Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento

Artículo 26 Clasificación

Las infracciones en la materia de vertidos regulada por la presente Ley podrán ser leves, graves o muy graves.

Artículo 27 Infracciones leves

Serán consideradas infracciones leves:

• a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, causen daño a los bienes de dominio o uso público, así como a los de servicio público integrados por las redes de alcantarillado, colectores y sistemas de depuración, cuya valoración no exceda de 5.000 euros.
• b) La falta de remisión de la información periódica que la Administración competente pueda requerir sobre los resultados de los análisis de autocontrol de los efluentes o sobre cambios que se hayan introducido en el proceso industrial que puedan afectar al mismo.
• c) Las demás acciones u omisiones que contravengan lo establecido en la presente Ley, cuando no tengan la consideración de infracciones graves o muy graves.

Artículo 28 Infracciones graves

Serán consideradas infracciones graves:

• a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, causen daño a los bienes de dominio o uso público, así como a los de servicio público integrados por las redes de alcantarillado, colectores y sistemas de depuración, cuya valoración esté comprendida entre 5.000 y 500.000 euros.
• b) La realización de vertidos de aguas residuales industriales sin la correspondiente autorización.
• c) El incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización de vertido.
• d) El incumplimiento de la obligación de disponer de instalaciones y equipos necesarios para la realización de los controles requeridos o el mantenerlos en condiciones no operativas.
• e) El incumplimiento de la obligación de tratamiento previo, cuando proceda.
• f) El incumplimiento de las actuaciones determinadas en la presente Ley para las situaciones de emergencia o peligro.
• g) La obstrucción a la función inspectora de la Administración competente en el acceso a las instalaciones o la negativa a facilitar la información que sea requerida.
• h) La reincidencia en infracciones leves.

Artículo 29 Infracciones muy graves

Serán consideradas infracciones muy graves:

• a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, causen daño a los bienes de dominio o uso público, así como a los de servicio público integrados por las redes de alcantarillado, colectores y sistemas de depuración, cuya valoración exceda de 500.000 euros.
• b) Las infracciones calificadas como graves en el artículo anterior, cuando de la calidad o cantidad del vertido se derive la existencia de un riesgo muy grave para las personas, los recursos naturales o el medio ambiente.
• c) El incumplimiento de las órdenes de suspensión de vertidos.
• d) La reincidencia en infracciones graves.

Artículo 30 Sanciones

1. Las infracciones enumeradas en los artículos precedentes serán sancionadas con arreglo a la siguiente escala:

• a) Infracciones leves: multa de hasta 10.000 euros.
• b) Infracciones graves: multa entre 10.001 y 90.000 euros.
• c) Infracciones muy graves: multa entre 90.001 y 450.000 euros.

2. La determinación de la cuantía de las multas se hará teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción, la gravedad del daño producido, la reincidencia o reiteración, la intencionalidad, el beneficio obtenido y demás circunstancias concurrentes.

Artículo 31 Reparación de daños

1. Con independencia de la sanción que en cada caso sea impuesta, el infractor estará obligado a reparar los daños causados, al objeto de que los bienes que hayan resultado alterados a consecuencia de la infracción sean repuestos a su estado anterior.

2. Cuando el daño producido afecte a las redes del alcantarillado y colectores o a las instalaciones de depuración, la reparación será realizada por la Administración competente a costa del infractor.

3. Para el cumplimiento por el infractor de las obligaciones de reparación de daños a que se refieren los números precedentes, la Administración competente podrá utilizar los medios de ejecución forzosa a que se refieren los epígrafes a), b) y c) del apartado 1 del artículo 96 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 32 Procedimiento

1. El ejercicio de la potestad sancionadora en la materia de vertidos regulada en la presente Ley se realizará mediante la tramitación del correspondiente procedimiento.

2. La incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores corresponderán a los órganos que tengan asignada tal función dentro de las administraciones competentes sobre los respectivos sistemas de saneamiento.

3. Cuando la infracción afecte a redes de colectores o instalaciones de depuración de carácter supramunicipal o declarados de interés regional, la potestad sancionadora será ejercida en todo caso por la Administración competente sobre los mismos.

4. En el caso de la Administración del Principado de Asturias, la incoación del procedimiento corresponderá decidirla a la Dirección General competente en materia de abastecimiento y saneamiento de aguas.

Artículo 33 Potestad sancionadora

En el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, la competencia para resolver los procedimientos sancionadores corresponde:

• a) En el caso de infracciones leves, al Director General competente en materia de abastecimiento y saneamiento de aguas.
• b) En el caso de infracciones graves y en las muy graves hasta 150.000 euros, al Consejero competente en la materia.
• c) En el caso de infracciones muy graves desde 150.001 euros, al Consejo de Gobierno.

Artículo 34 Suspensión de vertidos

1. Sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, las administraciones competentes podrán disponer la suspensión inmediata del vertido de una instalación industrial a los sistemas de saneamiento cuando su titular no disponga de la correspondiente autorización o no se adecue el vertido a las limitaciones y condiciones establecidas en la misma.

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, la Administración competente podrá, además, adoptar las medidas que considere necesarias para asegurar la efectividad de la suspensión.

Artículo 35 Subsanación de defectos

1. En el supuesto de no disponer de autorización, la suspensión tendrá carácter indefinido hasta que el interesado la solicite y obtenga.

2. Cuando el vertido no se adecue a las limitaciones y condiciones establecidas en la autorización, el interesado dispondrá de un plazo de dos meses, contados desde la suspensión, para cumplir lo establecido en aquella, transcurrido el cual la Administración competente podrá disponer, previa audiencia del interesado, la suspensión definitiva del vertido al sistema de saneamiento con revocación de la autorización concedida.

Artículo 36 Plazos de prescripción

1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiese cometido o desde que se hubiesen puesto de manifiesto sus efectos.

La prescripción quedará interrumpida por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si dicho procedimiento estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

2. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones muy graves a los tres años.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la sanción.

La prescripción quedará interrumpida por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución de la sanción, reanudándose el plazo de prescripción si dicho procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

Disposición adicional

En relación con las instalaciones de titularidad municipal, los Ayuntamientos podrán imponer exigencias superiores a las establecidas en esta Ley y en las normas que la desarrollen.

Primera

En tanto se desarrolle lo previsto en el artículo 3, deberán solicitar autorización de vertido los titulares de instalaciones de actividades industriales o comerciales siguientes:

• 1. Todas las instalaciones que superen un caudal de abastecimiento y autoabastecimiento de 22.000 m3/año.
• 2. Las instalaciones cuyo caudal de abastecimiento y autoabastecimiento sea superior al 10 por ciento del caudal de abastecimiento de la población fija servida por el sistema público de saneamiento al que se realice el vertido.
• 3. Las instalaciones que figuran en la siguiente relación:

  CNAE(93)	Actividad industrial
  01.2.	Producción ganadera.
  01.3.	Producción agraria combinada con la producción ganadera.
  10.	Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba.
  11.	Extracción de crudos de petróleo y gas natural; actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección.
  13.	Extracción de minerales metálicos.
  14.	Extracción de minerales no metálicos ni energéticos.
  15.1.	Industria cárnica.
  15.2.	Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado.
  15.3.	Preparación y conservación de frutas y hortalizas.
  15.4.	Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales).
  15.5.	Industrias lácteas.
  15.6.	Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos.
  15.7.	Fabricación de productos para la alimentación animal.
  15.82.	Fabricación de galletas y de productos de panadería y pastelería de larga duración.
  15.83.	Industria del azúcar.
  15.84.	Industria del cacao, chocolate y confitería.
  15.85.	Fabricación de pastas alimenticias.
  15.86.	Elaboración de café, té e infusiones.
  15.87.	Elaboración de especias, salsas y condimentos.
  15.88.	Elaboración de preparados para la alimentación infantil y preparados dietéticos.
  15.89.	Elaboración de otros productos alimenticios.
  15.9.	Elaboración de bebidas.
  16.	Industria del tabaco.
  17.	Industria textil.
  18.301.	Preparación, curtido y teñido de pieles de peletería.
  19.1.	Preparación, curtido y acabado del cuero.
  20.1.	Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera.
  20.2.	Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles.
  20.3.	Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción.
  20.521.	Tratamiento del corcho bruto y fabricación de productos de corcho.
  21.	Industria del papel.
  22.11.	Edición de libros.
  22.12.	Edición de periódicos.
  22.13.	Edición de revistas.
  22.21.	Impresión de periódicos.
  22.22.	Otras actividades de impresión.
  23.1.	Coquerías.
  23.2.	Refino de petróleo.
  24.	Industria química.
  26.	Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
  25.	Fabricación de productos de caucho y materias plásticas.
  27.	Metalurgia.
  28.	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.
  29.	Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico.
  30.	Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos.
  31.	Fabricación de maquinaria y material eléctrico.
  32.	Fabricación de material electrónico, fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones.
  33.	Fabricación de equipo e instrumentos médico- quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería.
  34.	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.
  35.	Fabricación de otro material de transporte.
  36.1.	Fabricación de muebles.
  36.3.	Fabricación de instrumentos musicales.
  36.4.	Fabricación de artículos de deporte.
  36.5.	Fabricación de juegos y juguetes.
  36.61.	Fabricación de bisutería.
  37.	Reciclaje.
  40.	Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente.
  50.5.	Venta al por menor de carburantes para la automoción.
  51.51.	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos similares.
  51.553.	Comercio al por mayor de productos químicos industriales.
  51.57.	Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho.
  52.111.	Hipermercados (más de 2.500 m²).
  55.22.	Camping.
  73.1.	Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas.
  74.7.	Actividades de limpieza.
  90.002.	Actividades de limpieza de vías públicas y tratamiento de desechos.
  93.01.	Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel.

Segunda

Hasta que se establezcan los valores o parámetros a que se refiere el artículo 6, se aplicarán los siguientes:

Para el cadmio y el mercurio, además de los valores máximos instantáneos, deberán cumplirse los valores límite de emisión para la media mensual y para la media diaria establecidos en la Directiva 82/176/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1982, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos; en la Directiva 83/513/CEE del Consejo, de 26 de septiembre de 1983, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de cadmio, y en la Directiva 84/156/CEE del Consejo, de 8 de marzo de 1984, relativa a los valores límite y objetivos de calidad para los vertidos de mercurio de los sectores distintos de la electrólisis de los cloruros alcalinos. Asimismo, deberán cumplirse, para los parámetros en ellas regulados, los valores límite de emisión para la media mensual y para la media diaria establecidos en la Directiva 84/491/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1984, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de hexaclorociclohexano; en la Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a los valores límite y los objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la lista I del anexo de la Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976; en la Directiva 88/347/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1988, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, y en la Directiva 90/415/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1990, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986.

Excepcionalmente, en caso de riesgo para la salud pública o el medio ambiente, o por necesidades del propio sistema de depuración, se podrán autorizar vertidos de aguas residuales industriales con algún valor superior al permitido, siempre que las instalaciones tengan capacidad para su tratamiento, se mantenga la calidad requerida para su vertido final y no se alteren las características de los lodos producidos de manera que deba modificarse su destino posterior.

Tercera

1. En el plazo de seis meses, a partir de la publicación de la presente Ley, los titulares de actividades industriales que estén realizando vertidos a los sistemas de saneamiento deberán formalizar la solicitud de autorización de vertido suspendiendo inmediatamente la evacuación del mismo si aquella es denegada.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las solicitudes de vertidos de aguas residuales que deban ser denegadas por exceder su composición de los valores permitidos para su autorización podrán ser objeto de autorización provisional siempre que el solicitante presente un plan de adecuación del vertido para ajustar dichos valores y el sistema de depuración al que se transporte pueda soportar el vertido durante la fase de adecuación. El plazo de esta autorización provisional no excederá de un año, valorándose el cumplimiento de dicho plan y su adecuación a los valores permitidos.

Primera

Se faculta al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para aprobar por decreto las disposiciones reglamentarias que se consideren necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.

Segunda

Se faculta al Consejo de Gobierno para actualizar la cuantía de las sanciones de acuerdo con las variaciones del índice de precios al consumo.

Tercera

En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno aprobará un texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de abastecimiento de aguas, saneamiento y vertido de aguas residuales, pudiendo regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que hayan de ser refundidos.