Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevenci髇 y control ambiental de las actividades

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Sumario

T閚gase en cuenta que conforme al n鷐ero 3 de la disposici髇 final primera de la Ley [CATALU袮] 11/2011, 29 diciembre, de reestructuraci髇 del sector p鷅lico para agilizar la actividad administrativa (獶.O.G.C.� 30 diciembre), las referencias que hace la presente norma a las oficinas de gesti髇 ambiental unificada deben entenderse hechas al 髍gano que determine el Gobierno.LE0000470161

El Presidente de la Generalidad de Catalu馻

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Catalu馻 ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 65 del Estatuto de autonom韆 de Catalu馻, promulgo la siguiente

LEY

Pre醡bulo

El art韈ulo 46 del Estatuto de autonom韆 de Catalu馻 establece que los poderes p鷅licos deben velar por la protecci髇 del medio ambiente a trav閟 de pol韙icas p鷅licas basadas en el desarrollo sostenible y la solidaridad intergeneracional. A馻de que las pol韙icas ambientales tienen que dirigirse especialmente a reducir las diferentes formas de contaminaci髇, fijar est醤dares y niveles m韓imos de protecci髇, articular medidas correctivas del impacto ambiental, utilizar racionalmente los recursos naturales, prevenir y controlar la erosi髇 y las actividades que alteran el r間imen atmosf閞ico y clim醫ico, y respetar los principios de preservaci髇 del medio.

De acuerdo con estos preceptos, el art韈ulo 144.1 del Estatuto de autonom韆 de Catalu馻 establece que corresponden a la Generalidad la competencia compartida en materia de medio ambiente y la competencia para dictar normas adicionales de protecci髇. Se a馻de que esta competencia incluye, entre otros, la prevenci髇, la restauraci髇 y la reparaci髇 de da駉s al medio ambiente, la regulaci髇 del ambiente atmosf閞ico y de las diversas formas de contaminaci髇 y el establecimiento de otros instrumentos de control de la contaminaci髇.

La Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervenci髇 integral de la Administraci髇 ambiental, estableci� en Catalu馻 el modelo de prevenci髇 y control integrados de la contaminaci髇 instaurado por la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, de prevenci髇 y control integrados de la contaminaci髇 (IPPC).

En los 鷏timos a駉s, sin embargo, el Estado ha aprobado una serie de normas con car醕ter de legislaci髇 b醩ica que, junto con la reciente modificaci髇 y la sustituci髇 de la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, por la Directiva 1/2008, de 15 de enero, de prevenci髇 y control integrados de la contaminaci髇, obligan a modificar la Ley 3/1998, de 27 de febrero, y a adecuar los reg韒enes de intervenci髇 ambiental a la regulaci髇 establecida, en concreto, a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci髇 y control integrados de la contaminaci髇, a la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derechos de acceso a la informaci髇, de participaci髇 p鷅lica y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y al Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluaci髇 de impacto ambiental de proyectos.

Al mismo tiempo, esta ley pretende superar las dificultades que se han presentado a ra韟 de la regulaci髇 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, e incorporar otros requerimientos derivados de modificaciones recientes de la legislaci髇 ambiental sectorial. La ejecuci髇 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, ha evidenciado la dificultad de aplicar algunos de sus preceptos y la complejidad del procedimiento de intervenci髇 administrativa para determinadas categor韆s de actividades. Por ello, esta ley pretende racionalizar y simplificar tr醡ites y corregir las determinaciones que han generado dudas y han originado pr醕ticas de gesti髇 claramente mejorables.

El sistema de intervenci髇 administrativa ambiental que establece esta ley se basa, tal y como se estableci� en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, en el hecho de que las autoridades competentes deben asegurarse, antes de conceder una autorizaci髇 y una licencia ambientales, que se han fijado las medidas adecuadas de prevenci髇 y reducci髇 de la contaminaci髇 en el medio, incluidas la atm髎fera, el agua y el suelo. A tal fin se fijan en la autorizaci髇 ambiental los valores l韒ite de emisi髇 y se consideran, si procede, las mejores t閏nicas disponibles en cada momento. Estas mejores t閏nicas ya establecen los casos en los que la situaci髇 especial del entorno de las actividades justifica la aplicaci髇 de medidas adicionales de protecci髇.

Esta ley integra, con una voluntad de simplificaci髇 administrativa clara, la evaluaci髇 del impacto ambiental de las actividades relacionadas en el anexo I de la misma ley en el procedimiento de otorgamiento de la autorizaci髇 ambiental.

Esta integraci髇 de diferentes reg韒enes de intervenci髇 administrativa ambiental se enmarca en la estrategia del Consejo Europeo de Lisboa del a駉 2000, que tiene como objetivo compaginar la necesaria reducci髇 de cargas administrativas para las personas que ejercen actividades econ髆icas con el respeto y las garant韆s en la prevenci髇 y el control del medio ambiente que pide la sociedad.

Los objetivos de facilitaci髇 de tr醡ites en la actividad econ髆ica y de simplificaci髇 administrativa est醤 presentes, de hecho, en el conjunto del sistema de intervenci髇 administrativa ambiental que regula esta ley, en cumplimiento de los compromisos adquiridos para mejorar la competitividad de la econom韆 catalana y eliminar las trabas administrativas innecesarias a que nos obliga la Uni髇 Europea.

Por ello, por una parte, la presente ley establece un sistema de intervenci髇 integral, ateni閚dose a la mayor o a la menor incidencia ambiental de las actividades, pero limitado 鷑icamente a los aspectos ambientales. La intervenci髇 administrativa por raz髇 de otras materias, como por ejemplo la seguridad y la salud de las personas, se rige por la legislaci髇 de r間imen local y por la normativa sectorial correspondiente. Por su parte, aunque la ley regula reg韒enes de intervenci髇 de car醕ter estrictamente ambiental, tambi閚 reconoce que es preciso establecer mecanismos que permitan tramitar simult醤eamente el conjunto de intervenciones preceptivas respecto a una misma actividad.

Es tambi閚 un objetivo de esta ley establecer, de una manera clara, que la responsabilidad sobre las instalaciones, y la apertura y el funcionamiento de las actividades, corresponde tanto a las personas titulares y al personal t閏nico de la actividad como a las personas que han de controlar su funcionamiento.

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protecci髇 de la atm髎fera ha derogado, de forma expresa, el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, declarado inaplicable en Catalu馻 por la disposici髇 adicional sexta de la Ley 3/1998, de 27 de febrero. Los conceptos tradicionales de peligrosidad, insalubridad, nocividad y molestia que se defin韆n en este decreto, y tambi閚 el establecimiento de medidas de alejamiento de las actividades respecto a los n鷆leos de poblaci髇, quedaron sustituidos a partir de la Ley 3/1998, por la utilizaci髇 de las condiciones y mejores t閏nicas ambientales disponibles en cada caso para garantizar la protecci髇 del medio ambiente y la poblaci髇.

Esta ley se estructura en diez t韙ulos. El t韙ulo primero, relativo a las disposiciones generales, contiene las finalidades de la misma, el 醡bito de aplicaci髇 y un cuadro de definiciones amplio, y tambi閚 las condiciones generales de funcionamiento de las actividades y las obligaciones generales de los titulares de estas actividades. En este t韙ulo destaca la determinaci髇 de los reg韒enes de intervenci髇 administrativa a los que se someten las diferentes categor韆s de actividades, enumeradas en los anexos I, II, III y IV de la presente ley, ateni閚dose a la mayor o a la menor incidencia ambiental. Finalmente, el t韙ulo primero se completa con las referencias a los valores l韒ite de emisi髇, la informaci髇 ambiental necesaria para gestionar los reg韒enes de intervenci髇 administrativa y el uso de medios t閏nicos.

El t韙ulo segundo establece el r間imen de la autorizaci髇 ambiental de las actividades con la evaluaci髇 del impacto ambiental y el r間imen de declaraci髇 del impacto ambiental de las actividades, conjuntamente con una autorizaci髇 sustantiva.

En el r間imen de autorizaci髇 ambiental de las actividades con evaluaci髇 de impacto ambiental se establece la integraci髇 de los dos principales sistemas de intervenci髇 administrativa para prevenir y reducir en origen la contaminaci髇. Estos sistemas son la autorizaci髇 ambiental y la declaraci髇 de impacto ambiental y recaen sobre las actividades productivas que tienen un potencial de incidencia ambiental elevado. La Administraci髇 de la Generalidad tiene la competencia para resolver el procedimiento 鷑ico en el que ahora confluyen estos dos sistemas.

A pesar de que la integraci髇 de ambos sistemas en un procedimiento 鷑ico puede tener la apariencia de una mayor complejidad en la tramitaci髇, la presente ley, mediante el establecimiento de umbrales concretos y situaciones determinadas en las que no es preciso evaluar las actividades establecidas en el anexo II del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluaci髇 de impacto ambiental de proyectos, otorga m醩 seguridad jur韉ica a los titulares de las actividades afectadas y, a la vez, elimina la carga del procedimiento administrativo de consulta previa.

Es preciso remarcar el hecho de que el r間imen de autorizaci髇 es estrictamente ambiental, excepto en el caso de las actividades con un riesgo de accidentes m醩 grandes, supuesto en el que la participaci髇 del 髍gano que tiene la competencia sustantiva sobre esta materia se integra en el procedimiento de autorizaci髇 ambiental. El municipio en el que se lleva a cabo la actividad tambi閚 participa en este procedimiento mediante un informe ambiental referido a las materias de su competencia.

En cuanto al r間imen de declaraci髇 de impacto ambiental de las actividades con autorizaci髇 sustantiva, la acci髇 de prevenci髇 ambiental se integra en el procedimiento de autorizaci髇 sustantiva que es competencia del 髍gano que tiene la competencia sectorial.

El t韙ulo tercero establece el r間imen de intervenci髇 de la licencia ambiental de competencia municipal.

En este t韙ulo se regulan todas las actividades que, por su incidencia en el medio ambiente, han de someterse obligatoriamente a alg鷑 r間imen de intervenci髇 preventiva ambiental, de estricta competencia municipal. La participaci髇 de la Administraci髇 de la Generalidad en el procedimiento de otorgamiento de la licencia ambiental se limita a la emisi髇 de los informes preceptivos, de acuerdo con la presente ley o con el desarrollo reglamentario de la ley, o de acuerdo con la normativa sectorial ambiental de aplicaci髇.

Se establece, tambi閚, la intervenci髇 de los consejos comarcales, que han de dar la suficiencia t閏nica y jur韉ica a los municipios y garantizar, en todos los casos, un elevado grado de autonom韆 a los ayuntamientos para definir su relaci髇 con el ente comarcal.

Asimismo, se difiere a la regulaci髇 de las ordenanzas municipales la posibilidad de someter algunas de estas intervenciones preventivas al r間imen de comunicaci髇, en funci髇 de la ubicaci髇 urban韘tica, de las caracter韘ticas ambientales del medio receptor y de otros factores de incidencia ambiental, siempre y cuando no lo impida el cumplimiento de la normativa sectorial ambiental.

El t韙ulo cuarto regula el r間imen de comunicaci髇, que tambi閚 es de competencia municipal. La prevenci髇 ambiental, en este caso, se lleva a cabo mediante el acto de certificaci髇 t閏nica del cumplimiento de las normas ambientales. No hay la posibilidad de someter estas actividades a un r間imen de licencia ambiental, al mismo tiempo que se refuerza el cumplimiento de los requerimientos ambientales y la apertura de la actividad bajo la responsabilidad de las personas o la empresa titulares y del personal t閏nico.

El t韙ulo quinto establece los reg韒enes de intervenci髇 ambiental de las pruebas o de las actuaciones dirigidas a investigar, desarrollar y experimentar nuevos productos y procesos.

El t韙ulo sexto establece los reg韒enes de intervenci髇 ambiental coordinados con otras intervenciones municipales. En las actividades sujetas a la legislaci髇 sectorial de espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas y, si procede, otras actividades sometidas a la licencia o comunicaci髇 municipal sustantiva que se determine, la evaluaci髇 ambiental de la actividad se integra en el procedimiento de otorgamiento de la licencia o comunicaci髇 municipal sustantiva.

Asimismo, la evaluaci髇 ambiental de los proyectos de equipamientos y servicios de titularidad municipal se integra en el procedimiento de aprobaci髇 del proyecto correspondiente.

El t韙ulo s閜timo contiene las disposiciones legales comunes a todos los reg韒enes de intervenci髇 ambiental regulados por la ley, entre las que destacan las disposiciones referentes a la intervenci髇 administrativa de las modificaciones, la caducidad y la revisi髇 de la autorizaci髇 y la licencia ambientales, y las especificidades de las explotaciones ganaderas.

El t韙ulo octavo establece el r間imen de control de las actividades, que se regula para las diferentes categor韆s de actividades. Las caracter韘ticas m醩 significativas son el fomento de los sistemas de autocontrol 玡specialmente mediante el sistema de ecogesti髇 y ecoauditor韆 (EMAS)� y la necesidad de disponer de la informaci髇 de la acci髇 de control inicial que evite las dilaciones injustificadas al realizar las actividades debido al riesgo que supone, para el medio ambiente y para la poblaci髇, un per韔do de puesta en marcha muy prolongado. Este t韙ulo establece la periodicidad de los controles, que, generalmente, son de dos a駉s para las actividades del anexo I.1, de cuatro a駉s para las actividades de los anexos I.2 y I.3, y de seis a駉s para las actividades de los anexos II y IV.

El t韙ulo noveno regula los reg韒enes de inspecci髇, sancionador y de ejecuci髇 forzosa. En tanto que la presente ley es fundamentalmente procedimental y no regula aspectos materiales que desarrollan las respectivas legislaciones ambientales sectoriales, no establece un r間imen sancionador en materia de recursos naturales y agentes contaminantes. La presente ley remite, tanto en los casos en los que se ha producido un da駉 o un grave deterioro para el medio ambiente como en los casos en los que se ha puesto en grave riesgo la seguridad o la salud de las personas, a los reg韒enes sancionadores, de ejecuci髇 forzosa y de responsabilidad establecidos por la normativa sectorial espec韋ica.

El r間imen sancionador que afecta a las actividades sujetas a la legislaci髇 b醩ica estatal en materia de prevenci髇 y control integrados de la contaminaci髇 se except鷄, sin embargo, de este criterio, ya que esta legislaci髇 establece una tipificaci髇 de infracciones procedimentales y materiales que incluye los casos anteriores.

El t韙ulo d閏imo determina el establecimiento y la ordenaci髇 de tasas para prestar los servicios administrativos relativos a los procedimientos de autorizaci髇, licencia o comunicaci髇 ambientales, as� como los de la declaraci髇 de impacto ambiental, de conformidad con los principios de coste real o coste previsible que establece la legislaci髇 reguladora de las haciendas p鷅licas.

La disposici髇 adicional primera recoge los principios de no concurrencia, simultaneidad y coordinaci髇, en relaci髇 con las intervenciones administrativas de los entes locales y de los departamentos competentes en materias de seguridad y salud de las personas que se tienen en cuenta en la apertura de actividades y que no est醤 reguladas en la presente ley. La intervenci髇 en estas materias debe ejercerse en los t閞minos que determina, en cada caso, la legislaci髇 sectorial de aplicaci髇.

La disposici髇 adicional segunda muestra la necesidad de que las normativas sectoriales que inciden en el ejercicio de las actividades determinen la simultaneidad de las tramitaciones administrativas.

La disposici髇 adicional tercera establece que, en los casos en los que se han de efectuar los controles iniciales de las actividades seg鷑 las determinaciones de la presente ley y, a la vez, debe hacerse una actuaci髇 de comprobaci髇 previa de acuerdo con la Ley de prevenci髇 y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios, puede hacerse una 鷑ica actuaci髇 de control.

La disposici髇 adicional cuarta crea la Comisi髇 de Evaluaci髇 y Seguimiento para la aplicaci髇 de la presente ley. La complejidad de la intervenci髇 administrativa ambiental y la heterogeneidad tanto de las actividades como del medio receptor hacen necesario un seguimiento esmerado y puntual de la aplicaci髇 que permita corregir con eficacia las eventuales disfuncionalidades que surjan. En esta comisi髇 participan las administraciones y las agrupaciones empresariales, sindicales y profesionales que est醤 m醩 directamente implicadas.

La disposici髇 adicional quinta encomienda a la Comisi髇 de Gobierno Local la elaboraci髇 de propuestas de procedimientos administrativos y ordenanzas fiscales para contribuir a la armonizaci髇 en la actuaci髇 de los entes locales.

La disposici髇 adicional sexta establece el otorgamiento de bonificaciones fiscales espec韋icas a las empresas que dispongan del certificado del sistema de ecogesti髇 y ecoauditor韆 de la Uni髇 Europea (EMAS), ya que garantizan la excelencia empresarial en materia ambiental.

La disposici髇 adicional s閜tima precisa que, a los efectos de lo que establece la letra a, p醨rafo segundo, del art韈ulo 7.1, se entiende que cuando se produce la modificaci髇 de las legislaciones de origen quedan modificados autom醫icamente sus anexos.

En las disposiciones transitorias se regula el desarrollo de los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley, el r間imen transitorio de las entidades colaboradoras de la Administraci髇 ambiental, y las actuaciones de control y las revisiones de las autorizaciones y de las licencias ambientales existentes para ajustarlas a las condiciones m醩 beneficiosas establecidas por esta ley. Tambi閚 se determina un procedimiento marco regulador de la intervenci髇 administrativa de los entes locales en los 醡bitos relacionados con el control preventivo de las actividades que no disponen de un procedimiento espec韋ico para ejercerlo, con el fin de dar cobertura legal a la intervenci髇 administrativa de los entes locales en las materias que no est醤 integradas, de una manera procedimental, en la intervenci髇 administrativa ambiental.

Finalmente la presente ley, adem醩 de los anexos mencionados en los t韙ulos correspondientes a las diversas actividades sometidas a los diferentes reg韒enes de intervenci髇 administrativa ambiental, recoge el anexo V, relativo a los criterios de selecci髇 del procedimiento de evaluaci髇 de impacto ambiental de las actividades del anexo II, y el anexo VI, relativo a los informes preceptivos en materia de medio ambiente.