Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra

• 

  La administración digital en la era de las tecnologías disruptivas

  Libros
  Desde 82,00 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Manual de Presupuestos y Contabilidad de las Corporaciones Locales. 10ª edición

  Libros
  Desde 100,78 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Contratación Administrativa Práctica

  Periódicos y Revistas
  290,16 €
  322,40 €
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Práctica Urbanística

  Periódicos y Revistas
  308,88 €
  343,20 €
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente

LEY FORAL DE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN MATERIA DE SALUD EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

La evoluci髇 de las demandas, necesidades y expectativas de las personas, tanto usuarias como pacientes, frente a los sistemas de atenci髇 sanitaria, se enmarca en un contexto m醩 amplio de cambio social que promueve un modelo de autonom韆 de las personas y de afirmaci髇 de sus derechos. En este sentido, los derechos de las personas en materia de salud constituyen una expresi髇 m醩 de los derechos humanos, y su reconocimiento no es sino una proyecci髇, en el 醡bito concreto de las relaciones sanitarias, de la libertad como un valor superior del ordenamiento jur韉ico y una manifestaci髇 del respeto a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de su personalidad. Cabe se馻lar que la dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminaci髇 consciente y responsable de su propia vida.

En el contexto cultural de las modernas sociedades occidentales, la actividad de las profesiones sanitarias y el ejercicio de la medicina ha pasado de un modelo paternalista, con un sistema de relaciones basado en el principio 閠ico de beneficencia, a otro que se apoya esencialmente en el principio de autonom韆 de la persona, en el que los profesionales supeditan o condicionan su criterio profesional a la voluntad del paciente, protagonista y corresponsable del proceso asistencial.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX numerosas organizaciones internacionales, as� como organismos e instituciones de ellas dependientes, han venido publicando diversos documentos declarativos de derechos, con mayor o menor efectividad jur韉ica, pero con la voluntad manifiesta de impulsar una aut閚tica participaci髇 y corresponsabilizaci髇 de las personas en materia de salud. En especial, debe resaltarse el respeto a la autonom韆 de la voluntad de los pacientes en todas las actuaciones sanitarias que les afecten.

Los derechos de los pacientes se han configurado as� como el eje b醩ico de las relaciones cl韓ico-asistenciales, constituyendo el sustrato de las mismas. Tales declaraciones est醤 teniendo un claro reflejo en la normativa sanitaria, tanto internacional como nacional, y en su interpretaci髇 jurisprudencial.

En el 醡bito internacional pueden citarse, como normas significativas, la Declaraci髇 Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, el Convenio para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, la Carta Social Europea, de 18 de octubre de 1961, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Pol韙icos, de 16 de diciembre de 1966. Destaca por su especial relevancia, como introductor de un moderno sentido de respeto y protecci髇 al paciente, el Convenio del Consejo de Europa para la protecci髇 de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto a las aplicaciones de la Biolog韆 y la Biomedicina, suscrito el 4 de abril de 1997 y que entr� en vigor en Espa馻 el 1 de enero de 2000.

Asimismo, es de destacar la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea, incorporada al Tratado de Lisboa y anteriormente a nuestro ordenamiento jur韉ico por la Ley Org醤ica 1/2008, de 30 de julio; la Declaraci髇 sobre la Promoci髇 de los Derechos de los Pacientes en Europa de 1994, as� como el documento base de la Carta Europea de los Derechos de los Pacientes de noviembre de 2002, que ha situado y concretado en catorce principios los derechos de los pacientes, que ser醤 la referencia para la armonizaci髇 de los sistemas nacionales de salud en defensa de los derechos de los ciudadanos.

II

La Constituci髇 Espa駉la, en su art韈ulo 43, reconoce el derecho a la protecci髇 de la salud y encomienda a los poderes p鷅licos organizar y tutelar la salud p鷅lica, a trav閟 de medidas preventivas y de las prestaciones de los servicios necesarios. El T韙ulo VIII del texto constitucional dise耋 una nueva organizaci髇 territorial del Estado que posibilitaba la asunci髇 por parte de las Comunidades Aut髇omas de competencias en materia de sanidad, reservando para el Estado la regulaci髇 de las bases y la coordinaci髇 general.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, desarroll� las previsiones constitucionales en materia de los derechos de los ciudadanos en relaci髇 con las diferentes Administraciones p鷅licas sanitarias. Tambi閚 regul� las obligaciones de los ciudadanos en relaci髇 con las instituciones y los organismos del sistema sanitario. Estos derechos y deberes han sido modulados y ampliados por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la Autonom韆 del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica.

Hay que destacar, adem醩, las aportaciones que en el terreno prestacional introdujo la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesi髇 y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

En desarrollo legislativo de la citada legislaci髇 estatal, se ha promulgado diversa legislaci髇 foral. As�, el art韈ulo 3 de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud, modificado por la Ley Foral 2/2000, de 25 de mayo, establece que todos los ciudadanos y ciudadanas residentes en Navarra con independencia de su situaci髇 legal o administrativa son titulares del derecho a la asistencia sanitaria en el 醡bito de la Comunidad Foral.

Con posterioridad, diversas normas forales han incorporado al Sistema sanitario de la Comunidad Foral de Navarra nuevos derechos, entre los que destaca, de manera singular, el derecho de la persona a decidir sobre todo lo atinente a su salud, reflejado en la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la informaci髇 y a la documentaci髇 cl韓ica, y el establecimiento de unos tiempos m醲imos de respuesta para recibir atenci髇 sanitaria especializada de car醕ter programado y no urgente, tal como se contempla en la Ley Foral 14/2008, de 2 de julio, de Garant韆s en la Atenci髇 Sanitaria Especializada.

III

Tomando como referencia la citada legislaci髇 estatal y foral, la presente Ley Foral regula los derechos de las personas en materia de salud con el objetivo de ordenar, actualizar y ampliar su contenido, profundizando en la perspectiva de los derechos de los pacientes y estableciendo mecanismos que permitan a los ciudadanos, tanto individual como colectivamente adoptar un papel protagonista en el proceso de toma de decisiones que afectan a la salud, tanto en el 醡bito de la salud p鷅lica como en el de la asistencia sanitaria individual. La norma debe permitirles no solo conocer mejor sus derechos y obligaciones, sino tambi閚 ejercerlos, incrementando su seguridad jur韉ica y la de los profesionales de la salud en su ejercicio diario.

Para alcanzar estos objetivos, la Ley Foral no solo define los derechos de las personas en relaci髇 con la salud, sino que, adem醩, establece mecanismos que permitan a los ciudadanos adoptar un papel protagonista en la toma de decisiones relativas a la asistencia sanitaria y en la gesti髇 de su proceso de enfermedad. No obstante, los ciudadanos deben ser conscientes y asumir sus responsabilidades en relaci髇 con la salud individual y colectiva. De ah� que la Ley Foral tambi閚 defina los deberes de las personas sobre el cuidado de la propia salud, la utilizaci髇 adecuada de los servicios sanitarios y el respeto a los profesionales sanitarios y otros usuarios.

Por otra parte, esta Ley Foral regula tambi閚 de forma sistem醫ica los derechos y deberes de los profesionales sanitarios que prestan servicios en el 醡bito de la salud.

En general, supone una compilaci髇 sistematizada de lo establecido con car醕ter b醩ico por las leyes estatales citadas, as� como por la propia legislaci髇 foral, aunque tambi閚 incorpora nuevos derechos.

De esta forma, mediante la definici髇 de los derechos y deberes de pacientes y profesionales, la Ley Foral establece un marco de relaci髇 seguro y equilibrado, que genere confianza leg韙ima en el 醡bito de la relaci髇 cl韓ico-asistencial, en el que las partes se reconocen mutuamente su dignidad, sus capacidades y sus responsabilidades.

El ejercicio responsable de los derechos y deberes de cada cual, en un marco de confianza, es condici髇 necesaria para conseguir mantener y mejorar la salud de las personas y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema sanitario.

IV

La Ley Foral, respecto de colectivos en riesgo de exclusi髇 social como las minor韆s 閠nicas o grupos especialmente sensibles o m醩 vulnerables por su especificidad, incorpora una concreta regulaci髇 dirigida a darles una especial protecci髇. Se contemplan los siguientes colectivos: personas discapacitadas, personas con enfermedades cr髇icas, enfermos con procesos terminales, personas transexuales, ciudadanos extranjeros y, especialmente, los enfermos mentales.

V

La Ley Foral consta de 87 art韈ulos, se estructura en once t韙ulos, uno preliminar y diez m醩, y contiene adem醩 dos disposiciones adicionales, una derogatoria y dos finales.

El t韙ulo preliminar de la Ley Foral establece su objeto, 醡bito de aplicaci髇 y los principios generales tanto en el 醡bito de la Salud P鷅lica como en el 醡bito de la asistencia sanitaria en los que se sustenta esta Ley Foral.

Los derechos de las personas en materia de salud se desarrollan ampliamente en esta Ley Foral a lo largo del t韙ulo I.

El t韙ulo I se estructura en tres cap韙ulos.

El cap韙ulo I recoge lo referente a las intervenciones p鷅licas sobre personas por razones de salud p鷅lica y garant韆s de sus derechos, sentando algunas bases para un nuevo concepto de salud p鷅lica.

El cap韙ulo II recoge a los titulares del derecho a la asistencia sanitaria p鷅lica.

El cap韙ulo III regula los derechos relacionados con los servicios asistenciales, como son el derecho a la asistencia sanitaria, la libre elecci髇 de profesional sanitario, la segunda opini髇 m閐ica, el derecho de atenci髇 sanitaria en tiempos m醲imos de demora, la obtenci髇 de medicamentos y el derecho al acompa馻miento, as� como el derecho a la libertad ideol骻ica, religiosa y de culto. As� mismo, contempla el derecho a una asistencia sanitaria de calidad humana y cient韋ica.

Los derechos de los colectivos m醩 vulnerables vienen reflejados de manera pormenorizada y espec韋ica en el t韙ulo II.

El t韙ulo III recoge los derechos relativos a la intimidad y confidencialidad, destacando el necesario respeto a la confidencialidad de la informaci髇 relativa a la salud y de los datos gen閠icos, as� como de otros datos personales, aspectos espec韋icos con especial trascendencia en el 醡bito asistencial sanitario. Tambi閚 quedan recogidas las excepciones al derecho de confidencialidad.

El t韙ulo IV, estructurado en tres cap韙ulos, regula el derecho a la informaci髇 sanitaria, distinguiendo en el cap韙ulo I la informaci髇 general, en el cap韙ulo II la informaci髇 asistencial, que se refiere a un proceso concreto de la atenci髇 sanitaria, y en el cap韙ulo III el derecho a la participaci髇.

El t韙ulo V recoge los derechos relacionados con la autonom韆 de la voluntad.

Se estructura en tres cap韙ulos.

El cap韙ulo I regula la libertad de elecci髇 y el consentimiento informado, entendido como un proceso de comunicaci髇 e informaci髇 en la relaci髇 m閐ico-paciente, que tiene como objetivo el derecho del paciente a decidir libremente sobre el procedimiento diagn髎tico o terap閡tico despu閟 de conocer los riesgos, beneficios y alternativas posibles.

El cap韙ulo II recoge el derecho de los pacientes a expresar de forma anticipada sus voluntades, facult醤doles de este modo a participar en la atenci髇 sanitaria que deseen recibir en el supuesto de que las circunstancias de su salud no les permitan decidir por s� mismos, y siempre con el m醲imo respeto a la vida y la dignidad de la persona.

El cap韙ulo III recoge los derechos relacionados con la investigaci髇 y la experimentaci髇 cient韋ica.

El t韙ulo VI se refiere a los derechos en materia de documentaci髇 sanitaria. Est� estructurado en dos cap韙ulos. El cap韙ulo I est� dedicado a la historia cl韓ica como elemento central en el 醡bito de la documentaci髇 sanitaria y de la asistencia sanitaria, regulando aspectos relativos a su contenido, tratamiento, propiedad, custodia, acceso y usos, y el cap韙ulo II se refiere a otras documentaciones cl韓icas.

El t韙ulo VII regula los deberes de las personas en materia de salud. Entre estos deberes se encuentran el de mantener el debido respeto a los pacientes, a los acompa馻ntes y al personal que presta sus servicios en los centros, servicios y establecimientos sanitarios; los deberes de las personas en relaci髇 con el uso adecuado de los recursos sanitarios: el deber de cuidar las instalaciones y equipamientos sanitarios, utiliz醤dolos de manera adecuada y responsable; los deberes de las personas en relaci髇 con la propia salud y el deber de colaboraci髇 con las autoridades sanitarias en la prevenci髇 de las enfermedades y en lo referente a su estado de salud.

En el t韙ulo VIII se regulan los derechos de los profesionales de los centros, servicios y establecimientos sanitarios. Se regulan, entre otros, derechos tales como el respeto a su honor y prestigio profesional en el desempe駉 de sus funciones; a su seguridad e integridad f韘ica y moral; a una adecuada protecci髇 de su salud frente a los riesgos derivados de su trabajo; a la autonom韆 cient韋ica y t閏nica en el ejercicio de sus funciones y a la objeci髇 de conciencia.

En el t韙ulo IX se regulan los deberes de los profesionales de los centros, servicios y establecimientos sanitarios. Entre estos deberes figuran los siguientes: el de prestar una adecuada atenci髇 sanitaria a los pacientes y usuarios; el de respetar las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por los pacientes; el de cumplir sus obligaciones de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica y el de guardar secreto en relaci髇 con su actuaci髇 profesional.

El 鷏timo t韙ulo de la Ley Foral, el X, regula el r間imen sancionador aplicable al contenido de esta Ley Foral.