Sumario

--> Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 7/1998, 15 octubre, derogada por el n�mero 1 de la disposici�n derogatoria �nica de Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha (�D.O.C.M.� 21 mayo) el 22 de mayo de 2010.

Exposici�n de Motivos

Una de las novedades que la Ley Org�nica 3/1997 ha introducido en el Estatuto de Autonom�a de Castilla-La Mancha, en su art�culo 31.11, ha sido la inclusi�n de la ordenaci�n del comercio interior en el cat�logo de competencias exclusivas de la Junta de Comunidades. La asunci�n de esta competencia, junto a la establecida en el art�culo 32.6, relativa a la defensa de los consumidores y usuarios, no s�lo permite atender a las diversas remisiones que la Ley Estatal 7/1996 hace a las Comunidades Aut�nomas sino tambi�n dise�ar una pol�tica propia de ordenaci�n de comercio, en todas aquellas materias en las que la propia regulaci�n estatal se declaraba meramente supletoria o de simple ordenaci�n b�sica.

No toda la problem�tica abordada en la legislaci�n estatal puede y debe ser objeto de consideraci�n por una normativa legal regional. La Ley de Ordenaci�n del Comercio de Castilla-La Mancha ha pretendido satisfacer aquellas demandas del sector (comerciantes y consumidores) que pudieran ser resueltas en el contexto de una regulaci�n regional que respondiera a problemas realmente sentidos en su �mbito y resultaran controlables desde la actuaci�n administrativa de las instituciones auton�micas. Se ha evitado ofrecer regulaciones a instituciones de escasa referencia en el contexto social de la Regi�n o cuya regulaci�n desde instancias regionales tuviera el efecto de compartimentar el mercado nacional o pudiera cuestionar su misma eficacia, dada la imposibilidad de aplicar extraterritorialmente las propias normas regionales m�s all� del espacio geogr�fico de Castilla-La Mancha.

Esta prudencia se aprecia en la moderaci�n que esta Ley se ha impuesto a la hora de regular las ventas especiales o las diversas modalidades promocionales. Dada la especial ubicaci�n de la Regi�n en la geograf�a nacional y la existencia de evidentes flujos comerciales con las Comunidades Aut�nomas vecinas, se ha evitado tambi�n incurrir en el error de proponer una regulaci�n r�gida o restrictiva que, en definitiva, incrementara aquellos flujos comerciales en detrimento de los intereses y de la actividad econ�mica del sector comercial en la Regi�n.

Es tambi�n un rasgo caracter�stico de esta Ley el de haber realizado, o intentado realizar, una razonable ponderaci�n entre la importancia de los intereses implicados en la regulaci�n y los costes eventuales de una normativa excesivamente interventora. Una Ley que exigiese altos costes administrativos para asegurar su efectividad estar�a condenada seguramente al fracaso desde su nacimiento. Por eso, la Ley ha evitado, entre otras cosas, crear instancias consultivas de car�cter permanente, complicados procedimientos de autorizaci�n o costosos y escasamente �tiles registros administrativos; instituciones todas que, lastrando la ductilidad que requiere toda la actuaci�n administrativa en este sector, s�lo servir�an para gravar el desarrollo de la libre actividad comercial e incrementar los costes de funcionamiento de la Administraci�n P�blica.

Se crea y se regula pormenorizadamente la licencia comercial espec�fica para grandes establecimientos comerciantes. Se ha mantenido un concepto �nico de gran establecimiento comercial y se han concretado y perfeccionado los criterios de concesi�n o denegaci�n de la licencia, con objeto de disminuir la discrecionalidad y garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de empresa. La licencia comercial se configura como previa a las licencias municipales y su tramitaci�n se somete al abono de una tasa espec�fica para desincentivar operaciones puramente especulativas. Tambi�n se ha procurado establecer un mecanismo eficaz que permita identificar desde el inicio del procedimiento a la empresa que explotar� comercialmente la gran superficie.

En materia de horarios comerciales se ha mantenido b�sicamente la regulaci�n existente. Pero se delimita con m�s precisi�n la libertad de horarios en zonas tur�sticas y se establece un r�gimen de plena libertad para la venta de productos t�picos y artesanales.

La regulaci�n de las pr�cticas promocionales se caracteriza por crear un r�gimen administrativo de control, que se ha de desarrollar paralelamente a la ordenaci�n jur�dico privada del derecho de la competencia. Se han aprovechado las posibilidades abiertas por la legislaci�n estatal para incrementar la protecci�n de los competidores y consumidores, sin incurrir en grav�menes irrazonables a los agentes econ�micos y se ha utilizado el t�tulo competencial auton�mico para superar alguna rigidez advertida en la aplicaci�n de la legislaci�n estatal.

Se regula la autorizaci�n auton�mica de ventas especiales que, adem�s de las previstas en la Ley estatal, se extiende a las ventas fuera de los establecimientos mercantiles, a que se refiere la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, que incorpora al Derecho espa�ol la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas, n� 85/577, de 20 de diciembre. Pero no se grava a los agentes econ�micos con la imposici�n de especiales obligaciones de registro. De las ventas a las que se refiere la Ley Estatal s�lo se han regulado aquellas que efectivamente tengan implantaci�n en la sociedad castellano-manchega y planteen problemas de afectaci�n al inter�s p�blico regional m�s all� de la incidencia propia en los intereses jur�dico privados entre contratantes. Pero se respeta enteramente la regulaci�n estatal de la venta a distancia o la venta en p�blica subasta. No se contiene en la Ley ninguna regla relativa a las franquicias, pues, dada la internacionalizaci�n de las distribuciones comerciales basadas en la marca, ser�a, contraproducente e ineficaz cualquier intento de regulaci�n regional.

Se han tipificado las infracciones de forma que se eviten cl�usulas vagas o generales que puedan redundar en desprotecci�n o inseguridad de los administrados y se han perfeccionado los instrumentos de tutela administrativa que, distintos de las sanciones propiamente dichas, hagan posible una eficaz y r�pida protecci�n de los intereses p�blicos implicados en la regulaci�n del comercio minorista.