Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector p鷅lico instrumental de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears

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Sumario

EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el art韈ulo 48.2 del Estatuto de Autonom韆, tengo a bien promulgar la siguiente:

LEY

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

El art韈ulo 79 del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears, tras la reforma llevada a cabo por la Ley Org醤ica 1/2007, de 28 de febrero, atribuye a la comunidad aut髇oma la creaci髇 y organizaci髇 de una administraci髇 propia, en el marco de los principios generales y de las normas b醩icas de legislaci髇 del Estado y del propio Estatuto. Asimismo, y para la ejecuci髇 de las funciones administrativas que son de su competencia, el art韈ulo 80 del Estatuto prev� que el ejercicio de tales funciones se realice mediante los entes y organismos que dependen del Gobierno de las Illes Balears, sin perjuicio de que dicha gesti髇 pueda efectuarse tambi閚 a trav閟 de los consejos insulares y los municipios.

Adicionalmente, y con una vocaci髇 m醩 amplia, no limitada al ejercicio de las potestades p鷅licas propias de la administraci髇 auton髆ica, la disposici髇 adicional tercera del mismo Estatuto dispone que la comunidad aut髇oma puede constituir entidades y organismos para cumplir las funciones que son de su competencia y para la prestaci髇 de servicios que afectan a los intereses de la comunidad aut髇oma y dem醩 administraciones p鷅licas con la finalidad de promover el desarrollo econ髆ico y social. A estos efectos, a馻de la citada disposici髇 adicional que, mediante ley del Parlamento de las Illes Balears, debe regularse la administraci髇 instrumental auton髆ica.

II

En el 醡bito de la Administraci髇 del Estado, la organizaci髇 administrativa se ha fundamentado durante d閏adas en los preceptos contenidos en la Ley de r間imen jur韉ico de la Administraci髇 del Estado, de 26 de julio de 1957, as� como en la Ley de entidades estatales aut髇omas, de 26 de diciembre de 1958. La Ley de r間imen jur韉ico de la Administraci髇 del Estado recog韆, bajo el principio de personalidad jur韉ica 鷑ica, el esquema organizativo de la Administraci髇 central del Estado. Por su parte, la Ley de entidades estatales aut髇omas respond韆 al fen髆eno de la descentralizaci髇 funcional en el seno de la organizaci髇 administrativa y daba cobertura a una serie de entes con personalidad jur韉ica propia que la doctrina agrup� bajo la denominaci髇 gen閞ica de administraci髇 instrumental.

El esquema tradicional recogido en las leyes administrativas de la d閏ada de los a駉s cincuenta fue actualizado, en ausencia de normas espec韋icamente organizativas, por la Ley general presupuestaria de 4 de enero de 1977 y sus sucesivas modificaciones.

La aparici髇 del estado auton髆ico, tras el proceso constituyente de 1978, exigi� a las administraciones surgidas de dicho proceso la regulaci髇 de su organizaci髇 administrativa. Las comunidades aut髇omas, con la capacidad de autogobierno otorgada por la Constituci髇 Espa駉la, han ordenado sus 髍ganos y servicios, siguiendo el modelo de la Administraci髇 del Estado, consiguiendo con ello un alto grado de homogeneidad en esta materia.

En el 醡bito de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, y en desarrollo de las previsiones estatutarias relativas a la organizaci髇 de las instituciones de autogobierno y de la administraci髇 p鷅lica de la comunidad aut髇oma, la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de r間imen jur韉ico de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, regul� de forma conjunta las cuestiones relativas al Gobierno y a la administraci髇 p鷅lica, conviviendo, en este 鷏timo caso, los aspectos relativos a su organizaci髇 interna con los propios de su r間imen jur韉ico en el ejercicio de la actividad administrativa y sus relaciones con terceros.

Por lo que ahora nos interesa, y en lo que afecta exclusivamente al contenido organizativo de la norma, en la citada ley se regulaban los aspectos relativos a la organizaci髇 de la administraci髇 p鷅lica, en su acepci髇 m醩 restringida, sin otra menci髇 a la llamada administraci髇 instrumental que la recogida en su art韈ulo 19.2, a tenor del cual correspond韆 al Gobierno crear instituciones y organismos para el ejercicio de funciones administrativas en cualquiera de las islas.

De este modo, la primera delimitaci髇 legal de la tipolog韆 de entidades instrumentales integrantes del sector p鷅lico auton髆ico no tuvo lugar sino hasta la aprobaci髇 de la Ley 1/1986, de 6 de febrero, de finanzas de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, si bien la configuraci髇 contenida en dicha ley se limitaba a su encuadramiento dentro de un determinado r間imen econ髆ico- financiero, a semejanza de la Ley general presupuestaria de 4 de enero de 1977, antes citada. Posteriormente, la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades aut髇omas y empresas p鷅licas y vinculadas de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, procedi� definitivamente a establecer una regulaci髇 de car醕ter general de los diversos entes instrumentales de la comunidad aut髇oma. Esta regulaci髇, a diferencia de la entonces vigente Ley de entidades estatales aut髇omas, se extend韆, incluso, a las sociedades civiles y mercantiles participadas por la comunidad aut髇oma.

III

En este contexto, se produjo la promulgaci髇, en el 醡bito del ordenamiento estatal, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organizaci髇 y funcionamiento de la Administraci髇 General del Estado (LOFAGE). La ley ten韆, de acuerdo con su exposici髇 de motivos, dos finalidades esenciales. De un lado, se trataba de adecuar la estructura de la Administraci髇 General del Estado a la nueva realidad surgida tras la Constituci髇 Espa駉la de 1978, en concreto, a la realidad derivada del estado auton髆ico y la necesidad de satisfacer los principios exigidos a la actuaci髇 administrativa por el art韈ulo 103 de la Constituci髇. De otro lado, se pretend韆 racionalizar y actualizar la normativa dedicada a la denominada administraci髇 institucional del Estado. Dicha norma no tiene car醕ter b醩ico, pero es cierto que ha supuesto un esfuerzo de explicaci髇 y s韓tesis del complejo universo de entidades con personalidad jur韉ica propia que ha sido aceptado por la mayor韆 de la doctrina, y que por su val韆 t閏nica y dogm醫ica merece ser tomada como modelo de referencia, como han hecho otras comunidades aut髇omas, en una materia en la que, adem醩, es deseable un cierto grado de homogeneidad.

En efecto, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de r間imen jur韉ico de las administraciones p鷅licas y del procedimiento administrativo com鷑, hab韆 obviado los aspectos organizativos, de manera que con la aprobaci髇 de la LOFAGE y la posterior Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, puede decirse que, en el 醡bito estatal, el Gobierno, la organizaci髇 de la Administraci髇 del Estado y el r間imen jur韉ico de 閟ta se encuentran regulados en tres normas diferentes. En un sentido similar, aunque no id閚tico, la evoluci髇 normativa de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears ha dado lugar a la aprobaci髇, en primer lugar, de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears, y, luego, de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de r間imen jur韉ico de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears -con la consiguiente derogaci髇 plena de la antigua Ley 5/1984, de 24 de octubre, antes citada. A su vez, la Ley 3/2003, de 26 de marzo, se ocupa tanto de los aspectos organizativos de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma -que en el 醡bito estatal, sin embargo, se encuentran regulados en la LOFAGE-, como de los aspectos propios de su r間imen jur韉ico -en el marco de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre-, sin entrar, por tanto, y a diferencia de la LOFAGE, en la organizaci髇 y el r間imen jur韉ico de las entidades instrumentales de la comunidad aut髇oma, esto es, en el 醡bito propio de la vigente Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades aut髇omas y empresas p鷅licas y vinculadas de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears.

Pues bien, el largo tiempo transcurrido desde la aprobaci髇 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, y la envergadura y complejidad alcanzada por la comunidad aut髇oma de las Illes Balears en el momento actual de evoluci髇 del estado auton髆ico, aconsejan modernizar y actualizar la organizaci髇 y el r間imen jur韉ico de la administraci髇 instrumental auton髆ica, y prever en una misma ley no ya s髄o las personificaciones de derecho p鷅lico integrantes de la administraci髇 p鷅lica instrumental en sentido estricto -con un alcance similar a la LOFAGE e incorporando, incluso, a los consorcios auton髆icos-, sino tambi閚 las personificaciones de derecho privado, las cuales sirven igualmente al cumplimiento de finalidades p鷅licas propias de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma, si bien en el 醡bito estrictamente prestacional, esto es, a los efectos de un adecuado desarrollo econ髆ico y social, como acertadamente indica la disposici髇 adicional tercera del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears.

IV

La presente ley, en consecuencia, tiene por objeto regular la organizaci髇 y el r間imen general del sector p鷅lico instrumental de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, al margen, claro est�, de la propia administraci髇 de la comunidad aut髇oma, cuya organizaci髇 y r間imen jur韉ico regula la vigente Ley 3/2003, de 26 de marzo. En este objetivo general concurren dos finalidades b醩icas. En primer lugar, se pretende recoger el nuevo modelo conceptual introducido en esta materia por la LOFAGE, por las razones antes apuntadas, as� como completar la regulaci髇 de la administraci髇 instrumental con otros tipos de entes del sector p鷅lico que quedan fuera del concepto de organismo p鷅lico adoptado por la norma estatal. En segundo t閞mino, la nueva ley insiste especialmente en el r間imen de control y tutela de todos estos entes instrumentales con la pretensi髇 esencial de conseguir una actuaci髇 transparente en la gesti髇 de los intereses p鷅licos presidida por criterios de buen gobierno, profesionalidad e integridad de los gestores p鷅licos.

En cuanto a la primera finalidad, es necesario precisar, desde un punto de vista subjetivo, el 醡bito de la presente ley. En este sentido la ley alcanza a la totalidad de las personificaciones jur韉icas que conviven dentro del sector p鷅lico instrumental de la administraci髇 auton髆ica. La denominaci髇 de la ley, pues, opta por referirse al sector p鷅lico instrumental de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, frente a otros posibles t閞minos, como el de administraci髇 institucional o el de administraci髇 instrumental, al considerar que dentro del primer t閞mino no tienen cabida las personificaciones de naturaleza corporativa basadas en la asociaci髇 de entes (a saber, los consorcios), ni, en ninguno de los dos, al menos formalmente, las personificaciones de derecho privado reguladas igualmente en la presente norma (esto es, como se ver� posteriormente, las sociedades mercantiles p鷅licas y las fundaciones del sector p鷅lico), a las que no cabe atribuir potestades administrativas.

De este modo, el 醡bito de la norma incluye tres grandes grupos de personificaciones jur韉icas, que con independencia de su sometimiento al r間imen jur韉ico p鷅lico o privado quedan encuadrados dentro del concepto gen閞ico de sector p鷅lico instrumental. El primero de los grupos recoge los organismos p鷅licos, en cuya definici髇 gen閞ica se integran los entes en los que tradicionalmente se ha centrado el proceso de la descentralizaci髇 funcional de la actuaci髇 administrativa, esto es, los organismos aut髇omos y las entidades p鷅licas empresariales, y que podr韆mos encuadrar dentro de la administraci髇 institucional t韕ica, como concepto diferenciado de la administraci髇 territorial matriz.

En este punto, cabe destacar la ausencia de la figura de las agencias -introducida en la LOFAGE por la Ley 28/2006, de 18 de julio, de agencias estatales para la mejora de los servicios p鷅licos-, al considerarse adecuado y suficiente, en el 醡bito de la comunidad aut髇oma, el marco jur韉ico que ofrecen las otras dos figuras t韕icas que se han indicado.

En este 鷏timo sentido, no debe confundirse el hecho de que, actualmente, algunas entidades utilicen el nombre de 'agencia' en su denominaci髇 con la aplicaci髇 a estos entes de un r間imen jur韉ico y propio de las agencias, al margen de esta ley, de manera que, con car醕ter general, estas entidades constituyen aut閚ticos organismos p鷅licos que, por tanto, deben aplicar el r間imen jur韉ico de los organismos aut髇omos o de las entidades p鷅licas empresariales, seg鷑 los casos, sin perjuicio de las particularidades que, en su caso, establecen las leyes de creaci髇 de cada ente, por lo cual, en definitiva, es voluntad de esta ley que no exista ning鷑 otro tipo general de organismo p鷅lico al margen de las dos categor韆s que en ella se prev閚.

El segundo grupo, relativo a las personificaciones jur韉ico-privadas, vendr韆 integrado por las sociedades mercantiles p鷅licas y las fundaciones del sector p鷅lico de la comunidad aut髇oma, por raz髇 de ostentar 閟ta, directa o indirectamente, la mayor韆 del capital social o de la dotaci髇, respectivamente. En este sentido la ley obvia, por un lado, la eventual existencia de otras figuras jur韉ico- privadas, como pueden ser las sociedades civiles -a las que s� se refer韆 la Ley 3/1989, de 29 de marzo-, las sociedades laborales, las sociedades cooperativas, las sociedades de garant韆 rec韕roca o, incluso, las asociaciones reguladas por la Ley Org醤ica 1/2002, de 22 de marzo, al considerar que se trata de figuras en las que, por su naturaleza y configuraci髇 legal, la administraci髇 p鷅lica normalmente no ha de integrarse o, cuando menos, no ha de ostentar una posici髇 dominante, lo que las aleja en todo caso de la relaci髇 de instrumentalidad propia del objeto de la presente ley. Por otra parte, cabe destacar en este punto que la presente ley, a diferencia de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, incorpora las fundaciones del sector p鷅lico de la comunidad aut髇oma, con una regulaci髇 similar a la contenida en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones, para las fundaciones del sector p鷅lico estatal. Asimismo, la regulaci髇 de las sociedades mercantiles p鷅licas se inspira, en muchos aspectos, en las normas contenidas, respecto de la Administraci髇 del Estado, en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones p鷅licas.

Por 鷏timo, un tercer grupo recoge, tambi閚 por primera vez, la regulaci髇 relativa a los consorcios que, de acuerdo con los criterios de vinculaci髇 establecidos en el art韈ulo 85.4 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de r間imen jur韉ico de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, han de someter su r間imen jur韉ico al ordenamiento p鷅lico auton髆ico, considerando en este sentido su personificaci髇 jur韉ico-p鷅lica. La regulaci髇 de dichos consorcios se efect鷄, en cualquier caso, de manera separada de los organismos p鷅licos t韕icos, atendidas la peculiar naturaleza -asociativa- y configuraci髇 -esencialmente estatutaria- de este tipo de entes.

Por lo que respecta a la segunda de las finalidades apuntadas anteriormente, la presente ley cuida de que la transformaci髇 del sector p鷅lico existente se efect鷈 bajo los principios de eficacia, econom韆 y participaci髇. Esta norma no introduce criterios especialmente restrictivos, sino que, al contrario, procura que la creaci髇 de los mismos se produzca cuando los fines espec韋icos que se pretendan conseguir hagan necesario un determinado nivel de descentralizaci髇 funcional que no pueda ser satisfecho dentro del marco de la administraci髇 territorial. En este sentido se pretende que la creaci髇 y existencia de cada uno de los tipos de entes regulados responda a necesidades efectivas derivadas de las exigencias propias de las funciones encomendadas, evitando que su creaci髇 o tipolog韆 responda al inter閟 de eludir la aplicaci髇 韓tegra del derecho p鷅lico.

V

Con estas finalidades, la ley se estructura en un t韙ulo preliminar y tres t韙ulos m醩, catorce disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una derogatoria y siete disposiciones finales.

El t韙ulo preliminar, relativo a las disposiciones generales aplicables a todos los entes instrumentales del sector p鷅lico auton髆ico, se estructura, a su vez, en seis cap韙ulos, referidos, respectivamente, al objeto, el 醡bito de aplicaci髇 y la clasificaci髇 de los entes instrumentales -distinguiendo entre el sector p鷅lico administrativo, el empresarial y el fundacional, de un modo equivalente, aunque no id閚tico, al establecido en la Ley general presupuestaria respecto de la Administraci髇 del Estado-; a los requerimientos previos a la creaci髇 de todos los entes instrumentales; a su r間imen econ髆ico-financiero, en todas sus vertientes -presupuestaria, de tesorer韆 y endeudamiento, contable y de control interno-; a los 髍ganos de direcci髇 y recursos humanos; al r間imen en materia de contrataci髇 y patrimonio, y al r間imen de asesoramiento jur韉ico y de defensa en juicio.

En este cuerpo de disposiciones generales cabe destacar diversas medidas tendentes a racionalizar la utilizaci髇 del abanico de entes instrumentales y a limitar el gasto p鷅lico, como son, en primer lugar, la necesidad de elaborar, en todo caso y previamente a la creaci髇 del ente, un plan de actuaci髇 inicial y un estudio econ髆ico-financiero -de una forma similar, aunque reforzada, a la prevista en la LOFAGE para la creaci髇 de organismos p鷅licos. Asimismo, la ley limita de una forma sustancial el recurso al cr閐ito para la cobertura de los desfases transitorios de tesorer韆 de estos entes, estableciendo, en todo caso, un l韒ite absoluto. Finalmente, y sin perjuicio del r間imen general de control financiero previsto en la legislaci髇 de finanzas, se potencian algunos de estos mecanismos (comit閟 de auditor韆 financiera, planes de actuaciones en el 醡bito del control de eficacia y eficiencia, etc.) y se establecen nuevas medidas de control, cuando proceda (auditor韆s internas, controles permanentes y otras medidas extraordinarias o adicionales de control).

Menci髇 especial merece, asimismo, la regulaci髇 relativa a los 髍ganos de direcci髇 y a los recursos humanos, que trata de simplificar, racionalizar y homogeneizar dichos 髍ganos de direcci髇 y el r間imen jur韉ico de las personas titulares de los cargos directivos correspondientes, incluido su r間imen retributivo.

Por otra parte, la norma regula expresamente el r間imen del personal al servicio de tales entes instrumentales, diferenciando entre el personal directivo profesional y el resto de personal, funcionario y/o laboral seg鷑 proceda.

El t韙ulo I se adentra ya en la regulaci髇 de los organismos p鷅licos y se estructura en tres cap韙ulos, referidos, el primero de ellos, a las disposiciones comunes aplicables a dichos organismos, ocup醤dose el segundo y el tercero del r間imen propio de los organismos aut髇omos y de las entidades p鷅licas empresariales, respectivamente. A su vez, dentro de las disposiciones comunes, la secci髇 1� se encarga de fijar las normas y los criterios generales de r間imen jur韉ico aplicables a ambos tipos de entes -de un modo sustancialmente id閚tico al establecido en la LOFAGE para la Administraci髇 del Estado-, incluido el r間imen de impugnaciones y reclamaciones previas a la v韆 civil o laboral e, incluso, el r間imen de revisi髇 de oficio y de declaraci髇 de lesividad de sus actos. Por su parte, la secci髇 2� se ocupa del r間imen aplicable a la creaci髇, modificaci髇, refundici髇, extinci髇 y liquidaci髇 de estos entes de una forma detallada y sistem醫ica. A partir de aqu�, los cap韙ulos II y III se limitan a definir y concretar las especificidades de r間imen jur韉ico de ambos tipos de entes en materia de personal, r間imen econ髆ico-financiero y actos administrativos, todo ello, como ya se ha dicho, a la luz de los criterios doctrinalmente admitidos tras la publicaci髇 de la LOFAGE y con la intenci髇 de crear un sistema homog閚eo de organismos p鷅licos dentro del sector p鷅lico auton髆ico.

El t韙ulo II se dedica a los organismos de naturaleza privada de titularidad p鷅lica -esto es, y de acuerdo con lo indicado anteriormente, las sociedades mercantiles p鷅licas y las fundaciones del sector p鷅lico-, y se estructura de una forma equivalente a la indicada anteriormente respecto del t韙ulo II. As�, el cap韙ulo I establece el r間imen jur韉ico aplicable, con car醕ter general y en atenci髇 a su naturaleza jur韉ico-privada, a estos dos tipos de entes -como puede ser el r間imen del personal laboral y el r間imen econ髆ico-financiero-, recordando, asimismo, que en ning鷑 caso estos entes pueden ejercitar potestades p鷅licas reservadas a las administraciones p鷅licas, es decir, a entidades de derecho p鷅lico. Por su parte, los cap韙ulos II y III delimitan los criterios determinantes de su integraci髇 en el sector p鷅lico auton髆ico y regulan las particularidades de r間imen jur韉ico de cada uno de ellos en lo que respecta, fundamentalmente, a su creaci髇, modificaci髇 y extinci髇.

Ciertamente, la actuaci髇 de los poderes p鷅licos, tal y como se encuentra delimitada constitucionalmente, exige en muchos casos acudir a f髍mulas jur韉icas propias del derecho privado. Igualmente, esta exigencia en ocasiones viene impuesta por la necesidad de dar participaci髇 en la actividad del sector p鷅lico a diversos agentes privados. En este sentido, la creaci髇 y existencia de sociedades y fundaciones debe considerarse como un elemento coadyuvante de la consecuci髇 de dichos fines.

En cualquier caso, la regulaci髇 contenida en esta ley respecto de unas y otras no pretende alterar el r間imen jur韉ico privado de las mismas que se deduzca de la normativa legal aplicable en cada caso, a saber, la normativa mercantil en un caso y la normativa de fundaciones privadas en el otro. El objetivo perseguido por esta ley con relaci髇 a las sociedades y fundaciones p鷅licas, pues, no es otro que el de delimitar conceptualmente aquellas sociedades y fundaciones que, constituidas al amparo del derecho privado, deben ser calificadas como p鷅licas en atenci髇 a los criterios de participaci髇 o posici髇 dominante en las mismas y que, por ello, las ha de situar en el 醡bito de los entes instrumentales de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma. As�, una vez definidas las sociedades y fundaciones que han de ser calificadas como p鷅licas, y en consecuencia integradas en el sector p鷅lico de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, la regulaci髇 relativa a su creaci髇, modificaci髇 o extinci髇 se circunscribe a los aspectos relativos a la manifestaci髇 interna de la voluntad de la organizaci髇 que pretende crearlas y tutelarlas -en el marco de la doctrina de los denominados actos separables-, todo ello con independencia, pues, de las normas que en este 醡bito resulten de aplicaci髇 a tenor del ordenamiento privado aplicable. Esto 鷏timo ha de entenderse sin perjuicio, claro est�, de la sujeci髇 de estos entes a determinados principios propios del derecho p鷅lico -contenidos b醩icamente en el t韙ulo preliminar de la ley-, cuyo cumplimiento obligado viene nuevamente exigido por la relaci髇 de instrumentalidad que motiva su existencia.

El t韙ulo III, por fin, acoge la regulaci髇 de los denominados consorcios de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears. Al igual que ocurre con las sociedades y fundaciones p鷅licas, no se pretende regular la figura del consorcio como instrumento administrativo con personalidad jur韉ica propia -en este caso de derecho p鷅lico-, sino que se pretende delimitar conceptualmente aquellos consorcios -constituidos o que se prevea constituir al amparo de la legislaci髇 vigente al respecto- que, de acuerdo con los criterios de vinculaci髇 establecidos en el art韈ulo 85.4 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de r間imen jur韉ico de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, deben considerarse integrados en el sector p鷅lico de la comunidad aut髇oma y, con ello, sujetos al ordenamiento auton髆ico.

En este punto, cabe destacar que la ley, atendidos por un lado la naturaleza jur韉ico-p鷅lica de los consorcios y, por otro, el 醡bito de actuaci髇 material atribuido normalmente a los consorcios dependientes de la comunidad aut髇oma -de car醕ter marcadamente administrativo y no estrictamente empresarial-, opta por acercar estos entes al r間imen jur韉ico propio de los organismos p鷅licos y, en particular, de los organismos aut髇omos, con excepci髇 en todo caso del r間imen de control interno de la Intervenci髇 General de la comunidad aut髇oma, manteniendo en este 醡bito el control financiero -posterior- propio del sector p鷅lico empresarial y fundacional.

Por 鷏timo, las diversas disposiciones adicionales se ocupan de aspectos concretos que, por su alcance o especificidad, no se incluyen en el texto articulado de la ley, como pueda ser el r間imen espec韋ico de los entes que forman parte del Sistema Nacional de Salud y de otros entes concretos, o la aplicaci髇 de algunos aspectos de la ley a aquellos entes que, pese a no constituir entes instrumentales en sentido estricto, deban incluirse en el sector de administraciones p鷅licas de la comunidad aut髇oma por aplicaci髇 de las reglas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Asimismo, cabe destacar la disposici髇 adicional por la que se establece que la regulaci髇 del 髍gano colegiado superior de direcci髇 de los entes instrumentales contenida en el art韈ulo 20.3 de la ley no resulta aplicable a los entes que dispongan de otra regulaci髇 en virtud de normas sectoriales espec韋icas de rango legal, como el ente p鷅lico de Radiotelevisi髇 de las Illes Balears, Puertos de las Illes Balears o el Consorcio de Transportes de Mallorca, entre otros. Por otra parte, se procede a derogar expresamente la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades aut髇omas y empresas p鷅licas y vinculadas de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, adem醩 de otras disposiciones legales vigentes, mucho m醩 espec韋icas, en materia de administraci髇 instrumental y control del sector p鷅lico. Finalmente, a trav閟 de las oportunas disposiciones finales, se modifican determinadas leyes relacionadas directamente con la regulaci髇 del sector p鷅lico. As�, destacan las modificaciones que se efect鷄n al texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio, entre tanto no se apruebe un nuevo proyecto de ley en los t閞minos que tambi閚 se prev閚 a tal efecto.