Sumario

Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 2/2010, 31 marzo, derogada por la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 5/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales, de Gesti髇 Administrativa y Financiera, y de Organizaci髇 de la Generalitat (獶.O.C.V.� 27 diciembre).

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que Les Corts han aprobado, y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constituci髇 y el Estatuto de Autonom韆, en nombre del Rey, promulgo la siguiente ley:

PRE罬BULO

El Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Consell, declar� bien de inter閟 cultural el conjunto hist髍ico de Valencia, el cual fue delimitado, a los efectos de protecci髇, en tres 醡bitos distintos: el recinto amurallado (Ciutat Vella); el primer ensanche delimitado por las grandes v韆s y el cauce del Turia; y el n鷆leo original del ensanche del Cabanyal.

Mediante Resoluci髇 de 2 de abril de 2001, del conseller de Obras P鷅licas, Urbanismo y Transportes, se aprob� definitivamente la Homologaci髇 y el Plan Especial de Protecci髇 y de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar de Valencia. Varias sentencias del Pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Just韈ia de la Comunitat Valenciana, confirmadas en sede casacional por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, han declarado la plena conformidad a derecho del citado Plan Especial de Protecci髇 y de Reforma Interior.

En especial, en estas sentencias se puso fin al debate acerca de si la alteraci髇 de parte de la estructura urbana y arquitect髇ica del barrio del Cabanyal, que prev� el Plan Especial de Protecci髇 y de Reforma Interior, es o no conforme con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y, en particular, con su art韈ulo 39.2. El Tribunal Superior de Just韈ia de la Comunitat Valenciana entendi� que s� que era conforme con el citado precepto, el cual preve韆 en su redacci髇 originaria que en los conjuntos hist髍icos se mantendr� la estructura urbana y arquitect髇ica del conjunto y las caracter韘ticas generales del ambiente y de la silueta paisaj韘tica, a馻diendo que no se permitir醤 modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que contribuyan a la mejor conservaci髇 general del conjunto.

A pesar de estas resoluciones judiciales, que a駉s despu閟 ser韆n confirmadas por el Tribunal Supremo, Les Corts quisieron reforzar la acci髇 regeneradora de las administraciones p鷅licas con relaci髇 a los conjuntos hist髍icos y las posibilidades de que, mediante el ejercicio de potestades urban韘ticas, se pudieran lograr simult醤eamente los objetivos de poner en valor el patrimonio cultural valenciano, proteger mejor los conjuntos hist髍icos y evitar que dicha protecci髇 fuera un obst醕ulo a la mejora de los equipamientos y comunicaciones de los conjuntos hist髍icos y la calidad de vida de sus vecinos.

Por ello, mediante la Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, se modific� la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, siendo uno de los ejes de la reforma la puesta en valor de los bienes de inter閟 cultural, especialmente aquellos cuyo valor est� residenciado en buena medida en la existencia de un uso social de 閟tos, del mantenimiento de las tradiciones y las actividades que lo caracterizan. Para lograr esta finalidad, la Ley 7/2004 previ� la introducci髇 de modulaciones en las medidas de protecci髇 que, con las debidas garant韆s, algunas de ellas mayores de las que exigen la mayor韆 de legislaciones comparadas, permiten que estos bienes no se conviertan en piezas de museo inanimadas, carentes de vida, lo que no s髄o generar韆 su degradaci髇, sino la p閞dida de usos y costumbres que son parte de nuestro patrimonio inmaterial, en 鷏tima instancia.

A consecuencia de lo anterior, la Ley 7/2004 introdujo un nuevo apartado en el art韈ulo 39.2 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, precepto en torno al cual ha pivotado la controversia jur韉ica respecto de la validez del Plan Especial de Protecci髇 y de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar, nuevo apartado que permite que el Consell pueda autorizar que los planes especiales de protecci髇 de los conjuntos hist髍icos prevean modificaciones de la estructura urbana y arquitect髇ica en el caso de que se produzca una mejora de su relaci髇 con el entorno territorial o urbano o se eviten los usos degradantes para el propio conjunto o se trate de actuaciones de inter閟 general para el municipio o de proyectos singulares relevantes.

Todos estos preceptos respaldan suficientemente la actuaci髇 del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat en el ejercicio de sus competencias urban韘ticas y de protecci髇 del patrimonio cultural valenciano con relaci髇 al barrio del Cabanyal, plasmadas en su Plan Especial de Protecci髇 y de Reforma Interior.

Con todo, y a pesar de la claridad de la ley y de las sentencias judiciales que avalaron la plena conformidad a derecho de este plan especial, segu韆n existiendo voces contrarias al mismo.

Por ello el Tribunal Supremo tuvo que dar respuesta a estas manifestaciones, y especialmente en lo relativo al alegato de expoliaci髇.

As�, en el fundamento jur韉ico d閏imo de su sentencia de 12 de marzo de 2008, reiterado por las sentencias de 13 de marzo y 16 de diciembre de 2008, afirm� rotundamente que en el caso del barrio del Cabanyal de Valencia, el reproche de expoliaci髇 se dirige contra un instrumento de planeamiento que ha sido objeto de una tramitaci髇 compleja y en cuya formulaci髇 y aprobaci髇 han intervenido las administraciones local y auton髆ica, en el ejercicio de sus respectivas competencias, produciendo todo ello como resultado un plan especial de protecci髇 cuyas determinaciones, se compartan o no, no puedan ser tachadas de irracionales o arbitrarias. Ese modo de proceder de las dos administraciones actuantes y el resultado que de ello se ha derivado no tienen encaje, por tanto, en el concepto de expoliaci髇, por amplio que sea el sentido que quiera darse a este t閞mino.

Sin embargo, tampoco esta tajante, expl韈ita y contundente manifestaci髇 del m醩 alto Tribunal de Espa馻 ha sido suficiente para aquietar los ataques jur韉icos contra el Plan Especial de Protecci髇 y de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar, de forma que la Orden del Ministerio de Cultura de 29 de diciembre de 2009, en contra de lo expresamente afirmado por el Tribunal Supremo y de la voluntad patente de Les Corts, ha declarado que el Plan Especial de Protecci髇 y de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar determina la expoliaci髇 del conjunto hist髍ico del Cabanyal, y ha requerido al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat para que suspendan cualquier actuaci髇 de ejecuci髇 del referido Plan.

Con independencia de las medidas que puedan adoptar el Ayuntamiento de Valencia y la administraci髇 de la Generalitat para que se respeten las competencias que corresponden a la Generalitat conforme al art韈ulo 49.1.5� del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, se anule la indicada Orden del Ministerio de Cultura, se restablezca la legalidad y se d� pleno cumplimiento a lo ya resuelto por el Tribunal Superior de Just韈ia de la Comunitat Valenciana y el Tribunal Supremo, el Consell estima que es preciso que mediante una norma con rango de ley espec韋icamente dirigida a tutelar la situaci髇 del Cabanyal se ponga definitivamente de relieve que la protecci髇 del conjunto hist髍ico de la ciudad de Valencia, declarado bien de inter閟 cultural por el Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Consell, es compatible con la ejecuci髇 plena del Plan Especial de Protecci髇 y de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar, aprobado definitivamente por Resoluci髇 de 2 de abril de 2001, del Conseller de Obras P鷅licas, Urbanismo y Transportes, y que dicho plan mejora la protecci髇 del conjunto hist髍ico de la ciudad de Valencia, siendo instrumento eficaz para la mejor consecuci髇 de los generales fines proteccionistas del art韈ulo 11 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana y de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y los espec韋icos del Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Consell.

Esta ley se fundamenta en la competencia prevista en el art韈ulo 49.1.5.� del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, por el cual la Generalitat asume competencia exclusiva en materia de patrimonio hist髍ico, art韘tico, monumental, arquitect髇ico, arqueol骻ico y cient韋ico, sin perjuicio de lo que dispone el n鷐ero 28 del apartado 1 del art韈ulo 149 de la Constituci髇 Espa駉la, el cual atribuye al estado competencia exclusiva en materia de defensa del patrimonio cultural, art韘tico y monumental espa駉l contra la expoliaci髇.

Siendo el conjunto hist髍ico de Valencia un bien de inter閟 cultural por haberlo declarado as� la Generalitat, es a la Generalitat a la que le compete definir los valores que lo hacen acreedor de la protecci髇 que le otorga su declaraci髇 como bien de inter閟 cultural. De esta forma, no podr� existir ninguna expoliaci髇 por actuaciones que la propia Generalitat considera que no afectan a los citados valores.

Y, desde luego, la peculiar trama en ret韈ula derivada de las alineaciones de las antiguas barracas que presenta el barrio del Cabanyal y la arquitectura de raigambre eclecticista del mismo no son valores lo suficientemente trascendentes como para prevalecer, de un modo absoluto, sobre actuaciones urban韘ticas que producen una mejora de la relaci髇 del barrio del Cabanyal con su entorno territorial o urbano y evitan usos degradantes para el propio conjunto, como las que prev� el Plan Especial de Protecci髇 y de Reforma Interior del Cabanyal- Canyamelar, especialmente si se tiene presente que la trama reticular del barrio permanecer� en gran parte tras la ejecuci髇 del plan especial, que todas las antiguas barracas han desaparecido y que los elementos arquitect髇icos singularmente importantes del barrio gozan de una protecci髇 patrimonial espec韋ica y concreta a trav閟 de su catalogaci髇.

Adem醩, el Consell entiende que existen razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la aprobaci髇 de la presente ley.

Extraordinaria necesidad, en primer lugar, porque el Plan Especial de Protecci髇 y de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar no es un instrumento de planeamiento cualquiera, sino que es el plan que mayor controversia jur韉ica, pol韙ica y social ha suscitado en la historia de la Comunitat Valenciana, hasta el punto de haber sido objeto de nueve sentencias del Pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Just韈ia de la Comunitat Valenciana, confirmadas en sede casacional por tres sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. A ello se une que dicho plan es elemento b醩ico y vertebrador de la acci髇 protectora de la Generalitat respecto del conjunto hist髍ico de la ciudad de Valencia, el cual constituye el patrimonio cultural m醩 importante de la Comunitat Valenciana, seg鷑 declara con toda expresividad el anexo I del Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Consell, por lo que trat醤dose de un conjunto hist髍ico extraordinariamente importante -el m醩 importante-, es del todo consecuente que la necesidad de mejorar la protecci髇 del mismo a trav閟 de las espec韋icas medidas legales contenidas en esta ley sea tambi閚 extraordinaria.

Urgente necesidad, en segundo lugar, porque el Plan Especial de Protecci髇 y de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar se encuentra ya en una fase avanzada de ejecuci髇, estando comprometidos grandes recursos presupuestarios tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Valencia, y siendo apremiante la necesidad de completar su ejecuci髇, regenerando un entorno urbano muy degradado, estructurando las comunicaciones y conexiones del barrio del Cabanyal con el resto de la ciudad de Valencia, dando a Valencia una nueva salida al mar, y finalizando los equipamientos sociales, culturales y dotacionales que dicho plan prev�. Paralizar la ejecuci髇 del plan dar韆 lugar a una situaci髇 de incertidumbre, de dejar las cosas a medias, que ahondar韆 la degradaci髇 del Cabanyal con el consiguiente empeoramiento de la calidad de vida de sus vecinos y del resto de ciudadanos de Valencia, menoscabando los enormes esfuerzos puestos en dicho barrio por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat durante la 鷏tima d閏ada.

DISPOSICI覰 DEROGATORIA

DISPOSICIONES FINALES

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes p鷅licos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta ley