Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de Canarias

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Sumario

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 12.8 del Estatuto de Autonom韆, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de Canarias.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

La entrada en vigor de la nueva Ley 33/2003, de 28 de abril, de Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, con un amplio contenido de legislaci髇 b醩ica y de aplicaci髇 general, de obligada aplicaci髇, por tanto, en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma, y, por otra parte, el largo tiempo transcurrido desde la promulgaci髇 de la Ley 8/1987, de Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de Canarias, a鷑 vigente, hacen necesaria una nueva Ley de Patrimonio de esta Comunidad que, haciendo uso de las competencias atribuidas en los art韈ulos 30.1, 30.2, 32.6 y 32.11 del Estatuto de Autonom韆, y teniendo en cuenta la reserva legal contenida en el art韈ulo 47.2 del mismo Estatuto, armonice el contenido normativo de la Ley 8/1987 con la referida legislaci髇 b醩ica, e introduzca, al propio tiempo, nuevos criterios y contenidos normativos que permitan completar, actualizar y mejorar el ordenamiento jur韉ico regulador del patrimonio de la Comunidad Aut髇oma, especialmente en lo que se refiere a una mejor y m醩 completa sistematizaci髇 de los preceptos que rigen la gesti髇 patrimonial, en los distintos aspectos relativos al r間imen jur韉ico de la adquisici髇, enajenaci髇, uso y explotaci髇 de los bienes y derechos que integran el patrimonio, as� como los encaminados a proporcionar los medios que garanticen su protecci髇 y defensa.

Con esta perspectiva, la experiencia adquirida por la propia Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma en la gesti髇 de su patrimonio, y el grado de desarrollo y de complejidad que 閟ta ha llegado a alcanzar, proporciona un eficaz bagaje a la hora de plasmar, en un nuevo texto legal, un sistema normativo que, partiendo del n鷆leo esencial de los principios generales que conforman, de forma intemporal, la ordenaci髇 jur韉ica de los patrimonios p鷅licos, permita, no obstante, mejorar e innovar aquellos aspectos en los que la actuaci髇 de las Administraciones P鷅licas ha de venir determinada por los nuevos recursos e instrumentos de gesti髇 a su alcance, y, especialmente, por la propia evoluci髇 de la sociedad que constituye su entorno, y por el propio desarrollo de las instituciones jur韉icas en que dicha sociedad se sustenta.

Importante resulta, asimismo, la experiencia acumulada en estos 鷏timos a駉s por las distintas Administraciones P鷅licas espa駉las, en las que la amplia gama de problemas y especificidades que caracterizan la gesti髇 de sus patrimonios no impide que, en muchos casos, hayan obtenido soluciones que, aprovechando sus distintas experiencias, pueden tener una formulaci髇 compartida y ser de aplicaci髇 com鷑. En ese sentido, resulta evidente que gran parte del contenido normativo no b醩ico de la nueva Ley de Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, especialmente en lo que se refiere a la introducci髇 de nuevos procedimientos de actuaci髇 y a la utilizaci髇 de nuevos modos de gesti髇, es el resultado de necesidades sentidas, de forma compartida, por las Administraciones de las distintas Comunidades Aut髇omas, y por la necesidad, igualmente ineludible y com鷑, de adaptarse al entorno en que su actuaci髇 administrativa se desarrolla. De ah� que resulte oportuno incorporar al presente texto legislativo muchos de los contenidos de la normativa no b醩ica de la citada Ley 33/2003, a馻diendo, en su caso, las adaptaciones que resulten necesarias o convenientes para su mejor adecuaci髇 a las especificidades organizativas y de funcionamiento de la Administraci髇 canaria, y mejorando tales contenidos en aquellos aspectos que se han considerado mejorables. Por otra parte, hasta que se lleve a cabo la actualizaci髇 de la normativa reguladora de los organismos p鷅licos, y dadas las referencias que el articulado de la Ley contiene respecto de ellos, resulta necesario recoger de forma expresa, mediante una de las disposiciones transitorias, el concepto de organismos aut髇omos y entidades p鷅licas empresariales.

La presente Ley se estructura en seis t韙ulos a lo largo de los cuales se desarrolla, de forma sistem醫ica y secuencial, el conjunto normativo regulador del r間imen jur韉ico de los bienes y derechos que integran el patrimonio p鷅lico de la Comunidad Aut髇oma y de sus procedimientos de gesti髇, protecci髇 y defensa.

Tras el t韙ulo preliminar, en el que se concretan los conceptos y principios b醩icos que conforman el ordenamiento jur韉ico patrimonial de la Comunidad Aut髇oma, se atribuyen competencias y se establecen normas sobre inventario e inscripciones registrales, el t韙ulo I contiene el r間imen jur韉ico aplicable a los negocios patrimoniales (adquisici髇, enajenaci髇, y gravamen de bienes y derechos) en el que, siguiendo la pauta marcada por la nueva Ley de Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, se incorporan nuevas categor韆s negociales, proporcionando cobertura expresa a determinados negocios que comienzan a tener una cierta pr醕tica patrimonial y a determinadas modalidades que, siendo usuales en el tr醘ico jur韉ico, no encontraban hasta ahora expreso acomodo en la legislaci髇 patrimonial p鷅lica. En la misma l韓ea, se han introducido normas de simplificaci髇 procedimental que, sin merma de los necesarios controles y garant韆s, persiguen aproximar los tiempos de la gesti髇 administrativa a los propios del mercado y del tr醘ico jur韉ico externo en el que se mueven los bienes y derechos que son objeto de los negocios patrimoniales que se regulan.

El t韙ulo II de la Ley contiene el r間imen de uso y explotaci髇 de los bienes y derechos, patrimoniales y demaniales, que integran el patrimonio de la Comunidad Aut髇oma, regulaci髇 en la que cabe destacar la sistematizaci髇 y clarificaci髇 de las competencias compartidas entre los distintos 髍ganos responsables de su gesti髇, administraci髇, uso y aprovechamiento, as� como la enunciaci髇 de los principios a que tales actividades han de sujetarse, teniendo como base los criterios de eficiencia y econom韆 y el cumplimiento de funciones y fines p鷅licos.

En el t韙ulo III se regulan las facultades y prerrogativas para la defensa del patrimonio p鷅lico, concretando las competencias y sistematizando los procedimientos para llevar a cabo el deslinde, la recuperaci髇 de la posesi髇 y el desahucio administrativo, y resaltando el principio de cooperaci髇 que, en materia de defensa del patrimonio p鷅lico, debe marcar la pauta en la actuaci髇 del personal y autoridades al servicio de las Administraciones P鷅licas.

El t韙ulo IV establece las bases que han de regir la administraci髇 y el control del patrimonio empresarial del sector p鷅lico econ髆ico de la Comunidad Aut髇oma, otorgando rango normativo de Ley a determinadas disposiciones contenidas en el vigente Decreto 176/2000, por el que se establecen normas sobre la creaci髇 y disoluci髇 de sociedades mercantiles p鷅licas, y sobre la participaci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Canarias en sociedades mercantiles.

Por 鷏timo, el t韙ulo V recoge el r間imen sancionador, en el que se tipifican las sanciones, se establece el correlativo cuadro de sanciones y se atribuyen competencias para su imposici髇.