Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo

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Sumario

V閟ae la Res. de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo (獴.O.E.� 30 mayo).LE0000666597_20200530

I

La evoluci髇 de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 ha precipitado la adopci髇 de un conjunto de medidas de todo orden, y entre ellas, con especial calado e intensidad, medidas de car醕ter laboral.

En el caso de Espa馻, la expansi髇 de la enfermedad oblig� inicialmente a la adopci髇 de medidas por parte de las autoridades sanitarias y, posteriormente, llev� a la aprobaci髇 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se estableci� el estado de alarma para la gesti髇 de la situaci髇 de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que conllev� importantes medidas restrictivas de la movilidad y la actividad econ髆ica, y que ha sido prorrogado en varias ocasiones. Estas medidas de contenci髇 implicaron el establecimiento de medidas preventivas espec韋icas en la prestaci髇 laboral con el fin de reducir el n鷐ero de personas expuestas, as� como el tiempo de exposici髇 de las mismas, a trav閟 del cese parcial o total de determinadas actividades.

A esta situaci髇 de emergencia respondi� el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19, en cuyo cap韙ulo II se establec韆n un conjunto de medidas de flexibilizaci髇 que permit韆n agilizar los mecanismos previstos legalmente para que las empresas y las personas trabajadoras pudieran suspender o reducir su actividad, permitiendo, de esta forma, el acceso a las prestaciones econ髆icas necesarias.

Estas medidas respond韆n a un doble objetivo:

• a) Establecer los mecanismos necesarios para que los procedimientos de suspensi髇 o reducci髇 de la jornada que resultan aplicables, conforme a la legislaci髇 vigente, tuviesen la agilidad necesaria para garantizar que las consecuencias socioecon髆icas de la situaci髇 de emergencia sanitaria tuvieran el menor impacto posible en el empleo.
• b) Proteger a las personas trabajadoras, tanto su salud y seguridad, conteniendo la progresi髇 de la enfermedad mediante el confinamiento y otras medidas de contenci髇, como garantizando el acceso a ingresos sustitutivos a todas aquellas personas trabajadoras que se vieran afectadas por los Expedientes de Regulaci髇 Temporal de Empleo (ERTE).

A las medidas anteriores se a馻dieron las previsiones recogidas en el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias en el 醡bito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Entre otras, esta norma prev� que las causas a las que se refieren los art韈ulos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no pueden entenderse como justificativas de la extinci髇 de los contratos de trabajo. Asimismo, se prev� la interrupci髇 del c髆puto de la duraci髇 m醲ima de los contratos temporales, que persigue garantizar que estos puedan desplegar plenos efectos, en cuanto a la prestaci髇 de servicios, la formaci髇 que llevan aparejada y la aportaci髇 a la actividad empresarial, durante el tiempo inicialmente previsto, de forma tal que la situaci髇 de emergencia generada no prive a la empresa de su capacidad real para organizar sus recursos. Esta es una medida de extraordinaria importancia a fin de evitar que un mercado como el espa駉l, con un alto 韓dice de contrataci髇 temporal, vea su poblaci髇 asalariada dr醩ticamente reducida.

En suma, se trata de una estrategia que, pese a la situaci髇 creada por la emergencia sanitaria, ha sido capaz de contener de manera significativa la destrucci髇 de empleo y de tejido empresarial, posibilitando, tal y como adelantaba la exposici髇 de motivos del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 玡vitar la salida del mercado de empresas solventes y afectadas negativamente por esta situaci髇 transitoria y excepcional, contribuyendo a aminorar el impacto negativo sobre el empleo y la actividad econ髆ica.�

II

Cumplido su objetivo inicial, se impone la necesidad, tras este periodo excepcional, de reactivar de manera progresiva la econom韆, mediante la dinamizaci髇 de aquellos sectores cuya actividad contin鷄 limitada por restricciones sanitarias derivadas, entre otras situaciones, por las medidas de confinamiento y contenci髇 acordadas en el marco del estado de alarma.

El objetivo, por tanto, es proporcionar una respuesta ponderada ante la situaci髇 descrita, teniendo en consideraci髇 los efectos que la emergencia sanitaria y las medidas de contenci髇 y las limitaciones han causado en la actividad de las empresas y en los contratos de trabajo, y en especial sobre las rentas salariales, a la par que atender al panorama de desescalada y a la reanudaci髇 progresiva de la actividad econ髆ica, que requiere de los mecanismos de sost閚, racionalidad social y protecci髇 necesarios.

De todo lo anterior son conscientes las organizaciones empresariales m醩 representativas de nuestro pa韘, la Confederaci髇 Espa駉la de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederaci髇 Espa駉la de la Peque馻 y Mediana Empresa (CEPYME), y las organizaciones sindicales m醩 representativas, Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Uni髇 General de Trabajadores (UGT).

Por ello, las medidas recogidas en este real decreto-ley han sido producto del di醠ogo social y el acuerdo alcanzado entre los agentes sociales y el Gobierno el d韆 8 de mayo de 2020, d韆 del primer centenario del Ministerio de Trabajo.

Tras tres semanas de intensas negociaciones, estas medidas pretenden dar una respuesta adecuada para que las empresas adopten los ajustes din醡icos necesarios que les permitan transitar hasta un escenario de 玭ueva normalidad�, salvaguardar el empleo y proteger especialmente a las personas trabajadoras.

III

Los ERTE por fuerza mayor derivada del COVID-19 est醤 regulados en el art韈ulo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que establece lo que debe considerarse fuerza mayor temporal derivada del COVID-19, a los efectos de permitir suspender el contrato o reducir la jornada por esta causa y acceder a las medidas laborales especiales reguladas en los art韈ulos 24 y 25 de dicho real decreto-ley.

Conforme al art韈ulo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se consideran provenientes de fuerza mayor temporal con los efectos previstos en el art韈ulo 47.3, que remite al art韈ulo 51.7, ambos del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, las suspensiones y reducciones de jornada que tengan su causa directa en p閞didas de actividad ocasionadas por el COVID-19, incluida la declaraci髇 el estado de alarma, que impliquen suspensi髇 o cancelaci髇 de actividades, cierre temporal de locales de afluencia p鷅lica, restricciones en el transporte p鷅lico y, en general, de la movilidad de las personas y las mercanc韆s, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopci髇 de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados.

La definici髇 concreta de las causas que integran la fuerza mayor por COVID-19, responde as� a una causa externa y perentoria cuyos efectos y 醡bitos concretos son decididos en cada momento por las autoridades competentes por razones de salud p鷅lica, lo que tiene como consecuencia que las distintas medidas puedan ser aplicadas con una intensidad y graduaci髇 diferenciada.

Por consiguiente, procede seguir aplicando las medidas de suspensi髇 y reducci髇 de jornada en aquellas empresas que, por efecto de las restricciones o 玴閞didas de actividad� derivadas e incluidas en el citado art韈ulo 22.1 y que a鷑 persisten, sigan imposibilitadas para recuperar su actividad.

Esta fuerza mayor se extiende al periodo durante el cual estuvieran afectadas por las causas descritas en dicho precepto que impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas y, en principio, hasta el 30 de junio de 2020.

En situaci髇 de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19 se consideran, por tanto, aquellas empresas y entidades que cuenten con un expediente de regulaci髇 temporal de empleo autorizado en base al art韈ulo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde el momento en el que las causas descritas en dicho precepto, y por raz髇 de las cuales se aplicaron las distintas medidas de flexibilidad en forma de suspensiones o reducciones de jornada, permitan la recuperaci髇 parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 2020.

Estas empresas y entidades deber醤 proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en t閞minos de reducci髇 de jornada.

El objetivo es facilitar el tr醤sito hacia las reducciones de jornada, que suponen un menor impacto econ髆ico sobre la persona trabajadora y que permitir醤 atender de manera paulatina a la oferta y demanda de productos y servicios de las empresas, en la medida en la que la actividad y estructura de personal lo permitan. Asimismo, lo anterior permite garantizar una mejor gesti髇 del tiempo de trabajo, reduciendo los tiempos de exposici髇, de conformidad con la informaci髇 actualizada por parte de las autoridades p鷅licas sobre la prevalencia del COVID-19.

Por tanto, el esquema es el propio del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, manteni閚dose las causas y las medidas extraordinarias incluidas en el mismo, que permite responder plenamente y con car醕ter din醡ico a las necesidades tal y como fueron planteadas inicialmente, dejando de hacerlo por raz髇 de su desafectaci髇 o desvinculaci髇 sobre la actividad y la plantilla de la empresa, sin imponer nuevas y gravosas condiciones de procedimiento.

De esta manera, las empresas pueden recuperar la totalidad o parte de su actividad si es que, por las razones comentadas, las personas trabajadoras vuelven a desempe馻r sus tareas con car醕ter completo o parcial, renunciando o modificando en su aplicaci髇 las medidas excepcionales que se adoptaron en un escenario de interrupci髇 de la actividad empresarial o de mayor rigor en el confinamiento, con el 鷑ico requisito de comunicar, con car醕ter previo, a la autoridad laboral competente la renuncia total a las mismas, y al Servicio P鷅lico de Empleo Estatal aquellas variaciones que se refieran a la finalizaci髇 de la aplicaci髇 de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas.

Por su parte, a las empresas que, a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 30 de junio, pasen a aplicar medidas de suspensi髇 o reducci髇 de jornada por razones objetivas, econ髆icas, t閏nicas, organizativas y de producci髇, les resultar� de aplicaci髇 el art韈ulo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

A fin de evitar innecesarias interrupciones que redunden en un perjuicio o desprotecci髇 de las personas trabajadoras, se dispone de manera expresa la posibilidad de que los efectos de las medidas de reducci髇 de jornada o suspensi髇 de contratos retrotraigan sus efectos a la fecha de finalizaci髇 de los expedientes por causa de fuerza mayor que los precedieran.

Para las situaciones previstas en este real decreto-ley se siguen aplicando medidas extraordinarias en materia de protecci髇 por desempleo y se establecen nuevas medidas extraordinarias en materia de cotizaci髇.

Respecto de las medidas en materia de protecci髇 por desempleo vinculadas a las medidas extraordinarias establecidas en los art韈ulos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, incluidas las que se apliquen a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, y con las especialidades descritas en sus art韈ulos 1 y 2, se mantienen, hasta el 30 de junio, todas las especialidades previstas en los apartados 1 a 5 del art韈ulo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Asimismo, y conjugando el necesario equilibrio entre recuperaci髇 de la actividad y sostenibilidad de la capacidad econ髆ica de las empresas, se aplican a los expedientes por causa de fuerza mayor exoneraciones en las cuotas, con alcance diferente seg鷑 sea la situaci髇 de fuerza mayor total o parcial, en el que se encuentre la empresa, distinguiendo, del mismo modo, a los efectos del porcentaje de exoneraci髇, entre el reinicio de la actividad y el mantenimiento parcial de las medidas de suspensi髇 o reducci髇 de jornada. El objetivo, por tanto, es permitir una transici髇 adecuada que posibilite la recuperaci髇 gradual de la actividad empresarial y que se desarrolle de forma acompasada con la recuperaci髇 de la actividad econ髆ica general, contando, para ello, con el est韒ulo necesario.

Por 鷏timo, se prev閚 sendas disposiciones adicionales, la primera sobre la facultad reconocida al Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, de prorrogar las medidas de suspensi髇 y reducci髇 de jornada por causa de fuerza mayor, total y parcial, si persisten las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias, y la segunda acerca de la creaci髇 de una Comisi髇 de Seguimiento tripartita laboral.

A las medidas de racionalidad econ髆ica acompa馻n las necesarias medidas de racionalidad social, manteniendo la vigencia de aquellas medidas complementarias de protecci髇 del empleo que se entienden precisas para garantizar la necesaria estabilidad y evitar el efecto de una alta flexibilidad cuantitativa externa, a trav閟 de despidos y destrucci髇 de puestos de trabajo.

Respecto de la salvaguarda de empleo prevista en la disposici髇 adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se concretan, a trav閟 de la modificaci髇 acordada en esta norma, en sus 醡bitos subjetivo y objetivo, medidas vinculadas y consecuencias de su incumplimiento, teniendo en cuenta adem醩 las caracter韘ticas espec韋icas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable y, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.

De esta forma, este real decreto-ley se estructura en cinco art韈ulos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales.

IV

Este real decreto-ley cumple con los principios de buena regulaci髇 exigibles conforme al art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. As�, responde a la necesidad de minimizar el riesgo de un impacto incontrolado e irreversible de la situaci髇 de emergencia extraordinaria provocada por el COVID-19 tanto en la actividad econ髆ica, como en el empleo y en los recursos disponibles de las personas trabajadoras, evit醤dose, de esta forma, situaciones de vulnerabilidad y desprotecci髇.

Es eficaz y proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para conseguir su objetivo, limitando sus efectos a la concurrencia de la situaci髇 temporal y extraordinaria descrita. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jur韉ica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jur韉ico.

Asimismo, cumple con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su prop髎ito y se ofrece una explicaci髇, sin que se hayan realizado los tr醡ites de participaci髇 p鷅lica que se establecen en el art韈ulo 26 de la Ley 50/1997, al amparo de la excepci髇 que, para los reales decretos-leyes, regula el apartado 11 del aludido precepto.

Finalmente, es coherente con el resto del ordenamiento jur韉ico nacional y cumple con el principio de eficiencia, dado que su aplicaci髇 no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias.

V

Respecto del supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad establecido en el art韈ulo 86.1 CE, el contenido del real decreto-ley se fundamenta en motivos objetivos, de oportunidad pol韙ica y extraordinaria urgencia que requieren su aprobaci髇 inmediata, entre otros la situaci髇 grave y excepcional que persiste como consecuencia de la situaci髇 de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, lo que hace indispensable dar una respuesta adecuada a las necesidades que se plantean en el 醡bito laboral.

El art韈ulo 86 de la Constituci髇 permite al Gobierno dictar reales decretos-leyes 玡n caso de extraordinaria y urgente necesidad�, siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen de las Comunidades Aut髇omas ni al Derecho electoral general.

El real decreto-ley constituye, de esta forma, un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia sea subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, m醲ime cuando la determinaci髇 de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

En definitiva, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar el presente real decreto-ley se inscribe en el juicio pol韙ico o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisi髇, sin duda, supone una ordenaci髇 de prioridades pol韙icas de actuaci髇 (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad n鷐. 2208-2019), centradas en dar una respuesta adecuada que permita restablecer el funcionamiento normal de la actividad econ髆ica y productiva de las empresas, la necesaria seguridad jur韉ica y la protecci髇 de los colectivos que pudieran resultar vulnerables ante la concurrencia de la situaci髇 descrita y que se definen por su condici髇 extraordinaria y urgente.

Todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopci髇 de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3), existiendo la necesaria conexi髇 entre la situaci髇 de urgencia expuesta y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, sin que constituya un supuesto de uso abusivo o arbitrario del referido instrumento constitucional.

En suma, en las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad previstas en el art韈ulo 86 de la Constituci髇, considerando, por otra parte, que los objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo no pueden conseguirse a trav閟 de la tramitaci髇 de una ley por el procedimiento de urgencia.

Asimismo, debe se馻larse que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t韙ulo I de las Constituci髇 Espa駉la, al r間imen de las Comunidades Aut髇omas ni al Derecho electoral general.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.7.� y 17.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislaci髇 laboral, as� como sobre la legislaci髇 b醩ica y r間imen econ髆ico de la Seguridad Social, sin perjuicio de su ejecuci髇 por los 髍ganos de las Comunidades Aut髇omas.

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Econom韆 Social y del Ministro de Inclusi髇, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 12 de mayo de 2020,

DISPONGO:

Art韈ulo 4 Medidas extraordinarias en materia de cotizaci髇 vinculadas a las medidas reguladas en el art韈ulo 1

1. La Tesorer韆 General de la Seguridad Social exonerar�, respecto a las cotizaciones devengadas en los meses de mayo y junio de 2020, a las empresas y entidades a las que se refiere el apartado 1 del art韈ulo 1 del abono de la aportaci髇 empresarial prevista en el art韈ulo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, as� como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudaci髇 conjunta, siempre que, a 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta trabajadores, o asimilados a los mismos, en situaci髇 de alta en la Seguridad Social. Si las citadas empresas y entidades tuvieran cincuenta trabajadores, o asimilados a los mismos, o m醩, en situaci髇 de alta en la Seguridad Social, la exoneraci髇 de la obligaci髇 de cotizar alcanzar� al 75 % de la aportaci髇 empresarial.

2. Las empresas y entidades a las que se refiere el apartado 2 del art韈ulo 1 quedar醤 exoneradas del abono de la aportaci髇 empresarial a la cotizaci髇 a la Seguridad Social y por conceptos de recaudaci髇 conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican a continuaci髇:

• a) Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada trabajados desde ese reinicio, la exenci髇 alcanzar� el 85 % de la aportaci髇 empresarial devengada en mayo de 2020 y el 70 % de la aportaci髇 empresarial devengada en junio de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta trabajadores o asimilados a los mismos en situaci髇 de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o m醩 trabajadores o asimilados a los mismos en situaci髇 de alta, la exenci髇 alcanzar� el 60 % de la aportaci髇 empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45 % de la aportaci髇 empresarial devengada en junio de 2020.
• b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que contin鷈n con sus actividades suspendidas a partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensi髇, la exenci髇 alcanzar� el 60 % de la aportaci髇 empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45 % de la aportaci髇 empresarial devengada en junio de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta trabajadores o asimilados a los mismos en situaci髇 de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o m醩 trabajadores, o asimilados a los mismos, en situaci髇 de alta, la exenci髇 alcanzar� el 45 % de la aportaci髇 empresarial devengada en mayo de 2020 y el 30 % de la aportaci髇 empresarial devengada en junio de 2020. En este caso, la exoneraci髇 se aplicar� al abono de la aportaci髇 empresarial prevista en el art韈ulo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, as� como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudaci髇 conjunta.

3. Las exenciones en la cotizaci髇 se aplicar醤 por la Tesorer韆 General de la Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicaci髇 sobre la situaci髇 de fuerza mayor total o parcial, as� como de la identificaci髇 de las personas trabajadoras afectadas y periodo de la suspensi髇 o reducci髇 de jornada.

Para que la exoneraci髇 resulte de aplicaci髇 esta comunicaci髇 se realizar�, por cada c骴igo de cuenta de cotizaci髇, mediante una declaraci髇 responsable que deber� presentarse, antes de que se solicite el c醠culo de la liquidaci髇 de cuotas correspondiente, a trav閟 del Sistema de remisi髇 electr髇ica de datos en el 醡bito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo.

4. A los efectos del control de estas exoneraciones de cuotas, ser� suficiente la verificaci髇 de que el Servicio P鷅lico de Empleo Estatal, o en su caso, el Instituto Social de la Marina, proceda al reconocimiento de la correspondiente prestaci髇 por desempleo por el periodo de que se trate.LE0000666202_20220331 P醨rafo primero del n鷐ero 4 del art韈ulo 4 redactado por el n鷐ero dos de la disposici髇 final decimotercera del R.D.-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, cient韋ica, econ髆ica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19 (獴.O.E.� 27 mayo).Vigencia: 28 mayo 2020

La Tesorer韆 General de la Seguridad Social podr� establecer los sistemas de comunicaci髇 necesarios con el Servicio P鷅lico de Empleo Estatal para el contraste con sus bases de datos del contenido de las declaraciones responsables y de los periodos de disfrute de las prestaciones por desempleo.

5. Las exenciones en la cotizaci髇 a que se refiere este art韈ulo no tendr醤 efectos para las personas trabajadoras, manteni閚dose la consideraci髇 del per韔do en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicaci髇 lo establecido en el apartado 1 del art韈ulo 20 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

LE0000666202_20220331 N鷐ero 5 del art韈ulo 4 redactado por el n鷐ero tres de la disposici髇 final decimotercera del R.D.-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, cient韋ica, econ髆ica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19 (獴.O.E.� 27 mayo).Vigencia: 28 mayo 2020

6. Las exoneraciones reguladas en este art韈ulo ser醤 a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social en el caso de la aportaci髇 empresarial por contingencias comunes, de las mutuas colaboradoras en el caso de la aportaci髇 empresarial por contingencias profesionales, del Servicio P鷅lico de Empleo Estatal en el caso de la aportaci髇 empresarial para desempleo y por formaci髇 profesionales y del Fondo de Garant韆 Salarial en el caso de las aportaciones que financian sus prestaciones.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el 醡bito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19

La disposici髇 final tercera del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el 醡bito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, queda modificada como sigue:

獶isposici髇 final tercera Entrada en vigor y vigencia

Este real decreto-ley entrar� en vigor el mismo d韆 de su publicaci髇 en el "Bolet韓 Oficial del Estado", manteniendo su vigencia durante el estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus posibles pr髍rogas.

Los art韈ulos 2 y 5 mantendr醤 su vigencia hasta el 30 de junio de 2020.�

LE0000662749_20200513