Sumario

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY

Preámbulo

La Ley de presupuestos generales del Estado para 1990, en su disposición adicional decimoctava, estipuló la concesión de una serie de indemnizaciones a favor de las personas que sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos regulados por la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía.

Por el Decreto 288/2000, de 31 de agosto, la Generalidad amplió la cobertura de aquellas indemnizaciones a personas residentes en Cataluña que, habiendo sufrido privación de libertad en los supuestos previstos por la Ley 46/1977, no cumplían alguno de los requisitos exigidos por dicha disposición adicional decimoctava.

Inicialmente, la base reguladora octava del anexo al Decreto 288/2000, de 31 de agosto, estableció un plazo de seis meses para finalizar el procedimiento para otorgar dichas indemnizaciones, que fue ampliado por el Decreto 145/2001, de 29 de mayo. Si bien la exposición de motivos de este Decreto destacaba en su momento la necesidad de analizar y comprobar el cumplimiento de los requisitos de todas estas solicitudes, la enmienda de deficiencias por los interesados, los informes preceptivos, etc., necesidades que implicaban un lógico retraso de la resolución, no paliable ni con la habilitación de más medios personales y materiales provistos al efecto, ahora, no sólo perduran las mismas dificultades, sino que se prevé que se incrementen con la concesión, por la presente Ley, de un nuevo plazo de presentación de solicitudes. Todo ello aconseja una nueva ampliación del plazo para dictar y notificar la resolución, en interés de todos los afectados.

Hay que aclarar que la apertura de este nuevo plazo de presentación no afecta a las solicitudes en curso, sino que tiene por objeto las solicitudes formuladas anteriormente con el objeto de obtener una indemnización al amparo del Decreto 288/2000, de 31 de agosto, pero que fueron entregadas extemporáneamente, así como las demás solicitudes no presentadas por personas que, a pesar de cumplir los requisitos del artículo 2 del mencionado Decreto, no llegaron a formularlas.

Efectivamente, hay que tener en cuenta, por una parte, a los afectados que, a pesar de cumplir los requisitos exigidos por el artículo 2 del Decreto 288/2000, de 31 de agosto, presentaron la solicitud fuera del plazo establecido por la base reguladora 3.3 del anexo, y, por otra parte, a los que, simplemente, no pudieron presentarla, vistas las dificultades surgidas tanto para unos, como para otros a la hora de disponer de la documentación acreditativa pertinente.

Así, a fin de dar satisfacción al número más amplio de personas afectadas por la represión de las libertades que sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos definidos por la Ley 46/1977, de 15 de octubre, es procedente ampliar el plazo para dictar y notificar las resoluciones relativas a indemnizaciones, cuyo número se incrementará, sin duda, considerablemente. Todo ello justifica que se dicte una norma con rango de ley, de conformidad con lo que exige, para la duración del plazo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.