Sumario

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY

Preámbulo

La Ley 1/2009, de 12 de febrero, de la Autoridad Catalana de la Competencia, en su título II, relativo a la organización, establece que dicho organismo se estructura en el presidente o presidenta, el director general o directora general y el Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia. En el preámbulo hace constar que, para el ejercicio de la mayor parte de sus funciones, sus órganos requieren la máxima independencia, razón por la cual fija una duración en el ejercicio de los respectivos cargos de seis años no renovables y establece unas causas tasadas de cese o suspensión en su ejercicio.

Asimismo, y especialmente en cuanto al director general o directora general, dicha Ley 1/2009 establece una garantía adicional de independencia, ya que determina que, en el ejercicio de las competencias ejecutivas de la Generalidad en la materia, su dependencia del presidente o presidenta es meramente orgánica, no funcional. Esta garantía, por sí misma, es suficiente y hace innecesario mantener, respecto al director general o directora general, la garantía adicional referente a la duración del cargo, plenamente justificada en lo concerniente al presidente o presidenta y a los vocales del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia por razón de la función decisoria que les corresponde. Por otra parte, con esta reforma, y sin perjuicio de dicha garantía adicional, establece para el director general o directora general un estatus jurídico homologable al del resto de los cargos equivalentes de la Administración de la Generalidad y de su sector público.

De conformidad con lo expuesto, la presente ley se estructura en un artículo único, por el que se modifica el régimen de nombramiento, cese e incompatibilidades del director general o directora general de la Autoridad; una disposición transitoria, referida al régimen de aplicación a la persona que en el momento de su entrada en vigor ejerce dichas funciones, y una disposición final de entrada en vigor.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir