen econ髆ico matrimonial y viudedad (2003) y en la que ahora se promulga.