Sumario

--> V�ase Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 16/2001, 20 diciembre, derogada por la disposici�n derogatoria �nica de la Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 12/2011, 3 noviembre, de supresi�n del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha (�D.O.C.M.� 9 diciembre), el 29 de diciembre de 2011.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley

Exposici�n de motivos

La Constituci�n Espa�ola de 1978 en su art�culo 54 instituye la figura del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales a los efectos de supervisar la actividad de la Administraci�n, especialmente en lo que concierne a la defensa de las garant�as de las libertades y derechos fundamentales.

La instituci�n del Defensor del Pueblo fue creada mediante Ley Org�nica 3/1981, de 6 de abril. Posteriormente la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, se dict� a fin de regular las relaciones entre esta Instituci�n y las figuras similares existentes en otras Comunidades Aut�nomas.

Por su parte el art�culo 4 del Estatuto de Autonom�a de Castilla-La Mancha se�ala que corresponde a los poderes p�blicos regionales promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de grupos e individuos sean reales y efectivas, mientras que el art�culo 31.1.1� atribuye a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competencia exclusiva en materia de organizaci�n, r�gimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.

La figura del Defensor o Defensora del Pueblo tiene, al menos, tres cometidos b�sicos, as� explicitados en la Ley. El abrir nuevas v�as que completen la garant�a de los derechos que consagra el T�tulo I de la Constituci�n en el funcionamiento transparente y eficaz de la Administraci�n P�blica; la defensa del Estatuto de Autonom�a y el ordenamiento jur�dico de Castilla-La Mancha, y la protecci�n de los derechos de las personas, especialmente de los m�s d�biles y desvalidos.

El desarrollo del Estado de las Autonom�as, la complejidad del mismo, el incremento sustancial de la actividad administrativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, especialmente tras producirse las trasferencias en materia educativa, y el futuro traspaso de la Asistencia Sanitaria, hacen necesario que la ciudadan�a tenga cercana una Instituci�n que vele por el fiel cumplimiento de las funciones de la administraci�n p�blica auton�mica, y que esta pueda realizar su labor con la independencia que le otorga el ser una Instituci�n comisionada de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Si cada vez son m�s numerosas las necesidades planteadas por la poblaci�n respecto a la Administraci�n, no es menos cierto que tambi�n son muchas las personas que se encuentran en situaciones de desigualdad, sin tan siquiera gozar de los derechos que se corresponden a los de ciudadan�a, a�n cuando la Declaraciones Universales de Derechos del Hombre y los Tratados Internacionales, les otorgan unos derechos que es preciso defender desde las instituciones, y cuya vulneraci�n ha de hacerse imposible si otorgamos al Defensor o Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha un papel fundamental en la defensa de los mismos.

A veces, la sociedad en la que vivimos no atiende con el debido inter�s, ni salvaguarda el derecho de los m�s d�biles, como es el caso de las mujeres y de los menores. De ah� que est�n surgiendo nuevas figuras cuya finalidad se centra en la defensa espec�fica de determinados derechos de la ciudadan�a, tal es el caso de las instituciones comisionadas para defender a los usuarios del sistema sanitario, a los menores, o a los consumidores. Es preciso insistir sobre la erradicaci�n de las todav�a persistentes desigualdades, por raz�n de g�nero, de diversidad cultural y social, as� como de orientaci�n sexual. Con el fin de contribuir a ello, la Ley quiere contemplar de forma espec�fica el que una de las Adjunt�as est� dedicada a la defensa de la igualdad de g�nero.

El Defensor o Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha surge con voluntad de atenci�n globalizadora de las necesidades y demandas de la poblaci�n de la Regi�n, teniendo en cuenta, adem�s, que nuestra sociedad considera valores fundamentales y derechos elementales los que se derivan de la configuraci�n del Estado del Bienestar, y muy particularmente, los que se corresponden con la educaci�n y la salud. El incidir sobre los mismos para que la prestaci�n de estos servicios se haga con la mayor de las garant�as y un alto nivel de responsabilidad es sin duda muy importante, tanto para los que gozan del derecho de ciudadan�a como para aquellos que se encuentran en situaciones de desamparo.

En atenci�n a esa vocaci�n globalizadora de la Instituci�n se ha redactado la disposici�n derogatoria que subsume bajo la direcci�n de un �nico Comisionado todas las funciones de defensa de los intereses de la ciudadan�a frente a la Administraci�n, aunque eso s�, manteniendo la filosof�a de oficina sectorial extensible a otros �mbitos de protecci�n: mujer, menor, educaci�n, consumidores, sanidad ... de aquel dependientes.