Sumario

--> Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 7/1994, 5 diciembre, derogada por la letra a) del n�mero 1 de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 12/2008, 3 julio, de la Generalitat, de Protecci�n Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana (�D.O.C.V.� 10 julio), el 10 de octubre de 2008. V�ase D [COMUNIDAD VALENCIANA] 93/2001, 22 mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Protecci�n Jur�dica del Menor en la Comunidad Valenciana (�D.O.G.V.� 28 mayo).-->

Pre�mbulo

1.

La defensa, protecci�n y prevenci�n de los riesgos de la infancia en una sociedad madura y democr�ticamente avanzada es un cap�tulo esencial en las pol�ticas de bienestar social y en la consecuci�n de una aut�ntica igualdad de oportunidades. Ya no es posible sin atentar contra la cohesi�n social, que determinadas condiciones econ�micas, ambientales y familiares aparten a algunos ni�os de los beneficios colectivos y de las oportunidades sociales.

El principio de integraci�n escolar, que consagr� la Ley Org�nica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educaci�n, ha supuesto un aut�ntico cambio tanto en las pr�cticas educativas como en la concepci�n de la escuela ordinaria que asumi� el reto de atender a alumnos y alumnas que demandan una respuesta diferencial.

Los ni�os con necesidades especiales que anteriormente eran encaminados hacia otro tipo de centros, se incorporan de este modo al sistema educativo ordinario.

El principio de universalizaci�n de la sanidad, que consagr� la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, ha significado igualmente un salto cualitativo en la pol�tica tradicional de atenci�n a las familias m�s vulnerables. La desprotecci�n por razones de salud p�blica, que afectaba fundamentalmente a colectivos marginales, es atendida b�sicamente por el sistema ordinario de salud.

El principio de normalizaci�n de la asistencia social, que consagr� la Ley 5/1989, de 6 de julio, de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, est� transformando igualmente la protecci�n social a la infancia y a los colectivos socialmente marginados incorpor�ndola a los sistemas ordinarios de atenci�n a las necesidades y de promoci�n de la calidad de vida de los ciudadanos. Los ni�os con un ambiente familiar desestructurado o en situaci�n sociocultural desfavorecida est�n siendo atendidos por los servicios p�blicos abiertos a toda la poblaci�n. Y la sociedad, ya concienciada de sus deberes c�vicos, ha de ser m�s firme y decidida para proseguir esta evoluci�n.

Este objetivo est� alcanzando ya un grado tal de madurez que permite reformular las medidas orientadas a una cierta infancia que est� sometida a condiciones particulares de riesgo as� como renovar su organizaci�n y sus m�todos con el fin de adaptarse a las nuevas necesidades de los ni�os y a la situaci�n actual de los sistemas del bienestar.

La presente Ley tiene por objeto consolidar esta pol�tica integradora, preventiva, compensadora y de sensibilizaci�n c�vica y social a trav�s de los mecanismos de planificaci�n, programaci�n y evaluaci�n conjunta entre todas las administraciones p�blicas y las instituciones sociales, que tendr� como eje el Plan Integral de Atenci�n a la Infancia.

A la exigencia de renovaci�n inherente a cualquier sistema, los dispositivos de atenci�n a la infancia en situaci�n de riesgo, desamparo e inadaptaci�n han de responder a una triple demanda: a) atender a las transformaciones de los riesgos que pesan sobre la condici�n del ni�o, b) garantizar una oferta de calidad y una promoci�n de oportunidades para la infancia desfavorecida, y c) configurar una ordenaci�n integrada y coherente de los diferentes sistemas administrativos que se ocupan del ni�o.

La reforma del sistema de atenci�n a la infancia viene exigida, adem�s, por la necesidad de desarrollar los requerimientos de la Ley Org�nica 4/1992, de 5 de junio, sobre Reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, cuyas resoluciones son ejecutadas en el �mbito valenciano por la Generalidad Valenciana.

2.

Existe hoy un fuerte apremio social ante el crecimiento de los riesgos y el aumento de la inadaptaci�n de la infancia que se traduce en una demanda sostenida de mayores y diferentes mecanismos protectores, como tambi�n de potenciaci�n de los recursos personales y familiares.

A la tradicional problem�tica del abandono familiar que gener� unas respuestas centradas b�sicamente sobre la adopci�n y el hospicio, se a�ade hoy un amplio elenco de riesgos que cristaliza en determinados fen�menos sociales como la violencia sobre el y la menor, el abandono escolar, la hu�da familiar, la explotaci�n sexual, el uso indebido de drogas y la utilizaci�n de la imagen del menor.

Actualmente se exige proteger a la ni�a y al ni�o con medios apropiados frente a los agentes externos y los riesgos generados por las sociedades avanzadas que atenten contra la natural vulnerabilidad de aqu�l y que sean un peligro para su formaci�n integral. En la medida en que los riesgos est�n diseminados por todo el cuerpo social y afectan a toda la poblaci�n infantil, ya no es posible que las administraciones solas puedan prevenir los riesgos y aminorarlos. En su lugar se impone un compromiso conjunto de la sociedad y de las administraciones. Finalmente, en la medida en que la inadaptaci�n de la infancia y de la juventud es un proceso multicasual, ya no es posible judicializar las medidas.

En su lugar se impone la colaboraci�n entre los �rganos jurisdiccionales, la polic�a, las administraciones p�blicas y los agentes sociales, con una gran contribuci�n de los medios de comunicaci�n.

3.

Si la infancia es uno de los intereses p�blicos m�s preciados en las sociedades modernas, su atenci�n se ha convertido en un servicio p�blico esencial en los pa�ses que se han constituido en un estado social y democr�tico de derecho. Es necesaria una pol�tica activa de defensa y de prevenci�n que complete las modalidades tradicionales de asistencia y reducci�n.

Con el fin de dar coherencia a las distintas modalidades de intervenci�n, la Ley organiza los programas en torno a dos niveles fundamentales: El nivel primario de car�cter general que se dirige a toda la poblaci�n infantil y el nivel especializado de alto contenido t�cnico y profesional que se dirige a los ni�os con necesidades sociales y familiares espec�ficas.

La presente Ley establece los distintos niveles de intervenci�n mediante un dise�o claro de las responsabilidades de cada administraci�n p�blica. Se propone as� identificar las competencias de cada administraci�n atendiendo a criterios de pertinencia, eficacia y coherencia y no de autoexclusi�n o de elusi�n de responsabilidad. De este modo se atiende a una de las mayores demandas que solicita mecanismos de coordinaci�n de las pol�ticas sectoriales como consecuencia de las interacciones de la problem�tica que afecta a los ni�os con necesidades especiales.

4.

Las nuevas necesidades de los ni�os, la calidad de los servicios a la infancia y la promoci�n de nuevas oportunidades requieren una articulaci�n adecuada de las administraciones educativas, sanitarias, sociales, culturales y de preparaci�n al mundo laboral. La pol�tica social a favor de la infancia no necesita tanto una ampliaci�n de recursos, cuanto una armonizaci�n, delimitaci�n y coordinaci�n de las pol�ticas existentes.

Esta armonizaci�n de las pol�ticas de infancia es la clave de b�veda de la presente Ley. S�lo de este modo es posible abordar la problem�tica del desamparo y de la inadaptaci�n de las y de los menores que tiene en las sociedades avanzadas un car�cter transversal que se disemina a trav�s de todos los sistemas del bienestar.

S�lo a trav�s de un sistema cohesionado y ordenado es posible atender las nuevas necesidades de la infancia.

La presente Ley intenta situar la pol�tica compensatoria que desarrollan los servicios sociales en el interior de los sistemas ordinarios as� como promover y reforzar la coordinaci�n entre los distintos departamentos. La renovaci�n de los mecanismos de protecci�n y la promoci�n de las oportunidades para la infancia se torna inseparable de la cohesi�n interna del sistema y de la participaci�n de la sociedad en la prevenci�n de los riesgos y en la inserci�n social. Sistema que se concibe en la Ley bajo una �ptica global, que re�ne en un mismo n�cleo a todos los agentes titulares de funciones, deberes y potestades en la atenci�n a los ni�os y las ni�as.

S�lo desde la nueva perspectiva que incorpora la Ley son asumibles �mbitos, hasta hace poco ignorados, como la imagen del y de la menor en los medios de comunicaci�n o la regulaci�n del consumo de sustancias nocivas para la salud infantil, en los que el bienestar f�sico y ps�quico de los ni�os y ni�as y la satisfacci�n de sus necesidades aparecen directamente vinculados, pero donde las responsabilidades se diluyen entre las instituciones p�blicas, los agentes sociales y las propias unidades de convivencia. Y es, por ello, el prop�sito de la Ley abordar esa actuaci�n global desde el prisma de los sistemas ordinarios de protecci�n social como f�rmula de garant�a de la continuidad, interactividad y eficacia de tales sistemas, bajo el principio de responsabilidad social general.

5.

La presente Ley supone el desarrollo de las competencias que, en orden a la promoci�n y defensa de la y del menor le atribuye a la Generalidad Valenciana el art�culo 31, apartado 27, del Estatuto de Autonom�a, e introduce un principio de ordenaci�n estructural de la pluralidad normativa que, desde perspectivas parciales, propiciaban el incremento de los niveles de bienestar de la infancia. La Ley tiene, en este sentido, un car�cter primordialmente social, de acuerdo con las recientes orientaciones de la legislaci�n internacional, estatal y auton�mica. No pretende regular un estatuto jur�dico de la y del menor, sino que incorpora los derechos individuales y colectivos de los ni�os y ni�as reconocidos constitucionalmente, por instrumentos internacionales o en la legislaci�n civil estatal, que vienen a conformar el entramado jur�dico garantista, especialmente en lo que respecta a la Convenci�n de las Naciones Unidas de 1989, as� como la reforma del C�digo Civil operada por Ley 21/1987, de 11 de noviembre, lo que permite enfatizar el car�cter ordenador e integrador de la Ley.