Sumario

EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el art韈ulo 48.2 del Estatuto de Autonom韆, tengo a bien promulgar la siguiente:

LEY

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

El 27 de diciembre de 2006 se public� en el Diario Oficial de la Uni髇 Europea la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo en el marco de la estrategia de Lisboa, que otorga, en su art韈ulo 44, un plazo para su transposici髇 que finaliz� el pasado 28 de diciembre de 2009. La finalidad de la directiva es crear un aut閚tico mercado interior de servicios, y por este motivo elimina todos los obst醕ulos que se oponen a la libertad de establecimiento de los prestadores en los estados miembros y a la libre circulaci髇 de servicios entre los estados miembros, al mismo tiempo que obliga a iniciar un proceso de evaluaci髇 complementaria y permanente que permita modernizar los sistemas nacionales de regulaci髇 de las actividades de servicios en el sentido de simplificar o sustituir todos los tr醡ites que lo posibilitan por alternativas menos onerosas procurando garantizar, tanto a los destinatarios como a los prestadores de los servicios, la seguridad jur韉ica necesaria para el ejercicio efectivo de dos libertades fundamentales del Tratado de la Uni髇 Europea: la de establecimiento y la de libre prestaci髇 de servicios.

El sector de servicios es el m醩 importante de nuestra econom韆 tanto a escala nacional como de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, donde el peso en el PIB de este sector es del 74,9% y representa un 77,7% en relaci髇 con la ocupaci髇 del total; adem醩, depende de este sector de manera decisiva el crecimiento del resto de sectores.

En relaci髇 con la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios, la directiva establece la eliminaci髇 de los procedimientos de autorizaci髇 que afecten al acceso o al ejercicio de una actividad de servicios, siempre que el mencionado procedimiento no cumpla determinados requisitos, como el de necesidad -vinculado a la necesaria concurrencia de razones de orden p鷅lico, seguridad p鷅lica, salud p鷅lica o de protecci髇 del medio ambiente-, proporcionalidad y no discriminaci髇. Los requisitos prohibidos se encuentran enumerados en el art韈ulo 14 de la directiva, y la necesidad de justificar los otros, en el art韈ulo 15.

En cuanto a la libre prestaci髇 de servicios la directiva establece los principios que tienen que respetar todos los estados miembros con el fin de garantizar el libre ejercicio de la actividad a los prestadores de servicios que se desplacen a su territorio.

La directiva prev�, adem醩, en su art韈ulo 5 la obligaci髇 de simplificar los procedimientos y tr醡ites aplicables al acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio, as� como el establecimiento en este sector de la ventanilla 鷑ica en los t閞minos previstos en su art韈ulo 6.

Es indudable que la simplificaci髇 y la mejora de los procedimientos administrativos tienen que ser una aspiraci髇 contin鷄 de las administraciones p鷅licas que est醤 obligadas ex lege a conseguir un mejor servicio al ciudadano -m醩 醙il, coordinado, transparente, eficaz y eficiente-, que implique la introducci髇 y el uso de las nuevas tecnolog韆s en la gesti髇 de los procedimientos administrativos. Este marco general se ha visto agravado por la crisis econ髆ica, y la administraci髇 se tiene que esforzar en crear instrumentos que generen confianza a los ciudadanos y ayuden a impulsar la actividad privada que se mueve mayoritariamente en el sector de servicios. El Decreto Ley 1/2009, de 30 de enero, de medidas urgentes para el impulso de la inversi髇 en las Illes Balears, constituy� un punto de inflexi髇 en este escenario en tanto que dedicaba el t韙ulo I a regular un conjunto de disposiciones generales encaminadas a simplificar los procedimientos administrativos reforzando el impulso de oficio y la tramitaci髇 de urgencia de determinados expedientes de contrataci髇, a la vez que creaba el concepto de inversi髇 de inter閟 auton髆ico e insular. M醩 vinculado todav韆 al objetivo de esta disposici髇 est� el contenido del t韙ulo II del decreto ley, que ten韆 como finalidad facilitar la implantaci髇 de nuevas actividades empresariales y profesionales, para lo cual introdujo a la normativa aut髇oma el concepto de declaraci髇 responsable de inicio de actividad, que se tiene que entender afectado por la normativa b醩ica estatal de transposici髇 de la Directiva de servicios.

El art韈ulo 44 de la directiva establece que los estados miembros deben aprobar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con las previsiones de la norma comunitaria.

El Estado, en el ejercicio de sus competencias exclusivas atribuidas por el art韈ulo 149.1 de la Constituci髇, ha transpuesto parcialmente al ordenamiento jur韉ico espa駉l la mencionada directiva mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci髇 de diversas leyes para su adaptaci髇 a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio.

La Ley 17/2009, de 23 de diciembre, indica en su disposici髇 final tercera que corresponde a las administraciones p鷅licas competentes, en su respectivo 醡bito territorial, aprobar las normas de desarrollo y ejecuci髇 de esta ley.

El art韈ulo 109 del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears, reformado por la Ley Org醤ica 1/2007, de 28 de febrero, atribuye a la comunidad aut髇oma de las Illes Balears el desarrollo y la ejecuci髇 del derecho comunitario de acuerdo con sus competencias. Corresponde, por lo tanto, a la comunidad aut髇oma, de acuerdo con lo establecido en el t韙ulo III del Estatuto de Autonom韆, adaptar sus normas a la Directiva 2006/123/CE y a la legislaci髇 b醩ica estatal.

En este sentido, vista la especialidad del sector comercial, se aprob� la Ley 8/2009, de 16 de diciembre, de reforma de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenaci髇 de la actividad comercial en las Illes Balears.

Una vez agotado el plazo que fijaba la directiva para su transposici髇, con su consecuente efecto directo junto con la entrada en vigor de la normativa b醩ica estatal mencionada, es absolutamente necesario y urgente adaptar la normativa auton髆ica de rango legal a las prescripciones de la directiva y a la normativa b醩ica dictada por el Estado. Este es el objetivo de esta ley.

En el marco de la transposici髇 se ha efectuado un ejercicio de evaluaci髇 de toda la normativa balear reguladora del acceso a las actividades de servicios, que ha concluido en la conveniencia de introducir las modificaciones y adaptaciones a las siguientes normas con rango de ley:

• 1. Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears.
• 2. Ley 3/2003, de 26 de marzo, de r間imen jur韉ico de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears.
• 3. Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de r間imen local de las Illes Balears.
• 4. Ley 10/1998, de 14 de diciembre, de colegios profesionales de las Illes Balears.
• 5. Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenaci髇 de la actividad comercial en las Illes Balears.
• 6. Ley 2/1999, de 24 de marzo, general tur韘tica de las Illes Balears.
• 7. Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de juventud.
• 8. Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears.
• 9. Ley 10/2005, de 2 de julio, de puertos de las Illes Balears.
• 10. Ley 16/2006, de 17 de octubre, de r間imen jur韉ico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears.

1. La comunidad aut髇oma tiene competencia exclusiva en materia de organizaci髇, r間imen y funcionamiento de sus instituciones propias (art韈ulo 30.1 del Estatuto de Autonom韆). Al amparo de este t韙ulo competencial, se modifica la Ley 4/2001, del Gobierno de las Illes Balears, con el fin de incluir en el art韈ulo 36 la previsi髇 de que en la tramitaci髇 del procedimiento para aprobar un anteproyecto de ley se introduzcan los informes pertinentes en caso de que se incluya un silencio negativo o un r間imen de autorizaci髇 en materia de actividades de servicios. Para que los principios y objetivos que plasma la directiva sean una realidad, no resulta suficiente una adaptaci髇 de la normativa vigente afectada, sino que ha de asegurarse que la que se apruebe en un futuro cumpla las disposiciones establecidas por la directiva y sus normas de transposici髇. Por este mismo motivo, se introduce un nuevo p醨rafo en el art韈ulo 42.2, que, en el marco del procedimiento de elaboraci髇 de disposiciones reglamentarias, obliga a incluir en la memoria un estudio sobre las posibles cargas administrativas que introduzca, si procede, la nueva regulaci髇, tanto si afectan a la administraci髇 como a las personas interesadas, a causa de la obligaci髇 de simplificaci髇 administrativa que introduce la directiva en cuanto a las actividades de servicios, pero tambi閚 otras normas con rango de ley y car醕ter general, como la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de r間imen jur韉ico de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, en la disposici髇 adicional sexta.

2. El art韈ulo 31.1 del Estatuto otorga a esta comunidad aut髇oma la competencia de desarrollo legislativo y ejecuci髇 en materia de r間imen jur韉ico, por lo que, dada la modificaci髇 operada por la Ley estatal 25/2009 en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de r間imen jur韉ico de las administraciones p鷅licas y del procedimiento administrativo com鷑, aunque es normativa b醩ica, se considera conveniente efectuar determinadas adaptaciones en la nueva regulaci髇, por lo cual se incluye en el art韈ulo 37 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de r間imen jur韉ico de esta administraci髇, la posibilidad, en aquello que tenga que ver con una actividad de servicios o su ejercicio, de realizar los tr醡ites v韆 telem醫ica. Asimismo se modifica el art韈ulo 41.2, con el fin de introducir la obligaci髇 de la administraci髇 de mantener a disposici髇 de los ciudadanos los modelos de declaraci髇 responsable y comunicaci髇 previa, que tendr醤 que mantenerse permanentemente actualizados.

Es necesario adaptar el art韈ulo 51 de la mencionada Ley 3/2003, que regula los efectos del silencio en los procedimientos iniciados a instancia de parte, a la nueva redacci髇 del art韈ulo 43 de la Ley 30/1992, que exige, en caso de que se pretenda que una solicitud sea desestimada por los efectos del silencio, que se contenga en una norma con rango de ley por razones imperiosas de inter閟 general.

3. En la medida en que la Ley 20/2006 es fruto del ejercicio de la competencia de desarrollo legislativo que, en materia de r間imen local y en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado, tiene la comunidad aut髇oma de las Illes Balears (art韈ulo 31.13 del Estatuto de Autonom韆), y que determinados preceptos incluyen, en parte, el contenido de aquella legislaci髇 b醩ica, como los art韈ulos 178.1 y 179 -que pr醕ticamente transcriben, respectivamente, el art韈ulo 84 de la Ley estatal 7/1985, de 2 de abril, y el art韈ulo 8 del Reglamento de servicios de las corporaciones locales, aprobado por el Decreto de 17 de junio de 1955-, la modificaci髇 operada en la Ley 7/1985 determina la necesidad de adaptar a la legislaci髇 b醩ica los preceptos mencionados.

4. De acuerdo con el art韈ulo 31.9 del Estatuto de Autonom韆, corresponden a la comunidad aut髇oma las competencias de desarrollo legislativo y de ejecuci髇 en materia de corporaciones de derecho p鷅lico representativas de intereses econ髆icos y profesionales, que debe ejercer en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado. Esta legislaci髇 b醩ica la conforma la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales, que ha sido modificada en diversas ocasiones (Ley 74/1978, Real Decreto Ley 5/1996, Ley 7/1997, Real Decreto Ley 6/1999 y Real Decreto Ley 6/2000). En el 醡bito de la comunidad aut髇oma la Ley 10/1998, de 14 de diciembre, es la que regula los colegios profesionales.

Las profesiones colegiadas representan una pieza clave en el funcionamiento del sector de servicios y, consecuentemente, su regulaci髇 y funcionamiento se ven afectados por la Directiva de servicios.

En este contexto los colegios profesionales, como entidades de derecho p鷅lico con capacidad para ordenar el ejercicio de las profesiones, son responsables del cumplimiento de la Directiva de servicios y tienen que impulsar su aplicaci髇 en diversos 醡bitos:

• - Evaluaci髇 de la compatibilidad de la normativa colegial con la directiva de servicios.
• - Informatizaci髇 de sus procedimientos y participaci髇 en la puesta en marcha de la ventanilla 鷑ica.
• - Incorporaci髇 a los mecanismos de cooperaci髇 administrativa previstos por la directiva.

La Ley estatal 25/2009, de 22 de diciembre, modifica la Ley 2/1974, antes mencionada, incorporando los aspectos de la directiva que afectan a los colegios profesionales. Igualmente, corresponde hacer la misma tarea a escala auton髆ica y modificar la Ley 10/1998. As�, la voluntad de esta nueva regulaci髇 es la de integrar dentro de la Ley 10/1998, todo aquello que establece la directiva en relaci髇 con los colegios profesionales y a la vez modificar todo lo que no se adapte.

Una vez realizado el tr醡ite de informe de los colegios profesionales previsto en el art韈ulo 12.2 de la Ley 10/1998, de entre las novedades que recoge el texto reformado de la ley se pueden destacar las siguientes:

• - Protecci髇 de los derechos de los consumidores y usuarios en relaci髇 con la actividad colegial.
• - Ejercicio profesional en forma societaria.
• - Nueva regulaci髇 del visado: s髄o se visar醤 los trabajos profesionales cuando se solicite expresamente por el cliente o as� lo establezca el Gobierno estatal mediante un real decreto. En ning鷑 caso los colegios podr醤 imponer la obligaci髇 de visar los trabajos profesionales.
• - Regulaci髇 de las obligaciones de los colegios: elaboraci髇 de una memoria anual con el contenido que establece el art韈ulo 13.1 de la ley, prohibici髇 de establecer baremos orientativos sobre honorarios profesionales, delimitaci髇 cuantitativa de la cuota de colegiaci髇, y regulaci髇 de la informaci髇 y documentaci髇 que se tiene que poder obtener mediante la implantaci髇 de la ventanilla 鷑ica.
• - Obligaci髇 de colegiaci髇 s髄o en los casos que prevea una ley estatal.

5. En relaci髇 con el turismo, en virtud de la competencia que atribuye el art韈ulo 30.11 del Estatuto vigente, se modifica la Ley 2/1999, de 24 de marzo, general tur韘tica. Las modificaciones introducidas en esta norma con el fin de adaptarla a la Directiva de servicios afectan a diversas partes de la ley.

En primer lugar, se modifica el art韈ulo 1, donde se a馻de un nuevo apartado al punto 3, referido a la reducci髇 de tr醡ites y a la simplificaci髇 de procedimientos como uno de los ejes de la actuaci髇 de las administraciones competentes en materia tur韘tica.

Se modifica el art韈ulo 31, referido a las agencias de viajes, en el sentido de eliminar la exclusividad del 醡bito de actuaci髇 de 閟tas, 醡bito hasta ahora circunscritos a la mediaci髇 y organizaci髇 de servicios tur韘ticos, aspecto que claramente contraviene los postulados de la Directiva de servicios. Igualmente se elimina la exigencia de capital social m韓imo y objeto social 鷑ico.

Se modifica, asimismo, el art韈ulo 46, referido a los gu韆s tur韘ticos, un sector bastante afectado por la directiva y por otras normas estatales de reciente aprobaci髇.

Importante es la modificaci髇 efectuada en el art韈ulo 48; este art韈ulo ya se modific� mediante el Decreto Ley 1/2009, de 30 de enero, de medidas urgentes para el impulso de la inversi髇 en las Illes Balears, donde se sustituyeron las autorizaciones previa y de apertura por la autorizaci髇 sectorial tur韘tica 鷑ica; no obstante, vista la apuesta decidida del Gobierno de las Illes Balears por la declaraci髇 responsable regulada en los art韈ulos 9 y siguientes del propio decreto ley, es necesario adaptar este art韈ulo a esta realidad, y, adem醩, a la regulaci髇 sobre la declaraci髇 responsable que se ha articulado mediante el art韈ulo 71 bis de la Ley 30/1992, introducido por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci髇 de diversas leyes para su adaptaci髇 a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como ley 髆nibus estatal). Asimismo se tipifican los nuevos supuestos sancionables para estos nuevos conceptos.

Finalmente, en la disposici髇 derogatoria se eliminan del ordenamiento jur韉ico, por una parte, normas en las cuales han quedado actualmente desvanecidos los motivos y las finalidades por las que se aprobaron, y, por otra parte, normas que dificultan los nuevos objetivos gen閞icos planteados por la Directiva de servicios.

6. El art韈ulo 30.13 del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears establece que la comunidad aut髇oma de las Illes Balears tiene la competencia exclusiva en materia de juventud, dise駉 y aplicaci髇 de pol韙icas, planes y programas destinados a la juventud. Una vez evaluada la normativa, se ha considerado conveniente modificar la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, con respecto a actividades de tiempo libre infantil y juvenil, escuelas de educaci髇 de tiempo libre infantil y juvenil de las Illes Balears e instalaciones juveniles, sustituyendo el tr醡ite de autorizaci髇 previsto anteriormente por la presentaci髇 de la declaraci髇 responsable que habilita para iniciar la actividad desde el d韆 de su presentaci髇.

7. En materia de asuntos sociales y bienestar social, la Directiva de servicios, con el alcance delimitado por su art韈ulo 2.2.j), tiene incidencia en determinados servicios sociales cuando 閟tos se prestan por operadores privados. De acuerdo con las competencias que el art韈ulo 30.15 del Estatuto de Autonom韆 otorga a la comunidad aut髇oma en esta materia, se modifica la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, porque prev� un r間imen de inscripci髇 en el registro, autorizaci髇 y acreditaci髇 respecto de las entidades, los centros y los servicios privados que est� totalmente justificado como garant韆 para los usuarios y expresi髇 del principio de responsabilidad p鷅lica del sistema de servicios sociales de las Illes Balears.

En cuanto al r間imen de autorizaciones establecido en la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, se prev閚 diferentes tipos, que, en la pr醕tica, suponen la diferenciaci髇 entre una autorizaci髇 previa -para crear, construir y modificar sustancialmente los centros donde se tengan que prestar servicios sociales-, y una autorizaci髇 definitiva -para el funcionamiento de los servicios y para los cambios de titularidad o modificaci髇 de las funciones y los objetivos.

Una vez realizado un an醠isis de las ventajas y los perjuicios, se ha concluido que, si bien se hace necesario mantener la autorizaci髇 definitiva por razones imperiosas de inter閟 general, s� es viable sustituir la autorizaci髇 previa por una declaraci髇 responsable que cumpla con todos los requisitos previstos a la normativa.

En efecto, la Directiva de servicios determina que las administraciones p鷅licas s髄o pueden supeditar el acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio a un r間imen de autorizaci髇 cuando se cumplan los requisitos de no discriminaci髇, necesidad -por razones imperiosas de inter閟 general- y proporcionalidad.

Estos reg韒enes respetan el principio de no discriminaci髇, ya que recaen sobre todos los operadores que quieran actuar en las Illes Balears, con independencia de su nacionalidad. Asimismo, se encuentran justificados por razones imperiosas de inter閟 general, recogidas en el art韈ulo 4 de la propia Directiva de servicios. El orden p鷅lico y la seguridad p鷅lica, los objetivos de la pol韙ica social y, concretamente, la protecci髇 de los destinatarios de los servicios, justifican el mantenimiento de este r間imen de autorizaciones. Finalmente, no pueden ser sustituidos por medidas menos restrictivas ya que la incidencia de los servicios sobre los usuarios es inmediata y un control a posteriori se producir韆 demasiado tarde para ser realmente eficaz.

No debe olvidarse la especial vulnerabilidad de los destinatarios de las actividades sociales, de forma que los reg韒enes de registro, autorizaci髇 y acreditaci髇 tienen como finalidad primordial proteger sus derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. La propia Directiva de servicios, en su considerando n鷐ero 41, describe el concepto de orden p鷅lico e indica que, seg鷑 interpreta el Tribunal de Justicia, abarca la protecci髇 ante una amenaza aut閚tica y suficientemente importante que afecte a uno de los intereses fundamentales de la sociedad y que puede incluir, en particular, temas relacionados con la dignidad humana, la protecci髇 de los menores y los adultos vulnerables y el bienestar animal.

En consecuencia, la protecci髇 de los destinatarios de los servicios sociales y su vinculaci髇 con los derechos fundamentales queda asimilada en el concepto de orden p鷅lico o, incluso, en el concepto de seguridad p鷅lica.

En cuanto a los objetivos de pol韙ica social, la Constituci髇 Espa駉la (CE), en el marco del principios rectores de la pol韙ica social y econ髆ica, efect鷄 importantes mandamientos a los poderes p鷅licos, que, en el caso de las Illes Balears, encuentran su virtualidad en esta ley. As�, los art韈ulos 43, 49 y 51 CE obligan a los poderes p鷅licos a tutelar la salud p鷅lica, amparar los derechos de las personas discapacitadas y garantizar la seguridad y la salud de los consumidores y usuarios mediante procedimientos eficaces. Es evidente que el cumplimiento de estos objetivos se quebrantar韆 si no se establecieran controles previos de acceso a la actividad.

8. En materia de puertos, si bien existe una clara exclusi髇 del 醡bito de aplicaci髇 de la Directiva 2006/123/CE -concretamente en su art韈ulo 2.1.d)- de los servicios de transporte, y, en particular, de los de navegaci髇 mar韙ima, incluidos los servicios portuarios, se considera necesario efectuar diversas modificaciones de la Ley 10/2005, de 2 de julio, de puertos de las Illes Balears, aprobada al amparo de los t韙ulos competenciales previstos en los art韈ulos 30.5, 30.6 y 30.21 del Estatuto de Autonom韆, con el objeto de simplificar procedimientos, de conformidad con el mandato de la directiva y, en concreto, los relativos a los requisitos que tienen que reunir las solicitudes para la ocupaci髇 del dominio p鷅lico portuario (art韈ulos 46, 47, 60 y 70).

En este 醡bito, adem醩, se tienen que tener presentes, entre otros, la Directiva 2005/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre mejora de la protecci髇 portuaria (DO L 310, de 25 de noviembre de 2005); diversas directivas sobre seguridad y navegaci髇 mar韙ima; la Directiva sobre manipulaci髇 de desperdicios por embarcaciones, y, adem醩, existe una propuesta de directiva relativa al acceso al mercado de los servicios portuarios, con el fin de establecer normas m醩 sistem醫icas en puertos de tr醘ico internacional.

En todo caso, el r間imen de autorizaciones establecido para los puertos competencia de esta comunidad aut髇oma se rige por los principios de objetividad, transparencia y no discriminaci髇, y es proporcionado al ejercicio de las actividades que se autorizan, atendiendo a la seguridad de los usuarios, la protecci髇 y defensa del dominio p鷅lico, el espacio limitado y reducido de los mencionados puertos, su especial configuraci髇 e integraci髇 en el entorno urbano y, en ocasiones, la falta de volumen de servicios. Sin estas autorizaciones no se podr韆 disponer de datos suficientes para efectuar correctamente una evaluaci髇 de riesgos.

Asimismo, y seg鷑 lo que dispone el art韈ulo 3 de la directiva, se ha de tener presente que, en materia de contrataci髇, resulta de aplicaci髇 la Ley sobre procedimientos de contrataci髇 en los sectores del agua, la energ韆, los transportes y los servicios postales, por la que se incorpora al ordenamiento jur韉ico la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinaci髇 de procedimientos de contrataci髇 en los sectores del agua, la energ韆, los transportes y los servicios postales, y la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, sobre coordinaci髇 de las disposiciones referentes a la aplicaci髇 de las normas comunitarias en los procedimientos de adjudicaci髇 de contratas de las entidades que operan en los citados sectores.

9. El r間imen de aplicaci髇 de las autorizaciones y licencias en materia de actividades clasificadas establecido en la Ley auton髆ica 16/2006 se ve afectado por lo dispuesto en la disposici髇 transitoria primera.

En la parte final de la ley se incluyen nueve disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y tres disposiciones finales, con la finalidad de introducir las previsiones necesarias para completar la transposici髇 de la directiva al ordenamiento jur韉ico balear.

La disposici髇 adicional primera se refiere a la justificaci髇 de los requisitos y de los reg韒enes de autorizaci髇 previstos a la normativa sectorial relativa al 醡bito de la agricultura y la sanidad animal, que responden a la finalidad de proteger la sanidad animal y p鷅lica.

La disposici髇 adicional segunda establece que, en los procedimientos administrativos relativos a autorizaciones, licencias y permisos, as� como en los procedimientos de concesi髇 de subvenciones en r間imen de concurrencia competitiva, cuando se haya suprimido la obligaci髇 de aportar documentaci髇 que afecte a datos de car醕ter personal, se entender� que la persona interesada presta el consentimiento para que los 髍ganos administrativos competentes accedan por v韆 electr髇ica a los mencionados datos de car醕ter personal.

La tercera de las disposiciones de este car醕ter pretende asegurar que en el futuro el despliegue reglamentario de esta ley implique el cumplimiento del criterio de simplificaci髇 y racionalizaci髇 normativa de los procedimientos administrativos.

Interesa especialmente la disposici髇 adicional cuarta, que se refiere a la modificaci髇 operada en el primer p醨rafo del art韈ulo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la Ley estatal 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci髇 de diversas leyes para su adaptaci髇 a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y, por lo tanto, a la vigencia del silencio administrativo desestimatorio regulado en normas con rango de ley o en la normativa comunitaria preexistente.

En la disposici髇 adicional quinta se prev� la comunicaci髇 de cualquier proyecto legal, reglamentario o administrativo que contenga alguno de los requisitos previstos en los art韈ulos 11.1 o 12.2 de la Ley 17/2009, de 23 de diciembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que tendr� que incluir la motivaci髇 exigida por la directiva que se transpone.

La disposici髇 adici髇 sexta afecta a la Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversi髇 en las Illes Balears.

Por su parte, la disposici髇 adicional s閜tima afecta a determinadas explotaciones agrarias o ganaderas que est閚 en activo antes del 17 de octubre de 2006 y que no dispongan del permiso de instalaci髇 y de licencia de apertura y funcionamiento.

La disposici髇 adicional octava contempla la justificaci髇 de los requisitos y el r間imen de autorizaci髇 regulados en la normativa sectorial, de car醕ter reglamentario, relativa al 醡bito del buceo deportivo y recreativo, competencia de esta comunidad aut髇oma en virtud del art韈ulo 30.12 del Estatuto de Autonom韆. As�, se considera adecuado mantener la autorizaci髇 previa regulada en el Decreto 40/2007, de 13 de abril, por el cual se regula el buceo deportivo y recreativo en la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, ya que el mantenimiento de este r間imen est� justificado por las razones imperiosas de inter閟 general siguientes: salud p鷅lica y protecci髇 de los consumidores, de conformidad con el art韈ulo 9.1.b) en relaci髇 con el art韈ulo 4.8 de la Directiva 2006/123/CE. Se cumple as� con la exigencia prevista en el art韈ulo 5 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, relativa a la necesidad de que la normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la misma no imponga a los prestadores un r間imen de autorizaci髇, exceptuando los casos excepcionales en que concurran las condiciones de no discriminaci髇, proporcionalidad y necesidad -justificada por una raz髇 imperiosa de inter閟 general-, que deber醤 motivarse suficientemente en la ley que establece dicho r間imen. Dada la inexistencia de una ley espec韋ica en materia de buceo deportivo y recreativo, resulta adecuado y justificado recoger la anterior previsi髇 en la presente ley.

La 鷏tima disposici髇 adicional modifica la disposici髇 adicional sexta de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenaci髇 de la actividad comercial en las Illes Balears, que except鷄 la obtenci髇 de licencia de instalaci髇 y apertura municipal en determinados casos.

Igualmente relevante es la disposici髇 transitoria primera, que se ocupa del r間imen de aplicaci髇 a los procedimientos de concesi髇 de las autorizaciones y licencias en materia de actividades clasificadas, donde el efecto directo de la directiva y la entrada en vigor de la normativa b醩ica estatal -en particular de la disposici髇 derogatoria de la Ley 25/2009, del 22 de diciembre, de modificaci髇 de diversas leyes para su adaptaci髇 a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio, as� como del Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el reglamento de servicios de las corporaciones locales, aprobado por el Decreto de d韆 17 de junio de 1955- plantean numerosas dudas sobre el r間imen aplicable en la actualidad a esta comunidad aut髇oma. Por este motivo, en tanto se lleva a cabo la adaptaci髇 de la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de r間imen jur韉ico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears, para la transposici髇 de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior, se estima oportuno, con el fin de favorecer la seguridad jur韉ica, dictar una normativa procedimental que afecta a determinados procedimientos, que est醤 clasificados a la Ley 16/2006 por par醡etros t閏nicos y no por sectores econ髆icos o empresariales.

En primer lugar, se mantiene la obtenci髇 del permiso de instalaci髇 de las actividades permanentes mayores y menores cuando este permiso sea necesario.

Este r間imen est� absolutamente justificado por la concurrencia de razones imperiosas de inter閟 general que pueden concurrir y variar en funci髇 del tipo concreto de actividad de que se trata. Adem醩 es proporcional y en ning鷑 caso es discriminatorio, de acuerdo con lo que establecen la Directiva 2006/123/CE y la normativa b醩ica estatal que la transpone parcialmente. En efecto, el anexo I de la Ley 16/2006, que contiene el listado de las actividades permanentes mayores y menores, pone de manifiesto que la intervenci髇 administrativa previa resulta imprescindible, dado que para poder llevar a cabo la actividad se requieren instalaciones que afectan directamente al orden y a la seguridad p鷅lica, a la salud p鷅lica, a la protecci髇 de los derechos de los consumidores y de los destinatarios de los servicios, as� como a la protecci髇 del medio ambiente.

En segundo lugar, en relaci髇 con la autorizaci髇 de inicio y el ejercicio de las actividades permanentes, la licencia de apertura y funcionamiento, la autorizaci髇 queda sustituida por la declaraci髇 responsable y las referencias a la licencia contenidas en la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de r間imen jur韉ico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears, se han de entender sustituidas por 'declaraci髇 responsable'.

La documentaci髇 que era obligatorio adjuntar a la solicitud de la licencia de apertura y funcionamiento, ahora ser� un requisito necesario para el inicio y el ejercicio de la actividad y podr� ser requerida a instancia de la inspecci髇.

Por su parte, la disposici髇 transitoria segunda establece el r間imen jur韉ico aplicable a los procedimientos ya iniciados.

La disposici髇 derogatoria deroga todas las normas de rango legal y reglamentario y tambi閚 los estatutos de colegios profesionales que se opongan al contenido de esta ley, e incluye, asimismo, la derogaci髇 de normas de 醡bitos sectoriales concretos, como el tur韘tico y el de comercio.

En la disposici髇 final primera se autoriza al Gobierno de las Illes Balears a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecuci髇 de esta ley.

La disposici髇 final segunda establece que mediante esta ley se cumple, en las materias que son competencia de esta comunidad aut髇oma, lo que dispone la disposici髇 final tercera, apartado 1, de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio.

Finalmente, la disposici髇 final tercera espec韋ica la entrada en vigor de la ley.