Sumario

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 4/1991, de 26 de diciembre, por la que se fija el recargo sobre cuotas mínimas del impuesto sobre actividades económicas.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.2 del Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En cumplimiento de lo previsto en la disposición transitoria segunda, cuatro, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, de 9 de junio de 1981, la Comunidad Autónoma asumió las competencias, medios y recursos que correspondían a la Diputación Provincial de Murcia.

Posteriormente, consolidado ya el proceso autonómico y sentadas las bases del nuevo sistema de organización territorial del Estado, la entrada en vigor de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, vino a culminar íntegramente la ordenación del sector local, por cuanto un aspecto fundamental del mismo, como era el relativo a la actividad financiera, sólo fue contemplado en algu no de sus aspectos generales por la Ley 7/1985, de 1de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

A este respecto, la Región de Murcia, como Comunidad Autónoma uniprovincial, asume las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones Provinciales, tal y como expresamente dispone el artículo 40 de la citada Ley de Bases del Régimen Local.

En este sentido, en él Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se recogía, en su artículo 409, la apliación de un recargo provincial del 40 por 100 sobre las cuotas de los impuestos municipales, Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales y de Profesionales y Artistas.

Actualmente, la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, al configurar el nuevo sistema de recursos de las Haciendas de las Entidades Locales, y establecer nuevo Impuesto sobre Actividades Económicas, que viene a sustituir a las antiguas licencias fiscales, expresamente determina en su artículo 124 que las Diputaciones Provinciales podrán establecer un recargo sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas, que se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los mismos casos contemplados en la normativa reguladora del impuesto, y que consistirá en un porcentaje único que recaerá sobre las cuotas mínimas, no pudiendo su tipo ser superior al 40 por 100. En este sentido la disposición adicional 17.ª de la citada Ley determina que las previsiones establecidas en la Ley para las Diputaciones serán de aplicación a las Comunidades Autónomas uniprovinciales en tanto no se opongan a lo establecido en su Estatuto de Autonomía. Por otro lado, la disposición transitoria tercera de esta misma Ley, en su redacción dada por la Ley 8/91, de 6 de junio, dispone que el impuesto comenzará a exigirse a partir del 1 de enero de 1992. Por todo ello, se hace necesario que mediante ley de la Asamblea Regional se establezca y fije el tipo de recargo provincial que sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas corresponderá a la Comunidad Autónoma de Murcia.

El recargo autorizado por la Ley para las Diputaciones Provinciales es de un máximo de un 40 por ciento sobre las cuotas mínimas del impuesto, porcentaje de recargo que correlaciona con el que actualmente se viene aplicando sobre las cuotas mínimas del impuesto, porcentaje de recargo que correlaciona con el que actualmente se viene aplicando sobre las cuotas de las licencias fiscales. La variación de los presupuestos fácticos y jurídicos del impuesto, o, con más precisión, la introducción de un nuevo impuesto que viene a sustituir, en todo, al viejo impuesto de licencia fiscal de actividades comerciales e industriales y de actividades profesionales y de artistas y absorber otros menores, aconsejan proceder con moderación en la fijación de la cuantía del recargo, sin olvidar por ello los principios de legalidad fiscal y de reserva a la Asamblea Regional de la facultad de establecer impuestos y recargos, conforme a la dicción expresa de nuestro Estatuto. Ello aconseja adoptar la solución autorizatoria que se contiene en esta Ley.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los tribunales y autoridades que corresponda, que la hagan cumplir.