Ley 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias

Artículo 26 Medidas de control

Las empresas que realicen los servicios de transporte marítimo regulados en esta ley deben someterse a los mecanismos de control que establezca la consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con competencias en materia de transporte, dirigidos a comprobar los servicios prestados, los precios aplicados, el número de usuarios y, en general, todos los datos que sean precisos para el ejercicio eficaz de las competencias de planificación y ordenación del transporte marítimo o por motivos estadísticos.

Artículo 27 Deberes referidos a los documentos de control

1. El libro de reclamaciones, la certificación de inscripción en el Registro Canario de Navieros, las autorizaciones y contratos de obligación de servicio público, en su caso, y los documentos y elementos de control exigidos por la normativa de aplicación deberán llevarse a bordo de las embarcaciones en todo momento debidamente cumplimentados y deberán exhibirse a requerimiento de los funcionarios que realicen funciones de control o de inspección.

2. Los transportistas tienen la obligación de disponer en cada establecimiento de un libro oficial de reclamaciones a disposición de los usuarios. En particular, las empresas tienen la obligación de remitir a la Administración competente en materia de transportes copia de todas las reclamaciones en el plazo de los diez días siguientes a su formulación. Al reclamante se le notificará la resolución que se adopte como consecuencia de la reclamación.

3. Las características de las hojas de reclamación, el procedimiento de tramitación de las reclamaciones, y cuantos otros aspectos sean precisos, se regularán por lo dispuesto en la normativa vigente de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de consumidores y usuarios.

Artículo 28 Órganos de inspección

1. La potestad de inspección y vigilancia de los servicios de transporte se atribuye a los servicios de inspección de la consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con competencias en materia de transporte, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas en materia de inspección.

2. Los hechos constatados por los inspectores, en su condición de autoridad, que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan señalar o aportar los propios interesados.

3. Los inspectores pueden solicitar, para un eficaz cumplimiento de su función, el apoyo necesario de las distintas fuerzas de seguridad.

Artículo 29 Ejercicio de la función inspectora

1. La función inspectora se ejerce de oficio bien por propia iniciativa, o como consecuencia de orden superior, de petición razonada de otros órganos, o de denuncia.

2. Las empresas inspeccionadas y los capitanes o patrones de los barcos deben facilitar al personal de los servicios de inspección toda la documentación que requieran en el marco de esta ley, así como permitirles el acceso a las embarcaciones destinadas a los servicios de transporte, siempre que resulte necesario para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley.

3. Las actas levantadas por los servicios de inspección deben reflejar con claridad las circunstancias de los hechos o actividades que pueden ser constitutivos de infracción; los datos personales de la empresa naviera, del presunto infractor o infractora, y de la persona inspeccionada; así como las disposiciones que se consideran infringidas.

Artículo 30 Infracciones

Las infracciones reguladas en la presente ley se clasificarán en muy graves, graves y leves.

Artículo 31 Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves:

• 1) Realizar los servicios de transporte marítimo regular sin autorización administrativa previa cuando sea exigible.
• 2) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección que impida el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan éstos atribuidas.
• 3) El incumplimiento de las normas que reservan a buques mercantes de bandera de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea la realización de transporte marítimo de acuerdo con lo previsto en esta ley.
• 4) El incumplimiento de las normas que reservan a empresas de nacionalidad de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea la realización de transporte marítimo.
• 5) Prestar servicios de transporte o de alquiler de embarcaciones en condiciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas.
• 6) Prestar cualquier transporte de pasajeros o de mercancías en número o peso superiores al permitido.
• 7) Modificar las características técnicas y de seguridad de la embarcación acreditadas por la Administración competente en materia de seguridad en el transporte y de la vida humana en el mar, y en materia de inspección técnica y operativa de embarcaciones, tripulaciones y mercancías, sin la preceptiva autorización por parte de las autoridades competentes. LE0000352624_20090220 Número 7 del artículo 31 redactado por el apartado tres del artículo único de Ley [CANARIAS] 1/2009, 10 febrero, por la que se modifica la Ley 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias («B.O.I.C.» 19 febrero).Vigencia: 20 febrero 2009
• 8) La comisión de alguna de las infracciones tipificadas como graves cuando el imputado hubiese sido sancionado mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de dos o más infracciones graves o muy graves en los tres años anteriores.

Artículo 32 Infracciones graves

Son infracciones graves:

• 1) La realización de transporte marítimo sin haber realizado la comunicación previa.
• 2) Incumplir las condiciones propias de las líneas de transporte regular por:
  • a) Modificar las condiciones de regularidad.
  • b) No iniciar la prestación en el plazo fijado.
  • c) No comunicar en plazo el cese de la actividad.
• 3) El incumplimiento de las condiciones de prestación de los transportes, salvo que deba calificarse de muy grave por afectar a la seguridad de las personas al conllevar peligro grave o directo, o cuando ocasione daños al medio ambiente.
• 4) El incumplimiento del deber de información, hacerlo de modo incorrecto o insuficiente, o falsear los datos.
• 5) No contratar los seguros obligatorios a los que se refiere esta ley, salvo que la referida ausencia de contratación se encuentre tipificada como falta o delito en el ordenamiento jurídico penal, así como no estar al corriente del pago de los mismos.
• 6) Suscribir los seguros obligatorios con cobertura o importe insuficiente.
• 7) No completar la garantía económica a que se refiere el artículo 18.3.b) cuando haya resultado minorada o agotada por aplicación a cualquiera de sus finalidades, incluido el pago de multas.
• 8) La no remisión de las reclamaciones formuladas por los usuarios, lo que incluye su envío tras requerimiento administrativo.
• 9) La comisión de alguna de las infracciones tipificadas como leves cuando el imputado hubiese sido sancionado mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de dos o más infracciones leves o graves en los tres años anteriores.

Artículo 33 Infracciones leves

Son infracciones leves:

• 1) Las irregularidades cometidas en la prestación de los servicios que afecten a las frecuencias y horarios y no sean calificados como graves.
• 2) El trato descortés dispensado a los usuarios.
• 3) No mantener las embarcaciones en las condiciones necesarias de limpieza y conservación para garantizar la correcta prestación del servicio de transporte.
• 4) No actualizar los datos contenidos en la autorización administrativa o los que acompañaron la comunicación previa.
• 5) La demora en la remisión de las reclamaciones formuladas por los usuarios.
• 6) No respetar los derechos de los pasajeros, con independencia de las compensaciones a que aquéllos tengan derecho de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

Artículo 34 Responsabilidad por infracciones

1. Sólo podrán ser sancionados por las acciones u omisiones tipificadas en esta ley, las personas físicas o jurídicas que resulten ser responsables de las mismas, aun a título de simple inobservancia.

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.

3. Cuando una infracción se impute a una persona jurídica, las personas físicas integrantes de sus órganos rectores o de dirección que hubiesen autorizado o consentido la realización de la conducta infractora serán responsables solidarios con aquélla.

Artículo 35 Prescripción de las infracciones

1. El plazo de prescripción de las infracciones será de un año para las leves, dos años para las graves y tres años para las muy graves.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde que las mismas sean cometidas. En las infracciones continuadas dicho plazo se computará desde que la Administración tuvo conocimiento de su comisión.

3. El plazo de prescripción se interrumpirá con la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose su cómputo cuando el procedimiento sancionador sufra una paralización superior a un mes por causa no imputable al presunto infractor.

Artículo 36 Sanciones

1. Por la comisión de las infracciones tipificadas en la presente ley podrán imponerse las sanciones siguientes:

• a) Apercibimiento.
• b) Multa.
• c) El cese de la actividad.
• d) Caducidad de la autorización.
• e) Inhabilitación para el transporte marítimo.
• f) La resolución del contrato de obligación de servicio público.

2. Procede imponer la sanción de apercibimiento en los supuestos de infracciones leves cuando, no existiendo antecedentes infractores, no se estime conveniente la imposición de multa.

3. Las multas se impondrán en la siguiente escala:

• a) Infracciones leves, hasta 10.000 euros.
• b) Infracciones graves, desde 10.001 hasta 150.000 euros.
• c) Infracciones muy graves, desde 150.001 hasta 300.000 euros.

4. La cuantía de la multa fijada de conformidad con las reglas establecidas en los números anteriores podrá atemperarse mediante acuerdo del órgano competente para su imposición, y siempre que el infractor hubiera procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción, previo requerimiento y en el plazo que reglamentariamente se determine. Dicha cuantía y la aplicación de las sanciones accesorias se graduarán de acuerdo a los siguientes criterios:

• a) Beneficio obtenido por la comisión de la infracción.
• b) Repercusión social de la infracción.
• c) Negligencia o intencionalidad.
• d) Daño causado, en su caso, o gravedad del estado de riesgo creado.
• e) Reincidencia, considerando los últimos tres años contados a partir del día siguiente al de la comisión de la infracción.
• f) Cualquier otra circunstancia que pueda incidir en el grado de responsabilidad, en un sentido atenuante o agravante.

Cuando la infracción afecte a una línea que atiende necesidades básicas de transporte regular o, en todo caso, al medio ambiente marino, la cuantía de la multa podrá incrementarse hasta el doble, en función de la gravedad de la infracción cometida.

5. La comisión de las infracciones previstas en los apartados 1, 5, 6 y 7 del artículo 32 de esta ley, además de la sanción de multa que corresponda, podrá implicar la suspensión de la actividad por un plazo no superior a un año.

6. A la vista de los criterios de graduación expresados en el número 4 del presente artículo, las acciones u omisiones que sean constitutivas de infracción muy grave a que se refieren los números 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 31, con independencia de la multa que corresponda, podrán dar lugar al cese de la actividad, a la caducidad de la autorización correspondiente por un plazo máximo de tres años, incluso, excepcionalmente, cuando concurriesen tres o más circunstancias agravantes, a la inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un plazo no superior a cinco años.

Artículo 37 Prescripción de las sanciones

1. Las sanciones prescribirán:

• a) Las leves, al año.
• b) Las graves, a los dos años.
• c) Las muy graves, a los tres años.

2. El plazo de prescripción de las sanciones se computará desde el día siguiente a aquel en que hubiese alcanzado firmeza la resolución que la impone.

3. Dicho plazo se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del sancionado, del procedimiento de ejecución de la resolución sancionadora, reanudándose este plazo cuando el procedimiento se paralizase durante más de un mes por causa no imputable a aquél.

Artículo 38 Medidas complementarias

En el caso de los contratos de obligación de servicio público, si el cumplimiento de la sanción de extinción del título produjese un trastorno grave a la continuidad del servicio, el órgano competente podrá ordenar que se mantengan los efectos del contrato, conforme a las mismas cláusulas, hasta que se adopten medidas urgentes que eviten el perjuicio.

Artículo 39 Régimen jurídico

El procedimiento para imponer las sanciones fijadas en la presente ley debe ajustarse a lo establecido en las normas de procedimiento administrativo aplicables en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 40 Órgano competente

La competencia para ejercer la potestad sancionadora corresponde a la consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con competencias en materia de transporte marítimo, y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida reglamentariamente.

Artículo 41 Medidas provisionales

1. Incoado el procedimiento sancionador, el órgano competente en la materia podrá adoptar, a propuesta del instructor y mediante resolución motivada, las medidas provisionales que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pueda dictarse, para preservar los intereses generales, o para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.

2. El incumplimiento de las condiciones de prestación del servicio de transporte por causas imputables al titular determina, previa audiencia del mismo, la suspensión temporal de la actividad hasta el cumplimiento de los requisitos exigidos. En cualquier caso, la existencia de indicios fundados de comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 31 de esta ley autorizan la inmovilización de la embarcación y la suspensión del servicio; en su caso, la Administración puede adoptar las medidas necesarias a fin y efecto de que los usuarios sufran las mínimas perturbaciones posibles.

3. La resolución a la que se hace referencia en el apartado 1 de este artículo debe fijar un plazo para que la persona interesada legitime su actuación o ajuste las condiciones de prestación del servicio de forma que no afecte a la seguridad de las personas.

Artículo 42 Plazo máximo de resolución

El plazo máximo en que debe notificarse la resolución del procedimiento sancionador será de un año desde la fecha de su incoación. Transcurrido ese plazo sin que haya recaído resolución expresa, se acordará la caducidad del expediente.

Primera Medidas de salvaguardia

En los supuestos en los que la liberalización del transporte marítimo produzca perturbaciones graves en los tráficos a que se refiere esta ley, el Gobierno de Canarias, a través de los cauces precisos, podrá dirigirse a la Comisión Europea en solicitud de medidas de salvaguardia de acuerdo con lo previsto en la normativa comunitaria.

Segunda Bonificaciones a usuarios residentes

A los efectos de acreditar el derecho a la percepción de las bonificaciones en los transportes de viajeros establecidas por razón de la residencia en Canarias, se estará al procedimiento reglamentariamente establecido.

LE0000352624_20090220 Disposición adicional segunda redactada por el apartado cuatro del artículo único de Ley [CANARIAS] 1/2009, 10 febrero, por la que se modifica la Ley 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias («B.O.I.C.» 19 febrero).Vigencia: 20 febrero 2009

Primera Subsistencia de los contratos de obligación de servicio público

Los contratos de obligación de servicio público vigentes a la entrada en vigor de esta ley mantendrán su vigencia hasta su expiración.

Segunda Conversión de autorizaciones preexistentes

1. A partir de la entrada en vigor de esta ley, las autorizaciones otorgadas con anterioridad, excepto para las líneas declaradas de interés público, quedan convertidas en comunicaciones previas, inscribiéndose de oficio con tal carácter en el Registro Canario de Navieros.

2. La anterior conversión no exime a los transportistas de la obligación de acreditar el cumplimiento de los requisitos legales no exigidos por la normativa anterior. Transcurrido un año desde la entrada en vigor de esta ley sin que se cumpla con este deber de adaptación, previo requerimiento por parte de la Administración competente de la Comunidad Autónoma de Canarias, y transcurridos 15 días naturales sin que se proceda a esa acreditación, se producirá la suspensión de la actividad de transporte que vinieran realizando con las consecuencias previstas en esta ley para la actividad sin título.

Única Derogación normativa

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en esta ley.

Primera Desarrollo reglamentario

1. El Gobierno de Canarias dictará las normas reglamentarias y disposiciones administrativas que requiera el desarrollo y aplicación de esta ley.

Véase D [CANARIAS] 9/2009, 27 enero, por el que se desarrolla el régimen especial de prestación de los transportes marítimos regulares («B.O.I.C.» 12 febrero).LE0000351477_20190827

2. No obstante, en tanto se produce el desarrollo reglamentario a que se refiere el anterior apartado, continuará en vigor el Decreto 113/1998, de 23 de julio, por el que se establecen las obligaciones de servicio público a que se someten determinadas líneas regulares de cabotaje marítimo interinsular de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuanto sea compatible con lo dispuesto por esta ley.

Segunda Actualización de sanciones

Se autoriza al Gobierno para actualizar anualmente las sanciones previstas en la presente ley en la cuantía que resulte de la evolución del Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) o índice que lo sustituya.

Tercera Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.