Ley Org醤ica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protecci髇 de las personas hu閞fanas v韈timas de la violencia de g閚ero

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Sumario

LO 2/2022, 21 marzo, rectificada por Correcci髇 de errores (獴.O.E.� 21 abril). LE0000725380_20220323

FELIPE VI REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley org醤ica:

PRE罬BULO

I

Desde 2013, m醩 de 300 menores han quedado hu閞fanos como consecuencia de cr韒enes de violencia de g閚ero. Solo en 2020, la cifra fue de 26. A buen seguro, estas cifras aumentar韆n si incluyesen las hu閞fanas y hu閞fanos mayores de edad, de los que, a d韆 de hoy, no existen estad韘ticas oficiales.

Tras los cr韒enes, la situaci髇 de especial vulnerabilidad de estas hu閞fanas y hu閞fanos, caracterizada por el entorno de violencia en el que viven, que condiciona su bienestar y desarrollo, pudiendo llegar a causarles serios problemas de salud, se ve incrementada por cuanto no solo pierden a sus madres a manos de sus padres, sino tambi閚 a estos, como consecuencia de sus penas de prisi髇, lo que les deja sin sus dos m醲imos referentes, con el impacto psicol骻ico y emocional que ello conlleva. Adem醩, estos cr韒enes comportan un terrible estigma social, que empuja en muchos casos a quienes los han sufrido a ocultarlos por miedo a ser identificados como hijas e hijos de un asesino, lo que afecta, en ocasiones, a la capacidad de superar, en la medida de lo posible, sus secuelas psicol骻icas y emocionales y lograr un desarrollo vital pleno. Igualmente, modifica dr醩ticamente la forma de vida de las hu閞fanas y hu閞fanos que los padecen, al desplazarlos, en muchas ocasiones, de los que han sido sus hogares hasta entonces, para instalarse con sus familiares o, en los casos m醩 extremos, los servicios sociales. Asimismo, estas hu閞fanas y hu閞fanos y quienes los acogen se encuentran en muchos casos desamparados para afrontar las consecuencias derivadas del crimen: el proceso penal derivado de la muerte de sus madres, los tr醡ites sucesorios, o los tr醡ites relativos a su guarda y custodia o, en ocasiones, filiaci髇 por los familiares que los acogen, entre otros. Adem醩, todas estas circunstancias inciden de manera significativa en la situaci髇 econ髆ica de estas hu閞fanas y hu閞fanos y las familias que los acogen: con independencia del contexto social, para cualquiera supondr韆 un esfuerzo econ髆ico importante afrontar todos estos tr醡ites y las secuelas psicol骻icas y emocionales de unos cr韒enes tan traum醫icos, o incorporar a su n鷆leo familiar a j髒enes en edad de estudio y que han sufrido en primera persona la violencia contra la mujer, con las especiales necesidades que pueden requerir.

En particular, es en relaci髇 con los tr醡ites sucesorios derivados de la p閞dida de sus madres, donde las hu閞fanas y hu閞fanos de la violencia de g閚ero y sus familias encuentran importantes trabas para hacer valer los derechos que, como herederos de sus madres fallecidas, les corresponden, y as� tratar de regularizar, lo antes posible y con la menor incidencia en su desarrollo, la situaci髇 patrimonial resultante de la muerte de sus madres. Tambi閚 encuentran importantes dificultades para acceder a las indemnizaciones que les corresponden con ocasi髇 de la responsabilidad civil derivada del delito, o a los bienes y derechos de la herencia de sus madres.

Respecto a estas trabas, es importante subrayar que tras las modificaciones operadas en la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero, por virtud de la Ley Org醤ica 8/2015, de 22 de julio, de modificaci髇 del sistema de protecci髇 a la infancia y a la adolescencia, las hijas e hijos de mujeres v韈timas de violencia de g閚ero (y, en consecuencia, las hu閞fanas y hu閞fanos) tienen la condici髇 de v韈timas de esta violencia. Adem醩, de conformidad con el apartado II de la Exposici髇 de Motivos de la Ley Org醤ica 1/2004, 獿os poderes p鷅licos no pueden ser ajenos a la violencia de g閚ero, que constituye uno de los ataques m醩 flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminaci髇 proclamados en nuestra Constituci髇. Esos mismos poderes p鷅licos tienen, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 9.2 de la Constituci髇, la obligaci髇 de adoptar medidas de acci髇 positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obst醕ulos que impiden o dificultan su plenitud�.

El Pacto de Estado contra la Violencia de G閚ero firmado en septiembre de 2017, recoge de manera espec韋ica en su Eje 4 medidas para la intensificaci髇 de la asistencia y protecci髇 de menores. La protecci髇 espec韋ica de los menores parte de su reconocimiento como v韈timas directas de la violencia de g閚ero y trae consigo la necesidad de ampliar y mejorar las medidas dirigidas a su asistencia y protecci髇, con la implantaci髇 de nuevas prestaciones en los casos de orfandad como consecuencia de esa violencia de g閚ero; de revisar las medidas civiles relativas a su custodia; de fomentar las actuaciones de refuerzo en el 醡bito educativo y de impulsar la especializaci髇 de los puntos de encuentro familiar para los casos relacionados con violencia de g閚ero.

El desarrollo de una vida plena, en condiciones de libertad e igualdad, para estas hu閞fanas y hu閞fanos pasa necesariamente por que puedan superar y ver reparada, en la medida de lo posible, su situaci髇 de especial vulnerabilidad motivada por la violencia de g閚ero que han sufrido, y acrecentada con ocasi髇 de la muerte de sus madres. Para ello, es esencial facilitar el acceso a las indemnizaciones civiles que les correspondan por los delitos sufridos. Tambi閚 agilizar el proceso sucesorio abierto tras los cr韒enes y posibilitar que puedan acceder a los bienes y derechos de la herencia de sus madres.

La reforma legislativa llevada a cabo por este texto tiene por objeto, precisamente, eliminar ciertas incertidumbres normativas y obst醕ulos a que se enfrentan las hu閞fanas y hu閞fanos de la violencia de g閚ero, al objeto de paliar, al menos en parte, la situaci髇 de extrema vulnerabilidad que para ellos resulta de su condici髇 de v韈timas de la violencia de g閚ero, y as� contribuir a que se den las circunstancias para que puedan desarrollar una vida plena, en condiciones de libertad e igualdad.

II

Cuando el r間imen matrimonial de las madres de estas personas hu閞fanas por violencia de g閚ero es el de la sociedad de gananciales, es necesario proceder a su liquidaci髇 para que estas hu閞fanas y hu閞fanos puedan acceder a su herencia. En caso de no existir acuerdo, esta liquidaci髇 no podr� llevarse a cabo de manera extrajudicial, ante Notario, sin que exista, entonces, certeza sobre cu醠 es el procedimiento a seguir en estos supuestos.

En este sentido, aunque el r間imen aplicable a la liquidaci髇 de cualquier r間imen matrimonial que determine la existencia de una masa com鷑, en supuestos de falta de acuerdo, est� previsto en el Cap韙ulo II (獶el procedimiento para la liquidaci髇 del r間imen econ髆ico matrimonial�), del T韙ulo II (獶e la divisi髇 judicial de patrimonios�), del Libro IV (獶e los procesos especiales�) de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la literalidad de esta norma no aclara si este r間imen se aplica tambi閚 en caso de fallecimiento de alguno de los integrantes del r間imen matrimonial que se pretende liquidar, y algunos Juzgados y Tribunales se est醤 pronunciando en contra de ello (por ejemplo, la Audiencia Provincial de Alicante, Secci髇 6.�, en Sentencia de 15 de abril de 2015, n.^o 70/2015).

Esta interpretaci髇 restrictiva se basa en la literalidad del art韈ulo 808.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, consistente en limitar 鷑ica y exclusivamente su alcance subjetivo, a la figura de los c髇yuges; y objetivo, a los casos en que medie 玠emanda de nulidad, separaci髇 o divorcio� o se haya 玦niciado el proceso en que se haya demandado la disoluci髇 del r間imen econ髆ico matrimonial�.

Otros tribunales, sin embargo, s� que admiten tal posibilidad, entendiendo que los herederos act鷄n en representaci髇 del c髇yuge premuerto (destacan, por ejemplo, en este sentido los pronunciamientos de (i) la Audiencia Provincial de Ourense, Secci髇 1.�, en Sentencia de 27 de junio de 2017; la Audiencia Provincial de La Rioja, Secci髇 1.�, en Auto de 19 de septiembre de 2008, n.^o 72/2008; o la Audiencia Provincial de Madrid, Secci髇 22.�, en Auto de 24 de junio de 2003, n.^o 57/2002).

Del mismo modo, quienes consideran que no procede la aplicaci髇 del procedimiento especial establecido en los art韈ulos 806 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en los casos en que ha fallecido uno de los c髇yuges argumentan, entre otras cuestiones, que 玡n estos casos es necesario concretar los derechos del c髇yuge viudo� (por ejemplo, la Audiencia Provincial de Ourense, Secci髇 1.�, en Sentencia de 5 de octubre de 2016, n.^o 336/2016).

No obstante, debe tenerse en cuenta que, en supuestos de cr韒enes de violencia de g閚ero, que son los que nos ocupan, existe una causa de incapacidad para que el c髇yuge superviviente pueda heredar, por indignidad conforme los art韈ulos 852, 855.4 y 756.1 del C骴igo Civil, al haber atentado contra la vida del c髇yuge causante y desde el momento en que sea condenado por sentencia firme. Por tanto, nada habr� que debatir con este en relaci髇 con la herencia. Adem醩, puede que el resto de los herederos no tengan discrepancias en el reparto de la herencia y no sea necesario efectuar un procedimiento judicial al efecto, siendo 鷑icamente necesario llevar a efecto la liquidaci髇 de la sociedad de gananciales con el c髇yuge o ex c髇yuge investigado o condenado.

En igual sentido, en el caso de que existieran bienes que pudieran corresponder al c髇yuge sup閞stite al efectuar la liquidaci髇 de gananciales, estos deber醤 ponerse a disposici髇 del 髍gano judicial para hacer efectivas eventuales indemnizaciones derivadas del delito, y, en el caso de que el procedimiento en cuesti髇 est� en tr醡ite, esos bienes quedar醤 afectados por las medidas cautelares que puedan adoptarse para asegurar la responsabilidad civil.

En resumen, la incertidumbre sobre el procedimiento aplicable a la liquidaci髇 de la sociedad de gananciales en los casos de mujeres v韈timas mortales de la violencia de g閚ero y, en particular, la imposibilidad de acceder en algunos casos al r間imen previsto en los art韈ulos 806 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, est� perjudicando a las hu閞fanas y los hu閞fanos que se encuentran en esta situaci髇, pues est� retrasando que puedan acceder a la liquidaci髇 del r間imen matrimonial de sus madres y, con ello, a la determinaci髇 de su herencia, sin el acuerdo de los asesinos de aquellas, con las consecuencias negativas que esto puede generarles.

Por ello, y en aras de unificar los pronunciamientos judiciales en la materia y evitar esta incertidumbre, se hace necesario reformar el r間imen previsto en los art韈ulos 807 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para regular expresamente la legitimaci髇 de los herederos de la v韈tima fallecida para instar a la liquidaci髇 del r間imen matrimonial conforme al procedimiento all� contemplado.

III

La modificaci髇 indicada en el apartado anterior hace asimismo necesario modificar el art韈ulo 87 ter de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial para atribuir a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer la competencia sobre los procedimientos de liquidaci髇 del r間imen econ髆ico matrimonial instados por los herederos fallecidos a causa de cr韒enes de violencia de g閚ero.

Conforme al art韈ulo 807 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la competencia para conocer del procedimiento de liquidaci髇 corresponde al 獼uzgado de Primera Instancia que est� conociendo o haya conocido del proceso de nulidad, separaci髇 o divorcio, o aquel ante el que se sigan o se hayan seguido las actuaciones sobre disoluci髇 del r間imen econ髆ico matrimonial por alguna de las causas previstas en la legislaci髇 civil�.

En el caso de cr韒enes de violencia de g閚ero, al tener la competencia sobre el procedimiento penal el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y ser los herederos v韈timas de violencia de g閚ero de conformidad con el art韈ulo 1.2 de la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero, el tribunal competente para dirimir sobre la liquidaci髇 del r間imen econ髆ico matrimonial de la fallecida deber韆 ser, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer o el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci髇 con competencia en materia de violencia de g閚ero que est� tramitando el procedimiento penal.

En este sentido, conforme el art韈ulo 87 ter, apartado 2, de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, si la mujer hubiera sobrevivido, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer habr韆n sido competentes para tramitar los procedimientos de separaci髇, divorcio o nulidad, en su caso. Si bien, en principio, el procedimiento de liquidaci髇 del r間imen econ髆ico matrimonial no est� incluido en el cat醠ogo del art韈ulo 87 ter, apartado 3, de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuando un Juzgado de Violencia sobre la Mujer est� conociendo o haya conocido del proceso de nulidad, separaci髇 o divorcio, la competencia sobre la liquidaci髇 tambi閚 le corresponder�, en aplicaci髇 del art韈ulo 807 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Y ello por la vinculaci髇 que la liquidaci髇 del r間imen econ髆ico matrimonial tiene con la causa y efectos de la disoluci髇. Pues bien, en los casos de fallecimiento de la madre por un acto de violencia de g閚ero, la causa de la disoluci髇 es el homicidio o asesinato que se dirime en el procedimiento penal, para el que es exclusivamente competente el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Por ello, cuando los herederos demandan la liquidaci髇 del r間imen en representaci髇 de su madre fallecida a consecuencia de actos de violencia de g閚ero, la competencia deber韆 atribuirse, tambi閚, a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

IV

En relaci髇 con las indemnizaciones que les corresponden con ocasi髇 de la responsabilidad civil derivada del delito, o a los bienes y derechos de la herencia de sus madres, es importante se馻lar que la percepci髇 de las mismas, del todo indispensables para estas hu閞fanas y hu閞fanos como elemento de reparaci髇, al menos en parte, del da駉 sufrido y medio para afrontar, en las mejores condiciones posibles, la situaci髇 de profunda vulnerabilidad resultante de la p閞dida de sus madres, puede resultar muy dif韈il o, incluso, imposible, en funci髇 del modo en que vayan a satisfacerse. Mientras que de hacerse en dinero, esta percepci髇 estar� exenta de tributaci髇 indirecta (en virtud de la exenci髇 prevista en el subapartado 4) art韈ulo 45.1 apartado B) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, si se instrumenta mediante otros bienes, las hu閞fanas y hu閞fanos, como adquirentes, estar醤 obligados al pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jur韉icos documentados, en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. En la mayor韆 de los casos, los padres condenados carecen del dinero suficiente para afrontar su responsabilidad, por lo que, generalmente, el abono de las indemnizaciones se instrumenta mediante la adjudicaci髇 en pago de otros bienes, ya sea por voluntad del padre o en ejecuci髇 de subasta judicial. Ello determina el devengo del impuesto y, en consecuencia, la obligaci髇 de pago por parte de las hu閞fanas y hu閞fanos adquirentes, lo que supone una importante carga econ髆ica para estos, que puede incluso impedir la liquidaci髇 de la indemnizaci髇, al no poder instrumentarse de este modo.

Por ello, se introduce un nuevo beneficio fiscal de naturaleza objetiva, consistente en eximir de las modalidades de gravamen referidas en el art韈ulo 1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, a las transmisiones de bienes o derechos en beneficio de hijas, hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jur韉ica, cuyo ejercicio se llevar� a cabo por las mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer, cualquiera que sea el t韙ulo en virtud del cual se efect鷈n, y siempre que sirvan para satisfacer indemnizaciones que hayan sido reconocidas judicialmente.

Con esta finalidad, se incorpora un nuevo supuesto dentro del art韈ulo 45.I.B), numerado como 33, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

Del mismo modo, la transmisi髇 de ciertos bienes y derechos de la herencia de sus madres (como, por ejemplo, la vivienda en la que resid韆n) que tiene lugar con ocasi髇 de su fallecimiento, determina el devengo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y su obligaci髇 de pago por las hu閞fanas y hu閞fanos adquirentes. Sin duda, esto tambi閚 supone una significativa carga econ髆ica, que puede afectar gravemente a la viabilidad de su adquisici髇.

A tal efecto, se incluye un nuevo supuesto de no sujeci髇, consistente en las transmisiones a t韙ulo lucrativo realizadas en beneficio de hijas, hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela, o con medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jur韉ica, cuyo ejercicio se llevar� a cabo por las mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer, y que traigan causa del referido fallecimiento.

Su articulaci髇 se realiza mediante la incorporaci髇 de un supuesto de no sujeci髇 adicional dentro del apartado 3 del art韈ulo 104 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

V

La Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situaci髇 de orfandad de las hijas e hijos de v韈timas de violencia de g閚ero y otras formas de violencia contra la mujer, supuso un cambio sustancial en la mejora de protecci髇 de las personas hu閞fanas como consecuencia de la violencia de g閚ero al crear una nueva prestaci髇 de orfandad para los supuestos en los que la mujer fallecida no se encontrase en alta o situaci髇 asimilada al alta o no tuviera cotizaciones suficientes para generar la pensi髇.

No obstante, los datos obtenidos en t閞minos de acceso a la prestaci髇 e incremento de la cuant韆 de la pensi髇 desde la puesta en marcha de la ley citada muestran como estas mejoras no est醤 llegando a todas las personas potenciales beneficiarias de la medida, por lo que, tras m醩 de dos a駉s de aplicaci髇 de la norma, es necesario revisar ciertos supuestos con el fin de garantizar el acceso a estas pensiones y prestaciones a un mayor n鷐ero de hu閞fanos, sobre todo a aqu閘los que se encuentran en una situaci髇 de pobreza y mayor vulnerabilidad.

As�, se considera necesario adaptar las reglas generales para el acceso a la cobertura a la instituci髇 de la adopci髇 en los casos de ni馻s y ni駉s hu閞fanos de mayor vulnerabilidad econ髆ica, pues solo las familias que no tienen dificultades econ髆icas pueden plantearse llevarla a cabo, lo que perjudica a los ni駉s y ni馻s m醩 necesitados de protecci髇. Es por ello que esta ley recoge la suspensi髇 de la pensi髇 o prestaci髇 de orfandad en los casos de adopci髇 cuando el nivel de renta de la familia adoptiva supere el l韒ite establecido.

Igualmente, cuando el agresor por violencia de g閚ero es distinto de la persona progenitora de los ni駉s y ni馻s hu閞fanos y esta se hace cargo de la responsabilidad parental, al no tratarse de una orfandad absoluta, el menor no tiene acceso ni al incremento de la pensi髇, en su caso, ni a la prestaci髇, sin tener en cuenta que el progenitor sup閞stite puede encontrarse en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica, lo que aconseja permitir la percepci髇 de la pensi髇 en tanto los ingresos de aqu閘 no superen el l韒ite establecido, suspendi閚dose en otro caso.

De otra parte, se introduce en la ley una presunci髇 de abandono de responsabilidad familiar en determinados casos que se instituyen en indiciarios de ese abandono.

Con este fin se modifican el art韈ulo 224, y en relaci髇 con el mismo el art韈ulo 216, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y el art韈ulo 42 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.

Art韈ulo primero

Se a馻de una nueva letra h) en el apartado 2 del art韈ulo 87 ter de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que tendr� la siguiente redacci髇:

獳rt韈ulo 87 ter

h) Los que versen sobre los procedimientos de liquidaci髇 del r間imen econ髆ico matrimonial instados por los herederos de la mujer v韈tima de violencia de g閚ero, as� como los que se insten frente a estos herederos.�

LE0000019669_20220323

Art韈ulo tercero

El apartado 3 del art韈ulo 104 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales tendr� la siguiente redacci髇:

獳rt韈ulo 104 Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeci髇

3. No se producir� la sujeci髇 al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los c髇yuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los c髇yuges en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producir� la sujeci髇 al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre c髇yuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separaci髇 o divorcio matrimonial, sea cual sea el r間imen econ髆ico matrimonial. Asimismo, no se producir� la sujeci髇 al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles a t韙ulo lucrativo en beneficio de las hijas, hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jur韉ica, cuyo ejercicio se llevar� a cabo por las mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer, en los t閞minos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por Espa馻, cuando estas transmisiones lucrativas traigan causa del referido fallecimiento.�

LE0000198552_20220410

Art韈ulo sexto

Se a馻de un nuevo apartado 10 al art韈ulo 42 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, con la siguiente redacci髇:

�10. Cuando la muerte por violencia contra la mujer de la causante de la pensi髇 de orfandad hubiera sido producida por un agresor distinto del progenitor de los hijos e hijas de la causante, se reconocer� el derecho a la pensi髇 de orfandad con el incremento que correspondiese cuando los rendimientos de la unidad de convivencia en que se integran, divididos por el n鷐ero de miembros que la componen, incluidas las personas hu閞fanas, no superen en c髆puto anual el 75 por ciento del Salario M韓imo Interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. En otro caso, se suspender� el derecho a su percibo.

En los supuestos anteriores, la suspensi髇 tendr� efectos desde el d韆 siguiente a aqu閘 en que concurra la causa de la suspensi髇.

El derecho a la pensi髇 se recuperar� cuando los ingresos de la unidad de convivencia no superen los l韒ites se馻lados anteriormente. La recuperaci髇 tendr� efectos desde el d韆 siguiente a aqu閘 en que se modifique la cuant韆 de los ingresos percibidos, siempre que se solicite dentro de los tres meses siguientes a la indicada fecha. En caso contrario, la pensi髇 recuperada tendr� una retroactividad m醲ima de tres meses, a contar desde la solicitud.

A los efectos previstos en este art韈ulo, se presumir� la orfandad absoluta cuando se hubiera producido abandono de la responsabilidad familiar del progenitor sup閞stite y se hubiera otorgado el acogimiento o tutela de la persona hu閞fana por violencia contra la mujer a favor de terceros o familiares, as� como en otros supuestos determinados reglamentariamente.�

LE0000018314_20220323

DISPOSICIONES FINALES