Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario de la Regi髇 de Murcia

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Sumario

El Presidente de la Comunidad Aut髇oma de la Regi髇 de Murcia

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi髇 de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y deberes de los usuarios del Sistema Sanitario de la Regi髇 de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del art韈ulo 30.Dos, del Estatuto de Autonom韆, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la siguiente Ley:

Pre醡bulo

I

La evoluci髇 hist髍ica y social del pasado siglo XX en los pa韘es occidentales ha estado marcada por la expansi髇 de dos aspectos b醩icos, como son, el crecimiento constante del sector de la Sanidad y el impulso y consolidaci髇 de los derechos fundamentales de la persona. Ambos elementos han tenido, en cierto modo, una proyecci髇 paralela y entrelazada.

El desarrollo industrial de las primeras d閏adas propici� un surgimiento paulatino de los reg韒enes de aseguramiento o previsi髇 social para reparar las situaciones laborales de desprotecci髇 y enfermedad, que fueron sustituyendo al sistema decimon髇ico de beneficencia sustentado en instituciones privadas o Administraciones Locales. Tras la finalizaci髇 de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente en Europa occidental, se produce un pacto entre las fuerzas pol韙icas para conformar el Estado de bienestar, entre otras caracter韘ticas ofrece un sistema sanitario de car醕ter p鷅lico, universal y gratuito; paulatinamente se va consolidando el acceso a las prestaciones que ofrece dicho sistema como un derecho que la poblaci髇 considera b醩ico e imprescindible.

Por otra parte, ese desarrollo tecnol骻ico y los dram醫icos acontecimientos hist髍icos del pasado siglo tambi閚 fueron la causa primordial de la consolidaci髇 de los derechos humanos, en especial tras la constituci髇 de la Organizaci髇 de Naciones Unidas y su Declaraci髇 Universal de los Derechos Humanos de 1948.

En estos a駉s, la protecci髇 de la salud se concibe y declara como uno de los derechos b醩icos de la persona, siendo lo decisivo la posibilidad de acceder a la atenci髇 sanitaria. Posteriormente, los constantes avances cient韋icos y la complejidad cada vez mayor de las prestaciones sanitarias han generado un inter閟 creciente por el reconocimiento y defensa de unos derechos espec韋icos del 醡bito sanitario, que deben ser respetados en el ejercicio de toda actuaci髇 sanitaria.

En esta l韓ea, diversos organismos internacionales, tanto de 醡bito mundial como europeo, han profundizado en la extensi髇 y definici髇 de derechos concretos que centran su atenci髇 en la protecci髇 del paciente, y han dado origen a la proclamaci髇 de nuevos documentos declarativos de derechos, de mayor o menor efectividad jur韉ica. En nuestro 醡bito europeo, cabe destacar con car醕ter general la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961 y, de modo m醩 concreto, el Convenio de 4 abril 1997 para la protecci髇 de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biolog韆 y la Medicina, en vigor en Espa馻 desde el 1 de enero de 2000, que procura reforzar notablemente el respeto a la dignidad del ser humano en el 醡bito de las aplicaciones de la biolog韆 y la medicina.

Sin duda alguna, esos avances t閏nicos y cient韋icos tan beneficiosos para el desarrollo humano, han generado, sin embargo, una cierta preocupaci髇 por una utilizaci髇 inadecuada de esas t閏nicas. Por ello, esos instrumentos jur韉icos internacionales han pretendido establecer determinados l韒ites y condicionamientos a esas actuaciones con la finalidad de introducir garant韆s 閠icas en el uso de los nuevos medios y t閏nicas biom閐icas, y tambi閚 en el intento de que el bienestar del ser humano prevalezca sobre el inter閟 exclusivo de la sociedad o de la ciencia.

II

A partir de este panorama internacional, la Sanidad en Espa馻 tras la promulgaci髇 de la Constituci髇 Espa駉la tambi閚 ha seguido una evoluci髇 l骻ica que, en cierto modo, reproduce alguno de los esquemas mencionados. En un primer estadio, la Ley 14/1986, de 25 abril, General de Sanidad supuso un hito importante en la vertebraci髇 del Sistema Sanitario Espa駉l, al constituirse en la norma general que hizo efectivo el derecho a la protecci髇 de la salud reconocido en el art韈ulo 43 de la Constituci髇.

Desde este posicionamiento b醩ico y, entre otros muchos aspectos, esta primera norma sanitaria, en sus art韈ulos 10, 11 y 61, tambi閚 incluy� y reconoci� a los usuarios del sistema sanitario un conjunto de derechos y obligaciones, que deb韆n ser asumidos y garantizados por todas las Administraciones Sanitarias.

Posteriormente, las preocupaciones manifestadas por ahondar en los principios relacionados con la informaci髇 sanitaria y con el respeto a la autonom韆 de decisi髇 del paciente, en especial como respuesta a la ratificaci髇 por Espa馻 del citado Convenio de 4 abril 1997, tuvieron su reflejo normativo en la promulgaci髇 m醩 reciente de un nuevo texto legal de car醕ter m醩 sectorial, como es, la Ley 41/2002, de 14 noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica. Esta norma vino a consagrar el ejercicio de unos derechos de los usuarios y pacientes que, aunque apuntados en la Ley General de Sanidad, adquieren en ese momento un protagonismo renovado y que encuentran su fundamento 鷏timo en garantizar la libertad de elecci髇 y decisi髇 del paciente en el marco de su proceso asistencial, previo conocimiento veraz y comprensible de toda aquella informaci髇 asistencial que sea necesaria para el ejercicio de su autonom韆. Esta norma b醩ica ha sido desarrollada y concretada por diversas leyes auton髆icas.

De modo m醩 reciente, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesi髇 y calidad del Sistema Nacional de Salud ha supuesto un nuevo paso en la vertebraci髇 del sistema sanitario espa駉l, convirti閚dose en el segundo gran texto legal surgido tras la Constituci髇 Espa駉la, y que esencialmente ha procurado, una vez finalizado el proceso de transferencias sanitarias a todas las Comunidades Aut髇omas, concretar determinados mecanismos de coordinaci髇 y cohesi髇 aplicables al conjunto de Administraciones Sanitarias que conforman el Sistema Nacional de Salud, a fin de garantizar la equidad, la calidad y la participaci髇 en el ejercicio del derecho a la protecci髇 de la salud a todos los ciudadanos, sin desigualdades o desequilibrios territoriales. De modo espec韋ico, en el 醡bito de los derechos y garant韆s, esta Ley tambi閚 ha reconocido e incorporado nuevos derechos a los usuarios.

III

A partir de este panorama normativo y con pleno respeto a los principios b醩icos recogidos en legislaci髇 estatal, esta Comunidad Aut髇oma que, en virtud de la atribuci髇 conferida en el art韈ulo 11.1 del Estatuto de Autonom韆 de la Regi髇 de Murcia, ostenta la competencia de desarrollo legislativo y ejecuci髇 en materia de sanidad, ha apreciado la conveniencia de promover la promulgaci髇 de una Ley que, de forma completa y suficiente, a鷑e y recopile en un 鷑ico texto legal el conjunto de derechos y deberes que ostentan los usuarios del sistema sanitario de la Regi髇 de Murcia. Efectivamente, la definici髇 esencial de muchos de esos derechos, entre los que destacan, el derecho a la autonom韆 de decisi髇 del paciente, incluido el consentimiento informado o las instrucciones previas, los derechos de informaci髇 sanitaria, el derecho a recibir asistencia sanitaria en un plazo m醲imo definido o el derecho a la segunda opini髇 m閐ica, se encuentra perfilada con car醕ter b醩ico en distintas leyes estatales, en concreto, en la Ley 41/2002, de 14 noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesi髇 y calidad del Sistema Nacional de Salud.

A partir de esos elementos b醩icos, la presente Ley, en beneficio e inter閟 de los ciudadanos, desarrolla y concreta de modo sistematizado el contenido de los mismos, a fin de favorecer el conocimiento, difusi髇 y garant韆 de los derechos de los destinatarios de la sanidad regional, pero a su vez concreta el respeto a unos deberes individuales y colectivos que los usuarios tienen que asumir en las actuaciones que desarrollen en el 醡bito sanitario.

De este modo, establece un marco de una seguridad jur韉ica a馻dida, no s髄o para los usuarios y pacientes del sistema sanitario de la Regi髇 de Murcia que conocen anticipadamente sus derechos y garant韆s, sino tambi閚 para el conjunto de profesionales sanitarios que deben respetar su ejercicio, as� como para la propia Administraci髇 Sanitaria que en 鷏timo t閞mino es la encargada de velar y tutelar su cumplimiento.

IV

Desde esta perspectiva de integraci髇, la Ley pretende superar una concepci髇 meramente enunciativa o enumerativa de derechos y deberes para proponer, por el contrario, una visi髇 global que incluya, tanto los principios rectores o fundamentales que deben inspirar toda actuaci髇 sanitaria, los bloques o 醡bitos de protecci髇 en que se concentran los diferente derechos, como los elementos que conforman el r間imen de tutela y garant韆 de los derechos reconocidos. En consonancia con este contenido b醩ico, la Ley se estructura en nueve t韙ulos, cuatro disposiciones adicionales, una disposici髇 derogatoria y tres finales.

El T韙ulo preliminar regula aquellas disposiciones generales relativas al contenido b醩ico de la Ley, definiendo su objeto, la finalidad perseguida, los destinatarios y el 醡bito de aplicaci髇; por 鷏timo, especifica el papel que los profesionales sanitarios y la Administraci髇 Sanitaria deben asumir en el cumplimiento y respeto de los derechos sanitarios de los ciudadanos.

Por su parte, el T韙ulo I centra su atenci髇 en el enunciado de los aspectos m醩 generales y previos que, posteriormente, van a ser objeto de desarrollo en el resto del articulado. As�, su Cap韙ulo I relaciona los principios rectores que, fundamentados en los derechos esenciales de la persona, deben inspirar e informar toda actuaci髇 de naturaleza sanitaria, a la que vez que, como declaraci髇 de principios, se proclama el deber de la Administraci髇 Sanitaria de promover la humanizaci髇 de la asistencia sanitaria, propiciando un espacio de confianza y respeto entre todos los agentes que participan e intervienen en la sanidad. El Cap韙ulo II enumera los grandes 醡bitos o bloques de protecci髇 en que se pueden agrupar o concentrar los diferentes derechos sanitarios que los usuarios del sistema sanitario tienen reconocidos, y que posteriormente ir醤 siendo objeto de desarrollo y concreci髇 en los sucesivos T韙ulos de la Ley.

En esta l韓ea, el T韙ulo II regula los derechos en materia de promoci髇 de la salud y asistencia sanitaria. El Cap韙ulo I apunta los derechos b醩icos de los usuarios en el 醡bito de la promoci髇 de la salud y prevenci髇 de la enfermedad, mientras que el Cap韙ulo II enumera los derechos b醩icos en relaci髇 con la asistencia sanitaria. A estos efectos, relaciona los derechos que ostentan los usuarios del sistema sanitario p鷅lico de la Regi髇 de Murcia, a la vez que espec韋ica aquellos derechos que, como m韓imo, tienen que ser garantizados a todos los usuarios del sistema sanitario de la Regi髇 de Murcia. Finalmente, el Cap韙ulo III reconoce la peculiaridad o especificidad de determinados colectivos que merecen una especial protecci髇 y, por tanto, una atenci髇 adecuada a sus condiciones; entre otros, tienen esta consideraci髇 las personas mayores, discapacitados, enfermos mentales, en especial cuando se encuentren en situaci髇 de dependencia, menores de edad, enfermos cr髇icos, terminales etc.

De modo particular, requiere menci髇 especial el art韈ulo dedicado a los ciudadanos extranjeros, por cuanto consagra en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de la Regi髇 de Murcia el derecho a la asistencia sanitaria p鷅lica a todos aquellos extranjeros que, sin derecho a cobertura asistencial y sin recursos, se encuentren en nuestra Comunidad, de conformidad con el procedimiento que reglamentariamente se establezca. De este modo, y siendo una de las Comunidades que proporcionalmente tiene un mayor volumen de poblaci髇 inmigrante, la Regi髇 de Murcia quiere poner de manifiesto su especial sensibilidad y solidaridad con todas aquellas personas que vienen a nuestra Regi髇 en busca de un mejor futuro, a trav閟 del reconocimiento y garant韆 de uno de los derechos de la persona m醩 importantes, como es, el de derecho a la protecci髇 de la salud.

El T韙ulo III se ocupa de los derechos relacionados con la intimidad y confidencialidad de los usuarios, entre los que cabe destacar el derecho a ser acompa馻dos por una persona de su confianza, en especial en aquellos usuarios y pacientes que merezcan especial protecci髇, as� como el derecho a la confidencialidad de sus datos personales y de los relativos a su salud, de conformidad con la normativa sobre protecci髇 de datos de car醕ter personal.

Los derechos en materia de informaci髇 y participaci髇 sanitaria se recogen en el T韙ulo IV, que se subdivide en dos Cap韙ulos. El primero de ellos, centra su atenci髇 en desarrollar el derecho gen閞ico a la informaci髇 sanitaria, que se desglosa en diferentes vertientes. En una esfera m醩 personal, todo paciente ostenta un derecho a la informaci髇 asistencial sobre su propio estado de salud en relaci髇 a cualquier proceso asistencial. En un 醡bito social o colectivo, se concreta en el derecho a la informaci髇 epidemiol骻ica, a la informaci髇 sobre planes sanitarios y sociosanitarios y, en general, a la informaci髇 sobre el propio sistema sanitario, destacando en este punto el papel que deben desempe馻r los servicios de informaci髇 y atenci髇 al ciudadano de los centros sanitarios. El Cap韙ulo II se ocupa del derecho de participaci髇 de los ciudadanos a trav閟 de los 髍ganos de participaci髇 sanitaria, as� como mediante el ejercicio individual del derecho a formular sugerencias, reclamaciones, quejas, y agradecimientos por el funcionamiento de los servicios sanitarios.

Dentro de los derechos relativos a la autonom韆 de la decisi髇, recogidos en el T韙ulo V de esta Ley, el Cap韙ulo I est� dedicado a la regulaci髇 del derecho a la libertad de elecci髇 y al consentimiento informado que en relaci髇 a su proceso asistencial debe asumir todo paciente o, en su defecto, aquellas personas que deben emitir este consentimiento por sustituci髇. El Cap韙ulo II introduce determinadas previsiones espec韋icas en el 醡bito de la experimentaci髇 e investigaci髇 sanitaria. Por su parte, el Cap韙ulo III contiene la regulaci髇 de las instrucciones previas, como documentos de car醕ter formal mediante los que una persona manifiesta anticipadamente su voluntad en relaci髇 con posibles actuaciones sanitarias, m閐icas e incluso en caso de fallecimiento, para que, llegado el caso, aqu閘la sea tenida en cuenta cuando el paciente no tiene facultades para adoptar libremente una decisi髇.

El T韙ulo VI contiene el conjunto de prescripciones en materia de documentaci髇 sanitaria. En el Cap韙ulo I se ocupa de uno de los documentos asistenciales b醩icos, como es, la historia cl韓ica que constituye una garant韆 decisiva en la continuidad asistencial de un paciente, mientras que el Cap韙ulo II se centra en otros informes y documentos cl韓icos, entre los que destacan los informes de alta, as� como de alta voluntaria y forzosa.

La Ley dedica el T韙ulo VII a concretar los deberes de los usuarios y pacientes, que deben asumir un papel responsable en relaci髇 a la sanidad. Desde este punto de vista, el texto legal recoge tanto las obligaciones que tienen los usuarios respecto de su salud individual y de la salud colectiva como aquellos otros deberes que son exigibles a los ciudadanos en el acceso y uso de los servicios sanitarios y de las prestaciones sanitarias.

Por 鷏timo, la Ley, en su T韙ulo VIII, se preocupa de establecer un r間imen de protecci髇 y garant韆 para salvaguardar el cumplimiento y ejecuci髇 de los derechos y deberes definidos en esta norma. De modo espec韋ico, el Cap韙ulo I incluye disposiciones gen閞icas de compromiso de la Administraci髇 Sanitaria en defensa de estos derechos y enumera las l韓eas de actuaci髇 y protecci髇 que deben favorecer su garant韆, y que son posteriormente concretadas en el Cap韙ulo II, entre otras, se incluyen aspectos relativos a la autorizaci髇 y acreditaci髇 de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, calidad de los servicios sanitarios, sistemas de informaci髇, inspecci髇, 閠ica asistencial etc.

Por lo que respecta a la parte final de la Ley, hay que destacar la Disposici髇 Adicional Tercera relativa a la promoci髇 paulatina de las habitaciones de uso individual en el sistema sanitario p鷅lico, la Disposici髇 Adicional Cuarta para el impulso de los sistemas de informaci髇 sanitaria, la cl醬sula derogatoria que deroga el apartado 5 del art韈ulo 19 de la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Regi髇 de Murcia y la Disposici髇 Final Primera que modifica la redacci髇 del art韈ulo 3 y 11.1 de esta Ley. Por 鷏timo, la Disposici髇 Final Segunda, relativa a la habilitaci髇 reglamentaria, establece, de modo espec韋ico, el mandato dirigido al Consejo de Gobierno de aprobar, en el plazo de un a駉 a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el desarrollo reglamentario del art韈ulo 20.3 sobre el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a los ciudadanos extranjeros.

V

En definitiva, la presente Ley no s髄o debe configurarse como documento integrador que contiene el conjunto de derechos y deberes de los usuarios de la sanidad murciana, facilitando a los ciudadanos su conocimiento y ejercicio, sino que, en consonancia con las preocupaciones bio閠icas y jur韉icas surgidas en los 鷏timos a駉s, tanto en el 醡bito nacional como internacional, debe a su vez servir de impulso y consolidaci髇 del papel que deben asumir los usuarios y pacientes respecto del sistema sanitario como participes activos de la sanidad, que deben implicarse directamente en todos los procesos y decisiones que afecten a su propia salud individual pero tambi閚 en la protecci髇 y promoci髇 de la salud colectiva. De este modo, podr� propiciarse una relaci髇 m醩 estrecha entre profesionales sanitarios y pacientes, sustentada en un clima de respeto y confianza, y en donde la propia Administraci髇 Sanitaria tiene el deber de abordar las acciones necesarias que profundicen en la humanizaci髇 y calidad de la asistencia sanitaria.