Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Arag髇

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Sumario

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Arag髇 y ordeno se publique en el 獴olet韓 Oficial de Arag髇� y en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 45 del Estatuto de Autonom韆 de Arag髇.

PRE罬BULO

I

Los servicios sociales constituyen una de las principales concreciones de la cl醬sula constitucional de Estado social. Su progresiva consolidaci髇, como parte fundamental de la dimensi髇 social de la ciudadan韆, requiere el necesario desarrollo del sistema de servicios sociales a que se refiere la Constituci髇 espa駉la, al enunciar los principios rectores de la pol韙ica social y econ髆ica. El horizonte de universalizaci髇 de tal sistema, concebido como cuarto pilar del Estado de bienestar, impone, coherentemente con los art韈ulos 9.2 y 10 de la propia Constituci髇 y 14 de la Carta Social Europea, su extensi髇 a todas las personas, de modo que los poderes p鷅licos desarrollen una acci髇 eficaz de prevenci髇, tutela e intervenci髇 en favor del bienestar social de toda la poblaci髇, fomentando con ello el desarrollo comunitario, la cohesi髇 social y una mayor calidad de vida.

La asistencia social o acci髇 social, dentro del sistema de descentralizaci髇 pol韙ica dise馻do por la Constituci髇, se configura como competencia exclusiva de las comunidades aut髇omas. La Comunidad Aut髇oma de Arag髇 asumi� en su Estatuto de Autonom韆, aprobado por Ley Org醤ica 8/1982, de 10 de agosto, la competencia en materia de asistencia y bienestar social, procediendo en el ejercicio de la misma a la aprobaci髇 de la Ley 4/1987, de 25 de marzo, de Ordenaci髇 de la Acci髇 Social, norma que ha regido la pol韙ica de la Comunidad Aut髇oma en dicha materia hasta este momento, sin perjuicio de la significativa ampliaci髇 de competencias producida a trav閟 de la reforma del Estatuto por la Ley Org醤ica 5/1996, de 30 de diciembre, y de la aprobaci髇 de otras leyes sectoriales de inter閟 que han abordado aspectos concretos de la acci髇 social de la Comunidad Aut髇oma.

La Ley de Ordenaci髇 de la Acci髇 Social de 1987, durante su largo periodo de vigencia, ha cumplido un importante papel en la consolidaci髇 de la actual pol韙ica de servicios sociales de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇, posibilitando la configuraci髇 de un sistema integral de servicios sociales en el que las entidades p鷅licas y la iniciativa privada, desde su respectivo 醡bito de responsabilidad y actuaci髇, intervienen para atender las necesidades sociales de personas y grupos.

No obstante la valiosa funci髇 cumplida por la Ley de ordenaci髇 de la acci髇 social vigente, son muchas las circunstancias que aconsejan la aprobaci髇 de una nueva ley de servicios sociales, para adecuar la definici髇, estructura y funcionamiento del sistema de servicios sociales a la nueva realidad social, territorial e institucional de la Comunidad Aut髇oma, avanzando en la universalidad del sistema, en la garant韆 de las prestaciones sociales, en su calidad y en la 髉tima articulaci髇 de la acci髇 del conjunto de las Administraciones p鷅licas con competencia y responsabilidad en el funcionamiento del sistema p鷅lico y de la iniciativa de las entidades privadas, llamadas a colaborar de forma eficaz en la prevenci髇 y atenci髇 de las necesidades sociales. La necesidad de un nuevo marco legal en materia de servicios sociales est� asimismo contemplada en el Acuerdo Econ髆ico y Social para el Progreso de Arag髇 (AESPA), suscrito entre el Gobierno de Arag髇 y los agentes sociales.

II

El Estatuto de Autonom韆 de Arag髇, seg鷑 la reforma aprobada por Ley Org醤ica 5/2007, de 20 de abril, incluye dentro del Cap韙ulo II de su T韙ulo I, relativo a derechos y principios rectores, un mandato expreso en materia de bienestar y cohesi髇 social: 獿os poderes p鷅licos de Arag髇 promover醤 y garantizar醤 un Sistema P鷅lico de Servicios Sociales suficiente para la atenci髇 de personas y grupos, orientado al logro de su pleno desarrollo personal y social, as� como especialmente a la eliminaci髇 de las causas y efectos de las diversas formas de marginaci髇 o exclusi髇 social, garantizando una renta b醩ica en los t閞minos previstos por ley� (art韈ulo 23.1).

En consecuencia, en cumplimiento de dicho mandato estatutario y en el ejercicio de la autonom韆 pol韙ica de que goza en la materia, la Comunidad Aut髇oma ha de proceder, conforme a la competencia exclusiva que le atribuye el art韈ulo 71 del Estatuto de Autonom韆 de Arag髇 en materia de acci髇 social, a la 玱rdenaci髇, organizaci髇 y desarrollo de un Sistema P鷅lico de Servicios Sociales que atienda a la protecci髇 de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de protecci髇 social�.

La nueva Ley de Servicios Sociales de Arag髇, sin embargo, no puede ni debe agotar todas las materias de contenido social enunciadas en el Estatuto de Autonom韆 ni regular de forma exhaustiva el conjunto de los elementos de la ordenaci髇 de las actividades, p鷅licas o privadas, en materia de servicios sociales ni la totalidad de los aspectos del sistema p鷅lico previsto, reserv醤dose la funci髇 de norma central de la regulaci髇 de dicha materia, en la que puedan hallar anclaje tanto las leyes espec韋icas que se requiera aprobar como los necesarios desarrollos reglamentarios de los diferentes elementos constitutivos del sistema p鷅lico.

III

La nueva ordenaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales ha de contemplar, tanto en la definici髇 de sus objetivos como en la determinaci髇 de su estructura funcional, territorial y org醤ica, las necesidades sociales de la poblaci髇 aragonesa, las modernas t閏nicas aplicables en el 醡bito del derecho p鷅lico de la acci髇 social y los cambios experimentados por la organizaci髇 territorial de la Comunidad Aut髇oma, tras la consolidaci髇 del nivel comarcal dentro de la misma, como expresamente ha quedado refrendado por los art韈ulos 5y 83.2 del Estatuto de Autonom韆 de Arag髇. La estructura del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales ha de adaptarse necesariamente a la realidad territorial e institucional de la Comunidad Aut髇oma y ser coherente con ella.

El Sistema P鷅lico de Servicios Sociales se configura como una organizaci髇 fuertemente descentralizada en el 醡bito local, por lo que su regulaci髇 y funcionamiento han de tomar en consideraci髇 los contenidos de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administraci髇 Local de Arag髇, y de la Ley de Comarcalizaci髇 de Arag髇, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Arag髇, definiendo el 醡bito de responsabilidad que corresponde a las entidades locales dentro del sistema p鷅lico y asegurando su cooperaci髇 y coordinaci髇 con la acci髇 de la Comunidad Aut髇oma.

No cabe ignorar, por otra parte, el importante impacto que para el conjunto de la pol韙ica de servicios sociales ha supuesto la aprobaci髇 por el Estado de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las Personas en Situaci髇 de Dependencia, mediante la que se ha establecido como derecho subjetivo de la ciudadan韆 la promoci髇 de la autonom韆 personal y la atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia y se ha llevado a cabo la creaci髇 del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia, dentro del cual quedan encuadradas tanto la Administraci髇 general del Estado como las Administraciones de todas las comunidades aut髇omas.

La efectiva implantaci髇 del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia, cuya relevancia dentro del conjunto de los servicios sociales resulta evidente, exige una adecuaci髇 de la actual ordenaci髇 del sistema de servicios sociales de Arag髇, dada su decisiva incidencia en la configuraci髇 del mismo y el enorme reto de gesti髇 que comporta para la Administraci髇 auton髆ica y para el conjunto de las entidades locales con competencias y responsabilidades en la aplicaci髇 de la citada Ley.

IV

El proceso de elaboraci髇 de los contenidos de la presente Ley ha contado con un novedoso proceso de participaci髇 social, previo y distinto al periodo de informaci髇 p鷅lica que establece el procedimiento de aprobaci髇 de las disposiciones de car醕ter general, con el fin de posibilitar las aportaciones de personas expertas, entidades, asociaciones, profesionales, agentes sociales e instituciones y permitir que la nueva regulaci髇 aprobada por las Cortes de Arag髇 cuente con el grado de debate y consenso social que una norma de tanta trascendencia para la configuraci髇 de la pol韙ica social de la Comunidad Aut髇oma requiere. V

El cometido fundamental de la Ley es la ordenaci髇, organizaci髇 y desarrollo del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de Arag髇, procediendo a la enunciaci髇 de sus principios rectores y a la definici髇 de su estructura funcional, territorial y org醤ica, as� como a la regulaci髇 de sus principales elementos constitutivos.

El sistema p鷅lico queda integrado por el conjunto de recursos y servicios de titularidad p鷅lica, sin perjuicio de la colaboraci髇 de las entidades privadas en la provisi髇 de las prestaciones sociales p鷅licas, a trav閟 de las diferentes f髍mulas jur韉icas previstas, incorpor醤dose con ello al sistema de responsabilidad p鷅lica que prev� la Ley.

La Ley se estructura en once t韙ulos, en los cuales se regulan los diferentes aspectos del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales y se establecen los principios generales a los que queda sujeta la actividad de la iniciativa privada en dicha materia.

El T韙ulo Preliminar define el objeto de la Ley y los objetivos de las pol韙icas de servicios sociales, y delimita igualmente la noci髇 de sistema de servicios sociales, la titularidad de los derechos a los servicios sociales y los principios rectores por los que ha de regirse el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

El T韙ulo I recoge el conjunto de derechos de las personas en su doble condici髇 de destinatarias y usuarias de los servicios sociales, as� como los deberes de estas 鷏timas, y el cat醠ogo de derechos y obligaciones, que podr� concretarse en los reglamentos internos que se aprueben para cada servicio o en la carta de derechos y deberes que apruebe el Gobierno de Arag髇.

El T韙ulo II contiene la regulaci髇 fundamental del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, dando con ello satisfacci髇 al mandato previsto por el Estatuto de Autonom韆 de Arag髇. Dicho sistema reposa, funcionalmente, sobre la distinci髇 entre servicios sociales generales, destinados al conjunto de la poblaci髇, y servicios sociales especializados, dirigidos a aquellas personas que requieren una atenci髇 espec韋ica, remitiendo la fijaci髇 de su estructura territorial a la futura aprobaci髇 del Mapa de Servicios Sociales, que habr� de ajustarse a la planta comarcal del territorio. El 醡bito de prestaci髇 de los servicios sociales generales vendr� constituido por las 醨eas b醩icas de servicios sociales, y se prev� el establecimiento de un Centro Comarcal o Municipal de Servicios Sociales en cada 醨ea, pudi閚dose determinar el 醡bito de prestaci髇 de los servicios especializados con alcance supracomarcal, de acuerdo con las circunstancias geogr醘icas, demogr醘icas y de comunicaci髇 que concurran en cada caso. Dicho T韙ulo contiene tambi閚 criterios sobre las formas de provisi髇 de las prestaciones sociales p鷅licas, previendo los supuestos de gesti髇 directa y las modalidades de colaboraci髇 de las entidades privadas en tal provisi髇, con sujeci髇 a la legislaci髇 de contrataci髇 del sector p鷅lico, respecto a la cual la Ley incorpora un desarrollo espec韋ico de la modalidad de concierto para la gesti髇 de servicios p鷅licos.

El T韙ulo III regula el Cat醠ogo de Servicios Sociales, instrumento de desarrollo del contenido prestacional del sistema, que corresponde desarrollar al Gobierno de Arag髇, con el objetivo de determinar el conjunto de las prestaciones sociales del mismo y concretar la regulaci髇 de los elementos propios de cada prestaci髇, diferenciando las prestaciones esenciales, caracterizadas por su exigibilidad en cuanto derecho subjetivo de las personas beneficiarias, y las prestaciones complementarias, sujetas en su reconocimiento al l韒ite de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

El T韙ulo IV se refiere a la planificaci髇 de los servicios sociales. Dicha planificaci髇 ha de ser tanto de car醕ter estrat間ico, en la que se fijen los objetivos del conjunto del Sistema y las prioridades que deban acometerse en tal direcci髇, como sectorial u operativo, en la que se concreten los objetivos globales propios de cada 醡bito concreto de intervenci髇, debiendo ajustarse el conjunto de la actividad de fomento y de las inversiones p鷅licas a las directrices establecidas por los instrumentos planificadores.

El T韙ulo V delimita las competencias de los diferentes niveles de gesti髇 p鷅lica, as� como los instrumentos de colaboraci髇 y los 髍ganos de coordinaci髇 necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales y su coherente actuaci髇 respecto a las dem醩 pol韙icas p鷅licas de car醕ter social. En tal sentido, destaca la configuraci髇 del Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales, destinado a asegurar la acci髇 coordinada de todas las Administraciones integradas en el sistema p鷅lico.

El T韙ulo VI articula la participaci髇 de la sociedad civil en el funcionamiento del sistema p鷅lico. Dicha participaci髇 ha de quedar garantizada a trav閟 de los diferentes 髍ganos y cauces de participaci髇 y consulta que la Ley contempla. Para ello se prev� un 髍gano general integrador de todos los aspectos de la pol韙ica de servicios sociales, como es el Consejo Aragon閟 de Servicios Sociales, sin perjuicio de 髍ganos especializados adscritos al mismo, as� como de 髍ganos de 醡bito territorial, como los Consejos Comarcales de Servicios Sociales o Consejos Municipales, en su caso.

El T韙ulo VII define la calidad de los servicios sociales como objetivo prioritario de la Ley, para lo cual se regula la necesaria estrategia de calidad que corresponde aprobar al Gobierno de Arag髇, as� como otra serie de previsiones dirigidas igualmente a reforzar el citado objetivo de calidad, como son el establecimiento de criterios de profesionalidad e interdisciplinariedad y la previsi髇 de programas de formaci髇 e innovaci髇 que contribuyan a incrementar la eficacia y eficiencia del sistema y la satisfacci髇 de las personas usuarias del mismo.

El T韙ulo VIII regula la financiaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, de modo que su sostenibilidad financiera constituya un compromiso expreso de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇 y del resto de las Administraciones p鷅licas que forman parte de 閘. La Ley define el alcance de la responsabilidad financiera de cada Administraci髇 p鷅lica y prev� la participaci髇 de las personas usuarias en el pago de las prestaciones de servicio, de acuerdo con los criterios de capacidad econ髆ica que se establezcan.

El T韙ulo IX se refiere a la iniciativa privada que desarrolla su actividad en el 醡bito de los servicios sociales. Si bien la Ley prev�, en su disposici髇 final tercera, la aprobaci髇 de una ley espec韋ica que regule de forma pormenorizada el r間imen jur韉ico de las entidades y centros de iniciativa privada que lleven a cabo la prestaci髇 de servicios sociales, una ley marco como la aprobada no puede omitir en su regulaci髇 los criterios y requisitos a los que ha de quedar sometida la iniciativa privada en la materia y el conjunto de facultades que han de corresponder al Sistema P鷅lico respecto a ella, funci髇 que no puede quedar reducida en exclusiva a tareas de autorizaci髇 y control, sino que tambi閚 ha de incorporar t閏nicas de colaboraci髇 o de fomento, en particular en lo que afecta a la iniciativa social en el campo de los servicios sociales especializados.

Por 鷏timo, el T韙ulo X contiene la regulaci髇 de la inspecci髇 de las actividades en materia de servicios sociales y el r間imen sancionador aplicable en el caso de que se vulneren derechos o incumplan obligaciones establecidas en la Ley, asegurando con ello el efectivo cumplimiento de sus previsiones. Consecuentemente, la Ley incluye la tipificaci髇 de las infracciones administrativas en que puede incurrirse y el establecimiento de las sanciones que cabe imponer a quienes sean responsables de las mismas, e incorpora reglas generales de aplicaci髇 a los procedimientos sancionadores del conjunto de los servicios sociales, sin perjuicio de las previsiones que en la materia puedan contemplar otras leyes sectoriales o espec韋icas.

Finalmente, las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales de la Ley incorporan previsiones y mandatos espec韋icos para garantizar el desarrollo de los elementos del sistema p鷅lico que requieren aprobaci髇 de normas reglamentarias, como es el caso del Cat醠ogo de Servicios Sociales o del Plan Estrat間ico de Servicios Sociales, o contemplan circunstancias espec韋icas que comporta la aprobaci髇 de la nueva Ley en relaci髇 con otros aspectos del ordenamiento jur韉ico que afectan a la materia de servicios sociales.