Sumario

--> Ley [CANARIAS] 8/1987, 28 abril, derogada por el n�mero 1 de la Disposici�n Derogatoria �nica de la Ley [CANARIAS] 6/2006, 17 julio, del Patrimonio de la Comunidad Aut�noma de Canarias (�B.O.I.C.� 21 julio) el 22 de julio de 2006. V�ase el D [CANARIAS] 133/1988, 22 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicaci�n de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Aut�noma de Canarias (�B.O.I.C.� 2 diciembre).-->

Pre�mbulo

Dentro de los medios de que gozan las Administraciones p�blicas para el cumplimiento de sus finalidades destaca el Patrimonio. Esta importancia excede de ser una mera declaraci�n ocasional producto de la aparici�n de una Ley, sino que en gran medida, la efectividad real de una autonom�a est� en estrecha relaci�n con esta noci�n. A tal efecto parece conveniente recordar, en primer lugar, que hist�ricamente, la explotaci�n de un patrimonio propio sirvi� de sustento principal, cuando no �nico, de los poderes p�blicos, mientras que el impuesto era s�lo utilizado como una forma excepcional de ingreso. En segundo lugar, bajo la noci�n de patrimonio se agrupan el conjunto de titularidades de una Entidad administrativa sobre unos bienes que constituyen sus medios no financieros, para el desenvolvimiento de las competencias que el ordenamiento les encomienda, siendo pues, instrumento fundamental para el ejercicio de �stas �ltimas. Por �ltimo no puede negarse que, superada la concepci�n liberal, bajo la cual la Administraci�n aparec�a como sujeto sin capacidad de gesti�n de sus bienes, la gesti�n del Patrimonio aparece en la actualidad, como una funci�n con gran trascendencia econ�mica y financiera, as� como un eficaz instrumento de intervenci�n conformadora de relaciones sociales caracter�sticas del Estado Social y Democr�tico de Derecho, como enf�ticamente proclama nuestra Constituci�n.

Estos datos permiten afirmar que en gran medida la �autonom�a real� depende de una eficaz gesti�n del Patrimonio y la presente Ley es el instrumento para configurar el marco jur�dico de las relaciones surgidas con ocasi�n de la administraci�n, gesti�n y explotaci�n de este patrimonio.

El Estatuto de Autonom�a de Canarias, como reflejo de esta importancia, en su art�culo 44 atribuye a esta Comunidad Aut�noma una �Hacienda y Patrimonio propio para el desarrollo y ejecuci�n de sus competencias�. La distinci�n entre ambas se deduce de la propia regulaci�n estatutaria: mientras que la primera queda formada por los recursos obtenidos por la Comunidad a trav�s de la actividades privadas y p�blicas de la misma y cuya regulaci�n ya fue abordada por la Ley de Canarias n�mero 7/1984, de 11 de diciembre, el segundo lo componen el conjunto de bienes que sirven de soporte material para el ejercicio de sus competencias.

La presente Ley, para disciplinar las relaciones que son su objeto, se ha inspirado en los siguientes principios:

• Primero.- B�squeda de una eficaz gesti�n de estos medios desconcentrando las facultades dispositivas relativas al mismo en la Consejer�a de Hacienda.
• Segundo.- Racionalizaci�n y coordinaci�n de su administraci�n que persigue razones de coherencia y claridad con la articulaci�n de la actividad auton�mica general, sin perjuicio de las competencias sectoriales de los dem�s Departamentos.
• Tercero.- Garant�a, transparencia en la gesti�n y racionalizaci�n en el uso de estos bienes.

I.

En el T�tulo Preliminar se delimita el �mbito objetivo de la Ley. A estos efectos se fija el concepto de Patrimonio, superada la antigua dicotom�a entre bienes patrimoniales y demaniales, en el que se integran la totalidad de titularidades sobre bienes atribuibles a la Comunidad Aut�noma y Organismos que dependen de la misma.

Ello no significa que se desconozca en el seno del mismo la existencia de dos tipos de relaciones bien diferenciadas y que requieren un tratamiento separado, como las relaciones jur�dicas surgidas del dominio p�blico, y las relaciones patrimoniales.

Igualmente se plasman en este T�tulo los principios de centralizaci�n de las competencias sobre este patrimonio en el Departamento auton�mico encargado de la gesti�n econ�mica, y el control de la existencia de esta titularidad a trav�s de la instituci�n del inventario como registro administrativo, en donde se toma conocimiento de las relaciones patrimoniales imputables a esta Comunidad.

II.

El T�tulo I, est� dedicado al tr�fico jur�dico de los bienes integrantes del Patrimonio haciendo distinci�n entre dominio p�blico y bienes patrimoniales o sometidos al Derecho Privado.

a) Respecto de los primeros, se recogen los principios constitucionalmente consagrados de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, a la vez que se regula de forma pormenorizada las formas de afectaci�n o imposici�n de afectaciones secundarias, la mutaci�n demanial, la desafectaci�n y la adscripci�n de bienes demaniales a Entidades administrativas instrumentales, como actos en virtud de los cuales un bien entra, sale del demanio, o modifica su situaci�n dentro del mismo.

b) Respecto a los bienes patrimoniales se regula la adquisici�n y enajenaci�n de los mismos, conforme a las siguientes reglas: Primero, las adquisiciones se entienden realizadas para el dominio privado, sin perjuicio de la posterior afectaci�n del dominio p�blico; segundo, la adquisici�n de bienes queda sometida a los principios de econom�a, prohibici�n de adquirir bienes cuyas cargas superen sus beneficios, publicidad y concurrencia respecto de las adquisiciones onerosas, posibilidad de utilizar contratos de derecho privado para llevar a cabo estas adquisiciones; tercero, respecto a las enajenaciones a t�tulo gratuito se someten al control del Consejo de Gobierno y respecto a las realizadas a t�tulo oneroso se exige la previa declaraci�n de alienabilidad, estableci�ndose un control sobre las mismas en funci�n de su cuant�a, situaci�n y naturaleza del bien, diversificaci�n �sta imprescindible para dotar de un ordenamiento adecuado a la gesti�n del patrimonio; cuarto, la imposici�n de grav�menes sobre bienes integrados en este Patrimonio deber� producirse por el procedimiento previsto para su enajenaci�n.

III.

El T�tulo II est� dedicado a la regulaci�n de las actividades de administraci�n t�cnica de los bienes, respecto de la cual, igualmente se diferencia el r�gimen previsto para los bienes de dominio p�blico y los bienes patrimoniales.

a) Informan las reglas relativas al aprovechamiento de los primeros: En primer t�rmino el respeto a la normativa especial dictada por cada categor�a de cada uno de estos bienes; en segundo lugar se prev� la posibilidad de que la Comunidad Aut�noma se reserve la explotaci�n de determinados recursos; en tercer lugar se establecen las diferentes formas de utilizaci�n de estos bienes por los particulares en relaci�n con el t�tulo, distingui�ndose entre sus usos generales o especiales, cuando no impliquen un derecho exclusivo, y privativos, que se articulan a trav�s de las instituciones fundamentales, la ocupaci�n temporal, y la concesi�n, seg�n impliquen la realizaci�n de instalaciones permanentes o no, igualmente se establece la conversi�n de los derechos de los titulares de concesiones vigentes para el caso de desafectaci�n de bienes de dominio p�blico.

b) La gesti�n de los bienes patrimoniales, al perseguir finalidades diferentes, precisa de una regulaci�n diversa, cuyos principios inspiradores de econom�a, gesti�n m�s rentable y transparencia en la gesti�n, publicidad y concurrencia en el otorgamiento de usos tiene una justa y espec�fica plasmaci�n en el texto.

IV.

La importante misi�n a desempe�ar por estos bienes justifica que, en el marco de la autotutela administrativa, el Ordenamiento dispense una especial protecci�n de las titularidades de la Administraci�n.

Para conseguir esta mayor protecci�n, el texto de la Ley recoge y regula las potestades de investigaci�n, recuperaci�n de oficio y deslinde, tradicionales en la legislaci�n de este �mbito, y mediante las cuales, sin perjuicio de las garant�as que la Ley dispense a terceros, se busca asegurar y garantizar las titularidades jur�dico-administrativas reales.

Finalmente, al convertir en facultativa la exigencia de cauci�n a los particulares denunciantes, tradicionalmente obligatoria, persigue la Ley facilitar la colaboraci�n de aqu�llos en la protecci�n del Patrimonio P�blico, y convertir la cauci�n en un instrumento disuasorio de denuncias temerarias.