Artículo 67

1. La Comunidad Autónoma de Canarias gozará para la protección de sus titularidades, de las prerrogativas de investigación, recuperación de oficio y deslinde.

2. El procedimiento mediante el cual se ejerzan estas potestades podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte, y deberá garantizar la audiencia de los interesados en el procedimiento.

3. El ejercicio de las potestades a las que se refiere el presente título no podrá significar el desconocimiento de titularidades amparadas en el ordenamiento jurídico. La impugnación de los actos dictados en el ejercicio de estas potestades deberá hacerse de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

4. No se podrán oponer interdictos a la Administración por actos dictados por órgano competente en virtud del procedimiento establecido para el ejercicio de estas competencias.

Artículo 68

Ningún Tribunal, Juez o autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, ni contra las rentas, frutos o productos del mismo.

Artículo 69

1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que tenga a su cargo bienes o derechos de la Comunidad Autónoma de Canarias, se halla obligada a velar por su custodia, conservación, aplicación y, en su caso, su racional explotación, debiendo responder ante el titular del bien o derecho por los daños y perjuicios causados y que no sean consecuencia del uso normal de aquéllos.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, establecer la indemnización o restitución, en su caso.

Artículo 70

Cuando los hechos a que se refiere el artículo anterior pudieran ser constitutivos de delito o falta, la Administración lo pondrá en conocimiento de la Jurisdicción competente.

Artículo 71

El Gobierno velará por la defensa y recto uso de los bienes de dominio público radicados en las islas, a excepción de los estrictamente dependientes de otras Administraciones públicas. Singularmente los relacionados con nuestro medio natural o valores socioculturales.

Artículo 72

La Administración de la Comunidad Autónoma tiene la facultad de investigar la situación jurídica de los bienes y derechos que se presuman patrimoniales, a fin de determinar, cuando no le conste, la titularidad que pueda ostentar la Comunidad sobre unos u otros.

El Centro Directivo competente en la materia de investigación patrimonial ejercerá la superior autoridad en los procedimientos de investigación, pudiendo recabar directamente de autoridades, funcionarios y particulares cuantos datos, noticias o informes convengan a la investigación patrimonial.

Artículo 73

Las Autoridades y los representantes de todas las Entidades dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias están obligadas a coadyuvar en la investigación, administración e inspección de los bienes y derechos propiedad de dicha Comunidad.

Artículo 74

Reglamentariamente se establecerá por el Gobierno de Canarias los derechos que correspondan al particular que inste el ejercicio de la acción investigadora, que en ningún momento podrán superar el 10 por 100 del valor del bien, estimado por los Servicios de la Consejería de Hacienda.

Cuando un particular ejercite la acción investigadora, se le podrá exigir que anticipe el importe de los gastos en la cuantía que señale el Centro Directivo correspondiente, quedando obligada la Administración a presentar la cuenta de los gastos ocasionados, devolviendo, si procediere, la parte sobrante. Si la investigación desembocara en la recuperación del bien por la Administración, ésta devolverá las cantidades reclamadas en garantía.

Artículo 75

1. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá recuperar por propia autoridad y en todo momento la posesión indebidamente perdida de los bienes de dominio público de la Comunidad.

2. En los mismos términos, podrá recuperar la posesión indebidamente perdida de los bienes y derechos patrimoniales siempre que no hubiere transcurrido el plazo de un año, contado desde el día siguiente al de producirse la usurpación. Si hubiere transcurrido dicho plazo, el Organismo o Departamento que tenga conocimiento de la usurpación lo pondrá en conocimiento de la Consejería de Hacienda, para su traslado a los Servicios Jurídicos a efectos del ejercicio de las acciones que procedan ante los Tribunales de Justicia.

Artículo 76

1. La Comunidad Autónoma de Canarias podrá deslindar los bienes de su titularidad, mediante procedimiento administrativo en el que deberán ser oídos los interesados.

Iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, no podrá la Administración de la Comunidad Autónoma instar procedimientos judiciales con igual pretensión.

2. Reglamentariamente se determinará el procedimiento de deslinde.

Artículo 77

La Orden resolutoria del deslinde se notificará a los interesados y se publicará en el «Boletín Oficial de Canarias», y podrá ser impugnada ante la jurisdicción competente.

La resolución definitiva del deslinde no contendrá pronunciamiento alguno sobre la titularidad dominical de los bienes deslindados ni sobre cualquier otra cuestión de la competencia de la jurisdicción civil ordinaria, limitándose a la determinación de un estado posesorio que se presume con carácter «iuris tantum» determinado por una titularidad preexistente.

El contenido de la resolución del deslinde será objeto de inscripción en todos aquellos registros a los que la titularidad deslindada tuviese acceso. Si no se hallare inscrita la titularidad deslindada se promoverá el procedimiento de inmatriculación, en el que deberá figurar el contenido del deslinde.

Artículo 78

Una vez se firme el acuerdo de aprobación de deslinde, se procederá al amojonamiento con intervención de los interesados.

Primera

Los bienes, derechos y obligaciones adscritos a competencias, funciones o servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma que se transfieran, encomienden o deleguen a los Cabildos Insulares y a otras Entidades locales de Canarias se regirán por lo dispuesto en su legislación específica.

En todo caso los medios reintegrados o revertidos lo serán con la misma calificación jurídica y título de disfrute con que el cedente los viniera utilizando.

Segunda

1. En el ámbito de las competencias que la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta en materia de promoción pública de vivienda y suelo, corresponderá a la Consejería competente en dicha materia el ejercicio de las facultades atribuidas por la presente Ley a la Consejería de Hacienda respecto a bienes y derechos reales inmobiliarios en orden a la adquisición, enajenación, gravamen, afectación, desafectación, adscripción y alienabilidad, y, en general, a cuantos actos o disposiciones sean precisos para la administración y gestión de dichos bienes.

2. El Gobierno, a propuesta conjunta del Consejero de Hacienda y el competente en la materia a que se refiere el número anterior, regulará por Decreto el procedimiento para el ejercicio de estas competencias, así como la representación de la Comunidad Autónoma en el otorgamiento de escrituras públicas y firma de documentos privados.

3. En tanto se dicten estas normas continuarán en vigor las existentes en la materia.

Tercera

Se autoriza al Gobierno para que, por Decreto a propuesta del Consejero de Hacienda, proceda a actualizar las cuantías y valores establecidos en los artículos 38.3 y 4, 42.2, 44 y 62 de esta Ley, a fin de adecuarlas a las oscilaciones del valor de la moneda.

DISPOSICION TRANSITORIA

Hasta que no se dé cumplimiento a lo contenido en la disposición final primera, se aplicará en desarrollo de la Ley el Reglamento del Patrimonio del Estado, aprobado por Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre, y demás disposiciones estatales, en todo lo que no contradiga o modifique la presente Ley o sus principios.

Primera

Se autoriza al Gobierno de Canarias, para que, a propuesta del Consejero de Hacienda, dentro del plazo de seis meses, apruebe el Reglamento que desarrolla el contenido de la presente Ley, y cuantas normas sean precisas para el cumplimiento y ejecución de lo dispuesto en la misma.

Segunda

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley.

Tercera

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Canarias».