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Base de Datos de Legislación

Ley 24/1991, de 29 de noviembre, de la Vivienda

Ficha:
  • ÓrganoPRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
  • Publicado en DOGC núm. 1541 de 15 de Enero de 1992 y BOE núm. 42 de 18 de Febrero de 1992
  • Vigencia desde 04 de Febrero de 1992. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2002
Versiones/revisiones:

Sumario

Derogado por
LE0000253994_20200122Ir a NormaL 18/2007 de 28 Dic. CA Cataluña (derecho a la vivienda)
Norma afectada por
Afectaciones recientes
1/1/2002
LE0000169974_20020101Ir a NormaR PTO/586/2002 de 8 Mar. CA Cataluña (conversión a euros de los importes de las tasas, sanciones y otras cantidades correspondientes a los procedimientos tramitados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas)
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Cuantías expresadas en los términos que contiene el apartado 2.i) del Anexo de la Res. [CATALUÑA] PTO/586/2002, 8 marzo, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los importes de las tasas, sanciones y otras cantidades correspondientes a los procedimientos tramitados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas («D.O.G.C.» 25 marzo).LE0000008493_20020101Ir a NormaCuantías expresadas en los términos que contiene el apartado 2.j) del Anexo de la Res. [CATALUÑA] PTO/586/2002, 8 marzo, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los importes de las tasas, sanciones y otras cantidades correspondientes a los procedimientos tramitados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas («D.O.G.C.» 25 marzo).LE0000008493_20020101Ir a NormaCuantías expresadas en los términos que contiene el apartado 2.j) del Anexo de la Res. [CATALUÑA] PTO/586/2002, 8 marzo, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los importes de las tasas, sanciones y otras cantidades correspondientes a los procedimientos tramitados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas («D.O.G.C.» 25 marzo).LE0000008493_20020101Ir a Norma
LE0000164637_20190712Ir a NormaL 21/2001 de 28 Dic. CA Cataluña (medidas fiscales y administrativas)
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Artículo 39 redactado por el artículo 60 de la Ley [CATALUÑA] 21/2001, 28 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre; corrección de erratas «D.O.G.C.» 6 febrero 2002).LE0000008493_20020101Ir a Norma
Otras afectaciones anteriores
LE0000011265_19980619Ir a NormaL 7/1998 de 8 Jun. (modificación del art. 39 de la L 24/1991 de 29 Nov., vivienda)
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Artículo 39 redactado por Ley [CATALUÑA] 7/1998, 8 junio, de modificación del artículo 39 de la Ley 24/1991, de 29 de noviembre, de la vivienda («D.O.G.C.» 11 julio).
LE0000009532_20191231Ir a NormaL 13/1996 de 29 Jul. CA Cataluña (registro y depósito de fianzas de los contratos de fincas urbanas y modificación de la L 24/1991 de 29 Nov., de la vivienda)
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Número 2 del artículo 24 redactado por Ley [CATALUÑA] 13/1996, 29 julio, del Registro y el Depósito de Fianzas de los Contratos de Alquiler de Fincas Urbanas y de modificación de la Ley 24/1991 de la Vivienda («D.O.G.C.» 2 agosto).
LE0000080999_19940802Ir a NormaDLeg. 16/1994 de 26 Jul. CA Catuluña (de adecuación a la L 30/1992 de 26 Nov., de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, las leyes que afectan al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas)
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Número 3 del artículo 72 introducido por D Leg. [CATALUÑA] 16/1994, 26 julio, por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, normas con rango de Ley que afectan al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas («D.O.G.C.» 1 agosto).Número 1 del artículo 56 redactado por D Leg. [CATALUÑA] 16/1994, 26 julio, por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, normas con rango de Ley que afectan al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas («D.O.G.C.» 1 agosto).Número 2 del artículo 73 redactado por D Leg. [CATALUÑA] 16/1994, 26 julio, por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, normas con rango de Ley que afectan al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas («D.O.G.C.» 1 agosto).
LE0000253994Ir a Norma derogadora Ley [CATALUÑA] 24/1991, 29 noviembre, derogada por la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 18/2007, 28 diciembre, del derecho a la vivienda («D.O.G.C.» 9 enero 2008) el 9 de abril de 2008.

Preámbulo

Todas las personas tienen constitucionalmente reconocido el derecho a una vivienda digna. El ejercicio de este derecho motiva, a la mayoría de las familias, uno de los gastos más importantes a lo largo de su vida. Por tanto, las administraciones públicas tienen el deber de velar por la calidad de las viviendas y por las condiciones en las que se accede a las mismas, dedicando una atención especial a las formas de acceso de las familias económicamente menos dotadas.

En buena parte, la mejora generalizada de la calidad de vida para por conseguir unas viviendas ubicadas en lugares aptos pasa uso residencial y edificadas con los requisitos de construcción y habitabilidad.

Velar por la consecución de estas finalidades es una clara competencia de la Generalidad de Cataluña y de los entes locales.

Por otra parte, la normativa general de defensa del consumidor y del usuario impone la necesaria claridad informativa en el arrendamiento y la transmisión de viviendas.

El papel de la Administración pública en materia de vivienda debe ser, además, activo y protagonista, dado que le corresponde impulsar el sector y tomar las medidas oportunas para hacer efectivo el ejercicio de este derecho.

Corresponde finalmente a la Administración establecer las medidas necesarias de protección y sanción.

Con este objetivo, la Ley se refiere al proceso edificador desde su previsión en el planeamiento hasta su incorporación en el tráfico jurídico. La Ley define al promotor como agente principal del proceso de la vivienda y refuerza la necesidad de garantizar una fórmula ágil para que el consumidor o el usuario de la vivienda estén protegidos respecto a los vicios y defectos de la construcción.

La Ley vela para que la información referente a la vivienda no implique confusión ni engaño para los destinatarios y pone especial énfasis en los requisitos previos de los diferentes tipos de convenios translativos del dominio o del uso de las viviendas, y en la documentación a entregar a los adquirentes o cesionarios.

El Libro del Edificio se perfila como el documento básico para la identificación de los edificios y el seguimiento de su vida o desarrollo. Uno de los documentos del Libro del Edificio, el DET (Documento de Especificaciones Técnicas) dará las pautas para el uso y la conservación de las viviendas.

Para que el uso de la vivienda sea posible, debe contar con unas acreditaciones ya existentes que la Ley afianza: por un lado, la cédula de habitabilidad, cuyo alcance se amplía a los requisitos de construcción, y, por otro, la licencia de primera ocupación o utilización que apoya el cumplimiento de las condiciones impuestas a las licencias de obras otorgadas por las corporaciones locales.

Las operaciones físicas para conseguir la adecuación constructiva o funcional de las viviendas constituyen la rehabilitación, que se refiere también a su adaptación para superar las barreras que impiden un uso adecuado por las personas con movilidad reducida.

La Ley configura la intervención administrativa como un título para poder proceder a la rehabilitación o adaptación, en defecto de acuerdo entre propietarios y usuarios, sin alterar las repercusiones civiles de las inversiones necesarias.

La política de vivienda de la Generalidad de Cataluña requiere el establecimiento de toda una serie de medidas para el fomento público de la vivienda, política que tendrá que coordinarse con las actuaciones de los entes locales en esta materia.

La Ley distingue dos regímenes en la promoción pública de viviendas, el que comporta la ulterior gestión pública y el de promoción para la enajenación, a fin de atender a todo el abanico de ciudadanos que, de otra manera, se verían cada vez más lejos de hacer efectivo su derecho a una vivienda digna y adecuada.

Estos regímenes no alteran las determinaciones de la legislación estatal en este ámbito, sino que la complementan, y han de permitir la plena configuración de la política catalana en materia de vivienda.

Finalmente, la Ley tipifica los diferentes supuestos de vulneración de las prescripciones legales, siguiendo la sistemática de su propia estructura, y establece las reglas para la calificación de las infracciones, para proteger la legalidad y para sancionar a los responsables.

La Ley, en definitiva, diseña las bases jurídicas que deben permitir hacer frente en Cataluña, en los próximos años, a los cambios profundos en el mercado inmobiliario. La experiencia alcanzada desde las transferencias de competencias y servicios en materia de vivienda en favor de la Generalidad de Cataluña es la mejor garantía de la ejecución de una estrategia política en vivienda que ha de dar más transparencia al mercado y más contundencia al sector público para conseguir un equilibrio de seguridad jurídica y eficacia administrativa, en el marco de los objetivos constitucionales respecto a la vivienda.