Ley 10/2002, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2003

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Sumario

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1

El ejercicio del autogobierno exige la adopción de determinadas medidas legislativas que tienen relación directa con los gastos e ingresos, son complementarias de las disposiciones presupuestarias y facilitan una ejecución más eficaz y eficiente de las mismas. No obstante, por su naturaleza y tal como ha precisado el Tribunal Constitucional, vienen siendo realizadas a través de las denominadas Leyes de Medidas como instrumento necesario para completar y desarrollar las diferentes actuaciones del Gobierno Autonómico.

En la presente Ley, por quinto año consecutivo, se aprueban una serie de normas de orden tributario y administrativo en aras a cumplir los objetivos mencionados.

2

En el Título I de la Ley, referente a las normas tributarias, se regulan en primer lugar diversos aspectos de algunos de los tributos cedidos de acuerdo con las competencias normativas atribuidas por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, reguladora de las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. El texto, para una mayor seguridad jurídica, unifica las medidas fiscales consolidadas y vigentes aprobadas por el Parlamento de La Rioja en años anteriores, añadiendo sobre ellas las modificaciones operadas este año, de modo que puedan encontrarse todas recogidas en un solo texto.

El artículo 38 de la mencionada Ley 21/2001 atribuye a las Comunidades Autónomas competencia para establecer deducciones sobre la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales y por aplicación de renta. En uso de esta competencia y dentro de una política de apoyo a la natalidad, se mantienen diversas deducciones de la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas desde 150 euros hasta 180 euros, que podrán hacerse efectivas tanto por nacimiento como por adopción de hijos.

Las deducciones autonómicas por inversión en adquisición o rehabilitación en vivienda habitual en La Rioja, para jóvenes con domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural, fueron introducidas por vez primera por la Ley 9/1997, de 22 de diciembre, con efectos limitados para el ejercicio de 1998. La conveniencia de mantener dichas medidas en el tiempo para alcanzar los objetivos perseguidos con su implantación, así como la necesidad de adaptar su regulación a las modificaciones normativas de la legislación estatal que le sirvieron de base obligaron a reintroducirla en ejercicios sucesivos hasta su implantación con carácter permanente en la Ley 7/2000, de 19 de diciembre. La mayor seguridad jurídica que se deriva de la regulación conjunta de todas las deducciones en un solo texto han aconsejado incorporar de nuevo a la Ley las dos deducciones autonómicas.

El artículo 40 permite a las comunidades autónomas establecer mejoras sobre las reducciones estatales de la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tanto en el caso de adquisiciones mortis causa como ínter vivos. De este modo se mantiene la reducción ampliada correspondiente a adquisiciones mortis causa de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades de dimensiones reducidas, y se extiende la ampliación de dicha reducción a las adquisiciones ínter vivos de las mismas en supuestos similares.

Los cambios introducidos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la Ley 7/2001 afectaron a los tipos impositivos y respondían, con carácter general, a la voluntad de establecer un régimen fiscal de acceso a la vivienda más equitativo, a equiparar el tipo general al establecido en la mayoría de las Comunidades Autónomas de régimen común para igualarlo con el tipo general del IVA, y también a evitar el vacío tributario creado por algunas operaciones inmobiliarias que soslayaban el Principio de Igualdad y Capacidad Económica reconocido en el artículo 31 de la Constitución. La actual Ley de Medidas introduce como novedad, dentro de la política de protección de un sector tan importante en la economía riojana como es la agricultura, la reducción de los tipos aplicables a las transmisiones de explotaciones agrarias prioritarias. De este modo se pretende facilitar la continuidad de la actividad agrícola en cuestión, reduciendo al mínimo posible la tributación por el cambio de titularidad de la explotación siempre que como consecuencia de la venta no se vea afectada la integridad de la misma.

La Ley contiene también una previsión adicional, relativa a las obligaciones formales comunes a los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Esta medida, consensuada en el seno del Consejo General del Notariado, tiene como finalidad modernizar los medios de intercambio de información con determinados profesionales, lo que sin duda redundará en una gestión más ágil de los tributos afectados y en un control más exhaustivo si cabe de las operaciones sometidas a tributación.

Finalmente, la Ley contiene previsiones relativas a tributos propios de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que consisten en la fijación de coeficientes del canon de saneamiento para el año 2003, así como en el establecimiento de exenciones para algunos.

La Ley da nueva redacción al artículo 40 de la Ley 5/2000, de 25 de octubre, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, incorporando al mismo articulado los coeficientes K1 a K4, necesarios para el cálculo de la cuota tributaria de los usuarios no domésticos, y establece también previsiones adicionales para determinados sectores de actividad muy relacionados con el agua, como las piscifactorías y balnearios.

3

La Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja reguló de forma transitoria la funcionarización del personal laboral al servicio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Agotado el proceso previsto en la Disposición Transitoria 2.ª de la precitada norma y suscrito el Acuerdo entre la Administración y el Comité de Empresa para la integración del personal transferido en el año 2002, resulta necesario dotar de cobertura legal al nuevo proceso de funcionarización que debe iniciarse.

4

En el ámbito de la acción administrativa en materia medioambiental se modifica la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja, toda vez que su aplicación práctica ha demostrado la necesidad de su modificación puntual con el fin de asegurar su correcto desenvolvimiento.

La reciente aprobación del Plan Director de Abastecimiento a poblaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja (2002-2015), mediante Acuerdo del Gobierno de La Rioja de 31 de julio de 2002 conlleva la ejecución de obras e instalaciones que requieren, en la mayoría de los casos, efectuar las correspondientes expropiaciones previas de los terrenos afectados por éstas, y cuya declaración de utilidad pública o interés social debe ser aprobada mediante norma con rango de Ley.

En este mismo orden de cosas y en cuanto a la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja, se adapta el procedimiento vigente para la imposición de multas coercitivas perfeccionando la redacción del artículo que las regulaba de modo que la norma habilitante determina no solo la autorización de imposición de sanciones sino también la forma y cuantías correspondientes.

Asimismo se prevé un plazo transitorio de adecuación a las tipologías de establecimientos y actividades turísticas novedosas que el Ejecutivo regional regulará a lo largo del ejercicio siguiente.

En el área de Educación-Universidades, y debido a la asunción de nuevas competencias relativas al régimen retributivo general del personal docente e investigador contratado por las universidades, y al régimen retributivo complementario del personal docente e investigador funcionario, en el marco de la Ley Orgánica 6/2001, de 14 de diciembre, de Universidades, es necesario articular por Ley la actuación de un órgano evaluador externo a la Universidad, que valore los méritos necesarios que conformarán los aspectos retributivos correspondientes.