Sumario

El Registro de la Uni髇 tiene por objeto llevar cuenta exacta de la expedici髇, la titularidad, la transferencia y la cancelaci髇 de derechos de emisi髇. Estos objetivos se establecieron con la doble funci髇 de garantizar la contabilidad para dar cumplimiento a las obligaciones en el marco del Protocolo de Kioto de la Convenci髇 Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim醫ico, adoptado en fecha de 11 de diciembre de 1997 y ratificado el d韆 10 de mayo de 2002 mediante el instrumento de ratificaci髇 de la Convenci髇 Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Clim醫ico, y asegurar el correcto funcionamiento del r間imen para el comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero en la Uni髇 Europea, en adelante RCDE de la UE.

El Registro de la Uni髇 se encuentra actualmente regulado, en el 醡bito de la Uni髇 Europea, por la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un r間imen para el comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, por el Reglamento (UE) n.� 389/2013 de la Comisi髇, de 2 de mayo de 2013, por el que se establece el Registro de la Uni髇 de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Decisiones n.� 280/2004/CE y n.� 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.� 920/2010 y n.� 1193/2011 de la Comisi髇.

En Espa馻, la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r間imen del comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero, y el Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la organizaci髇 y funcionamiento del Registro nacional de derechos de emisi髇, contienen la mayor parte de las disposiciones relativas al registro.

El sistema de registros en la Uni髇 Europea ha sufrido importantes modificaciones como consecuencia de los cambios en la normativa de la Uni髇 Europea, evolucionando desde un enfoque descentralizado basado en registros nacionales hacia otro centralizado en que todos los Estados miembros comparten una 鷑ica infraestructura: el Registro de la Uni髇, regulado por el Reglamento (UE) n.� 389/2013 de la Comisi髇, de 2 de mayo de 2013.

A pesar de este proceso de centralizaci髇, la responsabilidad sobre la gesti髇 de las cuentas que se alojan en el Registro de la Uni髇 sigue correspondiendo a las autoridades competentes nacionales. Cada Estado miembro es responsable de un 醨ea dentro del Registro de la Uni髇, compuesta por las cuentas establecidas en el marco del RCDE de la UE, cuya gesti髇 le est� atribuida, as� como las cuentas que integran su registro establecido en el marco del Protocolo de Kioto, consolidado en la plataforma com鷑.

Por tanto, en este registro, establecido para el periodo de comercio 2013-2020 y para los periodos posteriores, se lleva la contabilidad de todas las unidades de emisi髇 relativas al RCDE de la UE y al Protocolo de Kioto.

La Ley 1/2005, de 9 de marzo, establece en su cap韙ulo VII el r間imen jur韉ico del registro de unidades de emisi髇, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n.� 389/2013 de la Comisi髇, de 2 de mayo de 2013. En desarrollo de lo establecido en la citada Ley 1/2005, de 9 de marzo, las normas b醩icas que han de regir la organizaci髇 y funcionamiento del Registro Nacional de Derechos de Emisi髇 (RENADE) est醤 reguladas en el Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre.

La Orden MAM/1445/2006, de 9 de mayo, sobre tarifas del Registro Nacional de Derechos de Emisi髇, modificada por la Orden ARM/568/2011, de 10 de marzo, regul� inicialmente las tarifas autorizadas que deb韆n aplicarse al entonces Registro Nacional de Derechos de Emisi髇 (RENADE), y desarrollaba determinados aspectos relacionados con su devengo, pago y cobro. Los cambios acontecidos en la estructura y gesti髇 de las cuentas alojadas en el sistema de registros de la Uni髇 Europea producida por el proceso de consolidaci髇 de los registros nacionales al Registro de la Uni髇, obligaron a revisar la regulaci髇 de las tarifas a aplicar en el 醨ea espa駉la del Registro de la Uni髇, a trav閟 de la Orden AAA/351/2013, de 27 de febrero, sobre tarifas del 醨ea espa駉la del Registro de la Uni髇 Europea en el marco de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r間imen del comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero, regulaci髇 vigente hasta la actualidad.

Dichas regulaciones establec韆n como modelo de contraprestaci髇 econ髆ica de los servicios prestados por la entidad encargada de la llevanza del 醨ea espa駉la del Registro de la Uni髇 el devengo de una tarifa. En este sentido, la tarifa tendr韆 una naturaleza de prestaci髇 patrimonial de car醕ter p鷅lico no tributario, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En efecto, y tal como avala la doctrina de la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 63/2019, de 9 de mayo, la tarifa no tiene como finalidad principal financiar la actuaci髇 de la Administraci髇, si no la gesti髇 del servicio, de acuerdo con los criterios de eficiencia y econom韆. Adem醩, la prestaci髇 del servicio no conlleva en ning鷑 caso el ejercicio de autoridad inherente a los poderes p鷅licos. Por el contrario, los aspectos de la actividad vinculados al ejercicio de la autoridad quedan estrictamente vinculados a la actuaci髇 de la Oficina Espa駉la de Cambio Clim醫ico.

La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, ha sido modificada por la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, con el objeto de intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relaci髇 con los costes y facilitar las inversiones en tecnolog韆s hipocarb髇icas, as� como la Decisi髇 (UE) 2015/1814. Esta norma introduce importantes modificaciones en el RCDE de la UE, para el periodo de comercio 2021-2030, las cuales afectan, entre otras cuestiones, a la estructuraci髇 del sistema de registros de la Uni髇 Europea y sus reglas de operaci髇 y administraci髇.

Como consecuencia de la modificaci髇 de la Directiva 2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, el Reglamento (UE) n.� 389/2013 de la Comisi髇, de 2 de mayo de 2013, ha sido modificado mediante el Reglamento Delegado (UE) 2019/1122 de la Comisi髇 de 12 de marzo de 2019 que completa la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al funcionamiento del Registro de la Uni髇, en el que se adaptan las reglas de operaci髇 y funcionamiento del Registro de la Uni髇 aplicables a partir del 1 de enero de 2021, pero que necesitar醤 de su implementaci髇 t閏nica a partir de 2020.

Los cambios m醩 relevantes del sistema de registros que se van a producir son, en primer lugar, la incorporaci髇 de medidas de simplificaci髇 en la gesti髇 y la operaci髇 de las cuentas y sus representantes autorizados, y que han sido propuestas por los distintos administradores nacionales de los Estados miembros de la Uni髇 con base en la experiencia pr醕tica adquirida en la operaci髇 del Registro durante el periodo de comercio de derechos de emisi髇 2013-2020.

En segundo lugar, el Reglamento Delegado (UE) 2019/1122 de la Comisi髇 de 12 de marzo de 2019 incorpora nuevos requisitos en la gesti髇 de las cuentas derivados de la consideraci髇 de los derechos de emisi髇 como instrumentos financieros y en aplicaci髇 de la normativa europea relativa a los mercados financieros (Directiva 2014/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE, y Reglamento (UE) n.� 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n� 648/2012), la regulaci髇 de abuso de mercado ( Reglamento (UE) n.� 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado –Reglamento sobre abuso de mercado– y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisi髇 Texto pertinente a efectos del EEE), as� como la normativa sobre la firmeza de la liquidaci髇 en los sistemas de pagos y liquidaci髇 de valores (Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 1998 sobre la firmeza de la liquidaci髇 en los sistemas de pagos y de liquidaci髇 de valores). Asimismo, dicho Reglamento Delegado tambi閚 modifica el Reglamento (UE) n.� 389/2013 de la Comisi髇, de 2 de mayo de 2013, con car醕ter de aplicaci髇 a partir de su entrada en vigor, en lo relativo a las reglas para el tratamiento de los datos personales de acuerdo al Reglamento general de protecci髇 de datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci髇 de las personas f韘icas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci髇 de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Por 鷏timo, el Reglamento Delegado (UE) 2019/1122 de la Comisi髇 de 12 de marzo de 2019 introduce nuevas reglas para el uso de derechos de emisi髇 y cr閐itos internacionales en el marco del periodo 2021-2030.

El art韈ulo 111.2 del Reglamento (UE) n.� 389/2013, de 2 de mayo, as� como el art韈ulo 81.2 del Reglamento Delegado (UE) 2019/1122 de la Comisi髇 de 12 de marzo de 2019, habilitan a los administradores nacionales a cobrar tarifas razonables a los titulares de las cuentas que administren, del mismo modo que ya lo hac韆 la anterior normativa comunitaria de registros.

En este contexto, es necesario revisar la regulaci髇 de las tarifas, en primer lugar, por los cambios acaecidos por la modificaci髇 de la normativa comunitaria citada anteriormente, que contiene un paquete de medidas de simplificaci髇 para la gesti髇 y el mantenimiento de las cuentas alojadas en el Registro de la Uni髇, por parte de los administradores nacionales. Estos cambios afectan fundamentalmente a la definici髇 de nuevos estados de cuentas, la fusi髇 de los tipos de cuentas de haberes de persona f韘ica con las cuentas de comercio, y nuevos requisitos de apertura de cuenta.

Asimismo, la experiencia y mejora continuada en los procedimientos administrativos relacionados con la gesti髇 y el mantenimiento de las cuentas alojadas en el 醨ea espa駉la del Registro de la Uni髇 durante los primeros seis a駉s del periodo 2013-2020, han conducido a una mayor eficiencia en la utilizaci髇 de los recursos asociados, lo que permite abordar una reducci髇 de las cargas econ髆icas a todas las instalaciones y operadores a閞eos sujetos a obligaciones por el comercio de derechos de emisi髇. Asimismo, estas mejoras aconsejan que la revisi髇 del esquema de tarifas se pueda aplicar con anterioridad a la entrada en vigor de las nuevas reglas para el periodo de comercio 2021-2030.

Con este objetivo, en la determinaci髇 y alcance de las tarifas se ha tenido en cuenta el impacto que las medidas de simplificaci髇 suponen al respecto de las funciones de los administradores nacionales, en lo relativo a los aspectos de cumplimiento de obligaciones de informaci髇 p鷅lica, prestaci髇 de servicios de atenci髇 a los usuarios, y, especialmente, a la comprobaci髇 y gesti髇 de la documentaci髇 requerida para la apertura y el mantenimiento de los distintos tipos de cuenta. En este 鷏timo aspecto, conviene destacar que las medidas prev閚 varios mecanismos de coordinaci髇 entre las distintas autoridades competentes con el fin de facilitar la comprobaci髇 de los requisitos de apertura de cuentas. Por el contrario, se puede considerar mucho menor el impacto de las medidas de simplificaci髇 en los aspectos relacionados con la gesti髇 del soporte inform醫ico que sirve de base al registro, y los cambios en los procedimientos de gesti髇 de los procesos asociados al mantenimiento de las cuentas alojadas en el Registro de la Uni髇.

En segundo lugar, la experiencia adquirida en la gesti髇 de las cuentas durante los primeros seis a駉s del periodo 2013-2020 pone de manifiesto la conveniencia y posibilidad de alinear en cierta medida las tarifas asociadas a la gesti髇 y el mantenimiento de las cuentas de los peque駉s emisores a la situaci髇 de las instalaciones excluidas del RCDE de la UE para el periodo 2013-2020 en aplicaci髇 de la disposici髇 adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo. Por esta raz髇, es oportuno adecuar los importes de las tarifas de mantenimiento de las cuentas de instalaciones que son peque駉s emisores y se mantienen dentro del RCDE de la UE, con el objeto de reducir, en la medida de lo posible, la carga administrativa a las PYMES que en la mayor韆 de los casos son titulares de esta tipolog韆 de instalaciones.

En este contexto, esta orden ministerial tiene por objeto autorizar las tarifas que ha de aplicar el administrador nacional del Registro, as� como desarrollar determinados aspectos relacionados con su devengo y pago. Se han incluido en esta orden ministerial previsiones relativas a la autorizaci髇 de las tarifas y su cobro, la enumeraci髇 de las cuentas excluidas del 醡bito de aplicaci髇 de dicha orden ministerial, la vigencia temporal de las tarifas as� como las consecuencias derivadas de su impago. Por 鷏timo, se establece la periodicidad de informaci髇 de la aplicaci髇 del r間imen tarifario.

El contenido de esta orden ministerial se ajusta a los principios de buena regulaci髇 contemplados en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

As�, de acuerdo con el principio de necesidad, esta norma se justifica en la necesidad de actualizar las tarifas, para permitir su aplicaci髇 desde el 1 de enero 2020, de forma que la reducci髇 propuesta de las mismas se lleve a cabo lo antes posible. De acuerdo con el principio de eficacia, esta norma resulta eficaz en el sentido de que permite concretar el r間imen tarifario de manera inmediata y con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento Delegado (UE) 2019/1122 de la Comisi髇 de 12 de marzo de 2019.

Se cumple, adem醩, el principio de proporcionalidad ya que la regulaci髇 se limita al m韓imo imprescindible para adaptar el actual esquema de las tarifas a las nuevas reglas de aplicaci髇 para el periodo 2021-2030, y se aborda la reducci髇 de la cuant韆 de los importes aplicables a las operaciones previstas actualmente en la Orden AAA/351/2013, de 27 de febrero.

A fin de garantizar el principio de seguridad jur韉ica, la iniciativa normativa se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jur韉ico, nacional y de la Uni髇 Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento, comprensi髇 y aplicaci髇 y, en consecuencia, la actuaci髇 y toma de decisiones de las personas y empresas sujetos a dicho marco.

En aplicaci髇 del principio de eficiencia, la consecuci髇 de los fines descritos la norma no conlleva cargas administrativas, dentro del marco del ordenamiento jur韉ico nacional y de la Uni髇 Europea.

En aplicaci髇 del principio de transparencia, durante la tramitaci髇 de esta orden se ha realizado el tr醡ite de audiencia e informaci髇 p鷅licas, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Esta orden ministerial se dicta en virtud de la habilitaci髇 para el desarrollo reglamentario que establece la disposici髇 final segunda del Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre.

La orden ministerial se dicta al amparo del art韈ulo 149.1.13.� y 23.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica y de legislaci髇 b醩ica sobre protecci髇 del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Aut髇omas de establecer normas adicionales de protecci髇.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

DISPOSICIONES FINALES