Artículo 20

...

Primera

Se da una nueva redacción a los artículos 9, apartado f), y 58, apartado 2, de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:

Artículo 9, apartado f):

Artículo 58, apartado 2:

Segunda

Se añade un segundo párrafo al apartado 3 del artículo 56 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:

Tercera

Se modifica la redacción del artículo 26 de la Ley 9/1995, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:

Cuarta

El coste de personal funcionario docente y no docente y contratado docente de la Universidad tiene la especificación siguiente para la Universidad de las Illes Balears en miles de pesetas, sin incluir trienios ni Seguridad Social. En este sentido, la Universidad de las Illes Balears podrá ampliar sus créditos de capítulo I, hasta las cantidades señaladas:

Universidad (UIB):

• Personal docente funcionario y contratado: 3.473.250 pesetas.
• Personal no docente funcionario: 728.017 pesetas.

Quinta

1. Los centros docentes públicos no universitarios gozarán de autonomía en su gestión económica en los términos que se establece en los apartados siguientes.

2.1 La Consejería de Educación y Cultura en el último trimestre de cada año asignará los importes anuales que corresponden a cada centro docente público en concepto de sus gastos de funcionamiento.

Los citados importes serán entregados a los centros, con la periodicidad que se determine, y tendrán la consideración de pagos en firme, con cargo al capítulo 2 del estado de gastos de la sección presupuestaria indicada.

2.2 Los ingresos que los centros recauden como consecuencia de la prestación de servicios distintos de los gravados por las tasas académicas, así como los que se produzcan por legados, donaciones y venta de bienes, podrán ser aplicados a sus gastos de funcionamiento.

3. Corresponderá al Consejo Escolar de cada centro aprobar la aplicación de los ingresos a que hace referencia el punto dos del apartado anterior, a los gastos de funcionamiento del centro.

4.1 Los centros docentes públicos no universitarios deberán rendir cuentas de su gestión a la Consejería de Educación y Cultura. A estos efectos, las cuentas de gestión de los centros incluirán todos los fondos recibidos con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los gastos de funcionamiento; los ingresos obtenidos de acuerdo con lo que se indica en el apartado 2.2 de esta disposición adicional; los gastos realizados con cargo a ambas fuentes anteriores y el remanente que resulte.

4.2 La Consejería de Hacienda, Presupuestos, Energía e Innovación Tecnológica determinará la estructura de la citada cuenta, así como la periodicidad de acuerdo con la que se deberá rendir, y su reflejo en la contabilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

A efectos de lo indicado en el párrafo anterior, el importe total de los ingresos citados en el apartado 2.2 será objeto de aplicación al presupuesto de ingresos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears mediante compensación formal, previa tramitación del correspondiente expediente de generación de créditos.

5. La justificación de la cuenta de gestión a la que hace referencia el apartado anterior podrá llevarse a cabo mediante una certificación del Consejo Escolar sobre la aplicación dada a la totalidad de los recursos de que ha dispuesto cada centro. La citada certificación sustituirá los correspondientes justificantes originales, los cuales quedarán a disposición de los órganos de control interno y externo competentes, para poder llevar a cabo las comprobaciones que correspondan de acuerdo con el ámbito de sus respectivas competencias.

6. Los remanentes de los fondos percibidos por los centros, reflejados en sus cuentas de gestión, tal y como se indica en el apartado 4.1, y que procedan de las entregas tramitadas a los citados centros conforme al procedimiento previsto en esta Ley, o de los ingresos que hayan recaudado por cualquier concepto, siempre que no se trate de las tasas académicas, no serán objeto de reintegro, formarán parte de la cuenta de tesorería de cada centro docente, no formarán parte de la cuenta de tesorería de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y quedarán a disposición de cada centro para ser aplicados al presupuesto de gastos del ejercicio siguiente.

7. Se faculta al Consejero competente en materia de Hacienda y Presupuestos para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo del procedimiento previsto en esta disposición adicional.

Sexta

1. El sobrante de las cantidades abonadas por la Administración de la Comunidad Autónoma a los centros docentes concertados para financiar otros gastos de funcionamiento, distintos de los salarios del personal docente, no será reintegrado a la Administración sino que se destinará a financiar en los ejercicios posteriores gastos de la misma naturaleza.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de la obligación de justificación del empleo de las cantidades abonadas por la Administración para financiar otros gastos de funcionamiento distintos de los salarios del personal docente.

Séptima

Durante el año 2000 se suspende la vigencia de la disposición adicional séptima de la Ley 10/1997, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 1998, únicamente en lo que hace referencia a las tarifas de suscripción al «Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears» vía Internet con servicio de búsqueda.

Octava

1. Con efectos para el ejercicio presupuestario del año 2000, se establece, dentro de la sección 32, una dotación complementaria con destino a los Consejos Insulares, por importe de 499.389.526 pesetas, con la siguiente territorialización:

• Consejo Insular de Mallorca: 295.189.149 pesetas.
• Consejo Insular de Menorca: 93.635.536 pesetas.
• Consejo Insular de Ibiza y Formentera: 110.564.841 pesetas.

2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 4 siguiente, esta dotación se fundamenta en la compensación por los gastos de conservación, mejora, sustitución y ampliación del capital público afecto a la prestación de los servicios correspondientes a las materias competenciales transferidas por la Comunidad Autónoma a los Consejos Insulares, con anterioridad al 15 de marzo de 1995.

3. Esta dotación se distribuye de acuerdo con el gasto transferido homogéneo, a la fecha anteriormente citada, existente para los tres Consejos Insulares a 31 de diciembre de 1999.

4. La dotación se integrará en la masa financiera general correspondiente a los Consejos Insulares y tendrá la condición de financiación incondicionada, siendo actualizada anualmente de acuerdo con el índice general de precios al consumo de España.

5. Igualmente, la dotación se integrará en la restricción financiera inicial que se emplee en el sistema definitivo de financiación previsto en el artículo 39 de la Ley 5/1989, de 13 de abril, de Consejos Insulares.

Novena

1. Excepcionalmente, y hasta que se cree el fondo de compensación interinsular previsto en la Ley 5/1989, de 13 de abril, de Consejos Insulares, las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears incluirán, dentro de la sección 32, una dotación para un fondo interinsular de inversiones y mejora de servicios, que para el año 2000 tendrá un importe de 3.332.932.416 pesetas. Este importe se distribuirá en un cincuenta y cinco por ciento (55 por 100) para dar cobertura a inversiones realizadas, coordinadas o apoyadas por los Consejos Insulares y en un cuarenta y cinco por ciento (45 por 100) para destinarlo a la potenciación de los servicios transferidos a esos mismos Consejos Insulares por Leyes de atribución de competencias que hayan entrado en vigor antes del 31 de diciembre de 1999.

2. El destino, la gestión y la ejecución de este fondo corresponderá a cada uno de los Consejos Insulares según su libre elección, con el único requisito de destinarlo a los fines indicados en el apartado anterior y de acuerdo con las cuantías señaladas en el apartado siguiente.

3. La territorialización de este fondo se estructura en transferencias corrientes y de capital, de acuerdo con la siguiente distribución:

• a) Transferencias corrientes:
  • Consejo Insular de Mallorca: 864.945.956 pesetas.
  • Consejo Insular de Menorca: 292.014.873 pesetas.
  • Consejo Insular de Ibiza y Formentera: 342.858.758 pesetas.
  • Total transferencias corrientes: 1.499.819.587 pesetas.
• b) Transferencias de capital:
  • Consejo Insular de Mallorca: 1.239.664.895 pesetas.
  • Consejo Insular de Menorca: 293.367.364 pesetas.
  • Consejo Insular de Ibiza y Formentera: 300.080.570 pesetas.
  • Total transferencias de capital: 1.833.112.829 pesetas.

4. La dotación que para transferencias de capital se establece en el apartado anterior, que se actualizará anualmente de acuerdo con el índice general de precios al consumo de España, constituirá, en su conjunto, la restricción financiera inicial para la determinación del montante del futuro fondo de compensación interinsular.

5. La dotación que para transferencias corrientes se establece en el apartado tres anterior, se integrará en la masa financiera general correspondiente a los Consejos Insulares y tendrá la condición de financiación incondicionada, siendo actualizada anualmente de acuerdo con el índice general de precios al consumo de España.

6. Asimismo, esta dotación por transferencias corrientes se integrará en la restricción financiera inicial que se emplee en el sistema definitivo de financiación previsto en el artículo 39 de la Ley 5/1989, de 13 de abril, de Consejos Insulares.

7. En cualquier caso, el montante de transferencias corrientes se considerará por cada Consejo Insular como financiación incondicionada en el sentido establecido por la disposición adicional segunda de la Ley 10/1995, de 20 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y de Patrimonio.

8. En la memoria que cada Consejo Insular debe elaborar anualmente, se incluirá un capítulo específico relativo a la aplicación de este fondo en su territorio, en la vertiente correspondiente a la transferencia de capital.

Décima

Quedan sin efecto las obligaciones relativas a la financiación del Hospital General de Mallorca y del Hospital Psiquiátrico que fueron asumidas por el Consejo Insular de Mallorca en virtud de las condiciones segunda y cuarta, apartado uno, del Convenio de Transferencia de los Centros Hospitalarios del Consejo Insular de Mallorca a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, firmado por ambas Administraciones e integrado en el Decreto 193/1996, de 25 de octubre.

Primera

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 7.1.b) y 7.4 de esta Ley, y durante el tiempo en que el número y denominación de las Consejerías sea el establecido por la Orden del Presidente de las Illes Balears de 27 de julio de 1999, se observarán las siguientes reglas complementarias de competencia para autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaciones:

• El Consejero competente respecto de la sección 14 lo será también respecto de la sección 22.
• El Consejero competente respecto de la sección 19 lo será también respecto de la sección 23.
• El Consejero competente respecto de la sección 20 lo será también respecto de la sección 21.

Segunda

A los gastos de alcance plurianual autorizados antes de la entrada en vigor de esta Ley no les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 8 de la misma y se regirán por las normas reguladoras de este tipo de gastos contenidas en las Leyes de Presupuestos vigentes al tiempo de su autorización, además de por lo que establece el artículo 45 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo dispuesto en esta Ley y, en particular, las siguientes:

El apartado 3 del artículo 3 de la Ley 6/1992, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para 1993.

La disposición transitoria segunda de la Ley 12/1993, de 20 de diciembre, de atribución de competencias a los Consejos Insulares en materia de servicios sociales y asistencia social correspondientes al Decreto del Consejo General Interinsular de 28 de junio de 1982.

El apartado 2 del artículo 15 de la Ley 4/1996, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para 1997, el cual, sin embargo, mantendrá su vigencia hasta que se dicte el Decreto previsto en el artículo 12.1 de la presente Ley.

Primera

Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda y Presupuestos, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y el ejercicio de todo lo que se prevé en esta Ley.

Segunda

Esta Ley entrará en vigor, una vez publicada en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears», el día 1 de enero del año 2000.