• INTRODUCCION
• Artículo 1  Objeto
• Artículo 2  Definiciones
• Artículo 3  Notificación inicial
• Artículo 4  Informes de seguimiento
• Artículo 5  Uso y tratamiento de la información
• Artículo 6  Entrada en vigor

Artículo 1 Objeto

El presente Reglamento determina las irregularidades que deben notificarse y establece los datos que deben facilitar los Estados miembros a la Comisión.

Artículo 2 Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

• a) «sospecha de fraude»: la irregularidad que dé lugar a la incoación de un procedimiento administrativo o judicial a nivel nacional con el fin de determinar la existencia de un comportamiento intencionado, en particular de un fraude, tal y como se contempla en el artículo 1, apartado 1, letra a), del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea;
• b) «primer acto de comprobación administrativa o judicial»: la primera evaluación por escrito realizada por una autoridad competente, administrativa o judicial, que, basándose en hechos concretos, demuestre la existencia de una irregularidad, sin perjuicio de la posibilidad de que posteriormente, a raíz de los resultados del procedimiento administrativo o judicial, la comprobación deba revisarse o retirarse.

Artículo 3 Notificación inicial

1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las irregularidades que:

• a) afecten a un importe superior a 10 000 EUR de contribución de los Fondos;
• b) hayan sido objeto de un primer acto de comprobación administrativa o judicial.

2. En el informe inicial, los Estados miembros deberán proporcionar la siguiente información:

• a) el nombre y el número de código común de identificación (CCI) del programa nacional, así como la referencia del proyecto;
• b) la identidad de las personas físicas o jurídicas implicadas, o ambas, o de otras entidades que hayan participado en la comisión de la irregularidad y su papel, salvo si dicha información es irrelevante para luchar contra las irregularidades, dada la naturaleza de la irregularidad en cuestión;
• c) la región o la zona en la que se haya realizado el proyecto, identificada con la información adecuada, como el nivel NUTS;
• d) la disposición o disposiciones que se hayan incumplido;
• e) la fecha y la fuente de la primera información que hizo sospechar que se había cometido una irregularidad;
• f) las prácticas empleadas para cometer la irregularidad;
• g) en su caso, si dichas prácticas dan lugar a una sospecha de fraude;
• h) el modo en que se descubrió la irregularidad;
• i) en su caso, los Estados miembros y terceros países implicados;
• j) el período o la fecha en que se cometió la irregularidad;
• k) la fecha en la que se llevó a cabo el primer acto de comprobación administrativa o judicial en relación con la irregularidad;
• l) el importe total de los gastos del proyecto, desglosado por contribución de la Unión, contribución nacional y contribución privada;
• m) el importe afectado por la irregularidad especificada en la contribución de la Unión y la contribución nacional;
• n) en caso de sospecha de fraude, y cuando no se haya abonado la contribución pública al beneficiario, el importe que se habría abonado indebidamente si no se hubiera detectado la irregularidad, desglosado por contribución de la Unión y contribución nacional;
• o) la naturaleza de los gastos irregulares;
• p) la suspensión de los pagos, en su caso, y la posibilidad de recuperar los importes abonados.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros no notificarán a la Comisión irregularidades en relación con lo siguiente:

• a) casos en que la irregularidad consista únicamente en la falta de ejecución, total o parcial, de un proyecto debido a la quiebra del beneficiario;
• b) casos comunicados a la autoridad responsable o a la autoridad de auditoría por el beneficiario de manera voluntaria y antes de ser detectados por ellas, ya sea antes o después del pago de la contribución pública;
• c) casos detectados y corregidos por la autoridad responsable o la autoridad de auditoría antes de incluir el gasto de que se trate en una declaración de gasto presentada a la Comisión.

En todos los demás casos, en particular los previos a una quiebra o en casos de sospecha de fraude, se informará a la Comisión de las irregularidades detectadas y de las medidas preventivas y correctoras correspondientes.

4. Si las disposiciones nacionales prevén el carácter confidencial de la investigación, la comunicación de la información se supeditará a la autorización del tribunal, órgano judicial u otra autoridad competente, con arreglo a las normas nacionales.

Artículo 4 Informes de seguimiento

1. Si la información mencionada en el artículo 3, apartado 2, en particular la relativa a las prácticas empleadas para cometer la irregularidad y al modo en que esta fue descubierta, no está disponible o debe ser rectificada, los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información que falte o la información correcta en los informes de seguimiento sobre las irregularidades.

2. Los Estados miembros mantendrán informada a la Comisión sobre el inicio, la conclusión o el abandono de cualquier procedimiento o proceso destinado a imponer medidas administrativas, sanciones administrativas o sanciones penales respecto de las irregularidades notificadas, así como el resultado de tales procedimientos o procesos. En lo que se refiere a las irregularidades por las que se hayan impuesto sanciones, los Estados miembros deberán indicar también lo siguiente:

• a) si las sanciones son de carácter administrativo o penal;
• b) si las sanciones se deben a una infracción del Derecho nacional o de la Unión, así como detalles sobre las sanciones;
• c) si se ha demostrado la existencia de fraude.

3. A petición por escrito de la Comisión, el Estado miembro proporcionará información sobre una irregularidad específica o un grupo de irregularidades.

Artículo 5 Uso y tratamiento de la información

1. La Comisión podrá utilizar toda la información comunicada por los Estados miembros en aplicación del presente Reglamento para efectuar análisis de riesgos con ayuda de herramientas informáticas y para elaborar, sobre la base de la información obtenida, informes y dispositivos destinados a detectar de manera más eficiente los riesgos identificados.

2. La información comunicada en virtud del presente Reglamento estará protegida por el secreto profesional y se beneficiará de la misma protección que la conferida por la legislación nacional del Estado miembro que la haya comunicado y por las disposiciones aplicables a las instituciones de la Unión. Los Estados miembros y la Comisión adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias para preservar el carácter confidencial de la información.

3. La información contemplada en el apartado 2 no podrá, en particular, ser transmitida a personas distintas de las que, en los Estados miembros o dentro de las instituciones de la Unión, estén por sus funciones facultadas para conocerla, a menos que el Estado miembro que la haya comunicado haya dado su consentimiento expreso.

4. La información mencionada en el apartado 2 no podrá ser utilizada con ningún fin distinto de la protección de los intereses financieros de la Unión, salvo que las autoridades que la hayan comunicado hayan dado su consentimiento expreso.

Artículo 6 Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.