Artículo 1

Es objeto de esta Ley la regularización de la materia urbanística en el territorio de Cataluña.

Artículo 2

La actividad urbanística se referirá a los siguientes aspectos:

• a) Planeamiento urbanístico.
• b) Régimen urbanístico del suelo.
• c) Ejecución de la obra urbanizadora.
• d) Fomento e intervención del ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y edificación.

Artículo 3

1. La competencia urbanística concerniente al planeamiento comprenderá las siguientes facultades:

• a) Formular el Plan Territorial General y los Territoriales Parciales.
• b) Formular Planes Directores Territoriales de Coordinación, Planes Generales Municipales y Normas complementarias y Subsidiarias de Planeamiento.
• c) Emplazar los centros de producción y de residencia de manera más conveniente para la mejor distribución de la población en el territorio.
• d) Dividir el territorio municipal en áreas de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.
• e) Establecer zonas diferentes de utilización según la densidad de la población que haya de habitarlas, porcentajes de terreno que pueda ser ocupado por construcciones, volumen, forma, número de plantas clase y destino de los edificios, con criterios de ordenación generales uniformes para cada zona.
• f) Formular el trazado de las vías públicas y medios de transporte.
• g) Establecer espacios libres para parques y jardines públicos en proporción adecuada a las necesidades colectivas, en los términos establecidos en esta Ley.
• h) Señalar el emplazamiento y características de los centros y servicios de interés público y social, centros docentes, aeropuertos y lugares análogos.
• i) Determinar la configuración de las parcelas edificables.
• j) Limitar el uso del suelo y de las edificaciones.
• k) Orientar la composición arquitectónica de las edificaciones y regular, en los casos que fuera necesario, sus características estéticas.

2.

La competencia urbanística en orden a régimen del suelo comprenderá las siguientes funciones:

• a) Procurar que el suelo se utilice en congruencia con la utilidad pública y la función social de la propiedad.
• b) Impedir la desigual atribución de los beneficios y cargas del planeamiento entre los propietarios afectados imponiendo la justa distribución.
• c) Regular el mercado de terrenos urbanos y urbanizables como garantía del derecho constitucional de vivienda digna.
• d) Afectar el aumento del valor del suelo originado por el planeamiento al pago de los gastos de urbanización.
• e) Asegurar el uso racional del suelo en cuanto al mantenimiento de una densidad adecuada al bienestar de la población.
• f) Adquirir terrenos y construcciones para constituir patrimonios de suelo.

3.

La competencia urbanística en lo que se refiere a la ejecución de la obra urbanizadora confiere las siguientes facultades:

• a) Canalizar, dirigir, realizar, conceder y fiscalizar la ejecución de las obras de urbanización.
• b) Expropiar los terrenos y construcciones necesarias para efectuar las obras y cuantas actuaciones convengan a la economía de la urbanización.

4.

La competencia urbanística en orden al fomento e intervención en el ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y de la edificación incluirá las siguientes facultades:

• a) Ceder terrenos edificables y derechos de superficies.
• b) Intervenir la parcelación.
• c) Exigir a los propietarios que edifiquen en plazos prefijados.
• d) Imponer la enajenación cuando no se edificaren en el tiempo y forma previstos.
• e) Prohibir los usos que no se ajusten al Planeamiento.
• f) Intervenir en la construcción y uso de las fincas.
• g) Promover la posibilidad de que se faciliten a los propietarios los medios necesarios para cumplir las obligaciones impuestas por esta Ley.

5. Las citadas facultades tendrán carácter enunciativo y no limitativo. La competencia urbanística incluirá cuantas otras fueren congruentes para ser ejercidas de acuerdo con esta Ley.

Artículo 4

1. La gestión urbanística podrá encomendarse a organismos de carácter público, a la iniciativa privada y a entidades mixtas.

2. La gestión pública suscitará, en la medida más amplia posible, la iniciativa privada y la sustituirá cuando ésta no llegase a cumplir los objetivos necesarios con las compensaciones que esta Ley establece. En la formulación, tramitación y gestión del planeamiento urbanístico los órganos competentes deberán asegurar la mayor participación de los interesados y en particular, los derechos de iniciativa e información por parte de las corporaciones, asociaciones y particulares.