La ejecución de sentencias no es un trámite burocrático residual: forma parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), como declara el Tribunal Constitucional, entre otras, en las SSTC 67/1984, de 7 de junio, y 73/1991, de 8 de abril. Sin ejecución, las resoluciones judiciales son papel mojado. Y en España la ejecución civil falla de forma sistémica.

En el mismo sentido, la STS de 10 de mayo de 2007 proclama: "La ejecución de sentencias es, por tanto, parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y es, además, cuestión de esencial importancia para dar efectividad a la cláusula del Estado Social y democrático de Derecho".

La eficacia de la ejecución no es una cuestión doméstica: influye en el desarrollo económico y en la igualdad social y afecta de lleno a la confianza de la ciudadanía en las instituciones. 

El estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona y el grupo AQR-Lab de la Universidad de Barcelona (Impacto económico del sistema de ejecución de sentencias judiciales y propuestas de mejora, 2018) constató el impacto que una mayor y más rápida ejecución de sentencias tendría en el PIB. Con los datos actuales, peores que entonces, sus conclusiones mantienen plena vigencia.

El estudio de Palumbo, Giupponi, Nunziata y Mora-Sanguinetti publicado por la OCDE en 2013 concluyó que un aumento del 10% en la duración de los procedimientos se asocia a una merma aproximada de dos puntos porcentuales en la confianza en la justicia, un servicio público que ya sale mal parado en los barómetros del CIS.

En la misma línea, Mora-Sanguinetti (Papeles de Economía Española, n.º 168, 2021) estima que aumentar en un punto porcentual la proporción de ejecuciones resueltas sobre el total de pendientes e ingresadas se asocia con un incremento de unos 0,32 puntos porcentuales en la ratio de crédito empresarial sobre el PIB. Y, según el mismo autor, cada punto de congestión judicial detrae unas 3.400 viviendas del mercado del alquiler en Madrid y 3.100 en Barcelona.

A su vez, las encuestas de préstamos bancarios del Banco de España de julio de 2023 y enero de 2024 recogen que los créditos dudosos contribuyen a endurecer las condiciones de financiación de familias y empresas. El retraso en recuperar lo impagado repercute en los cumplidores.

Evidenciada la influencia de la ejecución para la sociedad, los datos sobre el deficiente estado de la ejecución en España difícilmente admiten una refutación consistente.

Los datos propios tampoco invitan al optimismo. Según la última Memoria del CGPJ correspondiente al ejercicio 2025, las ejecuciones civiles ingresadas crecieron un 24,8% y las resueltas solo un 15,9%, de modo que las pendientes aumentaron un 7,4%, hasta 2.576.980. La duración media estimada alcanza los 43,7 meses (41 el año anterior), en una tendencia ascendente que se repite y con notables diferencias entre Comunidades Autónomas: una desigualdad territorial incompatible con la igualdad ante la ley (art. 14 CE), que consolida la perniciosa idea de las justicias a distintas velocidades, denunciadas por algunos operadores jurídicos.

Es cierto que el porcentaje de subastas judiciales electrónicas que logran alguna puja ha mejorado sensiblemente, del 46,31% en 2019 al 65,3% en 2025, según la Memoria del CGPJ. Aun así, la subasta judicial sigue siendo un mercado marginal de postores profesionales, ajeno al ordinario, con un sistema de pujas y tipos mínimos farragoso, contrario a la libre y competitiva formación del precio, propia de una economía de mercado.

La Ley 19/2015, de 13 de julio, que creó el Portal de Subastas, no ha cumplido sus objetivos de transparencia, rendimiento, visibilidad e información: el portal no ofrece información posesoria actualizada ni de cargas o gravámenes (gastos de comunidad, deudas con organismos públicos, etc.), ni permite visitar realmente los inmuebles.

Liquidar activos no es función propia de los tribunales y, como demuestra la experiencia concursal, el mercado obtiene mejores precios, en beneficio de acreedor y deudor.

En cuanto a las razones de esta realidad, las elevadas cargas de trabajo son un hecho incontestable. Pero, aunque se esgriman como un mantra junto con la carencia de medios (también indudable), no son la única causa de la ineficacia de la ejecución (y, en general, de todo el proceso judicial).

El estudio de la OCDE antes citado pone de manifiesto que importa la organización judicial, no solo el presupuesto. Así, Suiza e Italia, con un gasto en tribunales próximo al 0,2% del PIB, presentaban duraciones medias de los procedimientos civiles de unos 130 días en Suiza y aproximadamente cuatro veces más en Italia.

Los últimos datos de la CEPEJ, publicados en 2026 con información correspondiente a 2024, refuerzan la idea de que el problema no puede reducirse a una simple falta de personal. España cuenta con 11,1 jueces profesionales por cada 100.000 habitantes, frente a una mediana de la Unión Europea de 23,4; pero dispone, al mismo tiempo, de 103,2 empleados judiciales no jue-ces por cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 59,4 de mediana europea, y una tasa de órganos judiciales por habitante superior igualmente a la media comparada.
Contextualizada la situación, no podemos caer en la miopía corporativista de negar la realidad ni en el simplismo de cargar la responsabilidad sobre los LAJ, que dirigimos la ejecución con ejemplaridad, con los anticuados y escasos medios tecnológicos de que disponemos.

A mi juicio, el estado actual de la ejecución judicial (especialmente la patrimonial) responde a cinco causas: a) alta morosidad, b) defectos de arquitectura institucional, c) falta de herramientas ejecutivas similares a las de la AEAT, d) burocratización del proceso y e) un régimen funcionarial desfasado, sin incentivos ni rendición de cuentas, que favorece la igualación a la baja, dando lugar a una arraigada cultura del atrincheramiento (término acuñado por el sociólogo laborista Giddens).

La comparativa con el sistema ejecutivo de la AEAT es muy ilustrativa y refleja el escaso interés político que suscita la Administración de Justicia (por su reducido rédito electoral): la AEAT embarga, compensa y ejecuta con una agilidad que la jurisdicción civil no alcanza ni de lejos porque no cuenta con las herramientas punteras de la Administración tributaria.

Uno de los puntos más disfuncionales del sistema es la gestión de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales (CDCJ), donde se acumula dinero perteneciente a los justiciables, con demoras notables en su devolución y una carga administrativa que recae, de forma impropia, sobre el Letrado de la Administración de Justicia.

Por todo ello, propongo seis medidas jurídicas, materiales y presupuestarias, sin especial complejidad, para revertir esta situación:

1. Robotizar las transferencias de la CDCJ y conectarla con el sistema de gestión procesal. No tiene sentido que un cuerpo superior jurídico dedique tiempo a ordenar transferencias manualmente cuando esa función puede automatizarse, limitando la intervención del LAJ a la validación. Es, probablemente, la medida de mayor impacto y de más fácil implementación.

2. Pago directo extrajudicial al acreedor. La demanda declarativa y la ejecutiva deberían incorporar la cuenta del acreedor, de modo que el condenado o el ejecutado pague directamente a éste (con algunas excepciones, como la concurrencia de terceros preferentes), reservando la consignación en la CDCJ para los casos de negativa acreditada a recibir el pago (mora accipiendi). Los tribunales no son intermediarios entre las partes en el cumplimiento de obligaciones (SAP Madrid, Sección 25.ª, 6/2009, de 20 de enero). Además, ese dato es la base para automatizar la cuenta.

3. Convertir la realización por entidad especializada en la regla general para la venta de inmuebles. Tras la LO 1/2025, de 2 de enero, el art. 641 LEC ha quedado sin contenido y la realización por entidad especializada se ha reconducido al convenio de realización del art. 640. Se propone darle carácter preferente frente a la subasta judicial, con facultad del LAJ para acordarla de oficio y siempre bajo su aprobación y supervisión final. La experiencia concursal avala esta opción.

4. Herramientas de inteligencia artificial para los LAJ. La Instrucción 2/2026, de 28 de enero, del Pleno del CGPJ regula el uso por jueces y magistrados de sistemas de IA facilitados por las administraciones competentes o validados por el Consejo. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes acaba de desarrollar, además, una herramienta de IA para agilizar en la Fiscalía los procedimientos por alcoholemia. Los LAJ necesitamos herramientas equivalentes.

5. Automatizar resoluciones de contenido predeterminado: despacho de ejecución en ejecuciones dinerarias (auto y decreto), ampliaciones, diligencias de ordenación y resoluciones de mero trámite, aprovechando las actuaciones automatizadas y asistidas que ya prevé el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre.

6. Definir con precisión la función ejecutiva atribuida a los procuradores por la LO 1/2025 (art. 23 LEC y art. 543 LOPJ), perfilando su estatuto en la línea de modelos exitosos como el agente de execução portugués o el commissaire de justice francés, en los que profesionales colegiados asumen actos materiales de ejecución bajo supervisión judicial.

Por último, conviene reivindicar el papel de los LAJ y proyectar su futuro, máxime tras las funciones que les atribuye la LO 1/2025, hacia una figura de máxima autoridad procesal.

Ello pasa por reforzar su función como verdadero director del proceso, liberándolo de tareas impropias de un cuerpo superior jurídico, como la gestión manual de transferencias, para que asuma nuevas competencias procesales, prosiguiendo la senda abierta por la virtuosa Ley de Jurisdicción Voluntaria: decretos de allanamiento, previa verificación de la reclamación extrajudicial; algunos expedientes de jurisdicción voluntaria o la terminación por carencia sobrevenida de objeto cuando solo se discutan las costas.

Así, además, jueces y magistrados, cuya sobrecarga de trabajo constituye desde hace años un problema estructural reconocido por las propias instituciones, podrán concentrar sus esfuerzos en su verdadera misión constitucional: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.