Artículo 9 Principios de actuación de los poderes públicos

1. La Administración de la comunidad autónoma debe promover el desarrollo armónico y la modernización de la actividad comercial con el objetivo final de incrementar la capacidad de competencia de las empresas y de garantizar una ocupación laboral estable en este sector.

2. A los efectos de lo que prevé el punto anterior, los órganos competentes establecerán periódicamente programas de incentivos y ayudas, dirigidos prioritariamente a:

• a) La modernización de las técnicas y de los medios de comercialización.
• b) La racionalización y la reducción de los costes del proceso de distribución.
• c) La formación de agrupaciones o de unidades integradas entre empresas de comercio.
• d) La organización de enseñanzas profesionales a los que se dedican o deban dedicarse a la actividad comercial, en coordinación con las consejerías competentes en materia de educación y formación.
• e) La realización de estudios e investigaciones tendentes a un mejor conocimiento de las estructuras y de los procesos de comercialización.
• f) La rectificación de las deficiencias de infraestructura comercial.
• g) La asistencia técnica para la empresa comercial.
• h) La promoción de un comercio justo con los países pobres, coadyuvando al equilibrio norte-sur.
• i) La creación, conjuntamente con las entidades locales y los consejos insulares, de polígonos de servicios al objeto de facilitar al mercado el suelo apto para almacenes y centros de distribución comercial.

3. El Gobierno de las Illes Balears promoverá la igualdad de oportunidades y favorecerá la formación técnica y profesional de los comerciantes y trabajadores de este sector, y podrá establecer, mediante disposiciones normativas, los requisitos de homologación y de calificación técnica o de experiencia necesarios para el ejercicio de una determinada actividad comercial o de servicios.

Artículo 10 Otras acciones de fomento

1. Los poderes públicos de las Illes Balears, en el ámbito respectivo de competencias, impulsarán el asociacionismo de los comerciantes y su adecuada participación ante las administraciones públicas.

2. Sin perjuicio de lo que dispone la legislación de defensa de los consumidores y usuarios, las administraciones competentes fomentarán el arbitraje como instrumento de solución de los conflictos derivados de la actividad comercial.