Sumario

Exposici�n de motivos

La definici�n de los presupuestos como la expresi�n cifrada, conjunta y sistem�tica de las obligaciones que, como m�ximo, se podr�n reconocer y de los derechos que se prev� liquidar durante el ejercicio presupuestario pone de manifiesto las limitaciones, fundamentalmente temporales, que condicionan los preceptos jur�dicos contenidos en las leyes de presupuestos.

De ah� que la eficaz ejecuci�n de la pol�tica econ�mica dise�ada en los presupuestos generales de la Comunidad Aut�noma para el a�o 2011 demande la adopci�n de medidas legislativas complementarias que guarden relaci�n con los gastos e ingresos previstos en la norma presupuestaria, bien por su contenido econ�mico-financiero bien por su incidencia en la b�squeda de una mayor eficiencia de la organizaci�n administrativa, y que se formulen con una vocaci�n de permanencia superior a la anualidad presupuestaria.

Por su naturaleza, ajust�ndose a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, estas medidas legislativas se adoptan a trav�s de leyes espec�ficas a las que, tradicionalmente, nuestro ordenamiento jur�dico denomin� como �leyes de medidas� o �leyes de acompa�amiento�. En nuestra comunidad, estas leyes se extendieron desde finales de los noventa hasta el a�o 2005 y sirvieron de complemento para la implantaci�n de un marco regulatorio de pol�tica fiscal, financiera y de organizaci�n administrativa.

En la actual situaci�n de incertidumbre econ�mica resulta necesario recuperarlas como instrumento necesario para la consecuci�n de estas pol�ticas y para el cumplimiento de los objetivos econ�micos por ellas perseguidos. Desde la perspectiva de la actividad que desarrolla la Comunidad Aut�noma de Galicia, cuyos objetivos se explicitan en la Ley de presupuestos generales de la Comunidad para el a�o 2011, y al objeto de contribuir a una mayor eficacia y eficiencia de estos, se dicta la presente ley como norma que, por el car�cter permanente de sus disposiciones, contiene un conjunto de medidas referidas a diferentes �reas de actividad que contribuyen a la consecuci�n de determinados objetivos de orientaci�n plurianual perseguidos por la Comunidad a trav�s de la ejecuci�n presupuestaria.

De acuerdo con lo expuesto, la ley se estructura en dos t�tulos: el primero, dedicado a las medidas de car�cter fiscal; y el segundo, a las de car�cter administrativo. El t�tulo I se estructura en cuatro cap�tulos dedicados, respectivamente, a los tributos cedidos, a los tributos propios, a las normas de aplicaci�n de los tributos y a la organizaci�n de la Administraci�n tributaria. El t�tulo II consta tambi�n de cuatro cap�tulos, que se corresponden, respectivamente, con el r�gimen financiero, presupuestario y patrimonial, con el medio rural y con la ordenaci�n urban�stica, con la funci�n p�blica y con medidas en materia de contrataci�n. Finalmente, la ley cuenta con una disposici�n transitoria, una disposici�n derogatoria y nueve disposiciones finales.

La ley contiene en su t�tulo I un conjunto de normas de car�cter fiscal. En primer lugar, en cuanto a los tributos cedidos, el cap�tulo I de este t�tulo recoge, dentro del marco establecido para el ejercicio de las competencias normativas por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiaci�n de las comunidades aut�nomas de r�gimen com�n y ciudades con estatuto de autonom�a y se modifican determinadas normas tributarias, una serie de medidas que afectan al impuesto sobre la renta de las personas f�sicas, al impuesto sobre sucesiones y donaciones, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur�dicos documentados y a la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar.

Por lo que se refiere al impuesto sobre la renta de las personas f�sicas, se establecen tres deducciones nuevas y se ampl�a el �mbito de una ya existente. La deducci�n por autoempleo beneficiaba a las mujeres, cualquiera que fuese su edad, y a los hombres menores de 35 a�os. La situaci�n actual de crisis econ�mica y el aumento del n�mero de desempleados hace aconsejable ampliar el beneficio fiscal y eliminar la limitaci�n de edad para el caso de los hombres.

En cuanto a las deducciones nuevas, se establece una deducci�n por acogimiento familiar, en la l�nea de seguir apoyando las deducciones en el �mbito personal y familiar, as� como dos deducciones orientadas a fomentar la inversi�n en la Comunidad Aut�noma con la finalidad de impulsar la iniciativa privada para la salida de la crisis econ�mica y el fomento del empleo; por lo que se exige que esa inversi�n venga acompa�ada de la creaci�n de empleo y se mantenga durante un per�odo de tres a�os. En este sentido, se establece la deducci�n, en la cuota �ntegra auton�mica, por inversi�n en la adquisici�n de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creaci�n y tambi�n la correspondiente a las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisici�n de acciones como consecuencia de acuerdos de ampliaci�n de capital suscritos por medio del segmento de empresas en expansi�n del Mercado Alternativo Burs�til.

Como �ltima novedad, se regula la escala auton�mica del IRPF de acuerdo con la nueva normativa que regula la financiaci�n auton�mica, que obliga a su aprobaci�n por cada Comunidad Aut�noma, sin que se produzcan incrementos de los tipos establecidos para cada uno de sus tramos.

En el impuesto sobre sucesiones y donaciones, con la finalidad de promover las agrupaciones de propietarios forestales, se establece para las adquisiciones, por causa de muerte o por donaci�n, de parcelas forestales incluidas en la superficie de gesti�n conjunta de estas agrupaciones, una reducci�n del 99% del valor de estas parcelas.

En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur�dicos documentados, por una parte, se establece una deducci�n en la cuota del 100% en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, aplicable a los arrendamientos de terrenos r�sticos. Por otra, en consonancia con la promoci�n de las agrupaciones de propietarios forestales dotadas de personalidad jur�dica, se establece una deducci�n en la cuota del 100% para las transmisiones onerosas de parcelas forestales incluidas en la superficie de gesti�n conjunta o de comercializaci�n de producciones que realicen este tipo de agrupaciones.

Este cap�tulo se cierra con el establecimiento de los tipos de gravamen de la tasa fiscal sobre el juego, en los casos de los casinos de juego y de las m�quinas o aparatos autom�ticos aptos para la realizaci�n de juegos.

Por lo que se refiere a los tributos propios, se procede al establecimiento de exenciones en los tributos sobre el juego, en concreto en el impuesto sobre el bingo, para aquellos que, dada su entidad, est�n excluidos del �mbito de aplicaci�n y, por lo tanto, de las formalidades y requisitos establecidos en la Ley 14/1985, de 23 de octubre, reguladora de los juegos y las apuestas de Galicia.

En el cap�tulo III de este t�tulo se modifican normas relativas a la aplicaci�n de los tributos. En lo que se refiere a la comprobaci�n de valores, se modifica la normativa existente por dos motivos. El primero consiste en dar validez jur�dica, en el �mbito de esta Comunidad Aut�noma, a los valores publicados por otras comunidades aut�nomas para los bienes situados en sus territorios. De esta manera se da entrada a medios de comprobaci�n distintos del dictamen de peritos y se permite m�s agilidad en el procedimiento gestor. El segundo consiste en adecuar la normativa a la eliminaci�n de la obligaci�n del visado colegial para los dict�menes periciales. Adem�s, se introducen ciertas modificaciones en las obligaciones formales de los notarios a favor de la remisi�n por v�a telem�tica de la declaraci�n informativa comprensiva de los elementos b�sicos de la escritura.

Por �ltimo, este cap�tulo de la ley establece la obligaci�n de la autoliquidaci�n por parte de los sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre el juego realizado a trav�s de maquinas tipo �A� especial, �B� y �C�, en la forma, lugar y plazos establecidos por orden de la consejer�a competente en materia de hacienda. Tambi�n establece la obligaci�n de ingresar, en el momento de la presentaci�n de la autoliquidaci�n, la cuota anual correspondiente.

En el cap�tulo IV se recogen dos medidas dirigidas a la mejora de la Administraci�n tributaria. As�, en primer lugar, contiene una nueva regulaci�n de la encomienda de competencias en la aplicaci�n de los tributos a las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario. En segundo y �ltimo lugar, siguiendo tambi�n la senda de la racionalizaci�n administrativa, considerando el marco de la actual situaci�n econ�mica y con la conciencia de que la lucha contra las bolsas de fraude fiscal se convierte en un elemento primordial para la Administraci�n tributaria, se autoriza la creaci�n de la Agencia Tributaria de Galicia.

El objetivo perseguido no es otro que revisar la estructura org�nica actual, en la que confluyen servicios centrales, departamentos territoriales y �rganos u oficinas con competencias espec�ficas, y dise�ar la organizaci�n de la Administraci�n tributaria auton�mica, a la que se le encomendar� la aplicaci�n de todos los tributos propios, as� como, por delegaci�n del Estado, de los tributos estatales cedidos, como instrumento al servicio de los intereses de la Comunidad Aut�noma de Galicia para la aplicaci�n efectiva de los recursos a su cargo.

Esta organizaci�n debe poder adaptarse, adem�s, a nuevas situaciones fiscales y llevar a cabo las actuaciones precisas de colaboraci�n y coordinaci�n con la Administraci�n tributaria estatal, con la de otras comunidades aut�nomas y con las haciendas locales, para contribuir a la eficacia del sistema tributario espa�ol.

En su dise�o debe buscarse un modelo que contribuya a incrementar la capacidad de gesti�n y la especializaci�n, que cuente con los medios materiales y personales id�neos y con un r�gimen jur�dico que se adapte a las singularidades de la actividad que debe desarrollar y que disfrute de la conveniente flexibilidad para el ejercicio de sus funciones, as� como que adopte la forma que mejor responda a los principios previstos con car�cter general en la Constituci�n espa�ola y en el Estatuto de autonom�a.

Para lograr los objetivos descritos, se considera que el modelo m�s apropiado consiste en una agencia p�blica auton�mica dotada de personalidad jur�dica propia y plena capacidad de obrar, con patrimonio y tesorer�a propios y autonom�a funcional, financiera y de gesti�n para el cumplimiento de sus fines.

Este ente ejercer� las potestades administrativas para la aplicaci�n de los tributos y la recaudaci�n ejecutiva de los dem�s ingresos de derecho p�blico de la Hacienda p�blica gallega, la potestad sancionadora en materia tributaria y la revisi�n en v�a administrativa de los actos dictados en el ejercicio de las competencias anteriores, y se apoyar� en un modelo organizativo que parta de la fijaci�n de unos objetivos, para su posterior evaluaci�n y control, con la consiguiente exigencia de responsabilidad por los resultados obtenidos y el respeto de los derechos de los ciudadanos.

En el t�tulo II, dedicado a las normas de car�cter administrativo, el cap�tulo I recoge modificaciones relativas a la gesti�n presupuestaria y patrimonial. En primer lugar, se faculta para la modificaci�n de los l�mites de compromisos de gasto futuros. En segundo lugar, se introduce un precepto sobre la necesidad de que las propuestas normativas y los planes y programas de contenido econ�mico-financiero dispongan de una memoria en la que se eval�en adecuadamente los costes. Por �ltimo, se establece la posibilidad de que el patrimonio de las extintas c�maras agrarias locales se pueda aplicar a fines de inter�s agrario en el �mbito territorial de Galicia.

En el cap�tulo II de este t�tulo se recogen una serie de medidas tendentes al establecimiento de un marco que facilite y promueva la reorganizaci�n de la propiedad forestal. As�, se destaca la importancia de la puesta en marcha de agrupaciones de propietarios forestales y se establecen medidas que incentivan la agrupaci�n de predios como herramienta imprescindible para la puesta en valor de las parcelas forestales y de la lucha contra el abandono del monte.

En segundo lugar, en este cap�tulo se procede a la reorganizaci�n de los instrumentos de gesti�n de la Xunta de Galicia en el terreno del desarrollo rural. Con esta medida se persigue una gesti�n responsable de los medios de que dispone la Administraci�n auton�mica, a trav�s de la supresi�n de entidades y la adscripci�n de sus medios materiales y personales a otras entidades existentes y acordes con las nuevas funciones que van a desempe�ar. En este sentido, se autoriza al Consejo de la Xunta de Galicia a proceder a la disoluci�n de la Sociedad An�nima para el Desarrollo Comarcal de Galicia y de la Sociedad An�nima Gestora del Banco de Tierras de Galicia. Sus bienes patrimoniales quedan integrados en la Agencia Gallega de Desarrollo Rural y en el Instituto de Estudios del Territorio. Tambi�n se autoriza al Consejo de la Xunta a extinguir las fundaciones para el desarrollo de las comarcas por imposibilidad de realizar el fin fundacional. A los bienes y derechos resultantes de la liquidaci�n de estas fundaciones de desarrollo comarcal se les dar� el destino previsto por el fundador o decidido por el patronato, cuando tenga reconocida esta facultad.

Por otro lado, dentro de este cap�tulo, ante la dificultad existente para promover parques empresariales de entidad en Galicia, se realizan modificaciones para resolver los problemas que pueden comprometer la viabilidad urban�stica del desarrollo del suelo industrial en Galicia, de manera que, de forma excepcional, se pueda incluir en el �mbito de los parques empresariales suelo r�stico de protecci�n para la implantaci�n de infraestructuras, dotaciones e instalaciones de utilidad p�blica o inter�s social.

El cap�tulo III contiene diversas modificaciones del texto refundido de la Ley de la funci�n p�blica en materia de puestos de trabajo de libre designaci�n, plan de ordenaci�n de recursos humanos, rehabilitaci�n de la condici�n de funcionario, excedencia por prestaci�n de servicios en el sector p�blico, excedencia por raz�n de violencia de g�nero, adscripci�n provisional por reingreso al servicio activo y supuestos de cese en un puesto de trabajo provisto por libre designaci�n o por alteraci�n del contenido o supresi�n del puesto y del r�gimen retributivo de los trienios reconocidos al personal interino. Estas modificaciones persiguen la adaptaci�n de la legislaci�n de funci�n p�blica a lo dispuesto en el Estatuto b�sico del empleado p�blico en tanto que es necesario optimizar la distribuci�n de los recursos humanos como mecanismo de previsi�n de los recursos econ�micos disponibles con la consiguiente mejora en la eficiencia de la gesti�n administrativa y con el aumento de la productividad y la eficacia en los servicios a los ciudadanos.

Dentro de estas modificaciones, se encuentran las correspondientes a las disposiciones adicionales del texto refundido de la ley. Se contempla, por una parte, la modificaci�n del derecho a percibir el reconocimiento econ�mico del complemento de destino que la ley de presupuestos del Estado fija para las personas titulares de las direcciones generales, que se restringe para los cargos p�blicos incluidos en el �mbito de aplicaci�n de la Ley de incompatibilidades de altos cargos de la Administraci�n auton�mica, con la excepci�n expresa del personal eventual, la modificaci�n de oficio de las relaciones de puestos de trabajo como consecuencia del cambio en el sistema de provisi�n de puestos de trabajo de las jefaturas de servicio y puestos equivalentes, as� como la incorporaci�n de una nueva disposici�n que prev� un plan de funcionarizaci�n para el personal laboral fijo a trav�s de un proceso selectivo independiente de promoci�n interna.

En el cap�tulo IV de este t�tulo se recogen dos medidas en materia de contrataci�n. La primera de ellas dirigida a la reserva de la participaci�n, en determinados procedimientos de adjudicaci�n de contratos, a centros especiales de empleo y empresas de inserci�n laboral; medida de car�cter sociolaboral que permite, pero no impone, la reserva de contratos con un l�mite del 3% del importe de los adjudicados en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior mediante contratos menores o procedimientos negociados por raz�n de la cuant�a.

Tambi�n destaca, en segundo lugar, la creaci�n, sin incremento del gasto, de un �rgano colegiado independiente para el conocimiento y resoluci�n de las cuestiones de nulidad formuladas y de los recursos especiales en materia de contrataci�n que se interpongan en relaci�n con los procedimientos de contrataci�n de las entidades del sector p�blico.

La disposici�n transitoria establece el r�gimen de las condiciones laborales del personal afectado por la reorganizaci�n de los instrumentos de gesti�n de la Xunta de Galicia en el campo del desarrollo rural.

En su disposici�n derogatoria, la ley contiene cuatro apartados destinados a derogar preceptos y normas que quedaron sin objeto o contenido como consecuencia de lo establecido en otras disposiciones de la ley.

Las disposiciones finales recogen un conjunto de modificaciones legales reguladoras de diferentes �mbitos sectoriales. As�, se permite que las leyes anuales de presupuestos formulen criterios espec�ficos de afectaci�n de una parte del Fondo de Compensaci�n Ambiental, dotado con los recursos procedentes del canon e�lico, y se crea una comisi�n de seguimiento de la ejecuci�n de los proyectos de desarrollo de naturaleza industrial asociados a los parques e�licos, con la finalidad de garantizar la ejecuci�n de las actuaciones por las que los proyectos fueron seleccionados. Asimismo se modifica el �mbito subjetivo de la autorizaci�n de los convenios de contenido econ�mico por parte del Consejo de la Xunta.

Por otra parte, se realizan dos modificaciones legales motivadas por la reorganizaci�n de los instrumentos de gesti�n de la Xunta de Galicia en el campo del desarrollo rural y se determina el car�cter del silencio administrativo en determinadas solicitudes y reclamaciones formuladas por los profesionales del Servicio Gallego de Salud.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprob� y yo, de conformidad con el art�culo 13�.2 del Estatuto de Galicia y con el art�culo 24� de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del Rey, la Ley de medidas fiscales y administrativas.