Atención norma derogada, ver regulación posterior

Ley 19/1998, de 29 de junio, de Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco

• 

  La administración digital en la era de las tecnologías disruptivas

  Libros
  Desde 82,00 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Manual de Presupuestos y Contabilidad de las Corporaciones Locales. 10ª edición

  Libros
  Desde 100,78 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Contratación Administrativa Práctica

  Periódicos y Revistas
  290,16 €
  322,40 €
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Práctica Urbanística

  Periódicos y Revistas
  308,88 €
  343,20 €
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

LE0000198760 Ley [PAÍS VASCO] 19/1998, 29 junio, derogada por la letra a) de la Disposición Derogatoria de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2004, 25 febrero, del Sistema Universitario Vasco («B.O.P.V.» 12 marzo) el 1 de abril de 2004.

Exposición de Motivos

La Universidad de nuestro país ha tenido Un destacado papel en su desarrollo social, cívico, científico y tecnológico. Ha facilitado el acceso a la formación de miles de personas, incrementando el grado de conocimiento de nuestra ciudadanía, ha educado profesionales que incorporándose al sistema productivo y de servicios han permitido la gestación de una sociedad más, próspera, justa e igualitaria.

Sin embargo, la Universidad está sumida en un proceso complejo, que no es sino el resultado de nuestro propio proceso histórico, pero éste no sigue una línea continua.

El modelo de Universidad de masas que se ha implantado y que no entra ni tiene que entrar en contradicción con la calidad y la excelencia ha sido sin duda un factor notable, un componente significativo de la configuración de nuestro país como una sociedad moderna.

La ley que presentamos no puede olvidar que estamos evaluando los frutos del sistema universitario en los umbrales del siglo XXI, cuando otras sociedades de nuestro entorno lo están haciendo también pero tienen detrás siglos de tradición universitaria. la sociedad vasca está pensando su futuro, y dentro de este pensamiento no puede faltar la reflexión sobre la Universidad y sobre cómo racionalizar la excelencia universitaria ante los desafíos que plantea la sociedad del conocimiento.

La pretensión de la ley es sentar las bases para un contrato social entre el poder público, la Universidad y la sociedad vasca, abierto a la innovación, a la calidad y a la búsqueda del conocimiento.

El Estatuto de Autonomía hizo posible que el País Vasco se dotara de competencias sobre la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de las competencias que el Estado acogió para sí, ni de la autonomía de la que el legislador dotó a la Universidad.

Por otra parte, en el sistema universitario vasco conviven la universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad de Deusto y la Mondragon Unibertsitatea. Este hecho, tan característico de nuestra sociedad, añade complejidad y riqueza al entramado universitario vasco. Las facultades del legislador en unos casos y otros son harto distintas, al ser sus competencias sobre una y otras diferentes.

El margen de que dispone la Comunidad Autónoma para el diseño de una legalidad propia al servicio de la Universidad es limitado. la regulación del ámbito interior de la Universidad ha quedado delimitada por la legislación básica de la ley de Reforma Universitaria. Cuestiones tan básicas y nucleares como el estatuto de la función docente universitaria, el sistema de profesorado, o la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos oficiales, entre otras, quedan fuera del alcance regulador de la Comunidad Autónoma.

Ello enmarca nuestras limitaciones legales. Pero las competencias de que dispone la Comunidad Autónoma vasca permiten diseñar un campo de interés común.

Los objetivos que la ley persigue son: la coordinación del sistema universitario, la programación y la planificación estratégica de la oferta de estudios universitarios, el fomento de utilización del euskera en la docencia, en la investigación y en la administración y servicios, la política de investigación, y la creación de un sistema de financiación de la Universidad basado en los principios de eficiencia, suficiencia y seguridad financiera, así como en la calidad y en la continuada evaluación de sus acciones,

El Título Preliminar contiene las disposiciones generales. En ellas se parte del entendimiento de la Universidad como servicio público de titularidad autonómica. De esta forma, la Comunidad Autónoma asume la responsabilidad última de asegurar sus prestaciones en el ámbito autonómico vasco. Producto de esta concepción del servicio público es cómo delimita la ley las funciones de la Universidad, al igual que lo hace con el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a recibir educación, garantizando la igualdad de oportunidades, así como el programa de ayudas económicas que haga efectivos estos derechos fundamentales. La ley no olvida tampoco que la legislación acota y promueve la autonomía de la institución universitaria

La ley de Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco crea el Consejo Vasco de Universidades. Es éste el órgano de cooperación, consulta y participación de las Universidades -públicas y privadas- enclavadas en el territorio autonómico. Si la Comunidad Autónoma es la responsable de asegurar el funcionamiento de la institución universitaria y si la Universidad es un servicio público cuya prestación afecta a los intereses generales de la sociedad vasca, ello exige la existencia de instancias coordinadoras que, sin entrar en las competencias de cada cual, faciliten el intercambio de información entre unas y otras Universidades con vistas a planificar mejor el sistema objeto de esta ley.

La ley, siguiendo el camino marcado por el Estatuto de Autonomía y la ley básica para la Normalización del Uso del Euskera, pretende sentar las bases para que la Universidad pública configure una oferta educativa bilingüe.

La ley elige la creación de programas específicos de euskaldunización para contribuir al impulso de los planes universitarios en esta materia, sometiéndolo a un conjunto de criterios relevantes. Perseguimos, en este sentido, la permanencia de una Universidad donde la oferta educativa bilingüe no quiebre los legítimos derechos de unos y de otros, pero donde el resultado final no sea la existencia de dos universidades dentro de una, especializada cada una de ellas en un solo modelo lingüístico. El objetivo es que la diversificación lingüística garantice, en todos los casos, la calidad de la docencia y la formación de los y las estudiantes.

El Título Primero está referido a la Universidad pública. Para cumplir con el objetivo declarado de la ordenación-universitaria, la ley crea la figura del Plan Universitario Éste es el instrumento específico para la ordenación de la enseñanza pública universitaria. El plan consiste en la definición de un n.º de programas establecidos en función de los objetivos a alcanzar en su periodo de vigencia y en una serie de -áreas de actividad universitaria. Si el plan es un instrumento para la ordenación, ésta propone criterios objetivos, en lo que se refiere tanto a las titulaciones y a los centros como a los territorios históricos.

La ley, al exigir calidad en todas las actividades y ámbitos universitarios, prevé la creación de complementos retributivos individualizados con objeto de premiar la labor docente e investigadora u otros méritos relevantes que se juzguen como tales.

Buscando la coordinación entre las acciones del Gobierno y la Universidad pública, la ley crea el Consejo de Coordinación de la Enseñanza Pública Universitaria, con la participación del Gobierno y la Universidad. Se quiere, con la creación de este consejo, que la coordinación de todas las acciones en materia universitaria y el acuerdo entre todos los agentes implicados alcance a unos y otros, así como garantizar el asesoramiento y la participación de esta institución en la determinación de las finalidades y objetivos del sistema universitario público.

La ley dedica también un capítulo a los deberes y los derechos de los y las estudiantes. Se pone especial énfasis en el régimen de derechos, sobre todo en todos aquellos que hacen referencia al derecho a la enseñanza, y a la libertad de estudio en particular, garantizando en todos los casos su libertad de conciencia y expresión; el derecho a una evaluación objetiva y a recurrirla si la estima injusta o poco apropiada, y el derecho a conocer los contenidos, objetivos, metodología, programa y bibliografía de cada materia, etc. la ley expresa la voluntad de que la libertad de estudio pueda alcanzar también al derecho a elegir profesor; Será la universidad, dependiendo de su situación y de sus posibilidades, quien evalúe esta posibilidad en función de las características de cada titulación y de los medios disponibles.

La ley presta una atención destacada a la investigación. Ésta ha ido ocupando un lugar cada vez más destacado en el trabajo de profesores y profesoras, departamentos e institutos. la ley apuesta por favorecerla como tarea específicamente universitaria la investigación básica y la aplicada se complementan en la medida en que los perfiles de determinadas áreas de Conocimiento y especialidades científicas y académicas no hacen posible una nítida distinción.

Pero, al tiempo, la ley pretende favorecer la investigación concertada con las empresas y los centros tecnológicos. Asimismo, crea mecanismos para eliminar trabas, prevé programas de ayuda financiera y abre la posibilidad de que se incentive la investigación concertada. Buscando la misma finalidad se describe un marco flexible para que la Universidad. pública pueda concurrir a contratos de consultoría, asesoramiento y servicios, tanto para instancias privadas como para Administraciones públicas.

Para cumplir con los objetivos declarados es necesario crear un sistema de financiación público que garantice la cobertura del servicio que la sociedad vasca encomienda a la Universidad pública.

El modelo de financiación que propone la ley está desglosado en tres conceptos suficientemente identificados: la subvención ordinaria, entendida como subvención global; la financiación mediante contratos-programa, y la partida destinada a cubrir el programa plurianual de inversión e infraestructuras. la subvención ordinaria se calcula según un conjunto de parámetros previamente fijados. Los contratos-programa, por el contrario, financian, según los objetivos prefijados, los programas y las acciones previstas en el Plan Universitario. Por último, el programa de infraestructuras pretende cubrir las necesidades de la infraestructura material universitaria insistiendo en la relación de actuaciones a llevar a cabo en el periodo de vigencia de este programa.

El Título Segundo regula el proceso de reconocimiento de Universidades privadas, dimanante. del derecho fundamental de libertad de creación de centros docentes, y establece, con los medios previstos en la ley, las condiciones y los criterios de regulación de este derecho.

El reconocimiento de Universidades privadas se somete, en cuanto a las titulaciones que inicialmente vayan a impartir, a iguales condiciones que las exigidas para la creación de Universidades públicas. Establece también la ley el criterio de que estas Universidades hayan de mantener a lo largo de toda su existencia el contenido mínimo en titulaciones, sin perjuicio de que las iniciales puedan ser suprimidas con posterioridad y sustituidas por otras, aun cuando su supresión sólo será posible a la finalización de los estudios académicos de quienes ya estuvieran matriculados. Determina también la ley su personalidad jurídica, distinta de la de sus promotores, su capital social mínimo y los mecanismos de control de las cesiones o transmisiones del capital social o actos de gravamen, a fin de propiciar la transparencia de los intereses que sostienen a la entidad titular.

La ley aspira a transformarse en un mecanismo para contrastar y reproducir la calidad de nuestro sistema universitario: la calidad encuentra su mejor legitimación en la evaluación externa de todas aquellas actividades que la Universidad lleva a cabo.