Sumario

La Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PRE�MBULO

La Ley Org�nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci�n se�ala en su art�culo 104.1 que las Administraciones educativas est�n obligadas a velar para que el profesorado reciba el trato, la consideraci�n y el respeto acordes con la importancia social de la tarea que tiene encomendada por la sociedad. En el punto 2 de ese mismo art�culo, se establece que las Administraciones educativas prestar�n una atenci�n prioritaria a la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al est�mulo de una creciente consideraci�n y reconocimiento social de la funci�n docente.

La filosof�a de las leyes que han regido la educaci�n en Espa�a desde la aprobaci�n de la LOGSE y los cambios sociales acaecidos en las dos �ltimas d�cadas han tra�do consigo una crisis preocupante del conjunto de las instituciones educativas y del papel del profesor. Por un lado, la transmisi�n de conocimientos y saberes ha perdido su preeminencia como finalidad de la educaci�n, enfrentando a los profesores a nuevas tareas alejadas de su misi�n esencial y de su aut�ntica vocaci�n. Por otro lado, se han ido trasladando a los docentes responsabilidades que han de corresponder a la familia antes que a la propia instituci�n escolar.

El resultado ha sido un descenso de la valoraci�n social de la funci�n docente y una p�rdida de autoridad de los profesores que se manifiesta no s�lo en episodios graves, aunque afortunadamente aislados, de violencia escolar, sino tambi�n en una tendencia a la indisciplina en las aulas. Con cierta frecuencia el profesor pierde la mitad de su valioso tiempo en mantener el orden necesario para desarrollar su tarea docente, lo que perjudica al conjunto de los alumnos y deteriora la calidad de la ense�anza. A ello hay que a�adir que la propia tarea de ense�ar se ha vuelto a�n m�s compleja por la diversidad cultural y social de los alumnos y sus familias.

En su art�culo 27, apartado 2, la Constituci�n espa�ola consagra el derecho a la educaci�n como derecho fundamental. La autoridad del profesor, tanto en el plano acad�mico como en el de la disciplina, es la primera garant�a de que el disfrute individual de tal derecho por cada alumno no resulte entorpecido, y de que se aseguren as� los derechos de todos. Esta garant�a se hace, asimismo, extensiva a la autoridad de los equipos directivos en el desarrollo de su funci�n y, en particular, del director.

La nueva norma responde a la necesidad objetiva de adoptar medidas legales para reforzar la autoridad de maestros y profesores con el fin de garantizar el derecho individual a la educaci�n, mejorar la convivencia en los centros educativos y aumentar la calidad de la ense�anza.

Los colegios e institutos son, esencialmente, centros de ense�anza. Necesitan un ambiente adecuado para que el profesor ense�e y el alumno aprenda. Para ello esta Ley contempla la obligaci�n de que cada centro cuente con sus normas de organizaci�n y funcionamiento, y que las conductas contrarias a esas normas puedan ser sancionadas por los profesores y los directores, de manera justa, r�pida y eficaz. La permanencia del alumno en un centro escolar ha de ser un ensayo general y continuado de la vida en sociedad, en la que cada uno es responsable de sus actos, y en la que hay normas que han de ser respetadas as� como personas e instituciones investidas de autoridad para hacerlas cumplir.

Para que los profesores puedan realizar con �xito la elevada tarea que la sociedad les encomienda, es preciso transmitir que, adem�s de la autoridad que les confiere su saber, est�n investidos de una autoridad institucional por ejercer la funci�n primordial de la docencia y ser, con ello, garantes inmediatos del derecho constitucional a la educaci�n. De lo contrario, quedar�a desmentida en la pr�ctica la importancia que reviste la educaci�n, en general, y la instrucci�n, en particular, para el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La presente Ley reconoce la condici�n de autoridad p�blica a los directores y los dem�s miembros del equipo directivo, as� como a los profesores, lo que implica que todos ellos gozar�n de presunci�n de veracidad, en sus informes y declaraciones, as� como de la protecci�n reconocida por el ordenamiento jur�dico.

En definitiva, esta norma pretende reforzar el pilar esencial de todo sistema educativo, que son los maestros y los profesores. Disponer de un profesorado que cuente con prestigio social, con reconocimiento institucional a su labor y con respaldo legal a su autoridad es condici�n esencial para avanzar en un sistema educativo de calidad, que prime el m�rito y el esfuerzo y eduque en la convivencia, el respeto y el sentido de la responsabilidad.

La Comunidad de Madrid tiene atribuida en el art�culo 29 de su Estatuto de Autonom�a la competencia para realizar el desarrollo legislativo y ejecuci�n de las ense�anzas en toda su extensi�n, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de las competencias que en materia educativa corresponden al Estado.

La Ley se estructura en dos t�tulos, una disposici�n adicional, una disposici�n derogatoria y una disposici�n final.