Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas

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Sumario

El Presidente de la Generalidad de Catalu馻

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Catalu馻 ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 33.2 del Estatuto de autonom韆 de Catalu馻, promulgo la siguiente

LEY

Pre醡bulo

Junto con la Ley de presupuestos de la Generalidad de Catalu馻 para el a駉 2004, se presenta esta Ley de medidas fiscales y administrativas, que se estructura en dos t韙ulos: el primero, dedicado a las medidas fiscales, y el segundo, dedicado a las medidas administrativas. En conjunto, la Ley contiene cincuenta y ocho art韈ulos, a los cuales es preciso a馻dir las correspondientes disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, que la completan.

El t韙ulo I, que recoge las medidas fiscales, se divide en cuatro cap韙ulos. Es preciso recordar, por lo que respecta a los tributos estatales cedidos, que las normas que contiene la presente Ley han sido dictadas en ejercicio de las competencias asumidas en el marco del actual sistema de financiaci髇, establecido con car醕ter general por la Ley del Estado 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci髇 de las comunidades aut髇omas de r間imen com鷑 y ciudades con estatuto de autonom韆, y, concretamente, por lo que respecta a Catalu馻, por la Ley del Estado 17/2002, de 1 de julio, de r間imen de cesi髇 de tributos del Estado a la Generalidad de Catalu馻 y de fijaci髇 del alcance y condiciones de dicha cesi髇.

El cap韙ulo I, dedicado a los impuestos directos, contiene dos normas referidas al impuesto sobre la renta de las personas f韘icas y al impuesto sobre el patrimonio, respectivamente. En cuanto al impuesto sobre la renta, se establece una nueva deducci髇 en el tramo auton髆ico de la cuota para los contribuyentes que hayan quedado viudos durante el ejercicio. Dicha medida pretende aminorar la carga impositiva que recae sobre el colectivo de personas viudas en el momento inicial de la nueva situaci髇 en que se hallan ya que se considera que requieren una atenci髇 y una protecci髇 especiales. En el supuesto de que la persona contribuyente viuda tenga descendientes a su cargo, se considera pertinente disminuir la carga tributaria que recae sobre la misma, por lo que se fija una deducci髇 superior a la que se establece con car醕ter general. Por otra parte, dado que la condici髇 de viudedad se prolonga en el tiempo y que las dificultades que esta situaci髇 conlleva pueden ser tambi閚 perdurables, se dispone la aplicaci髇 de la deducci髇 fiscal con relaci髇 no s髄o al ejercicio en que la persona contribuyente queda viuda, sino tambi閚 a los dos ejercicios inmediatamente posteriores.

Por lo que se refiere al impuesto sobre el patrimonio, se introduce una bonificaci髇 respecto a los llamados patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes con disminuci髇. Esta instituci髇 ha sido creada por la Ley del Estado 41/2003, de 18 de noviembre, de protecci髇 patrimonial de las personas con discapacidad y de modificaci髇 del C骴igo civil, de la Ley de enjuiciamiento civil y de la normativa tributaria con esta finalidad, y s髄o pueden ser beneficiarios los afectados por una discapacidad ps韖uica igual o superior al 33% y los afectados por una discapacidad f韘ica o sensorial igual o superior al 65%. El patrimonio especialmente protegido, sometido a un r間imen especial de administraci髇, queda directamente vinculado a la satisfacci髇 de las necesidades vitales de la persona con discapacidad. Con el fin de facilitar la constituci髇 de estos patrimonios, se establece una bonificaci髇 del 99% de la cuota que proporcionalmente corresponda a los bienes o derechos que pasen a formar parte de aqu閘los.

El cap韙ulo II hace referencia a los impuestos indirectos. En primer lugar, con relaci髇 al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur韉icos documentados, se concretan los tipos de gravamen de los documentos notariales, con las novedades siguientes: por un lado, se implanta un tipo reducido del 0,3% para los documentos de constituci髇, para peque馻s y medianas empresas, de derechos reales en favor de una sociedad de garant韆 rec韕roca. A pesar de que el sujeto destinatario de tal medida, como contribuyente, es la sociedad de garant韆 rec韕roca, tambi閚 debe redundar, indirectamente, en beneficio de la peque馻 y mediana empresa, que ha de ver reducidos sus costes en la concertaci髇 de las operaciones de financiaci髇. Por otro lado, el tipo general aplicable a todos los documentos, salvo los que tengan atribuido un tipo espec韋ico, se fija en el 1%, siguiendo as� la tendencia observable en otras comunidades aut髇omas de r間imen com鷑 de financiaci髇.

El cap韙ulo II incluye tambi閚 un art韈ulo referido al impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, por el que se fijan los tipos de gravamen auton髆ico conforme a lo establecido por la ley que regula el sistema vigente de financiaci髇 auton髆ica y la Ley del Estado 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que cre� dicho tributo.

Las normas sobre tributos propios se han agrupado en el cap韙ulo III, el cual se divide en dos secciones. En la secci髇 primera, dedicada al gravamen de protecci髇 civil, se modifica la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protecci髇 civil de Catalu馻. Por un lado, se incrementan los tipos impositivos con efectos a partir del 1 de enero de 2005, de conformidad con las reglas de vigencia establecidas por la Ley del Estado 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria; por otro lado, se actualiza la escala de cuant韆s m醲imas que deben ingresar los contribuyentes, determinada en funci髇 de la facturaci髇.

La secci髇 segunda est� dedicada a las tasas que gestiona cada uno de los departamentos de la Generalidad. Se ha de se馻lar aqu� la creaci髇 de tres tasas, dos de las cuales creadas por el Departamento de Salud: la tasa por los servicios de tramitaci髇 y resoluci髇 de solicitudes de autorizaci髇 para la elaboraci髇 y el control de f髍mulas magistrales y preparados oficinales por encargo de una oficina de farmacia o un servicio farmac閡tico que no disponga de los medios necesarios, y la tasa por los servicios de tramitaci髇 y resoluci髇 de las solicitudes de autorizaci髇 de los estudios de postautorizaci髇 observacionales prospectivos con medicamentos que se quieran llevar a cabo en centros sanitarios de la red de utilizaci髇 p鷅lica de Catalu馻. La tercera tasa que se crea grava el otorgamiento de permisos para fotografiar o filmar la fauna salvaje desde un observatorio fijo de fauna salvaje situado en terrenos de una reserva nacional de caza. Su gesti髇 corresponde al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda.

Otras tasas -algunas de las cuales pertenecientes a los departamentos antes mencionados, y otras, a los departamentos de la Presidencia, de Educaci髇, de Cultura y de Pol韙ica Territorial y Obras P鷅licas- son objeto de modificaciones diversas, sea por la necesidad de adaptaci髇 a la normativa sustantiva correspondiente, sea por la introducci髇 de supuestos de exenci髇. Cuanto al Departamento de la Presidencia, es preciso matizar que las tasas por los derechos de inscripci髇 a las pruebas para la obtenci髇 de los certificados de conocimientos de catal醤 que convoca la Secretar韆 de Pol韙ica Lingstica, por los derechos de inscripci髇 en las pruebas de traductores y de int閞pretes jurados de otras lenguas al catal醤 y por la utilizaci髇 de la c醡ara hipob醨ica del Instituto Nacional de Educaci髇 F韘ica de Catalu馻 (INEFC) no son de nueva creaci髇, sino que los servicios que graban eran prestados hasta ahora por el Departamento de Cultura, pero, a ra韟 de la 鷏tima reestructuraci髇 departamental, han pasado a ser prestados por el Departamento de la Presidencia, sin que se haya modificado su regulaci髇 sustantiva ni sus cuant韆s, las cuales se mantienen en los importes vigentes el 2003. Finalmente, es preciso mencionar el incremento de las cuotas de la tasa de inspecci髇 y control sanitario de animales y productos de animales, gestionada por el Departamento de Salud, la cual hasta ahora hab韆 restado excluida de los incrementos anuales de las tasas de cuant韆 fija efectuados en las 鷏timas leyes de presupuestos. Precisamente con relaci髇 a esta 鷏tima tasa, la disposici髇 final quinta establece una entrada en vigor espec韋ica que debe coincidir con el inicio de uno de los per韔dos trimestrales de autoliquidaci髇.

El 鷏timo cap韙ulo dedicado a las medidas fiscales, el cap韙ulo IV, recoge otras normas tributarias. Estructurado en dos secciones, en la primera, dentro del 醡bito de la gesti髇 tributaria, se establece la obligaci髇 de los notarios de remitir telem醫icamente a la Administraci髇 los documentos autorizados que tengan trascendencia tributaria. La secci髇 segunda regula los pagos derivados de la gesti髇 tributaria y establece que, mediante el sistema de minoraci髇 de ingresos, se efect鷈 el pago, por una parte, de los honorarios de los liquidadores de distrito hipotecario, devengados como consecuencia de su intervenci髇 en la gesti髇, la liquidaci髇 y la recaudaci髇 de los tributos cedidos, y, por otra parte, de la cantidad correspondiente a la confecci髇 de efectos timbrados. Tambi閚 se dispone que las deudas derivadas de las indemnizaciones por gastos de aval y los intereses que deriven se hagan efectivos por la v韆 de la minoraci髇 de la cuenta de ingresos.

El t韙ulo II incluye las medidas administrativas y se divide en cinco cap韙ulos. El primer cap韙ulo, referido a las finanzas, la contrataci髇 y el patrimonio, contiene una serie de modificaciones de varios preceptos de la norma reguladora de las finanzas p鷅licas de Catalu馻, el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas p鷅licas de Catalu馻, para incorporar a dicho texto refundido determinadas previsiones normativas que, de modo reiterado, se han ido incluyendo en las 鷏timas leyes de presupuestos de la Generalidad y de dotarlas de vigencia sin ninguna limitaci髇 en el tiempo. Se trata, b醩icamente, de normas relativas a la informaci髇 al Parlamento sobre el estado de ejecuci髇 del presupuesto, la evoluci髇 del endeudamiento y el d閒icit; a la informaci髇 al Departamento de Econom韆 y Finanzas sobre la situaci髇 financiera de las entidades p鷅licas y las sociedades mercantiles; a la documentaci髇 que debe acompa馻r al proyecto de ley de presupuestos de la Generalidad; a la anulaci髇 o la baja de determinadas liquidaciones; a las 髍denes de pago; a la ejecuci髇 de gastos plurienales; a la coordinaci髇 de la tesorer韆 de las entidades aut髇omas y empresas de la Generalidad; al env韔 de informaci髇 de las entidades aut髇omas de tipo comercial, industrial y financiero, de las empresas p鷅licas, de las universidades p鷅licas y de los patronatos y los consorcios participados por la Generalidad a la Intervenci髇 General, y, finalmente, las relativas a la contabilidad y el sistema de fiscalizaci髇 y control de las universidades p鷅licas y las empresas y entidades que forman parte del sector p鷅lico.

En el mismo cap韙ulo I, pero con relaci髇 a la contrataci髇 administrativa, figura un precepto por el que se modifica el correspondiente art韈ulo de la anterior ley de medidas fiscales y administrativas, la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, que introdujo determinadas medidas para el fomento de los objetivos sociales en la contrataci髇. Con la modificaci髇, b醩icamente, se mejora la identificaci髇 del 醡bito de aplicaci髇 subjetivo de la norma, incluyendo las empresas de inserci髇 sociolaboral, de acuerdo con la Ley 27/2002, de 20 de diciembre, que las regula, y se mejora la concreci髇 de los objetos contractuales y del importe m醲imo de la reserva.

Finalmente, en este cap韙ulo se modifican diversos preceptos del Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Catalu馻, en unos casos para incluir determinadas previsiones en materia patrimonial que, de modo reiterado, se inclu韆n en las sucesivas leyes de presupuestos de la Generalidad y para dotarlas de vigencia indefinida, y, en otros casos, para efectuar modificaciones puntuales de dicho texto refundido. Se trata de normas sobre adquisici髇 de inmuebles en sustituci髇 de los que se ocupan bajo el r間imen de alquiler; sobre ejecuci髇 de reformas y proyectos de primera ocupaci髇 de inmuebles; sobre determinadas operaciones de cesi髇 gratuita de bienes muebles y de cesi髇 gratuita de uso de los derechos de la propiedad intelectual; sobre vinculaci髇 de inmuebles al pago de una prestaci髇 peri骴ica, y sobre el inventario general del patrimonio de la Generalidad.

En el cap韙ulo II, relativo a las medidas sobre el sector p鷅lico, se incluyen, en primer lugar y con relaci髇 al Instituto Catal醤 de Finanzas, determinados preceptos de adecuaci髇 de la norma reguladora de dicho ente, referidos b醩icamente a su 醡bito de actuaci髇, al sistema de designaci髇 de los miembros de la Junta de Gobierno y a las funciones de sus 髍ganos. En segundo lugar, se regula el sistema de nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo del Instituto Catal醤 del Cr閐ito Agrario.

En este mismo cap韙ulo II se incluyen otras medidas que afectan igualmente al sector p鷅lico. Concretamente, se modifica la configuraci髇 de la direcci髇 del Instituto Catal醤 del Acogimiento y la Adopci髇 y se adaptan a la nueva realidad organizativa de la Administraci髇 de la Generalidad los consejos de administraci髇 del Instituto de Investigaci髇 y Tecnolog韆 Agroalimentarias y del Instituto Catal醤 de las Industrias Culturales. Tambi閚 se introducen determinadas modificaciones de los precios p鷅licos por prestaciones patrimoniales de car醕ter p鷅lico de la entidad Puertos de la Generalidad y de determinadas tarifas por servicios generales y por servicios espec韋icos que presta esta entidad.

Este cap韙ulo finaliza con dos preceptos relativos a la nueva adscripci髇 de la Agencia Catalana de Cooperaci髇 al Desarrollo al departamento que tenga atribuida la funci髇 en el 醡bito de la pol韙ica de cooperaci髇 al desarrollo, y a la modificaci髇 de la composici髇 y el sistema de nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Catal醤 de la Mujer.

El cap韙ulo III, relativo a medidas en materia de personal, se abre con un precepto relativo a la aprobaci髇 de las relaciones de puestos de trabajo, que tambi閚 ha venido reiter醤dose en las sucesivas leyes de presupuestos de la Generalidad y que tambi閚 se considera que debe tener vigencia sin ninguna limitaci髇 en el tiempo. Por este motivo, se incorpora dicho precepto al redactado del Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundici髇 en un texto 鷑ico de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Catalu馻 en materia de funci髇 p鷅lica. Asimismo, se regulan en este cap韙ulo determinados aspectos de los procesos de funcionarizaci髇 de personal laboral y la equiparaci髇 de las retribuciones del personal de la Sindicatura de Cuentas a las del personal del Parlamento.

Es preciso destacar igualmente la regulaci髇 de un nuevo sistema unitario de percepci髇 de dietas e indemnizaciones con un l韒ite anual sobre las retribuciones brutas que se perciban. Finalmente, se introducen tres modificaciones que afectan a sendos colectivos: la primera se refiere al sistema de promoci髇 interna en las distintas escalas del Cuerpo de Bomberos; la segunda afecta a la clasificaci髇 de los funcionarios del Cuerpo de Mossos d'Esquadra que pertenecen a la categor韆 de mosso o mossa o de cabo, y la tercera, dentro del 醡bito del personal sanitario, regula el derecho de los funcionarios de los cuerpos de m閐icos, farmac閡ticos y practicantes titulares de la sanidad local a permanecer en activo hasta los setenta a駉s.

El cap韙ulo IV agrupa una serie de modificaciones de leyes sustantivas: la de la Sindicatura de Cuentas, para ampliar sus funciones e incluir la fiscalizaci髇 de la contabilidad de los procesos electorales de 醡bito catal醤; la del Jurado de Expropiaci髇 de Catalu馻, para ampliar sus secciones con la inclusi髇 de la que actuar� en la demarcaci髇 de las Tierras del Ebro; la de los consejos escolares, para atender la singularidad del Consejo Escolar de la ciudad de Barcelona; la de alta monta馻, para adaptar la composici髇 del Consejo General de Monta馻; la del Sistema Bibliotecario de Catalu馻, con relaci髇 al Consejo Rector de la Biblioteca de Catalu馻 y al sistema de nombramiento de la direcci髇 de dicha biblioteca, que pasa a ser competencia del consejero o consejera de Cultura. En el mismo cap韙ulo, se concreta el concepto de los estudios de opini髇 de la Generalidad y se precisan determinados aspectos de su r間imen jur韉ico.

El cap韙ulo IV finaliza con una serie de medidas sobre, en primer lugar, la normativa reguladora de las fundaciones, para dotar de car醕ter p鷅lico determinada documentaci髇 econ髆ica de estas entidades, y la normativa reguladora de las cooperativas, para las que se establece una ampliaci髇 del plazo de adaptaci髇 a la normativa espec韋ica. En segundo lugar, se regulan los proyectos de nuevos establecimientos comerciales y de ocio adyacentes a determinados estadios deportivos de nueva construcci髇 y, en el 醡bito del turismo, se ampl韆n los plazos inicialmente previstos para la declaraci髇 de municipios tur韘ticos, para la elaboraci髇 del mapa tur韘tico de Catalu馻 y para la redacci髇 del Plan de turismo de Catalu馻. Finalmente, se determinan las competencias municipales en materia sancionadora por lo que respecta a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

En el 鷏timo cap韙ulo, el cap韙ulo V, se regulan determinados aspectos de los programas de subvenciones de los entes locales y la integraci髇 de algunos de 閟tos en el Plan 鷑ico de obras y servicios de Catalu馻; se regulan tambi閚 determinados aspectos de la programaci髇 universitaria de Catalu馻, y se establecen medidas en materia de prevenci髇 y control del fraude en el servicio de transporte p鷅lico de viajeros. Dentro de este mismo cap韙ulo, se establecen determinadas previsiones con relaci髇 a la afectaci髇 de las cantidades recaudadas procedentes de sanciones administrativas y resoluciones judiciales en materia de protecci髇 de la salud; de las sanciones en materia de control, regularidad y calidad del suministro de energ韆 el閏trica en Catalu馻; de las sanciones en materia de miner韆, y finalmente de las procedentes de infracciones en materia de prevenci髇 de riesgos laborales recaudadas en per韔do voluntario por el Departamento de Trabajo e Industria.

Dentro de las disposiciones adicionales, se incluyen dos relativas a la materia fiscal. La primera establece la afectaci髇 de los rendimientos derivados de la aplicaci髇 del tipo de gravamen auton髆ico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, establecido por el art韈ulo 4, a la financiaci髇 de gastos sanitarios, y la segunda establece un mandato al Gobierno para que tome las medidas para minimizar los efectos derivados del incremento de este impuesto en beneficio de los sectores econ髆icos afectados.

Por lo que respecta al resto de disposiciones adicionales, en primer lugar, es preciso destacar la supresi髇 del Instituto Catal醤 del Voluntariado y la adscripci髇 de sus funciones, personal y patrimonio al Departamento de Bienestar y Familia. En segundo lugar, se incluye la autorizaci髇 al Gobierno para disolver la sociedad Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA. En tercer lugar, se incluye una disposici髇 que hace posible la aplicaci髇 inmediata de lo establecido por la presente Ley con relaci髇 al nombramiento y cese de los miembros de los 髍ganos de gobierno del Instituto Catal醤 de Finanzas y del Instituto Catal醤 del Cr閐ito Agrario. En cuarto lugar, se establece la intervenci髇 del departamento competente en materia de educaci髇 en la regulaci髇 del planeamiento urban韘tico mediante la emisi髇 de un informe, dada la necesidad de coordinar el planeamiento urban韘tico general municipal y la planificaci髇 que, en el 醡bito educativo, lleva a cabo este departamento. En quinto lugar, se establece la inscripci髇 al Registro Administrativo de Empresas de Inserci髇 de las fundaciones y asociaciones que ejercen actividades de inserci髇 sociolaboral. En 鷏timo lugar, se establece la participaci髇 de la Generalidad en el Consejo de Administraci髇 de la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

La primera de las tres disposiciones transitorias de la Ley, con relaci髇 a la deducci髇 por viudedad en el impuesto sobre la renta establecida por el art韈ulo 1, para evitar situaciones discriminatorias en su aplicaci髇, permite a los contribuyentes que hayan quedado viudos en los ejercicios 2002 o 2003 que puedan aplicar dicha deducci髇 en la declaraci髇-liquidaci髇 correspondiente al 2004, en el primer caso, y en las de 2004 y 2005, en el segundo caso. La segunda establece el r間imen transitorio de la afectaci髇 de las cantidades recaudadas procedentes de sanciones administrativas y resoluciones judiciales en materia de protecci髇 de la salud. La tercera concede una pr髍roga del plazo establecido por el art韈ulo 1 de la Ley 16/2001, de 29 de noviembre, de ampliaci髇 de los plazos de resoluci髇 del procedimiento y presentaci髇 de solicitudes concedidos por el Decreto 288/2000, de 31 de agosto, por el que se establecen los requisitos para regular las indemnizaciones de las personas incluidas en los supuestos previstos por la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnist韆, y excluidas de los beneficios de la disposici髇 adicional decimoctava de los presupuestos generales del Estado para los per韔dos 1990 y 1992.

La Ley finaliza con una disposici髇 derogatoria y seis disposiciones finales. La disposici髇 final primera autoriza al Gobierno a regular los per韔dos y procedimientos de liquidaci髇 de los honorarios de los liquidadores de distrito hipotecario devengados como consecuencia de su intervenci髇 en la gesti髇, liquidaci髇 y recaudaci髇 de los tributos cedidos o de las cantidades correspondientes a la confecci髇 de los efectos timbrados del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur韉icos documentados. La disposici髇 final segunda autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un a駉, refunda en un texto 鷑ico la normativa reguladora de tasas y precios p鷅licos de la Generalidad con el encargo de que la refundici髇 comprenda la regularizaci髇, aclaraci髇 y armonizaci髇 de las disposiciones vigentes en la materia. La disposici髇 final tercera contiene un mandato al Gobierno para que presente al Parlamento un proyecto de ley de regulaci髇 del impuesto sobre sucesiones y donaciones en el marco de las competencias asumidas sobre este tributo. Y la cuarta establece la obligaci髇 de que los diversos departamentos del Gobierno publiquen una relaci髇 de las tasas vigentes que gestionan, con efectos meramente informativos. Para finalizar, las disposiciones finales quinta y sexta incluyen la entrada en vigor espec韋ica de lo establecido por algunos art韈ulos y la entrada en vigor general de la Ley, respectivamente.