Exposición de Motivos

La Comunidad Autónoma de Euskadi debe proceder en el ejercicio de sus funciones de asistencia y servicio de los intereses generales que le son propios con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho. Ello determina la necesidad de que su representación y defensa en juicio se regule mediante una Ley.

En efecto, por una parte, la Administración contemporánea debe atender la satisfacción de intereses colectivos que reclaman una acción positiva en la sociedad, y que se sirve frecuentemente de técnicas de intervención y limitación, susceptibles de provocar la reacción de los afectados, mediante recursos jurisdiccionales. Por otra, la interposición de recursos ante los Tribunales se dirige al restablecimiento del necesario equilibrio entre el interés público y el privado, que se hace efectivo a través de la verificación en cada caso de la sumisión a la Ley y al Derecho de la actividad administrativa.

Esta confluencia de factores tiene una especial significación para la Comunidad Autónoma del País Vasco, por cuanto, como consecuencia de la asunción del grueso de las funciones ejecutivas que antes desempeñaba la Administración del Estado, es la Administración Autónoma la que acomete cotidianamente la señalada misión asistencial e interventora. Si se tiene en cuenta, además, la peculiar estructura económica y social de Euskadi, que reclama una atención constante de los poderes públicos, y el momento de crisis que se está viviendo, se hace más patente la necesidad de regular adecuadamente la defensa en juicio de la Comunidad Autónoma, dada la multiplicación de los litigios en los que ésta es y puede ser parte.

En cuanto a su contenido regulador, la presente Ley establece, siguiendo en lo sustancial la línea marcada por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, determinadas peculiaridades consecuentes con las especialidades de la organización institucional y territorial propias de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Así, en su artículo 1.º, si bien se remite a la normativa estatal, deja abierta la vía de una futura regulación de derecho procesal acogedora de aquellas particularidades organizativas, y en su artículo 2.º abre la posibilidad para los Territorios Históricos y los Entes Locales de acudir, al objeto de cubrir su propia defensa y representación en juicio, a los medios de las Instituciones Comunes. Por lo que se refiere a las exoneraciones que desde antiguo correspondían a la Administración Central del Estado y a los Entes Locales, en cuanto a tasas judiciales, cauciones y depósitos previos a la interposición de recursos, el artículo 3.º de la presente Ley traslada al plano positivo la igualdad teórica que en dicha faceta debe existir entre las administraciones citadas y la de las Comunidades Autónomas, tesis ésta pacíficamente aceptada por la Doctrina y reconocida por alguna jurisprudencia reciente.

DISPOSICIONES FINALES