Ley 3/2003 de 26 de marzo, de r間imen jur韉ico de la administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears

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Sumario

Las referencias a la Abogac韆 de la comunidad aut髇oma contenidas en la presente Ley, han sido introducidas en sustituci髇 de la anterior referencia al Departamento Jur韉ico de la comunidad aut髇oma, por el n鷐ero 1 de la disposici髇 adicional vig閟ima de la Ley [BALEARES] 10/2003, 22 diciembre, de medidas tributarias y administrativas (獴.O.I.B.� 29 diciembre).LE0000196039

EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el art韈ulo 27.2 del Estatuto de Autonom韆, tengo a bien promulgar la siguiente:

LEY

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

Esta ley regula, en el marco del r間imen jur韉ico com鷑 a todas las administraciones p鷅licas, la organizaci髇 y el funcionamiento de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, as� como las especialidades del procedimiento que le son aplicables.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de r間imen jur韉ico de las administraciones p鷅licas y del procedimiento administrativo com鷑, en su redacci髇 dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dictada en desarrollo del art韈ulo 149.1.18 de la Constituci髇 Espa駉la, tiene el car醕ter de legislaci髇 b醩ica y resulta de aplicaci髇, tal y como su propio t韙ulo predica, a todas las administraciones p鷅licas. Surgen as� la conveniencia y oportunidad de la aprobaci髇 de la presente ley que, respetando la legislaci髇 b醩ica estatal perfila, dentro del 醡bito de las competencias previstas en el Estatuto de Autonom韆 en los art韈ulos 10.32, 11.1, 11.3 y 11.6, las peculiaridades de la organizaci髇 propia y las especialidades de procedimiento que resultan de aplicaci髇.

Asimismo, resulta adecuado destacar el hecho de que el Estatuto de Autonom韆 reconoce en el art韈ulo 43 que corresponde a la comunidad aut髇oma la capacidad para la creaci髇 y estructuraci髇 de una administraci髇 p鷅lica propia, en el marco de los principios generales y las normas b醩icas de la legislaci髇 del Estado y del propio Estatuto.

Esta ley supone, al mismo tiempo, la necesaria superaci髇 de la regulaci髇 contenida en la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de r間imen jur韉ico de la administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, dictada hace casi dos d閏adas, y que ya hab韆 sido, en gran parte, derogada por la Ley 4/2001, del Gobierno de las Illes Balears.

Hay que destacar que la nueva ley, desde la perspectiva de su racionalidad jur韉ico-formal, traslada el contenido m韓imo imprescindible de la legislaci髇 b醩ica del Estado, con la finalidad de reforzar la homogeneidad y la sistem醫ica de la regulaci髇. Por otra parte, efect鷄 remisiones imprescindibles a la legislaci髇 de otros entes territoriales, como es el caso de la de consejos insulares y la de r間imen local, con la finalidad de establecer los puntos de conexi髇 necesarios con el resto del ordenamiento jur韉ico.

Con esta ley, adem醩, se da cumplimiento al mandato del legislador contenido en la disposici髇 final primera de la Ley del Gobierno de las Illes Balears. No es posible enmarcar adecuadamente esta ley sin mencionar la Ley 4/2001, del Gobierno de las Illes Balears, con la que est� 韓timamente conectada en virtud de la doble naturaleza del Gobierno: de una parte, como instituci髇 de autogobierno de las Illes Balears que encarna esencialmente el poder ejecutivo y, de otra, como responsable superior de la administraci髇 que de 閘 depende y a la que dirige; aspecto, este 鷏timo, que esta ley regula con detalle.

II

La ley se compone de ochenta y seis art韈ulos, estructurados en siete t韙ulos, ocho disposiciones adicionales, una disposici髇 transitoria, una disposici髇 derogatoria y dos finales.

El t韙ulo I, con cuatro art韈ulos, explica el objeto de la ley, establece su 醡bito de aplicaci髇 y extiende su regulaci髇 a la administraci髇 instrumental en tanto en cuanto los entes que la integran act鷈n en el ejercicio de potestades administrativas. Tambi閚 se reflejan en los primeros art韈ulos de la ley, la personalidad jur韉ica 鷑ica de la Administraci髇 de las Illes Balears y los principios de actuaci髇 de la misma, en sinton韆 con los establecidos en la Constituci髇 y en la legislaci髇 estatal b醩ica.

Es importante destacar que, en consonancia con lo previsto en el art韈ulo 44 del Estatuto de Autonom韆, se opta por un modelo descentralizado de gesti髇 p鷅lica de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma, cuya efectividad 鷏tima deber� llevarse a la pr醕tica mediante los instrumentos previstos en el ordenamiento vigente.

III

El t韙ulo II acoge la organizaci髇 de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma en forma de estructura jer醨quicamente ordenada. As�, bajo la superior direcci髇 del presidente y del Gobierno, la ley considera como 髍ganos superiores a los consejeros, y como 髍ganos directivos a los directores generales, los secretarios generales y aquellos otros que se asimilen a 閟tos en rango. La ley detalla, respecto de cada uno de ellos, su forma de nombramiento, su estatuto personal y las atribuciones que tienen encomendadas.

La estructura organizativa dise馻da en este t韙ulo se fundamenta en la divisi髇 funcional del trabajo administrativo. Las consejer韆s se configuran como aquellos sectores materiales de actividad administrativa funcionalmente homog閚eos, cuyas creaci髇 y estructura org醤ica b醩ica corresponde establecer al presidente.

El resto de 髍ganos y unidades administrativas, configurados como elementos organizativos b醩icos de la estructura org醤ica, se caracterizan por hallarse vinculados funcionalmente por raz髇 de su cometido a una jefatura superior com鷑, y corresponde al consejero correspondiente, en uso de la potestad reglamentaria y en el marco de la relaci髇 de puestos de trabajo vigente, la regulaci髇 de las funciones que les corresponde desempe馻r.

En los 鷏timos art韈ulos del t韙ulo III se regulan los 髍ganos colegiados, 鷑icamente en los aspectos relativos a las especialidades requeridas para su creaci髇 en el seno de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma.

IV

El t韙ulo III de la ley est� dedicado a la regulaci髇 de la competencia. As�, se definen por primera vez en nuestro derecho auton髆ico las instrucciones, circulares y 髍denes de servicio, como instrumentos que, al servicio de los 髍ganos superiores y directivos, sirven para impulsar y dirigir la actividad administrativa, y se regulan tambi閚 las peculiaridades que la propia organizaci髇 proyecta sobre las figuras de la abstenci髇 y la recusaci髇.

A continuaci髇, se prev閚 las distintas formas de alteraci髇 del ejercicio de la competencia, clasificadas en virtud de si implican transferencia de la titularidad de la competencia, transferencia del ejercicio de la competencia, o si se incluyen en otras formas de ejercicio de la competencia. Lo m醩 destacable de la regulaci髇 de estas figuras es su correspondiente adaptaci髇 a la organizaci髇 auton髆ica dise馻da en el t韙ulo II de la ley, as� como la necesaria conexi髇 de algunas de ellas con la Ley del Gobierno de las Illes Balears y con la normativa sectorial propia de otros entes territoriales.

V

El t韙ulo IV, fundamentado en la voluntad de servicio al ciudadano, prev� un elenco de derechos de los ciudadanos que expande, en el 醡bito de las relaciones del p鷅lico en general con la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma, el c韗culo de derechos atribuidos a todos los ciudadanos en la legislaci髇 b醩ica estatal.

Asimismo, se perfilan aspectos conexos con el ejercicio efectivo de estos derechos, estableci閚dose aut閚ticos mandatos a la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma, que suponen la efectividad de los correlativos derechos atribuidos directamente a los ciudadanos y que 閟tos pueden invocar como propios.

VI

El t韙ulo V, que es el m醩 extenso de la ley, se compone de veintiocho art韈ulos estructurados en ocho cap韙ulos y est� dedicado a la actividad administrativa. A lo largo de todos sus cap韙ulos se tratan aspectos como el uso de la lengua catalana, peculiaridades de la informaci髇 administrativa, duraci髇 de los procedimientos y los efectos del silencio administrativo, as� como de la formaci髇 de los expedientes administrativos, en cuanto que integran el soporte material del desarrollo de los procedimientos administrativos.

Es objeto de tratamiento en este t韙ulo la revisi髇 de los actos en v韆 administrativa, desde la doble vertiente de la revisi髇 de oficio y de los recursos administrativos. De entre los recursos destacan, por su novedad, el recurso especial en materia de contrataci髇 y la referencias realizadas en la disposici髇 adicional segunda de la ley al recurso en inter閟 de la delegaci髇, dise馻do en la Ley de consejos insulares, y a los recursos que se puedan interponer ante la nuestra administraci髇 contra actos administrativos emanados de corporaciones de derecho p鷅lico u otras entidades. Se contemplan tambi閚 en este t韙ulo el tratamiento de las reclamaciones previas a la v韆 judicial civil y laboral, as� como cuantos aspectos se han considerado necesarios en relaci髇 con la adaptaci髇 a nuestra organizaci髇 administrativa del ejercicio de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial.

Para finalizar se recogen el este t韙ulo cuestiones relativas a la actuaci髇 de la Administraci髇 en materia tributaria y de contrataci髇 administrativa, elevando as� a rango legal determinados aspectos que ven韆n siendo regulados en disposiciones de rango reglamentario.

VII

El t韙ulo VI se halla dedicado a los servicios jur韉icos y regula en t閞minos de continuidad normativa, la representaci髇 y defensa en juicio de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma, al tiempo que prev� su integraci髇 en la nueva estructura de organizaci髇 administrativa dise馻da en el t韙ulo II de esta ley. Asimismo, este t韙ulo reconoce la existencia de servicios jur韉icos en todas las consejer韆s, potenciando la actuaci髇 coordinada de 閟tos con la Abogac韆 de la comunidad aut髇oma.

VIII

El 鷏timo t韙ulo de ley enmarca el r間imen que debe regir las relaciones de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma con las dem醩 administraciones p鷅licas, que ser�, en general, el establecido en la presente ley y el que fija la normativa estatal b醩ica, as� como, cuando corresponda, la legislaci髇 de consejos insulares y la de r間imen local.

Se perfilan las figuras de los planes de actuaci髇 conjunta y de los convenios de colaboraci髇, destacando la novedosa creaci髇 del Registro de Convenios y Acuerdos suscritos por la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma. Asimismo, tiene cabida en este t韙ulo final la regulaci髇 de los consorcios y de las sociedades mercantiles p鷅licas, como organizaciones personificadas de gesti髇 a trav閟 de las cuales puede actuar la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma.

Entre las disposiciones adicionales de la ley destacan los mandatos del legislador al ejecutivo auton髆ico, que obligan a 閟te a establecer los medios necesarios para que los ciudadanos puedan relacionarse con la Administraci髇 a trav閟 de v韆s inform醫icas o telem醫icas, la formaci髇 de un inventario de procedimientos administrativos de la competencia de la comunidad aut髇oma, el establecimiento de un sistema de gesti髇 documental de archivos y el desarrollo reglamentario preciso para alcanzar una racionalizaci髇 y una simplificaci髇 progresivas de los procedimientos de su competencia.

Contiene una disposici髇 derogatoria y dos disposiciones finales, que establecen un periodo de tres meses de vacatio legis, en coherencia con la extensi髇 y alcance de la nueva regulaci髇.