Ley 12/2011, de 3 de noviembre de 2011, de supresión del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha

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Sumario

Exposición de Motivos

La institución del Defensor del Pueblo no tiene precedentes en nuestra historia constitucional. Algunos autores citan como antecedentes, naturalmente no constitucionales, a algunas instituciones históricas conceptualmente más o menos próximas a ella, como el Justicia Mayor de Aragón o el Sahid Al Mazalim de la España musulmana. Lo cierto es, sin embargo, que el primer Ombudsman español nace con el artículo 54 de la Constitución.

La figura del Ombudsman, se configura como una institución encargada de la supervisión de la actuación administrativa, a la que los ciudadanos pueden dirigirse, sin formalidad alguna, para denunciar los casos de «mala administración» que les afecten, tiene su origen en la Constitución Sueca de 1809.

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha no recoge el Defensor autonómico, a diferencia de otras muchas Comunidades Autónomas, que dotaron de relevancia estatutaria a esta institución, si bien por Ley 16/2001, de 20 de diciembre, se crea el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, que encuentra su justificación en el artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha cuando establece el deber de los poderes públicos regionales de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y fundamentalmente, en el artículo 31.1.1 del mismo texto, que atribuye a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.

La habilitación competencial para crear esta institución fue por tanto, la capacidad de autogobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En aplicación de dicha facultad de autogobierno, en aras de racionalizar la Administración con un menor coste para los ciudadanos, se articula por tanto la supresión del Defensor del Pueblo.

La Ley de creación del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, reproduce, salvadas determinadas referencias a la organización específica de la Comunidad Autónoma, la estructura y el contenido de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo estatal.

El artículo 12.2 de la Ley del Defensor del Pueblo estatal prevé la posibilidad de que el Defensor del Pueblo coordine su actividad con los órganos similares de las Comunidades Autónomas posibilidad que no necesidad. Resulta evidente que el legislador prevé la posibilidad de la existencia de Defensores Autonómicos pero no la obligación de que en cada Comunidad exista una institución similar, aunque más limitada en sus competencias, puesto que no podrán ejercer el control de la «mala administración» de la Administración del Estado.

El Defensor del Pueblo de España y el Defensor castellano-manchego tienen, en líneas generales, unas competencias coincidentes y concurrentes: ambos velan por la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto pueden supervisar la actuación de la Administración (tanto la estatal como la autonómica y local, el Defensor del Pueblo de España; y sólo la autonómica y la local cuando se trate de materias en las que los respectivos estatutos atribuyan competencia a las respectivas Comunidades Autónomas, los defensores autonómicos).

Prácticamente el volumen de quejas que recibe el Defensor del Pueblo estatal procedentes de Castilla-La Mancha es muy similar al de los castellanos-manchegos que se dirigen al Defensor del Pueblo autonómico.

La multiplicidad de instituciones autonómicas, supone, sin duda, un ataque a la eficiencia administrativa y una duplicidad de gastos de difícil justificación. Además, la supresión del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha en ningún caso supondrá una merma de los derechos de los ciudadanos, por poder estos acudir siempre al Defensor del Pueblo estatal.

Estas razones de austeridad del gasto, de mayor eficiencia y de duplicidad innecesaria de esta institución, al existir la Defensoría estatal que hace la misma labor, imponen la supresión de esta institución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES FINALES

LE0000164552_20101126