Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protecci髇 Ciudadana de Castilla y Le髇

• 

  La administración digital en la era de las tecnologías disruptivas

  Libros
  Desde 82,00 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Manual de Presupuestos y Contabilidad de las Corporaciones Locales. 10ª edición

  Libros
  Desde 100,78 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Contratación Administrativa Práctica

  Periódicos y Revistas
  290,16 €
  322,40 €
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Práctica Urbanística

  Periódicos y Revistas
  308,88 €
  343,20 €
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

LEY 4/2007, DE 28 DE MARZO, DE PROTECCI覰 CIUDADANA DE CASTILLA Y LE覰

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y Le髇 han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el art韈ulo 16.4 del Estatuto de Autonom韆, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la siguiente

LEY

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

El peligro ha estado presente en todas las 閜ocas y en todas las culturas, si bien su esencia y la percepci髇 del mismo por los ciudadanos han variado.

En la sociedad cient韋ico-tecnol骻ica actual, la intervenci髇 directa o indirecta de los seres humanos en su entorno ha modificado considerablemente las causas y situaciones de riesgo, entendido 閟te como capacidad y posibilidad de que fen髆enos causados por la naturaleza y las actividades humanas produzcan da駉s.

Por un lado se han manifestado nuevas amenazas, consecuencia del desarrollo industrial y del avance tecnol骻ico y, por otro, se ha incrementado la probabilidad de que 閟tas se conviertan en siniestros.

Otro factor que hay que tener en cuenta en la consideraci髇 del riesgo es el crecimiento de la poblaci髇 y la ocupaci髇 intensiva del territorio, lo que provoca una mayor exposici髇 de la poblaci髇 al peligro.

La convicci髇 de que los riesgos son consustanciales a la modernidad ha ido afianzando la idea de que peligros y da駉s son inevitables.

La aceptaci髇 de que no es posible evitar los desastres naturales ni los riesgos derivados de la tecnolog韆 ha dado lugar a pol韙icas dirigidas a paliar los efectos de las cat醩trofes o calamidades cuando 閟tas ocurren o despu閟 de que han ocurrido, lo cual se ha demostrado insuficiente para el control y la minimizaci髇 de los da駉s y p閞didas producidos.

As�, la protecci髇 de las personas en estas 鷏timas d閏adas se ha gestionado sobre el conocimiento de los da駉s que, inevitablemente, han de ocurrir, de manera que fuese viable resolver lo m醩 adecuadamente posible dicha situaci髇 de riesgo, cat醩trofe o calamidad.

Esta visi髇 fatalista inhibe la acci髇 y conduce a la resignaci髇 y al conformismo, orientando la prevenci髇 y las actuaciones a la atenci髇 de las personas convertidas en v韈timas. Una sociedad moderna y abierta no puede resignarse a la adversidad. Es necesario poner en marcha pol韙icas activas que impulsen esta conquista de la seguridad, destacando entre ellas medidas preventivas que impliquen actuaciones tendentes a la gesti髇 y control del riesgo.

No es posible ni deseable paralizar los avances tecnol骻icos, ni tampoco derrotar a la naturaleza, pero podemos reducir los siniestros que se producen o sus consecuencias. Del mismo modo, podemos evitar que afecten masivamente a las personas, a los bienes y al medio ambiente. Para ello, es necesario incidir en las variables que producen los desastres y aplicar los mecanismos de control que permitan corregir las desviaciones en los actuales sistemas de seguridad.

La preocupaci髇 por establecer un modelo de seguridad frente a los riesgos no puede limitarse tan s髄o al control de los sucesos graves. La protecci髇 de la vida y de la integridad f韘ica de las personas ha de tener en cuenta los peligros cotidianos y habituales. Es en este 醡bito donde cobra especial importancia la implicaci髇 de la sociedad, que es quien debe adoptar comportamientos responsables. Se establece as� una cultura en la que la seguridad no es solo un derecho, sino tambi閚 un deber.

Este derecho a la seguridad s髄o se puede llevar a cabo estableciendo una norma que lo defina, unos instrumentos para su cumplimiento y unos mecanismos suficientes para respaldarlo.

Si antes se馻lamos lo negativo que, en esta materia, resulta una visi髇 fatalista, ahora es preciso asumir la imprudencia que supone ser excesivamente optimista. No es posible evitar que se produzcan accidentes, emergencias o cat醩trofes. Por ello, el modelo dise馻do encomienda a las Administraciones P鷅licas la asistencia a los ciudadanos en caso de que 閟tos sufran da駉s.

En esta materia es esencial la labor de todas las Administraciones, especialmente de la Administraci髇 Local, destacando la colaboraci髇 como pilar b醩ico de actuaci髇. Para garantizar una intervenci髇 r醦ida y adecuada, es necesario mejorar los mecanismos y las capacidades que permitan una coordinaci髇 segura, activa y eficaz de todos los implicados.

Este an醠isis y dise駉 de un modelo de protecci髇 y seguridad ciudadana no se puede realizar sin incluir a las personas que directamente participan en el auxilio y socorro de los siniestrados y de cuya preparaci髇 y trabajo depende el funcionamiento del sistema.

La asistencia a los ciudadanos perfecciona el sistema de protecci髇, pero, para completar el modelo, es necesario dotarse de herramientas y de una metodolog韆 que permita a las Administraciones cumplir con el objetivo de establecer en la Comunidad de Castilla y Le髇 un marco de protecci髇 ciudadana.

En este sentido, tambi閚 es adecuado plantear una mejora de los procesos y procedimientos de actuaci髇 y de los mecanismos de coordinaci髇.

El procedimiento debe concebirse como m閠odo estructurado para la realizaci髇 de una actividad. Por eso en los supuestos en que se produce una emergencia, la existencia de procedimientos de actuaci髇 espec韋icos favorece su resoluci髇 en la forma m醩 eficiente.

La seguridad y la protecci髇 son conceptos complementarios. Por ello, para una Comunidad moderna y consolidada, dise馻r un modelo avanzado de protecci髇 a sus ciudadanos es asumir el compromiso de crear un entorno seguro en el que progresar.

Con la Ley de Protecci髇 Ciudadana, se dota a la Comunidad de Castilla y Le髇 de un marco normativo novedoso que tiene por objeto, por un lado, promover la seguridad integral de sus ciudadanos implementando las medidas para evitar y controlar las situaciones de riesgo y, por otro, una mejora en la prestaci髇 de asistencia a los ciudadanos cuando 閟tos sufran o perciban que existe un peligro.

Esta Ley encuentra su fundamento, por un lado, en los Art. 15 y 17 de la Constituci髇 Espa駉la que regulan respectivamente, el derecho a la vida, la integridad f韘ica y moral, as� como el derecho a la libertad y seguridad de las personas y, por otro lado, su habilitaci髇 competencial en el Art. 9.2 del Texto Fundamental que establece que 玞orresponde a los poderes p鷅licos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obst醕ulos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participaci髇 de todos los ciudadanos en la vida pol韙ica, econ髆ica, cultural y social�.

El hecho de que la Constituci髇 y el Estatuto de Autonom韆 de Castilla y Le髇 no utilicen espec韋icamente el t閞mino 玴rotecci髇 civil� al enumerar las materias competenciales, no determina que dicha materia no se encuentre incluida en el sistema de distribuci髇 de competencias entre el Estado y las Comunidades Aut髇omas.

Como ha se馻lado el Tribunal Constitucional en sus sentencias 123/1984, de 18 de diciembre y 133/1990, de 19 de julio, la materia de protecci髇 civil ha de englobarse con car醕ter prioritario en el concepto de seguridad p鷅lica del Art. 149.1.29 de la Constituci髇, toda vez que el Art. 148.1.22 del mismo Texto Legal faculta a las Comunidades Aut髇omas para asumir competencias en materia de vigilancia y protecci髇 de sus edificios e instalaciones, la coordinaci髇 y dem醩 facultades relacionadas con las polic韆s locales.

As� mismo, sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado, -a las que responde la legislaci髇 b醩ica estatal en materia de protecci髇 civil-, se producen competencias concurrentes cuya distribuci髇 es necesario dise馻r.

Este dise駉 al que alude el Alto Tribunal se ha ido produciendo en el marco del desarrollo competencial de las Comunidades Aut髇omas. As�, la Comunidad de Castilla y Le髇 viene ejerciendo las competencias que el Estatuto de Autonom韆 le atribuye en todas las materias que afectan a la protecci髇 de las personas, los bienes y el medio ambiente, en especial, las recogidas en el art韈ulo 32, relativas a ordenaci髇 del territorio, urbanismo y vivienda, ferrocarriles, carreteras y caminos que transcurran 韓tegramente por el territorio de la Comunidad y en los mismo t閞minos, los transportes terrestres, fluviales, por cable o tuber韆, aeropuertos y helipuertos que no desarrollen actividades comerciales, asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario, espect醕ulos, industria, instalaciones de producci髇, de distribuci髇 y de transporte de cualesquier energ韆s. Tambi閚 las contenidas en el art韈ulo 33, referentes a vigilancia y protecci髇 de sus edificios e instalaciones, coordinaci髇 de polic韆s locales, y aqu閘las contenidas en el art韈ulo 34, tales como promoci髇, prevenci髇 y restauraci髇 de la salud, protecci髇 del medio ambiente, montes, aprovechamientos y servicios forestales, as� como trasporte de mercanc韆s y viajeros del art韈ulo 36.15.

Este avance en el ejercicio de competencias, junto a las prestaciones que el Centro Castilla y Le髇 1-1-2 ha venido desarrollando, han transformado lo que conocemos como protecci髇 civil, abriendo un nuevo 醡bito competencial no vinculado a las situaciones de cat醩trofe o calamidad, sino a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Nuestra Comunidad asume con esta Ley la formulaci髇 de una pol韙ica p鷅lica como desarrollo de las materias competenciales y las actividades administrativas relacionadas con la seguridad, la protecci髇 de las personas, el medio ambiente y los bienes. Esta Ley permite una ordenaci髇 integral y coherente para los ciudadanos de Castilla y Le髇. En tal sentido, el alcance de la Ley y su desarrollo normativo se extienden a un 醡bito no definido en el modelo actual.

Este nuevo marco normativo de protecci髇 ciudadana se legitima en la especificidad y en el conocimiento profundo de las peculiaridades de nuestra Comunidad, propio de un gobierno auton髆ico cuya determinaci髇 se asienta, no s髄o en la voluntad de prestar m醩 servicios p鷅licos, sino en el ajuste de los mismos a un dise駉 propio.

Respecto a las Administraciones Municipales y Provinciales que desarrollan actuaciones en esta materia, esta Ley viene a respaldar e impulsar su labor, asumiendo los principios de descentralizaci髇 administrativa y de subsidiariedad, a trav閟 del criterio de la Administraci髇 m醩 id髇ea, creando un 醡bito de cooperaci髇 r醦ida y eficaz entre los servicios de protecci髇 ciudadana auton髆icos y locales en el momento en que sea necesaria la asistencia mutua.

La extensi髇 del territorio, la multiplicidad de 髍ganos administrativos implicados en la resoluci髇 de emergencias, la dispersi髇 poblacional y su distribuci髇 de edad, la diversidad geogr醘ica y medio ambiental que confluyen en nuestra Comunidad exigen, para la aplicaci髇 de una pol韙ica homog閚ea y racional, un nivel superior de coordinaci髇. Esto justifica la necesidad de una norma que dote a Castilla y Le髇 de un modelo de protecci髇 ciudadana como el establecido por esta Ley. El texto de esta Ley se estructura en cuatro t韙ulos, cinco disposiciones adicionales, una derogatoria y seis disposiciones finales.

En el T韙ulo Preliminar se recogen las disposiciones relativas al objeto, la finalidad y el 醡bito de aplicaci髇 de la Ley. As� mismo, se define el sistema de protecci髇 ciudadana, su funcionamiento y organizaci髇 territorial y las actuaciones que cada una de las Administraciones P鷅licas de Castilla y Le髇 realizan para el conjunto del sistema de protecci髇 ciudadana.

En este sentido es conveniente destacar dos pilares. En primer lugar, la implementaci髇 de una estrategia para la seguridad integral de las personas frente a cualquier fen髆eno peligroso -de origen natural o humano-, que no est� basada en una determinaci髇 objetiva de que se ha producido una cat醩trofe, sino que responde a la percepci髇 subjetiva que de dicho fen髆eno tiene cada persona. En segundo lugar, la concepci髇 integral de todos los medios y recursos, actividades y actuaciones, como un conjunto de elementos que, con la finalidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos, se relacionan entre s� a trav閟 de normas y procedimientos que garantizan la eficacia y cobertura del sistema. As� se complementa, un funcionamiento por capas o niveles con un marco territorial dividido en zonas de actuaci髇 inmediata y 醨eas de emergencias.

En el T韙ulo I, bajo la r鷅rica de Pol韙icas de prevenci髇 y control de riesgos, se engloban todas las estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los efectos adversos de los riesgos.

As�, en el Cap韙ulo I se regulan las medidas de prevenci髇 y control de riesgos. En el Cap韙ulo II, de la planificaci髇, se hace referencia a los instrumentos que han de contener dichas medidas. Finalmente, en el Cap韙ulo III y IV, se recogen las infracciones y sanciones que regulan los supuestos de infracci髇, los tipos de sanci髇 y el procedimiento de aplicaci髇.

Hasta ahora, la normativa sectorial establec韆 determinados mecanismos para los casos en que se produjese una emergencia. Con este nuevo modelo, es la Administraci髇 Auton髆ica la que determina c髆o ha de garantizarse la protecci髇 a los ciudadanos, introduciendo mayores elementos preventivos y de seguridad. Es necesario destacar del contenido de este T韙ulo, la responsabilidad de los ciudadanos en la seguridad, adoptando conductas y actitudes que eviten los siniestros. La introducci髇 de medidas de autoprotecci髇, para aquellos que generen o est閚 expuestos a actividades de riesgo as� como el establecimiento de informes previos y vinculantes en los instrumentos de ordenaci髇 del territorio y urban韘ticos y en la celebraci髇 de espect醕ulos o actividades con gran concentraci髇 de personas.

No obstante, y a pesar del conjunto de garant韆s frente a los riesgos consideradas en esta Ley, no es posible alcanzar situaciones de riesgo cero; por ello, en el T韙ulo II, bajo la r鷅rica de Asistencia a los ciudadanos, se establecen los servicios para la prestaci髇 de la misma, su organizaci髇 y funcionamiento, as� como los mecanismos de coordinaci髇.

Son servicios para la prestaci髇 de la asistencia a los ciudadanos los recogidos en el Cap韙ulo I. Estos servicios se clasifican en esenciales y complementarios. Los esenciales son los servicios de prevenci髇, extinci髇 de incendios y salvamento, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la asistencia sanitaria en emergencias, los servicios de lucha contra incendios forestales y los servicios de socorro, rescate y salvamento. Para cada uno de ellos, la Ley concreta su definici髇 y funciones.

Como medios complementarios, integran el sistema el voluntariado, las organizaciones t閏nico profesionales para la protecci髇, las empresas p鷅licas o privadas y otros servicios de la Administraci髇, cuya concurrencia complementa la actuaci髇 de los medios esenciales.

En el Cap韙ulo II se establecen tres niveles asistenciales: b醩ico, especializado y extraordinario, respondiendo a criterios de rapidez en la respuesta y complementariedad de actuaciones.

Por 鷏timo, en el Cap韙ulo III se regulan los organismos que en su actuaci髇 trasversal facilitan la coordinaci髇.

La Decisi髇 91/393/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, de creaci髇 de un n鷐ero de llamadas de urgencia 鷑ico europeo y el Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso mediante redes de telecomunicaciones al servicio de atenci髇 de llamadas de urgencia a trav閟 del n鷐ero telef髇ico 112, determinaron la puesta en marcha en la Comunidad del Centro de Atenci髇 de llamadas de urgencia Castilla y Le髇 112. Sus funciones son las de garantizar la respuesta a las llamadas telef髇icas de urgencia que se reciban y a la operativa de atenci髇 apropiada.

Este servicio ha venido funcionando con creciente 閤ito y es el n鷆leo del sistema de protecci髇 ciudadana. Se halla activo las 24 horas, todos los d韆s del a駉, y ha aportado a los ciudadanos de Castilla y Le髇 un sistema tecnol骻icamente muy avanzado que permite, con una 鷑ica llamada, el despacho ordenado de todos los recursos asistenciales necesarios para el auxilio o la asistencia requerida.

Complementariamente, se define el centro de asistencia ciudadana de la Comunidad de Castilla y Le髇, que cierra el marco organizativo existente entre la multiplicidad de sistemas p鷅licos que cada Administraci髇 dispone para la asistencia. Este centro, constituido como un servicio p鷅lico, que podr� gestionarse en la forma que se determine reglamentariamente, tiene encomendadas todas las funciones que suponen apoyo a la direcci髇 de la emergencia y coordinaci髇 de las mismas.

En definitiva, el centro de asistencia ciudadana es una estructura transversal que trasforma la actuaci髇 ordinaria en una actuaci髇 integrada y garantiza la operatividad en situaciones de emergencia.

Tambi閚 se contiene en este cap韙ulo la referencia a los centros de coordinaci髇 de emergencias, que son el instrumento operativo adecuado en las situaciones en que sean requeridos para la resoluci髇 de emergencias en el 醡bito de las 羠eas de emergencias.

La organizaci髇 de las intervenciones en situaciones de riesgo requiere que se haya establecido de antemano un sistema para la toma de decisiones y que se hayan fijado los distintos niveles de mando y direcci髇. Por ello, el T韙ulo III regula los procedimientos de actuaci髇 como forma espec韋ica de realizar la asistencia a los ciudadanos.

El Cap韙ulo I se refiere a las disposiciones generales a todos los procedimientos. En 閘 se integran las disposiciones relativas a la elaboraci髇 y aprobaci髇 de los procedimientos y protocolos operativos, el cumplimiento de las 髍denes, as� como la posibilidad de adoptar actuaciones anticipatorias que garanticen una mejor resoluci髇 de la situaci髇 de riesgo.

A continuaci髇 se regulan dos tipos de procedimientos adecuados al criterio de operatividad y eficacia que determina el sistema de protecci髇 ciudadana.

As�, el Cap韙ulo II se refiere al procedimiento de actuaci髇 en las situaciones de emergencia. Este procedimiento es la plasmaci髇 de la pol韙ica p鷅lica formulada en esta Ley. Como ya se ha se馻lado, el modelo y la metodolog韆 de protecci髇 civil no son extensibles al conjunto de las actuaciones de asistencia ciudadana, ya que presentan grandes limitaciones de eficacia y rapidez, al establecer una estructura muy r韌ida que los inhabilita para la mayor韆 de actuaciones que se vienen realizando, y que est醤 caracterizadas por la imprevisibilidad temporal y la celeridad en la respuesta. Adem醩, este procedimiento se prev� para circunstancias en que, sin existir las premisas de activaci髇 de un plan territorial, sea necesaria una direcci髇 de las actuaciones.

En el Cap韙ulo III se recoge el procedimiento establecido por la Ley 2/1985, sobre protecci髇 civil para las situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad p鷅lica o cat醩trofe extraordinaria, y que hasta ahora se ha venido desarrollando de acuerdo con los planes de Protecci髇 Civil.

Por 鷏timo, la Ley establece mecanismos para la rehabilitaci髇, constituidos, por una parte, por la restauraci髇 de los servicios p鷅licos esenciales y, por otra, por la adopci髇 de todas las medidas oportunas para la vuelta a la normalidad.

As� mismo, se habilita un fondo de ayuda a los afectados para atenciones motivadas por siniestros, cat醩trofes u otras urgentes necesidades.

Y, como no pod韆 ser de otra manera, se establece la cooperaci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇 con otras Comunidades Aut髇omas, en especial con las lim韙rofes.