Atenci髇 norma derogada, ver regulaci髇 posterior

Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇

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Sumario

LE0000744804 Ley 1/2007, 17 enero, derogada por la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, de la Renta Canaria de Ciudadan韆 (獴.O.I.C.� 29 diciembre).

V閍se D [CANARIAS] 136/2007, 24 mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 (獴.O.I.C.� 12 junio).LE0000246408

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 12.8 del Estatuto de Autonom韆, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la prestaci髇 canaria de inserci髇.

PRE罬BULO

En todas las sociedades existen individuos y grupos de poblaci髇 que carecen de medios de subsistencia para atender a necesidades b醩icas y que se encuentran en situaci髇 de mayor desigualdad social respecto a otros individuos para conseguir el acceso a unos niveles aceptables de calidad de vida y al pleno ejercicio de los derechos considerados fundamentales.

El debate sobre c髆o afrontar los problemas que afectan a estos ciudadanos se ha venido incrementando en los 鷏timos a駉s y existe una idea b醩ica en torno al mismo que rese馻 que la pobreza es un fen髆eno estructural y multidimensional, estim醤dose que los procesos que llevan a esta condici髇 obedecen a una multitud de factores relacionados entre s�. El enfoque de la pobreza se vincula de esta manera al concepto de exclusi髇 social, que tiene unas connotaciones m醩 amplias que el de la mera referencia a escasez de recursos econ髆icos y considera componentes laborales, econ髆icos, sociales, educativos y culturales, para entender que existen procesos que impiden a determinados individuos o grupos alcanzar una posici髇 de autonom韆 que les permita acceder de forma efectiva a sus derechos primordiales: a la educaci髇, vivienda, trabajo, cultura, etc.

Las condiciones de pobreza, marginaci髇 y exclusi髇 social de estos sectores de poblaci髇 de los diferentes territorios deben ser objeto de atenci髇 preferente por parte de cualquier Administraci髇, y con mayor motivo si 閟ta se mueve en los par醡etros constitucionales de promover las condiciones para que la libertad de los individuos y de los grupos sean reales y efectivas y de facilitar la participaci髇 de todos los ciudadanos en la vida pol韙ica, econ髆ica, cultural y social.

Esta preocupaci髇 se ha potenciado en los 鷏timos a駉s tambi閚 a nivel supraestatal, y as� ya el Parlamento Europeo, el 16 de septiembre de 1988, adopt� una resoluci髇 de lucha contra la pobreza en la que instaba a los poderes p鷅licos a instaurar una renta m韓ima garantizada para favorecer la inserci髇 de los ciudadanos m醩 pobres de la sociedad.

Paralelamente, en Espa馻 comienzan a configurarse acciones orientadas a la percepci髇 de rentas m韓imas y a procurar la inserci髇 de las personas excluidas o en proceso de exclusi髇 bajo la concepci髇 de que tales acciones deber韆n quedar incluidas en la esfera de acci髇 de la asistencia social. Con ello, una vez transferidas las competencias en materia de asistencia social a las Comunidades Aut髇omas, 閟tas proceden a establecer una serie de regulaciones de 醡bito territorial, que intentan cubrir la laguna que exist韆 en la legislaci髇 estatal en torno a la implantaci髇 de tales prestaciones.

En Canarias, el Decreto 133/1992, de 30 de julio, por el que se regularon con car醕ter urgente las ayudas econ髆icas b醩icas, pretend韆 constituirse en el primer paso para la erradicaci髇 de las condiciones de desigualdad econ髆ica y social en que se encontraba un amplio sector de la poblaci髇 canaria. Esta norma fue modificada en sucesivas ocasiones y finalmente derogada por el Decreto 13/1998, de 5 de febrero, que igualmente ha sufrido modificaciones parciales, b醩icamente para adaptar su cuant韆 a las necesidades reales de los beneficiarios, y se ha desarrollado mediante 髍denes que intentaban ajustar la documentaci髇 de los expedientes al conocimiento de la situaci髇 en que se encontraban los solicitantes de las ayudas.

Al mismo tiempo, en la Comunidad canaria, el Plan de integraci髇 y lucha contra la pobreza y la exclusi髇 social en Canarias, que se aprueba por el Gobierno de Canarias en noviembre de 1998, incluye una extensa variedad de medidas dirigidas a la asistencia, promoci髇 e integraci髇 social de los individuos o grupos con mayores limitaciones o dificultades para acceder al ejercicio efectivo de los derechos sociales y de ciudadan韆. Consecuencia de este Plan es la investigaci髇 sobre Condiciones sociales de la poblaci髇 canaria en el a駉 2001, realizada por el Gobierno de Canarias a trav閟 del Instituto Canario de Estad韘tica y la Direcci髇 General de Servicios Sociales, de cuyos datos se concluye que, aunque el n鷐ero de personas pobres del archipi閘ago canario ha disminuido en los cinco a駉s inmediatamente anteriores a la elaboraci髇 de dicho estudio, aproximadamente en un ocho por ciento, a鷑 siguen siendo muy elevadas las cifras porcentuales de hogares y personas por debajo del umbral de la pobreza, continuando en situaci髇 de pobreza severa (por debajo de la mitad de la l韓ea de pobreza, es decir, con ingresos inferiores a treinta mil pesetas -180,30 euros-) unas quince mil familias, o, lo que es lo mismo, cincuenta mil personas, si bien hay que entender, como matiza el estudio de referencia, que el t閞mino pobreza no alude espec韋icamente a situaciones de falta de recursos materiales, sino que hace referencia a un porcentaje de poblaci髇 que tiene bajos ingresos respecto al promedio poblacional y por tanto a un t閞mino indicador de la desigualdad. Esta situaci髇 se mantiene, con relativos altibajos, en los 鷏timos a駉s, a tenor de las referencias que aparecen en diferentes dict醡enes e informes sobre la pobreza en Canarias, y tal como se pone de manifiesto con el n鷐ero estable de solicitudes de ayudas econ髆icas b醩icas resueltas favorablemente.

Por tanto, la trascendencia que para la sociedad canaria tiene la consecuci髇 de una normativa que intente superar estas condiciones de desigualdad, es raz髇 suficiente para dar cobertura legal a una regulaci髇 que insista en la necesidad de intensificar la coordinaci髇 de actuaciones desde distintos sectores. Pero, adem醩, se impone la elaboraci髇 de una norma de rango legal que establezca el derecho al acceso a la prestaci髇, independientemente de que su materializaci髇 quede supeditada a las limitaciones de las consignaciones presupuestarias, si existe una situaci髇 de necesidad y se cumplen los objetivos exigidos y los requisitos subjetivos exigibles, y que permita reforzar el car醕ter integrador de la prestaci髇, incidiendo en la consecuci髇 de empleo adecuado para los solicitantes de la prestaci髇. Incide el texto normativo, sin olvidar que 閟ta no es la 鷑ica v韆 para prevenir y eliminar las situaciones de exclusi髇 social, sino que existen otras relacionadas con la educaci髇, la formaci髇, la salud y la vivienda.

A su vez, las formalidades legales exigidas para el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administraci髇 imponen una disposici髇 de tal rango.

Ampara la intervenci髇 de la Comunidad Aut髇oma la previsi髇 contenida en el art韈ulo 9 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas de Canarias, as� como el que el establecimiento de prestaciones econ髆icas que aminoren las consecuencias de la exclusi髇 social de los m醩 desfavorecidos no es una competencia que expresamente haya sido transferida a los Cabildos Insulares por el Decreto 113/2002, de 9 de agosto.

La presente ley condiciona la percepci髇 de la ayuda a la realizaci髇 de medidas de inserci髇 e intentando depurar la naturaleza de la prestaci髇, se introduce la denominaci髇 de prestaci髇 canaria de inserci髇 para calificar a la prestaci髇 global. Esta prestaci髇 se articula conformando, por un lado, las ayudas econ髆icas b醩icas, que consisten en la dotaci髇 de una cuant韆 econ髆ica, y por otro, las actividades de inserci髇, que van aparejadas a la consecuci髇 de la ayuda econ髆ica, pero que pueden tambi閚 realizarse, independientemente de que se acceda, se suspenda, o se extinga la ayuda econ髆ica. Las actividades de inserci髇 y la ayuda ir醤 dirigidas a todos los miembros de la unidad de convivencia del solicitante que las necesiten.

La prestaci髇 se concede durante un a駉, con el derecho a la continuidad de la percepci髇 en per韔dos sucesivos de seis meses, mientras subsistan las circunstancias que motivaron su concesi髇. En cualquier caso, a los 24 meses de percepci髇 de la ayuda se requiere una valoraci髇 espec韋ica sobre la eficacia social de las actividades de inserci髇 realizadas, para su posible continuidad o modificaci髇, con car醕ter excepcional.

Dentro del 醡bito de las excepciones establecidas en la ley, se incluye una ampliaci髇 del requisito de la edad, abarcando su aplicaci髇 a los mayores de sesenta y cinco y menores de veinticinco que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el cap韙ulo II. Se establece una cuant韆 b醩ica de ayuda econ髆ica, y otra cuant韆 variable, que se establecer� en funci髇 de los miembros que formen la unidad de convivencia, fijada en porcentajes referidos a la cuant韆, establecida y vigente en cada anualidad, del indicador p鷅lico de renta de efectos m鷏tiples (IPREM), creado por el Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalizaci髇 de la regulaci髇 del salario m韓imo interprofesional y para el incremento de su cuant韆.

En relaci髇 con las actividades de inserci髇, se detalla el contenido de los programas espec韋icos que ser醤 elaborados por profesionales vinculados al 醨ea de trabajo social de las administraciones municipales, coordinados con otros de las 醨eas locales de empleo, desarrollo local, sanidad, educaci髇 y vivienda.

Dado el car醕ter transversal de las medidas de integraci髇, es necesario la colaboraci髇 y coordinaci髇 de los distintos departamentos de la Comunidad Aut髇oma, as� como de los municipios canarios. A esta finalidad de coordinaci髇 obedece la creaci髇 de una Comisi髇 T閏nica de Coordinaci髇, integrada por personal de diferentes departamentos auton髆icos y de los ayuntamientos de las islas. Como 髍gano de consulta y asesoramiento se crea asimismo una comisi髇 de seguimiento, integrada por representantes de las administraciones p鷅licas y de las organizaciones empresariales y sindicales m醩 representativas, que canalizar醤 sus informes al Consejo General de Servicios Sociales y al Consejo General del Servicio Canario de Empleo.

Los trabajos de ambas comisiones servir醤 de base para el establecimiento de medidas concretas de inserci髇, que se establecer醤 y desarrollar醤 reglamentariamente.