Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y aut髇omos afectados por la pandemia de COVID-19

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Sumario

V閍se la Res. de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y aut髇omos afectados por la pandemia de COVID-19 (獴.O.E.� 19 mayo).LE0000697973_20210519

I

El impacto negativo de la pandemia de la COVID-19 en la actividad econ髆ica de muchas empresas y aut髇omos ha supuesto una importante reducci髇 de sus ingresos, afectando directamente a su liquidez y solvencia y, por ende, a su capacidad para hacer frente a sus obligaciones tanto con otras empresas como con las diversas administraciones p鷅licas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de naturaleza no tributaria.

En el 醡bito de las deudas de naturaleza p鷅lica, no tributarias ni aduaneras, que derivan del reintegro y/o reembolso de pr閟tamos concedidos por la Administraci髇 General del Estado, las principales medidas de apoyo financiero a los obligados al pago se han aprobado en el 醡bito de los Departamentos ministeriales concedentes de los pr閟tamos.

Todas las medidas de apoyo financiero a beneficiarios de ayudas y pr閟tamos concedidos por la Administraci髇 General del Estado aprobadas hasta el momento se han circunscrito al 醡bito de competencias de los Ministerios concedentes de los pr閟tamos, esto es, a las cuotas no vencidas. Sin embargo, en la mayor韆 de las ocasiones, como consecuencia del impacto negativo generado en su actividad por la pandemia, los beneficiarios de los pr閟tamos se enfrentan a la incapacidad para poder hacer frente a aquellas cuotas que ya se encuentran vencidas y que no han podido ser objeto de reconsideraci髇 en su calendario de vencimientos por parte del Ministerio concedente, bien por quedar fuera del 醡bito de aplicaci髇 de las medidas o bien como consecuencia de que fueron objeto de un aplazamiento o fraccionamiento por las Delegaciones de Econom韆 y Hacienda, con car醕ter previo a la crisis sanitaria de la COVID-19 y, por tanto, a la aprobaci髇 de las citadas medidas, quedando fuera de la esfera competencial de los Ministerios.

La mencionada imposibilidad se une a las dificultades tanto de financiaci髇 como para la obtenci髇 de garant韆s en forma de aval de entidad de cr閐ito o sociedad de garant韆 rec韕roca o certificado de seguro de cauci髇 destinadas a garantizar los aplazamientos y/o fraccionamientos de las deudas no tributarias derivadas del reembolso y/o del reintegro de muchas de estas empresas que resultaron beneficiarias de las ayudas p鷅licas o de pr閟tamos.

Los art韈ulos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudaci髇, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regulan el procedimiento de aplazamiento y fraccionamiento del pago de las deudas frente a la Hacienda P鷅lica. En particular, los art韈ulos 46.5 y 50 prev閚 la posibilidad de obtener una dispensa total o parcial de garant韆 en las resoluciones de aplazamiento y fraccionamiento de las deudas de derecho p鷅lico.

No obstante, en la misma l韓ea de las medidas se馻ladas que se han adoptado con anterioridad para preservar el tejido productivo y garantizar el mantenimiento del empleo y la actividad, atendiendo a la excepcional situaci髇 que la actual pandemia de la COVID-19 est� provocando en los obligados al pago, resulta necesario dar un impulso adicional en la adopci髇 de medidas dirigidas a permitir un cumplimiento de las obligaciones de car醕ter no tributario, acudiendo a la flexibilizaci髇 del procedimiento de concesi髇 de aplazamientos y fraccionamientos con dispensa de garant韆 por las Delegaciones de Econom韆 y Hacienda.

Por este motivo, el presente real decreto-ley aprueba un procedimiento excepcional y temporal, durante los ejercicios 2021 y 2022, para la concesi髇 por las Delegaciones de Econom韆 y Hacienda de aplazamientos y/o fraccionamientos del pago de deudas de naturaleza p鷅lica, no tributarias ni aduaneras, derivadas del reintegro y/o reembolso de ayudas o de pr閟tamos concedidos por la Administraci髇 General del Estado, con dispensa de garant韆. El objetivo es proporcionar a las Delegaciones de Econom韆 y Hacienda la documentaci髇 que les aporte elementos de juicio para analizar el car醕ter transitorio de las dificultades econ髆ico-financieras de las empresas y su futura viabilidad, fundamentalmente, con la aportaci髇 por el solicitante de un plan de viabilidad o de negocios, verificado por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. En estos casos, las Delegaciones podr醤 conceder un periodo de carencia total para el pago de la deuda de hasta dos a駉s de duraci髇 desde la fecha de su vencimiento, y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta dos a駉s.

II

El 12 de marzo de 2021 se aprob� el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, dirigidas a seguir protegiendo el tejido productivo, evitar un impacto estructural en la econom韆 y preservar el empleo

De entre las medidas aprobadas por el citado real decreto-ley, que ascienden a 11.000 millones de euros, destaca la creaci髇 de la L韓ea COVID de ayudas directas a aut髇omos y empresas, por importe de 7.000 millones de euros, destinada a las comunidades aut髇omas y ciudades aut髇omas de Ceuta y Melilla para que canalicen ayudas a los aut髇omos y empresas de los sectores m醩 afectados por la pandemia.

La identificaci髇 de los sectores m醩 afectados se realiz� sobre la base de criterios objetivos a nivel nacional, como son el porcentaje de trabajadores en ERTE en cada sector –que muestra en impacto en el empleo derivado de la pandemia– y el porcentaje de reincorporaci髇 de trabajadores en ERTE al mercado laboral que se ha producido en cada sector desde mayo de 2020 hasta el 1 de marzo de 2021.

El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, utilizaba estos indicadores para concentrar las ayudas en el refuerzo de la solvencia de las empresas en los sectores que mantienen una mayor afectaci髇 en t閞minos de actividad y empleo. No obstante, en algunas regiones puede haber sectores que se hayan visto particularmente afectados sin que a nivel nacional superen los umbrales fijados en la definici髇 de criterios objetivos establecidos en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

Esta idiosincrasia regional hace aconsejable habilitar a las comunidades aut髇omas y ciudades de Ceuta y Melilla de forma que puedan tener cierto margen de flexibilidad para que, siempre dentro de la asignaci髇 total establecida para cada una de ellas, puedan a馻dir al listado de sectores elegibles para recibir ayudas con cargo a la L韓ea COVID establecido en el anexo I del citado Real Decreto Ley otros sectores adicionales que se hayan visto particularmente afectados en el 醡bito de su territorio.

Igualmente, de manera excepcional las comunidades aut髇omas y ciudades de Ceuta y Melilla podr醤 otorgar ayudas a empresas viables que en 2019 hayan tenido un resultado negativo en la declaraci髇 del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas o haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes como consecuencia de circunstancias excepcionales.

El l韒ite establecido en el Marco temporal de la Uni髇 Europea, que determina que las ayudas tienen que estar otorgadas antes del 31 de diciembre de 2021, aconseja incorporar con car醕ter urgente estas dos modificaciones, de forma que las convocatorias de ayudas por parte de las comunidades aut髇omas ya puedan incorporar esta previsi髇.

III

En las medidas que se proponen concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la como presupuestos habilitantes para la aprobaci髇 de un real decreto-ley.

El aludido art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la permite al Gobierno dictar decretos-leyes 玡n caso de urgente y extraordinaria necesidad�, siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen de las Comunidades Aut髇omas ni al Derecho electoral general.

Por lo que respecta al primer aspecto, el empleo de este instrumento normativo con rango de ley est� condicionado a la existencia de circunstancias concretas que 玴or razones dif韈iles de prever, [se] requiere de una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de leyes� (STC 6/1983, de 4 de febrero).

El Tribunal Constitucional ha declarado que esa situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad puede deducirse 玠e una pluralidad de elementos�, entre ellos, 玪os que quedan reflejados en la exposici髇 de motivos de la norma� (STC 6/1983, de 4 de febrero). Por su parte, entre la situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad que habilita el empleo del real decreto-ley y las medidas contenidas en 閘 debe existir una 玶elaci髇 directa o de congruencia�. Por tanto, para la concurrencia del presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad, la STC 61/2018, de 7 de junio, (FJ 4), exige, por un lado, 玪a presentaci髇 expl韈ita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno para su aprobaci髇�, es decir, lo que ha venido a denominarse la situaci髇 de urgencia; y, por otro, 玪a existencia de una necesaria conexi髇 entre la situaci髇 de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella�.

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; 137/2003, de 3 de julio, FJ 3, y 189/2005, de 7 julio, FJ 3), subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, m醲ime cuando la determinaci髇 de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en el juicio pol韙ico o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisi髇, sin duda, supone una ordenaci髇 de prioridades pol韙icas de actuaci髇 (STC, de 30 de enero de 2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad jur韉ica y la salud p鷅lica. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ning鷑 caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopci髇 de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).

Se debe insistir en que la situaci髇 que afronta nuestro pa韘 por la declaraci髇 de emergencia de salud p鷅lica de importancia internacional, unida a la segunda declaraci髇 de estado de alarma y pr髍roga del mismo, generan la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar diversas medidas. En el actual escenario de contenci髇 y prevenci髇 del COVID-19 es urgente y necesario atajar la epidemia y evitar su propagaci髇 para proteger la salud p鷅lica a la vez que se adoptan medidas de contenido econ髆ico para afrontar sus consecuencias.

Por tanto mediante las medidas recogidas en esta norma que son por un lado de apoyo financiero a beneficiarios de ayudas y pr閟tamos concedidos por la Administraci髇 General del Estado y por el otro permiten habilitar a las comunidades aut髇omas y ciudades de Ceuta y Melilla de forma que puedan tener cierto margen de flexibilidad para a馻dir al listado de sectores elegibles para recibir ayudas con cargo a la L韓ea COVID establecido en el anexo I del citado Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de mazo otros sectores adicionales que se hayan visto particularmente afectados en el 醡bito de su territorio, permiten mitigar los efectos econ髆icos adversos provocados por la pandemia.

Debe se馻larse tambi閚 que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen de las Comunidades Aut髇omas ni al Derecho electoral general.

En este sentido, y en relaci髇 con la prohibici髇 de afectaci髇 a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t韙ulo I de la Constituci髇 Espa駉la, la consolidada doctrina constitucional l, que resume la STC 139/2016, de 31 de julio (FJ 6), �1.�) (…) este Tribunal ha rechazado una interpretaci髇 extensiva de dicho l韒ite que supondr韆 el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haci閚dolo 玦nservible para regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en el t韙ulo I de la Constituci髇; 2.�) La cl醬sula restrictiva debe ser entendida de modo que no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se proh韇e constitucionalmente es que se regule un r間imen general de estos derechos, deberes y libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de algunos de tales derechos (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, confirmada por otras posteriores); 3.�) El Tribunal no debe fijarse 鷑icamente en el modo en que se manifiesta el principio de reserva de ley en una determinada materia, sino m醩 bien ha de examinar si ha existido ‘afectaci髇’ por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el t韙ulo I CE, lo que exigir� tener en cuenta la configuraci髇 constitucional del derecho, deber o libertad afectado en cada caso e incluso su ubicaci髇 sistem醫ica en el texto constitucional y la naturaleza y alcance de la concreta regulaci髇 de que se trate (…)�.

IV

Concurren en este real decreto-ley, adem醩, los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia y eficiencia, exigidos por el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el inter閟 general en el que se fundamenta las medidas que se establecen, siendo el real decreto-ley el instrumento m醩 inmediato para garantizar su consecuci髇. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, ya que no restringe derechos ni impone nuevas obligaciones. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jur韉ica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jur韉ico. En cuanto al principio de transparencia, la norma est� exenta de los tr醡ites de consulta p鷅lica, audiencia e informaci髇 p鷅lica que no son aplicables a la tramitaci髇 y aprobaci髇 de decretos-leyes. Por 鷏timo, en relaci髇 con el principio de eficiencia, en este real decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para los ciudadanos.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1. 13.� y 14.� de la Constituci髇, que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias exclusivas sobre las bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica; y de Hacienda general.

En su virtud, en uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇, a propuesta de las Ministras de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y de Hacienda, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 20 de abril de 2021,

DISPONGO:

Art韈ulo 鷑ico Concesi髇 por las Delegaciones de Econom韆 y Hacienda de aplazamientos y/o fraccionamientos del pago de deudas de naturaleza p鷅lica, no tributarias ni aduaneras, derivadas del reintegro y/o reembolso de ayudas o de pr閟tamos concedidos por la Administraci髇 General del Estado, con dispensa de garant韆

1. Los obligados al pago de deudas de naturaleza p鷅lica, no tributarias ni aduaneras, derivadas del reintegro y/o reembolso de ayudas o de pr閟tamos concedidos por la Administraci髇 General del Estado, cuya gesti髇 recaudatoria corresponda a las Delegaciones de Econom韆 y Hacienda, podr醤 solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento de las mismas, en los t閞minos que se recogen en los apartados siguientes, durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023, siempre y cuando la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y las medidas adoptadas para controlar su propagaci髇, as� como las consecuencias econ髆icas de la guerra en Ucrania, hayan provocado periodos de inactividad del obligado al pago, reducci髇 en el volumen de sus ventas, incrementos significativos en sus costes de producci髇 o interrupciones en el suministro en la cadena de valor.

Las solicitudes podr醤 referirse tanto a deudas que se encuentren en periodo voluntario de pago, como a deudas que previamente hubieran sido aplazadas y/o fraccionadas por las Delegaciones de Econom韆 y Hacienda, siempre que no se encuentren en periodo ejecutivo de pago. En el supuesto de reconsideraciones de aplazamientos y/o fraccionamientos previos, la admisi髇 a tr醡ite de la solicitud suspender� autom醫icamente el procedimiento de gesti髇 recaudatoria de las deudas afectadas con efectos desde la presentaci髇 de la solicitud hasta que dicte la correspondiente resoluci髇; y, en el caso de que su pago se encontrara domiciliado en una entidad bancaria, su domiciliaci髇 quedar� autom醫icamente anulada para aquellos plazos que a鷑 no se hubiesen enviado al cobro.

LE0000744650_20221228Apartado 1 del art韈ulo 鷑ico redactado por el art韈ulo 85 del R.D.-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias econ髆icas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucci髇 de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad (獴.O.E.� 28 diciembre).Vigencia: 28 diciembre 2022

2. Aquellos obligados al pago que se acojan a lo dispuesto en este real decreto-ley efectuar醤 la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento en per韔do voluntario ante la Delegaci髇 de Econom韆 y Hacienda competente, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 45 del Reglamento General de Recaudaci髇, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y en el plazo establecido en el art韈ulo 46.1.a) del mismo.

3. La solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento contendr� los datos y se acompa馻r� de los documentos necesarios previstos en los apartados 2, 3.b) y c) y 5 del art韈ulo 46 del Reglamento General de Recaudaci髇.

Adicionalmente, a la solicitud se deber� acompa馻r los documentos que a continuaci髇 se relacionan:

• a) Una memoria justificativa en la que se motive adecuadamente la dificultad de atender a las deudas de acuerdo con el vencimiento o el calendario de pagos vigente, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y/o de la guerra en Ucrania. Se deber� justificar de forma detallada que las citadas dificultades tienen su origen en la pandemia y en las medidas adoptadas para controlar su propagaci髇 y/o en los efectos econ髆icos provocados por la invasi髇 de Ucrania por parte de Rusia, con una explicaci髇 cualitativa y cuantitativa en t閞minos de c髆o se ha producido la afectaci髇.
  LE0000744650_20221228Letra a) del n鷐ero 3 del art韈ulo 鷑ico redactada por爀l art韈ulo 85 del R.D.-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias econ髆icas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucci髇 de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad (獴.O.E.� 28 diciembre).Vigencia: 28 diciembre 2022
• b) Una certificaci髇 sobre las deudas tributarias y con la Seguridad Social que mantiene el solicitante, expedida por los 髍ganos competentes a solicitud del interesado, as� como una declaraci髇 responsable del solicitante sobre las deudas por reintegros y/o reembolsos de ayudas o pr閟tamos con las administraciones p鷅licas, distintas de las que forman parte de la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento.
• c) Plan de viabilidad o de negocio, aprobado por el m醲imo 髍gano de administraci髇, que contenga las medidas que se prev閚 adoptar para superar las dificultades econ髆ico-financieras que le impiden, de forma transitoria, efectuar el pago en el plazo o en el calendario establecidos, as� como la evoluci髇 del negocio prevista para poder afrontar el aplazamiento y una justificaci髇 de los datos incluidos.

  El plan deber� tener un 醡bito temporal que, como m韓imo, cubra el periodo al que se extienda el calendario de pagos solicitado en el aplazamiento y/o fraccionamiento.

  Deber� incluir unos estados financieros previsionales (balance de situaci髇, cuenta de p閞didas y ganancias y estado de flujos de efectivo que detalle las disponibilidades l韖uidas que se prev閚 generar y, cu醠es, de ellas, se prev閚 destinar a la devoluci髇 de las deudas aplazadas y/o fraccionadas).

  Cuando la solicitud se refiera a deudas que superen los 150.000 euros, o, de forma acumulada con solicitudes anteriores formuladas al amparo de este real decreto-ley, superen los 250.000 euros, el plan de viabilidad o de negocio deber� acompa馻rse de un informe de auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Dicho informe deber� expresar una opini髇 t閏nica en la que se manifestar�, de forma clara y precisa, si las hip髏esis y previsiones utilizadas por el solicitante en la elaboraci髇 del plan son razonables atendiendo a criterios econ髆icos y si las cifras contenidas en el mismo tienen un soporte en la informaci髇 contable proporcionada.

  Tanto el plan de viabilidad o de negocio como el informe de auditor tendr醤 una validez de un a駉 desde su emisi髇.

  Estos documentos podr醤 contribuir a justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los apartados 3.c) y 5.d) del art韈ulo 46 del Reglamento General de Recaudaci髇.

• d) Para aquellas deudas que ya contaran con una garant韆 total o parcial, deber� aportarse documentaci髇 firmada por el garante que acredite que la operaci髇 aplazada y/o fraccionada sigue estando garantizada en los mismos t閞minos que la deuda original. En caso de que las garant韆s estuvieran depositadas ante la Caja General de Dep髎itos, deber� procederse a la sustituci髇 de las garant韆s, extendiendo la cobertura del aval a las operaciones aplazadas y/o fraccionadas y presentar como documentaci髇 acreditativa de la sustituci髇 los resguardos emitidos por la Caja General de Dep髎itos.

4. La Delegaci髇 de Econom韆 y Hacienda competente, tras la verificaci髇 de los documentos y requisitos establecidos en este art韈ulo, podr� dictar resoluci髇 acordando el aplazamiento y/o fraccionamiento con dispensa de garant韆, que se realizar� en los siguientes t閞minos:

• a) La deuda aplazada y/o fraccionada con arreglo a este procedimiento devengar� a favor de la Hacienda p鷅lica los intereses de demora, calculados tal y como establece el art韈ulo 53 del Reglamento General de Recaudaci髇.
• b) Previa solicitud del obligado al pago, se podr� conceder un periodo de aplazamiento para el pago de la deuda de hasta dos a駉s de duraci髇 desde la fecha de vencimiento que corresponda, y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta 2 a駉s.

5. En lo no previsto por este real decreto-ley, ser醤 de aplicaci髇 con car醕ter supletorio las normas reguladoras de los aplazamientos y fraccionamientos del pago de las deudas de derecho p鷅lico que recoge el Reglamento General de Recaudaci髇, a excepci髇 de lo dispuesto en su art韈ulo 50.

6. Lo establecido en los apartados anteriores podr� ser aplicado a solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas que se correspondan con procedimientos ya iniciados y en los que todav韆 no haya reca韉o resoluci髇 en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los apartados anteriores de este art韈ulo, con la aportaci髇 de la documentaci髇 adicional necesaria.

7. No podr醤 acogerse a lo dispuesto en este real decreto-ley aquellas deudas que hayan sido o sean aplazadas y/o fraccionadas de conformidad con el procedimiento regulado en la Orden PCM/519/2020, de 9 de junio, por la que se concretan determinados aspectos del procedimiento para el aplazamiento y fraccionamiento del pago con dispensa de garant韆 a peque馻s y medianas empresas de alta intensidad inversora en I+D+i, para las cuotas de pr閟tamos de determinadas convocatorias de los subprogramas Investigaci髇 Aplicada Colaborativa, INNPACTO y Retos Colaboraci髇.

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19

Se modifica el art韈ulo 3 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, que queda redactado del siguiente modo:

獳rt韈ulo 3 Marco b醩ico de los requisitos de elegibilidad y de los criterios para fijaci髇 de la cuant韆 de la ayuda

1. A los efectos de este Real Decreto-ley, se considerar醤 destinatarios:

• a) Los empresarios o profesionales y entidades adscritas a los sectores definidos en el anexo I y los que a馻dan en su territorio las Comunidades Aut髇omas y las Ciudades de Ceuta y Melilla seg鷑 lo establecido en el apartado 5 de este art韈ulo, y cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administraci髇, en el Impuesto sobre el Valor A馻dido o tributo indirecto equivalente en 2020 haya ca韉o m醩 de un 30 % con respecto a 2019. Esta informaci髇 se suministrar� por la Administraci髇 Tributaria correspondiente a petici髇 de las Comunidades Aut髇omas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.
  Los empresarios o profesionales que apliquen el r間imen de estimaci髇 objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas adscritos a los sectores definidos en el anexo I y los que a馻dan en su territorio las Comunidades Aut髇omas y las Ciudades de Ceuta y Melilla seg鷑 lo establecido en el apartado 5 de este art韈ulo.
• b) Para el caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el r間imen de tributaci髇 consolidada, se entender� como destinatario a efectos del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y transferencias, el citado grupo como un contribuyente 鷑ico, y no cada una de las entidades que lo integran, por lo cual el volumen de operaciones a considerar para determinar la ca韉a de la actividad ser� el resultado de sumar todos los vol鷐enes de operaciones de las entidades que conforman el grupo.
• c) No se consideran destinatarios aquellos empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados que cumplan los requisitos establecidos en los dos ep韌rafes anteriores y que en la declaraci髇 del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las actividades econ髆icas en las que hubiera aplicado el m閠odo de estimaci髇 directa para su determinaci髇 o, en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicaci髇 de la reserva de capitalizaci髇 y compensaci髇 de bases imponibles negativas. Esta informaci髇 se suministrar� por la Administraci髇 Tributaria correspondiente, a petici髇 de las Comunidades Aut髇omas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.
• d) Dentro de la asignaci髇 establecida en el art韈ulo 2, las Comunidades Aut髇omas y Ciudades de Ceuta y Melilla podr醤 establecer excepciones a los criterios recogidos en el p醨rafo c) del apartado 1 de este art韈ulo atendiendo a circunstancias excepcionales acontecidas en 2019 debidamente justificadas en sus convocatorias.

2. Las Comunidades Aut髇omas y Ciudades de Ceuta y Melilla establecer醤 los criterios para las ayudas por destinatario, de forma que no se superen los siguientes l韒ites m醲imos:

• a) 3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el r間imen de estimaci髇 objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas.
• b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administraci髇, en el Impuesto sobre el Valor A馻dido o tributo indirecto equivalente, haya ca韉o m醩 del 30 % en el a駉 2020 respecto al a駉 2019, la ayuda m醲ima que se conceder� ser�:
  • i. El 40 % de la ca韉a del volumen de operaciones en el a駉 2020 respecto del a駉 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el r間imen de estimaci髇 directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas, as� como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un m醲imo de diez empleados.
  • ii. El 20 % del importe de la ca韉a del volumen de operaciones en el a駉 2020 respecto del a駉 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan m醩 de diez empleados.
  
  Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) i y b) ii anteriores, la ayuda no podr� ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.
• c) En el caso de los grupos a que se refiere el apartado 1 del art韈ulo 3.1.b), los l韒ites anteriores se aplicar醤 al grupo en su conjunto.
• d) Las Comunidades Aut髇omas del segundo compartimento podr醤 aumentar los porcentajes de cobertura de p閞didas y l韒ites m醲imos de las ayudas dispuestas en los apartados b).i y b).ii del presente art韈ulo 3.2.

3. Las Comunidades Aut髇omas y Ciudades de Ceuta y Melilla determinar醤 los par醡etros a aplicar para los supuestos incluidos en el apartado 1.d), as� como para los supuestos de altas o empresas creadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020, de empresas que hayan realizado una modificaci髇 estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, y de empresarios o profesionales que hayan estado de alta durante un periodo inferior al a駉 en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020.

4. Se podr� concurrir a convocatorias realizadas por distintas Comunidades Aut髇omas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la asignaci髇 de las ayudas directas previstas en este T韙ulo.

Cuando se trate de empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido inferior o igual a 10 millones de euros y no apliquen el r間imen de grupos en el Impuesto sobre Sociedades solamente podr醤 concurrir a la convocatoria realizada por la Comunidad Aut髇oma o, en su caso, las Ciudades de Ceuta y Melilla, en la que se ubique su domicilio fiscal.

Los grupos y los empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros que desarrollen su actividad econ髆ica en m醩 de un territorio auton髆ico o en m醩 de una Ciudad Aut髇oma, podr醤 participar en las convocatorias que se realicen en todos los territorios en los que operen. Para estos casos, la Orden del Ministerio de Hacienda de desarrollo del presente Real decreto-ley establecer� el criterio de distribuci髇 de la ca韉a de la actividad entre los diferentes territorios en los que operen, atendiendo al peso de las retribuciones de trabajo personal satisfechas a los trabajadores con que cuenten en cada territorio.

5. Los destinatarios de estas ayudas deber醤 acreditar una actividad que se clasifique en alguno de los c骴igos de la Clasificaci髇 Nacional de Actividades Econ髆icas –CNAE 09– previstos en el anexo I de la presente norma en el momento de su entrada en vigor.

Excepcionalmente, y dentro de la asignaci髇 establecida en el art韈ulo 2, las Comunidades Aut髇omas y Ciudades de Ceuta y Melilla podr醤 otorgar ayudas con cargo a esta L韓ea COVID de ayudas directas a empresarios o profesionales y entidades adscritas a actividades que se clasifiquen en c骴igos de la Clasificaci髇 Nacional de Actividades Econ髆icas –CNAE 09– no incluidos en el anexo I que se hayan visto particularmente afectados en el 醡bito de su territorio, debidamente justificadas en sus convocatorias.

6. No podr� concederse ninguna ayuda directa de las recogidas en este t韙ulo pasado el 31 de diciembre de 2021�.

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