Sumario

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT覰OMA DE CANTABRIA

Con髗case que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 15.2� del Estatuto de Autonom韆 de Cantabria, promulgo la siguiente:

LEY DE CANTABRIA 6/2005, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES PARA LA COMUNIDAD AUT覰OMA DE CANTABRIA PARA EL A袿 2006

PRE罬BULO

Desde la perspectiva de la actividad que desarrolla la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, cuyos objetivos se contienen en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el a駉 2006, y al objeto de contribuir a una mayor eficacia y eficiencia en los mismos, se dicta la presente Ley como norma que contiene un conjunto de medidas referidas a diferentes 醨eas de actividad que contribuyen a la consecuci髇 de los objetivos propios de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria.

De acuerdo con los objetivos planteados, la Ley dicta una serie de medidas de naturaleza administrativa y tributaria.

I

En el T韙ulo I 玁ormas Administrativas�, se establecen una serie de medidas, basadas en su repercusi髇 presupuestaria o en la urgencia de su implantaci髇. Entre estas medidas destaca:

La modificaci髇 de la Ley 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gesti髇 de residuos s髄idos urbanos de Cantabria, para adaptarla a las modificaciones introducidas con posterioridad en la legislaci髇 b醩ica Estatal sobre residuos, fundamentalmente en lo que se refiere al pago de los servicios prestados por la Comunidad Aut髇oma. En este sentido, y de conformidad con lo establecido en la normativa b醩ica, se determinan los mecanismos procedimentales para llevar a cabo la planificaci髇 sobre residuos urbanos, encomendando al Gobierno de Cantabria la determinaci髇 de las instalaciones de valorizaci髇 y eliminaci髇 en las que se llevar� a cabo la gesti髇 final de los residuos urbanos, as� como la ubicaci髇 y 醡bito geogr醘ico de los centros de transferencia y se declaran como servicio p鷅lico de titularidad auton髆ica y de recepci髇 obligatoria las actividades de gesti髇 final de los residuos urbanos mediante valorizaci髇 o eliminaci髇, as� como su eventual traslado desde los centros de transferencia. Consecuentemente, estos servicios ser醤 retribuidos mediante la nueva tasa de gesti髇 final de residuos urbanos, que tambi閚 se crea la presente Ley y que viene a sustituir a los precios p鷅licos que hasta ahora se ven韆n cobrando por la prestaci髇 de estos servicios.

- Por lo que respecta a la Ley 5/1996, de 17 de noviembre, de Carreteras de Cantabria, se modifican los art韈ulos 29 y 30 relativos al procedimiento sancionador; de esta manera, en aras del principio constitucional de eficacia que ha de regir la actuaci髇 de la Administraci髇 y con objeto de agilizar los procedimientos, se prev� el pago anticipado y voluntario de multas, con reducci髇 de un 40%, que implicar�, salvo que proceda imponer adem醩 otras medidas adicionales, 鷑icamente la renuncia a formular alegaciones y la terminaci髇 del procedimiento, sin necesidad de dictar resoluci髇 expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes. De la misma manera, la experiencia en la tramitaci髇 de expedientes sancionadores en el 醡bito de las carreteras auton髆icas aconseja ampliar el plazo en los mismos t閞minos que se ha efectuado en la Administraci髇 del Estado para el 醡bito de las carreteras estatales a trav閟 del art韈ulo 74.2 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, que ha dado una nueva redacci髇 al art韈ulo 34.3 de la Ley 25/1988.

- Como consecuencia de las discrepancias surgidas con la Administraci髇 General del Estado en la interpretaci髇 de diferentes art韈ulos de la Ley 5/2004, de 16 de noviembre, de Puertos de Cantabria, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General Comunidad Aut髇oma de Cantabria en su reuni髇 celebrada el 29 de abril de 2005 se procede a la modificaci髇 del articulo 2.1, de la Ley de Puertos de Cantabria, estableci閚dose la previa adscripci髇 por la Administraci髇 del Estado a la Comunidad Aut髇oma de Cantabria de los puertos e instalaciones portuarias.

Igualmente se modifica el r間imen econ髆ico financiero de la ocupaci髇 del dominio publico portuario de los Puertos de Cantabria, dado que la redacci髇 actual de la Ley imposibilita la aplicaci髇 del canon por aprovechamiento especial del dominio publico portuario en el desarrollo de actividades comerciales, industriales y de servicios, en los casos de utilizaci髇 del dominio publico o de instalaciones, ya que 鷑icamente considera su aplicaci髇 para los supuestos de autorizaciones sin ocupaci髇 de superficies o instalaciones. Considerando que este canon deber韆 ser aplicado a todos los supuestos, tal y como dispone la legislaci髇 portuaria estatal y como se ha venido realizando a lo largo de los a駉s en la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, procede dar nueva redacci髇 a los art韈ulos 44 y 45 de la Ley de Puertos de Cantabria.

En materia de sanciones portuarias, y al igual que sucede en la Ley de Carreteras de Cantabria, en aras del principio constitucional de eficacia que ha de regir la actuaci髇 de la Administraci髇 y con objeto de agilizar los procedimientos sancionadores, se prev� el pago anticipado y voluntario de multas, con reducci髇 de un 40%, que implicar�, salvo que proceda imponer adem醩 otras medidas adicionales, 鷑icamente la renuncia a formular alegaciones y la terminaci髇 del procedimiento, sin necesidad de dictar resoluci髇 expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.

Por otra parte, se prev� la posibilidad de modificar el modelo de gesti髇 portuaria a trav閟 de la creaci髇 de una Entidad P鷅lica Empresarial, en concordancia con el modelo de administraci髇 portuaria establecido por la Administraci髇 del Estado y otras Comunidades Aut髇omas y con el objetivo de potenciar los principios de eficacia, econom韆 y rentabilidad enunciados por la Ley 5/2004, de 16 de noviembre, de Puertos de Cantabria.

- Se modifica el art韈ulo 24.2 de la Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y Depuraci髇 de Aguas Residuales, a los efectos de dar mejor redacci髇 a los aspectos legales relativos al ejercicio de funciones de aplicaci髇 de tributos, tanto de la Consejer韆 con competencias en materia de Medio Ambiente como de la entidad p鷅lica de ella dependiente a la que se encomiende la gesti髇 del canon de saneamiento, dado que, con la actual redacci髇 de la Disposici髇 Adicional 趎ica de la citada Ley 2/2002, no queda claro dicho extremo.

- La Ley de Cantabria 7/2001, de 19 de diciembre, de Ordenaci髇 Farmac閡tica de Cantabria, regula en su T韙ulo IV, la distribuci髇 y dispensaci髇 de los medicamentos de uso veterinario. En los art韈ulos 43 y 44 se definen los establecimientos que podr醤 llevar a cabo las actividades de distribuci髇 y dispensaci髇, atribuyendo su autorizaci髇 al 髍gano sanitario competente de la Comunidad Aut髇oma, sin especificar cual debe ser 閟te. En el caso de los botiquines de urgencia (art韈ulo 45), se dispone que ser� la Consejer韆 de Sanidad, la competente para su autorizaci髇.

Con respecto a las actividades inspectoras de los establecimientos antes citados, la Ley 7/2001 no hace ninguna referencia concreta, disponiendo 鷑icamente en su art韈ulo 47.1, de una manera general, que corresponde a la Consejer韆 de Sanidad 玪a realizaci髇 de las inspecciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo previsto en esta Ley�.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso desarrollar y concretar las actuaciones respecto a los medicamentos de uso veterinario en Cantabria, determinando el 醡bito competencial respectivo de las Consejer韆s de Ganader韆, Agricultura y Pesca, y de Sanidad y Servicios Sociales. Todo ello con la finalidad de garantizar la correcta utilizaci髇 y control de los medicamentos veterinarios, imprescindibles por otro lado, habida cuenta de sus repercusiones sobre el desarrollo de la ganader韆, la salud p鷅lica y el medio ambiente.

- En materia de infancia y adolescencia, se procede a la reforma de diversos preceptos de la Ley 7/1999, de 28 de abril, por la que se regula la protecci髇 de la infancia y la adolescencia. As� se introduce una previsi髇 para hacer posible la obligatoriedad de la comparecencia personal de los padres o tutores en las dependencias de la Administraci髇, cuando las circunstancias del caso lo aconsejen. La confidencialidad de las actuaciones en los procedimientos de menores, as� como la celeridad que requieren por ser estar sus sujetos en continuos evoluci髇 y desarrollo, hace necesario disponer de la posibilidad de comparecencia personal obligatoria en los procedimientos. Con esta Ley se da la cobertura requerida por la m醩 reciente modificaci髇 de la legislaci髇 de procedimiento administrativo, que tiene car醕ter b醩ico.

Se introduce una nueva infracci髇 en la lista que prev� la Ley, para evitar una hipot閠ica resistencia de los adoptantes a la realizaci髇 de informes de seguimiento. Del mismo modo, se da cobertura legal a una multa coercitiva para adoptantes de menores provenientes del extranjero, para poder conseguir su cooperaci髇 para la emisi髇 de informes requeridos, habida cuenta que una vez que se ha integrado el menor en su familia pueden negarse a la realizaci髇 de los informes requeridos por los pa韘es de origen sin perjuicio para ellos, por el car醕ter irrevocable de la adopci髇. Sin embargo, la falta de emisi髇 de los informes de seguimiento requeridos por los pa韘es de origen de los menores puede acarrear graves consecuencias para futuros adoptantes.

- Se modifican los art韈ulos 18,m) y 33,k) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de R間imen Jur韉ico del Gobierno y de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, ya que actualmente, los Consejeros son los 髍ganos competentes para la concesi髇 de las subvenciones nominativas inferiores a 30.000 euros que representan la mayor韆 de las subvenciones que, con este car醕ter, figuran en los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, correspondiendo, no obstante, la facultad de autorizar los convenios vinculados a la concesi髇 de dichas subvenciones al Consejo de Gobierno.

Por lo tanto, a fin de agilizar la tramitaci髇 de los expedientes de gasto por la concesi髇 de subvenciones nominativas de peque馻 cuant韆, procede facultar a los Consejeros para la firma de estos convenios sin necesidad de autorizaci髇 previa del Consejo de Gobierno en estos casos y en aquellos otros en que una Ley les faculte expresamente.

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el art韈ulo 43 de la Ley 30/1992, la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de R間imen Jur韉ico del Gobierno y de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria estableci� en su Anexo II una relaci髇 de procedimientos administrativos en los que el silencio administrativo tiene efectos desestimatorios.

En el momento presente parece oportuno incluir determinados procedimientos administrativos de gesti髇 de personal relativos a las solicitudes formuladas por los interesados, salvo las relativas a vacaciones permisos y licencias, propios de la Consejer韆 de Presidencia, Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo, en atenci髇 a sus consecuencias econ髆icas y organizativas, procedimientos en los cuales las solicitudes formuladas se podr醤 entender desestimadas una vez transcurridos los plazos m醲imos de resoluci髇, sin que se hubiera dictado resoluci髇 expresa.

- Asimismo, se ha considerado necesario actualizar parcialmente la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Funci髇 P鷅lica, incorporando medidas que favorecen la protecci髇 de las v韈timas de violencia de g閚ero, de tal manera que se tendr� especial consideraci髇, en los supuestos de movilidad geogr醘ica entre las Administraciones P鷅licas, con las empleadas p鷅licas v韈timas de violencia de g閚ero.

Igualmente, se modifica el art韈ulo 42 de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Funci髇 P鷅lica en el sentido de suprimir, como requisito previo a la convocatoria de la oferta p鷅lica de empleo, la realizaci髇 del oportuno concurso de m閞itos, adapt醤dolo as� a lo dispuesto en apartado 4. del art韈ulo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci髇 P鷅lica, modificado por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

- La Disposici髇 Transitoria Primera de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenaci髇 Territorial y R間imen Urban韘tico del Suelo de Cantabria, regula la adaptaci髇 del planeamiento urban韘tico municipal a la nueva Ley, estableciendo su apartado 3 la obligaci髇 de los municipios de adaptar sus instrumentos de planeamiento a lo dispuesto en la Ley en el plazo de cuatro a駉s y, en todo caso, con ocasi髇 de la primera modificaci髇 que se tramite despu閟 de dicho plazo. Por otra parte, el apartado 4 de la Disposici髇 regula las modificaciones que pueden realizarse durante los cuatro a駉s previstos en el apartado anterior.

Habiendo transcurrido cuatro a駉s desde la entrada en vigor de la Ley, se hace precisa la modificaci髇 de la Disposici髇 Transitoria Primera, ya que, en determinadas ocasiones, razones de inter閟 p鷅lico hacen necesario la aprobaci髇 de modificaciones de planeamiento de especial importancia municipal o supramunicipal. La citada modificaci髇 tiene como finalidad posibilitar determinadas actuaciones que de otra manera ser韆n de imposible realizaci髇.

- Por 鷏timo, desde la creaci髇, en diciembre de 2004, de la sociedad mercantil 獷mpresa C醤tabra para el Desarrollo de las Nuevas Tecnolog韆s� (EMCANTA, S.L.), 閟ta viene prestando servicios a distintas Consejer韆s de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria. Sin embargo, las dificultades derivadas de articular una correcta relaci髇 jur韉ica entre la nueva sociedad y los distintos 髍ganos de la Administraci髇 de esta Comunidad Aut髇oma que requieren sus servicios justifican la necesidad de otorgar a EMCANTA, S.L. un r間imen jur韉ico especial, similar a otros ya reconocidos en el 醡bito de la Administraci髇 del Estado y de otras Comunidades Aut髇omas, consistente en considerar a esta empresa p鷅lica como medio propio instrumental y servicio t閏nico de la Administraci髇.

En aplicaci髇 de este reconocimiento, EMCANTA, S.L., una vez su capital social sea de titularidad completamente p鷅lica, estar� obligada a realizar los proyectos, servicios, asistencias t閏nicas y cuantas actuaciones le encomiende directamente la Administraci髇 de esta Comunidad Aut髇oma y los organismos de ella dependientes en las materias que constituyen el objeto social de la empresa.

II

En el t韙ulo II, bajo la r鷅rica 玁ormas Tributarias�, se articulan una serie de normas tendentes tanto a introducir variaciones en la normativa reguladora de la gesti髇 tributaria, como a modificar determinados aspectos sustantivos de la legislaci髇 de los tributos, procedi閚dose, igualmente, a la modificaci髇, unificaci髇 y actualizaci髇 de las tasas de la Administraci髇 y de los Organismos P鷅licos de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria.

Entre las medidas de car醕ter Tributario cabe destacar:

- Medidas para la mejora de la actividad gestora de los tributos cedidos:

Consistentes b醩icamente en el establecimiento de la obligaci髇 de los Registradores de la Propiedad con destino en la Comunidad Aut髇oma de remitir trimestralmente una declaraci髇 referente a actos presentados a inscripci髇 cuando la declaraci髇 del Impuesto de Sucesiones y Donaciones o de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados se realice en otra Autonom韆 y a 閟ta no le corresponda el rendimiento, refuerza las introducidas en el ordenamiento auton髆ico por la Ley de Cantabria 7/2.004, de 27 de diciembre; si mediante dicha ley se dio cauce legal a la obligaci髇 de remisi髇 de una declaraci髇 informativa notarial de los elementos b醩icos de las escrituras as� como de la copia electr髇ica de las mismas, mediante la presente se establece otra obligaci髇 informativa encaminada a ampliar las fuentes de conocimiento de hechos imponibles cuya declaraci髇 corresponde a la Comunidad Aut髇oma.

Se modifica tambi閚 la regulaci髇 legal de los acuerdos de valoraci髇 previa vinculante sustituyendo la obligaci髇 de acompa馻r las solicitudes de estos acuerdos con una propuesta de valoraci髇 firmada, en el caso de bienes inmuebles, por un t閏nico competente, por la de incorporar a la solicitud los datos necesarios y suficientes para que el t閏nico de la administraci髇 pueda valorar, y sin perjuicio de que el interesado aporte cualquier documentaci髇 que estime conveniente. As� pues, los ciudadanos no sufren merma alguna en su derecho de aportar cuantos elementos estimen convenientes, pero se liberan de la carga de tener que aportar un informe t閏nico que les supone un coste econ髆ico elevado.

- Reformas sustantivas en la regulaci髇 de los tributos cedidos:

En lo que respecta a la regulaci髇 auton髆ica de los tributos cedidos, las medidas tienen por objeto los impuestos directos. Se introducen dos nuevas deducciones auton髆icas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas; una por donativos a fundaciones, la otra por acogimiento familiar de menores. La citada en primer lugar tiene como objeto las donaciones a las fundaciones radicadas en Cantabria con finalidad cultural, asistencial o an醠oga. La deducci髇 no s髄o incentiva la realizaci髇 de estas aportaciones gratuitas, favoreciendo la financiaci髇 de actividades de claro inter閟 social, sino que premia la colaboraci髇 desinteresada de los ciudadanos en las mismas; la segunda es un beneficio fiscal destinado fomentar y agradecer la generosa labor de las personas que toman un menor con el que no tienen relaci髇 previa en acogimiento familiar, permitiendo que muchos menores no est閚 internados en centros y puedan disfrutar de un ambiente familiar a pesar de estar en circunstancias tan graves que han motivado su guarda por la Administraci髇.

- La Comunidad Aut髇oma ejerce mediante la presente Ley las competencias normativas que le otorga el vigente sistema de financiaci髇 auton髆ica en el Impuesto sobre el Patrimonio por vez primera, elevando el m韓imo exento del Impuesto y modificando el tipo de gravamen.

En lo que se refiere al m韓imo exento, el incremento del valor nominal del patrimonio de los ciudadanos, especialmente motivado por la subida del valor de los inmuebles, ha provocado que un tributo que naci� con vocaci髇 de ser extraordinario tenga como sujetos pasivos a casi la totalidad de los asalariados. Diversas medidas encaminadas a rebajar la presi髇 fiscal por este concepto, principalmente la introducci髇 de determinadas reducciones en la base del mismo, han provocado la exenci髇 pr醕tica de determinados colectivos en funci髇 de su fuente principal de renta, y no han aminorado la carga de otros; se han creado beneficios fiscales asim閠ricos, que discriminan a quienes optan o se ven forzados al alquiler frente a la adquisici髇 de la vivienda en propiedad. Todo ello no facilita el cumplimiento del principio de justicia tributaria, por ello se eleva el m韓imo exento del impuesto, con car醕ter general para todos los ciudadanos, medida inspirada en el principio de igualdad. El mismo principio es fuente del establecimiento de m韓imos exentos m醩 elevados para las personas discapacitadas, medida coherente con las tomadas en la Ley de Cantabria 7/2004, de ayuda a este colectivo.

La modificaci髇 de la tarifa del Impuesto ha pretendido incrementar la progresividad del mismo a la vez que, en consonancia con la elevaci髇 del m韓imo exento, disminuir la carga fiscal de los patrimonios m醩 peque駉s. Se incrementan por tanto los intervalos m醩 bajos de la escala, adecuando la misma al incremento del valor sufrido a lo largo de los 鷏timos a駉s y disminuyendo la presi髇 fiscal de los patrimonios menores, y se incrementa ligeramente la presi髇 fiscal de los patrimonios m醩 altos, acentuando la progresividad y en consonancia con el esp韗itu originario del tributo y con la regulaci髇 de sus equivalentes en otros pa韘es de nuestro entorno: su car醕ter extraordinario.

Puede verse que se mantiene la t閏nica ya seguida en la Ley 7/2004 de introducir variaciones en la Ley de Medidas fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado. Esta t閏nica permite mantener una 鷑ica Ley de referencia en este campo y facilita la aplicaci髇 de los correspondientes preceptos frente a la oscuridad que puede representar la existencia de preceptos esparcidos por diversas normas. Esta necesidad de facilitar la aplicaci髇 del Derecho, de claridad, debe completarse con la refundici髇 de aquel texto legal que ha sido modificado en repetidas ocasiones. Por ello se autoriza en la presente Ley al Gobierno a elaborar el Texto Refundido de la Ley de Cantabria 11/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales en Materia de Tributos Cedidos por el Estado.

La Disposici髇 Adicional Primera de la Ley de Cantabria 7/2004 autoriz� al Gobierno de Cantabria a dictar un nuevo Reglamento del Procedimiento Econ髆ico Administrativo. La aprobaci髇 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley General Tributaria en Materia de Revisi髇 en v韆 Administrativa, ha introducido novedades en este procedimiento de necesaria observaci髇 en el desarrollo reglamentario auton髆ico, am閚 de determinar la necesidad de definici髇 de determinadas competencias por las Comunidades Aut髇omas referentes a otros procedimientos de revisi髇 administrativa de actos tributarios. Por ello procede una nueva autorizaci髇 al Ejecutivo Regional para el correspondiente desarrollo reglamentario.

- Respecto a las tasas, y dentro del proceso de homogenizaci髇 de las tarifas de las Tasas existentes en la actualidad, se procede a unificar las correspondientes a inscripci髇 en las pruebas de acceso a la funci髇 p鷅lica del Gobierno de Cantabria y sus Organismo Aut髇omos que vienen establecidas en las Tasa 1 de la Consejer韆 de Presidencia, Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo, Tasa 2 de la Consejer韆 de Educaci髇 y la Tasa 8 de la Consejer韆 de Sanidad y Servicios Sociales.

El motivo radica en que la 鷑ica diferencia sustancial entre las mismas esta en el 髍gano que efect鷄 las pruebas de acceso, por lo que siendo la bases del costo del proceso las mismas, parece razonable que no existan diferencias en las Tarifas, cara a favorecer el pago por parte de los sujetos pasivos de la forma m醩 sencilla posible y la gesti髇 por los empleados p鷅licos. El importe de las tarifas es una expresi髇 media de las existentes en la actualidad.

De la misma manera, dentro de este proceso de homogenizaci髇 y unificaci髇 de tasas, la �1.- Tasa por Servicios Administrativos� y 2.- 玊asa por Direcci髇 e Inspecci髇 de obras� aplicables hasta ahora por todas las Consejer韆s y Organismos Aut髇omos, se hace extensiva, adem醩, a todos los organismos p鷅licos o entes de derecho p鷅lico dependientes de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria

- Se modifica la Tasa n� 8 de la Consejer韆 de Presidencia, Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo, identificada como Tasa por Concesi髇 de autorizaciones en suelo r鷖tico. La modificaci髇 est� motivada en que tal y como est� recogido en la actualidad, el hecho imponible lo constituye 鷑icamente la concesi髇 de autorizaciones para construcciones en suelo r鷖tico a trav閟 de la Consejer韆 de Presidencia, Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo.

Sin embargo, el art. 115 de la Ley 2/2001 de Ordenaci髇 Territorial y R間imen Urban韘tico del Suelo de Cantabria, establece que, a medida que los planeamiento urban韘ticos se adapten a esta Ley, la competencia para conceder las autorizaciones en suelo r鷖tico de protecci髇 ordinaria corresponder� a los Ayuntamientos, previo informe, en todo caso, de la Comisi髇 Regional de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo. En este supuesto, ya no es aplicable la tasa en la redacci髇 que actualmente tiene, ya que la autorizaci髇 final es municipal, sin embargo, se mantiene el informe preceptivo de la Comisi髇 Regional de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo, con lo cual los trabajos a desarrollar por el personal de la Consejer韆 se mantienen.

- Las Tasas aplicables por la Consejer韆 de Ganader韆, Agricultura y Pesca presentan determinadas modificaciones que alcanzan, principalmente, a la supresi髇 de las tarifas 3, 5 y 6 de la �1.- Tasas por Ordenaci髇 y Defensa de las Industrias Agr韈olas, Forestales y Pecuarias� al no ser ya obligatoria la prestaci髇 del servicio o la actividad gravada, se modifican determinados conceptos impositivos de la �3.- Tasas por Prestaci髇 de Servicios Facultativos Veterinarios� y se suprime la �10.- Tasas por la utilizaci髇 de los medios de extinci髇 de incendios adscritos a la Direcci髇 General de Montes y Conservaci髇 de la Naturaleza�.

- Dentro de las Tasas aplicables por la Consejer韆 de Medio Ambiente, destaca igualmente la creaci髇 de la Tasa de gesti髇 final de residuos urbanos, que viene a sustituir a los precios p鷅licos establecidos por Decreto 67/1993, de 30 de septiembre, por prestaci髇 de los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos s髄idos urbanos y hospitalarios. Como consecuencia de la modificaci髇 de la Ley 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gesti髇 de residuos s髄idos urbanos de Cantabria, que se opera en el presente Texto, se procede a declarar como servicio p鷅lico auton髆ico las actividades de gesti髇 final de los residuos urbanos mediante valorizaci髇 o eliminaci髇, as� como su eventual traslado desde los centros de transferencia. Consecuentemente, la retribuci髇 derivada de la prestaci髇 de estos servicios deja de tener la consideraci髇 de precio p鷅lico, siendo retribuidos mediante la nueva tasa de gesti髇 final de residuos urbanos, que se crea en esta Ley y que viene a sustituir a los precios p鷅licos. La tarifa de dicha Tasa, calculada en base a coste conjunto de los servicios de planta de transferencia y gesti髇 final, ser� 鷑ica por tonelada de residuos de tal forma que no se produzcan discriminaciones derivadas de la ubicaci髇 geogr醘ica de los Municipios, por lo que a estos se les aplicar� la misma tarifa con independencia del lugar en que se encuentren ubicados y de que los residuos recogidos tengan que transportarse o no a las plantas de transferencia.

Por otro lado, la retribuci髇 de este servicio, en r間imen de tarifa inferior a su coste real se justifica por razones sociales y econ髆icas, fundadas en la necesidad de hacer menos gravosa esta carga financiera a los municipios, usuarios y beneficiarios del mismo.

- Respecto a las Tasas aplicables por la Consejer韆 de Industria, Trabajo y desarrollo Tecnol骻ico, destaca la creaci髇 de una tarifa nueva destinada a la autorizaci髇 de centros t閏nicos para tac骻rafos digitales, dentro de las correspondientes a la ordenaci髇 de actividades industriales, energ閠icas, mineras y venta de bienes.

- Al igual que en a駉s anteriores, se ha procedido a actualizar los tipos de cuant韆 fija de las tasas de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria y del canon de saneamiento, en la previsi髇 de incremento de los precios para el ejercicio, que en el a駉 2004 y 2005 fue del 2%, porcentaje establecido por la Administraci髇 General del Estado.

El incremento real en el a駉 2004 fue del 3,2%, y en el per韔do del 1 de enero al 31 agosto de 2005 asciende a 1,9%, correspondi閚dole un incremento interanual del 3,7%.

A la vista de los datos parece oportuno elevar la cuant韆 en un 3 %, en la misma forma que otras Administraciones P鷅licas en el 醡bito de nuestra regi髇 han planteado para el a駉 2006, toda vez que la cantidad es inferior a la previsi髇 interanual de I. P. C., habiendo sido superior en todos los casos el incremento del coste de los servicios en los 鷏timos ejercicios.